Tras quince allanamientos realizados en las localidades de Oberá, Panambí, Colonia Alicia, Paraje Progreso, Colonia Chafariz y Apóstoles, los oficiales de la PSA detuvieron a siete personas e incautaron más de 316 toneladas de granos, además de 40 vehículos, armas de fuego y alhajas, entre otros elementos.

Durante la investigación iniciada hace diez meses, los policías aeroportuarios determinaron la existencia de una asociación de ciudadanos argentinos que compraba granos, principalmente soja y maíz, en las provincias de Chaco, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, y los trasladaban al sureste de Misiones para fraccionarlos en bolsas. Luego éstas eran transportadas en balsas hacia la República Federativa del Brasil, cruzando el Río Uruguay de manera totalmente irregular, sin aval aduanero y sin tributar ningún tipo de impuestos.

Mientras que en la frontera de Brasil, país donde rige el libre mercado, la soja se comercializa en valores de 480 a 500 u$s/tonelada, en la Argentina, debido al derecho de exportación y la retención cambiaria –considerando el MEP GD30–, el precio interno de la soja es de unos 170 u$s/tonelada. Es decir: casi tres veces menos.

Un comunicado oficial indica que los investigadores de la PSA “pudieron establecer los roles y las responsabilidades de distintos actores, identificando a financistas, transportistas, coordinadores de las maniobras y a quienes se favorecían con la renta obtenida de esas transacciones, cuyo dinero fue reinvertido en complejos turísticos, compra de propiedades (muebles e inmuebles) y compraventa de moneda extranjera. Entre ellos se encuentran dos funcionarios de la Gendarmería Nacional, uno del gobierno de la provincia de Misiones y empresarios conocidos en la zona”.

Como resultado del megaoperativo, los oficiales secuestraron 298,9 toneladas de soja y 17,5 toneladas de maíz; 7.174.790 de pesos, 51.111 dólares, 600 reales y 50 francos suizos; siete armas de fuego, más de 200 municiones y cartuchos; 36 autos; dos camiones y un acoplado; un colectivo; un tractor; una moto; una cinta transportadora y una máquina de coser. También incautaron 23 celulares, 16 computadoras; cinco cámaras digitales entre otros dispositivos electrónicos; alhajas y documentación de interés para la causa.

Una cifra de casi 300 toneladas soja equivale a un 0,0006% de la cosecha total de soja lograda en la última campaña, número que claramente evidencia el profundo daño que las maniobras generaban en la recaudación tributaria nacional.

Las “retenciones cambiarias” están a un paso de alcanzar un nivel del 45%

La entrada La Policía de Seguridad Aeroportuaria desbarató una organización que pretendía vender el 0,0006% de la cosecha de soja de manera ilegal se publicó primero en Bichos de Campo.

Pero detrás de los papeles, entre bambalinas, existe la sospecha de que muchos de esos cargamentos supuestamente legales de oleína esconden casos de contrabando, subfacturación y triangulación, de esos que a los funcionarios de Alberto Fernández tanto les gusta denunciar en los medios de prensa pero que pocas veces -o mejor dicho, casi nunca- denuncian ante la justicia.

Bichos de Campo alertó de la situación a las autoridades de la Aduana local a principios de la semana pasada, pero no obtuvo respuesta: ni confirmación ni desmentida. Por eso decidimos la publicación de este caso.

La maniobra, según sospechan empresarios afectados que ya la denunciaron ante la Aduana de Chile, podría contar con la complicidad de sectores de la propia aduana argentina. En rigor, estos cargamentos de oleína sospechosos tienen como puerta de salida la Aduana de Campana, en el norte de Buenos Aires.

La suposición de estos empresarios es que en vez de estas cargas de oleína, que se declaran a un valor FOB de menos de 300 dólares por tonelada, se estaría enviando a Chile en realidad aceite de soja, que cotiza a 880 dólares. Es decir que habría una evidente subfacturación, que permitiría reducir la carga de retenciones y otros tributos. Además en varios casos la mercadería aparece tercerizada a nombre de empresas registradas en los Estados Unidos, lo que evitaría a sus vendedores reales tener que ingresar los dólares liquidados a la Argentina.

Según datos del INDEC, el volumen histórico de exportación de ácido oleico ha mostrado algún crecimiento desde 2018, cuando se exportaron 17 mil toneladas. Luego, en 2019 se registran operaciones por casi 19 mil toneladas; en 2020 llegan a 22 mil toneladas, y ahora vamos 14,4 mil toneladas hasta junio pasado. Es decir que a este ritmo se llegaría a casi 29 mil toneladas a fines de año.

A la par, en la que va de 2021 han crecido las operaciones concretadas por operadores no reconocidos en el mercado. Varios de esos exportadores son posiblemente insolventes o de otros rubros.

Por ejemplo, un joven de 23 años llamado Alejandro Luis Arévalos operó fuerte entre el 8 de marzo y el 7 de abril de 2021. Exportó supuestamente la oleína a un valor FOB de 280 dólares. Envió 1.304 toneladas por un total de 365 mil dólares y luego desapareció. El joven tiene domicilio en San Francisco Solano, que no parece ser la oficina de un exportador de esa talla.

Otro monotributista de 41 años llamado Claudio Daniel Antúnez hizo dos envíos de oleína a Chile el 21 de enero, por 138 toneladas, a 238 dólares FOB. En la AFIP ese hombre está inscripto como vendedor mayorista de diferentes alimentos. Y recién tramitó su matrícula como exportador en mayo de 2020.

Una empresa de Rosario norte llamada ARPYLT SA realizó 18 envíos de ese derivado del aceite de soja entre el 8 de enero y el 22 de febrero. Exportó en total 1.053 toneladas a un valor FOB de entre 230 y 280 dólares, lo cual supuestamente le permitió facturar 279.500 dólares. Esta firma renovó su directorio en noviembre de 2020. Su presidente es Tulio Jorge Solías, quien tiene domicilio en Rosario y se define comerciante. Tampoco parece esa vivienda la de una pujante firma exportadora.

Pero el caso más llamativo es el de una firma llamada Madel SA, que fue creada en 2014 aunque recién en 2018 se inscribió en AFIP para realiza la “venta al por mayor de alimentos balanceados para animales”, lo que podría incluir sus negocios con la mencionada oleína. En ese mismo momento cambiaba sus accionistas y se designaba presidenta a Carolina Mabel Geier, con domicilio en Urdinarrain, Entre Ríos. Como vice aparece uno de los hermanos Tommasi, reconocidos productores agropecuarios de esa zona y dueños de una aceitera en esa localidad.

En enero de 2021, la firma modificó su estatuto para incorporar entre sus posibles negocios la “Importación y exportación de sus productos o de terceros, en especial de cereales, legumbres y oleaginosas”. Su sede social está ubicada en una vivienda ubicada en un barrio de calles de tierra de esa ciudad entrerriana.

Esta empresa Madel SA realizó más de 70 envíos de ácido oleico a Chile entre febrero y mayo de 2021, a un valor FOB de 280 a 285 dólares. Hasta el quinto mes de 2021 acumulaba exportaciones (en junio y julio habrían continuado) por 3.268 toneladas (un tercio del total nacional) por 924.500 dólares. En junio, según datos de la Aduana Chilena, Madel SA exportó otras 1.800 toneladas aproximadamente bajo esa posición arancelaria. Es decir que superaba las 5.000 toneladas en el primer semestre.

Las posibles irregularidades aparecen a la vista cuando se comparan los envíos de esa empresa registrados en la Aduana de Argentina con los datos recabados por la Aduana de Chile. Hay similitudes en los envíos registrados por ambas, pero existe una evidente diferencia entre los valores FOB de la mercadería registrados por uno y otro organismo.  Veamos esta serie de envíos de fines de mayo.

En la denuncia a la que accedió Bichos de Campo se observa una comparación entre los envíos de la supuesta oleína realizados por Madel SA del 18 al 20 de mayo: Varios envíos con salida aduanera desde Campana sumaron unas 448 toneladas que, al valor FOB declarado de 285 dólares por tonelada, implican una suma de 127 mil dólares.

Esas cargas, ahora según los registros de la Aduana de Chile, ingresaron a ese país unos días después, pero en la mayoría de los casos con valores FOB de 880 dólares. Por eso la cifra final (sobre la cual habría que declarar impuestos e ingresas divisas) es mucho más elevada aunque la cantidad de oleína exportada sea la misma. Para la aduana de Chile, ya se habla de unos 310 mil dólares.

En las ocasiones en que el valor FOB declarado aumenta sospechosamente a 880 dólares por toneladas (es decir, dos veces y media más que el original), aparece mencionada en los registros de la Aduana de Chile un dato curioso: se reconoce que la mercadería tenía origen en Argentina, pero a la vez se consigna que ha sido supuestamente comercializada desde los Estados Unidos.

Por esa razón en esos casilleros donde se registra un valor FOB notablemente más elevado para la misma mercadería la firma Madel deja su lugar a otra sociedad llamada M Chas Group. Todo parece indicar que se trataría de la empresa M CHAS GROUP INC, registrada el 5 de febrero de 2021 en el estado de Florida bajo el número P21000013818 y con domicilio en 8450 NW 102 AVENIDA, DORAL, FL 33178. Tiene, según los registros de sociedades de ese país, dos socios argentinos llamados Gustavo Matías Chas y María B Gálvez.

En junio, como se dijo, Madel SA siguió exportando activamente ese producto, que en muchas ocasiones volvía a ser tercerizado vía Estados Unidos por la flamante sociedad M Chas Group a valores cercanos a los 900 dólares. La sospechas son que en esos casos lo que carga el camión -en vehículos pertenecientes casi siempre a la empresa de Transportes Don Alberto- no sería ácido oleico, como figura en los papeles, sino aceite de soja. Por eso finalmente los valores FOB se acercan a los vigentes para dicho producto.

En los registros aduaneros chilenos de junio han aparecido además dos empresas nuevas en el candelero que desde Estados Unidos venderían “oleína” originada en la Argentina. Una de ellas es Samsapple INC, creada en 2017 en Florida a nombre de dos directores llamados Gabriel Salazar Sánchez y Cristian Pinto. La segunda es Modo Domo LCC, también con sede en Florida y creada en 2019. Su única directora se llama Susana Georges.

Según una fuente, esta maniobra permitiría obtener suculencias ganancias a los organizadores de la maniobra. “Declaran una venta de oleína a 285 dólares, pero compran aceite de soja en Argentina a 550 dólares billete y lo venden en Chile a 880 dólares FOB (equivalentes a 970 CIF). Descontando los 90 dólares de flete, les quedan 330 dólares limpios por tonelada. A esa cifra hay que multiplicarlo por la carga de cada camión”, calculó el empresario pidiendo el anonimato.

Como sea, todo esto sucede frente a las narices de los servicios aduaneros de la Argentina y Chile, que evidentemente no se toman el trabajo de comparar sus respectivos registros de operaciones entre ambas naciones para detectar a tiempos este tipo de extrañas operatorias.

La entrada Manual de ayuda al aduanero: Sospeche si algo que sale de Argentina a 285 dólares luego ingresa a Chile a 880 y además tercerizado vía Estados Unidos se publicó primero en Bichos de Campo.

¡Genial! La Argentina no era el único país de la región que comenzó a regular sus exportaciones de carne vacuna y amenaza con imponerle cupos. Bolivia está en la misma línea, que es muy distinta a la que aplican países desaprensivos como Brasil o Uruguay, que son dos potencias ganaderas a nivel global, y que no imponen restricciones al libre comercio de sus carnes.

Como aquí, en Bolivia las exportaciones de carne vacuna fueron récord en 2020, con unas 14 mil toneladas, equivalenteas a unos 60 millones de dólares. Los embarquese se registraron hacia China, Perú, Ecuador y a la República del Congo. Pero en septiembre pasado también se logró habilitar sanitariamente un mercado importante como Rusia y otros países de la Unión Económica Euroasiática.

Según informó el nuevo ministro de Desarrollo Rural de Bolivia, Remmy Gonzales Atila, allá los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural emitieron una norma conjunta que dispone de manera textual: “Aprobar el Reglamento que autoriza la emisión del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo para la carne bovina”.

No estamos solos. En los hechos es prácticamente lo que sucedió aquí cuando la semana pasada los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, a cargo de Luis Basterra y de Matías Kulfas, dictaron una resolución conjunta para crear las nuevas Declaraciones Juradas a la Exportación de Carnes (DJEC), una actualización de los temibles ROE o permisos de exportación con los que el primer kirchnerismo trabó los embarques de carnes y otros productos a partir de 2006, provocando una verdadera masacre sobre el stock bovino.

Gonzáles, que vendría a ser como nuestro Basterra, indicó que de este modo y poniendo restricciones a la “libre exportación” de ganado y carne vacuna, el Gobierno de Luis Arce “garantiza a las familias bolivianas el abastecimiento de carne a precio justo en los centros de abasto de todo el país”.

“Vamos a utilizar todos los mecanismos para que en Bolivia tengamos carne suficiente a precio justo”, enfatizó. La idea dijo, es no permitir que el precio de la carne suba debido a la especulación.

Como un calco entre ambos países, la Resolución conjunta activó la emisión del Certificado de Abastecimiento Interno a Precio Justo (CAIPJ), para garantizar la provisión del producto en el mercado interno y a la vez controlar las exportaciones. Es exactamente lo mismo que acá se proponen hacer con los DJEC, que todavía no han sido reglamentados.

El Basterra boliviano adelantó que se reunirá el próximo sábado con los ganaderos de la poderosa ciudad agropecuaria de Santa Cruz, en busca de que ese sector manifieste públicamente que va a cumplir con el abastecimiento interno a precio justo. Es más o menos como pedirle aquí a la Mesa de Enlace que declare a viva voz: ¡Amamos las retenciones y los cupos de exportación!

Gonzales indicó también que se buscarán mecanismos de control de precios en los mataderos, en los locales de comercialización y en los centros de abastecimiento de carnes.

También en esto somos parecidos: Paula Español, nuestra secretaria de Comercio Interior, ya negoció con los frigoríficos exportadores nucleados en el Consorcio ABC un acuerdo para que vendan 13 cortes más baratos en supermercados. Como ese pacto venció a fines de marzo pasado, ahora busca una prórroga que dure hasta fines de año y que incluso pueda ser ampliada a otros actores. Los inspectores de Comercio Interior han estado controlado en diferentes provincias el cumplimiento de ese acuerdo.

En Bolivia, según la información oficial disponible, las autoridades piensan extender el mencionado CAIPJ solo a quienes cumplan con vender carne más barata. Los integrantes de la cadena ganadera deberán tramitar ese certificado ante los organismos que se determinen.

Ahora, los Ministerios que impulsaron esta resolución conjunta la enviarán a la Aduana Nacional. Ese organismo tendrá un plazo de cinco días hábiles para la adecuación de su sistema informático. Vencido ese plazo, la semana que viene, el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo será exigible a quienes quieran exportar carne, como documento soporte de la Declaración de Mercancías de Exportación. Es lo mismo que pasará aquí, cuando empiecen a regir las DJEC,

Aquí, en la Argentina, nuestra Paula Español ha dicho que no le temblará el pulso para adoptar otras medidas si los precios de la carne y otros alimentos no se serenan. Incluso habló de subir retenciones y disponer cupos (como ya sucedió en el pasado a través de los ROE)  para la exportación.

En Bolivia, en cambio, no amagan. Ya lo hicieron de prepo. La Resolución conjunta estableció en uno de sus capítulos que habrá un Comité de Monitoreo y Abastecimiento de Carne Bovina (aquí vendrían a ser la ex ONCCA y la propia Secretaría de Comercio Interior, que formaron una suerte de Comité de Fiscalización de los DJEC). El comité boliviano “se reunirá la última semana de abril para asignar la cuota de exportación por empresa los meses para los meses de mayo a julio del 2021”.

Los ROE bolivianos. Chupate esa mandarina.

El ministro Remmy Gonzáles explicó que a través de estos mecanismos el Gobierno realizará una verificación minuciosa de cada operador antes de autorizar la libre exportación de carne bovina. “Las exportaciones eran libres, ahora serán reguladas con la Resolución Biministerial 006/2021, en tanto abastezcan el mercado interno a precio justo se buscará el mecanismo para poder exportar libremente”, señaló en una entrevista.

Como parte de esta ofensiva regulatoria, también habrá acciones junto al Ministerio de Lucha Contra el Contrabando y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) para evitar el contrabando de carne bovina en las fronteras.

“Hay contrabando, se está saliendo nuestro ganado a pie por las fronteras, eso vamos a controlar, porque el precio de la carne afuera está más caro que aquí en Bolivia, y eso está haciendo que gente inescrupulosa que está sacando el ganado a pie, eso vamos a controlar”, aseveró el Basterra boliviano. Por suerte, las principales sospechas de este comercio ilegal no están depositadas sobre la Argentina, sino sobre Perú y Brasil.

“El ganado, la carne, vale mucho más caro en Brasil, en Perú, en otros países vecinos, y Bolivia todavía tiene un precio accesible para las familias bolivianas. Hay gente que ve un negocio en contrabandear ganado a otros países, y genera un desequilibrio en el desabastecimiento interno”, declaró Gonzales.

Como sucede habitualmente aquí, también el Bolivia el gobierno parece querer cargarle todas las culpas a la especulación del sector privado. De hecho, el ministro de Desarrollo Rural dijo que manejan información no comprobada de que los productores ganaderos tendrían un excedente de 45.000 toneladas de carne. Los comerciantes argumentan que no estaría llegando ganado a los centros de remate.

Los funcionarios bolivianos se reunieron el domingo con la Confederación de Trabajadores Carniceros de Bolivia (Contracabol) y con ellos consensuó las medidas, que ahora afectarán a los productores. Tras ese encuentro, incluso amenazaron con definir a quién deben vender los ganaderos sus animales.

“El Senasag (nosotros también lo tenemos, se llama Senasa y también intervendrá en el comité de fiscalización de los DJEC) va a trabajar en tener mucho cuidado en emitir guías de movimiento (aquí se llaman DTE), para trasladar estos ganados a lugares o comunidades fronterizas”, explicó Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en una entrevista.

Huanca luego remarcó que de este modo se resguardará que el ganado primero “se traslade a centros de remate en el territorio nacional”.

La entrada Ya se sabe de quién está copiando el gobierno los controles sobre el precio de la carne: La Argentina y Bolivia imponen trabas a la exportación que parecen calcadas se publicó primero en Bichos de Campo.

De entrada, esta intencionalidad manifiesta se nota en la gacetilla que difundió la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires. Allí se informa que “se puso en marcha un amplio operativo de fiscalización, a través de múltiples controles que se realizan de manera simultánea en corredores cerealeros y puertos, con el objetivo de identificar y combatir maniobras de contrabando y evasión en la comercialización de granos”.

¿Contrabando? ¿Desde la Provincias de Buenos Aires? ¿Y hacia dónde? Últimamente las autoridades han venido machacando con esta idea y para dar crédito han mostrado el secuestro de unas pocos cientos de toneladas de soja en la zona fronteriza de Misiones, que está ubicada a 1.250 kilómetros de Pergamino, uno de los puntos de control establecidos por ARBA.

Según el último tarifario acordado por la propia Provincia de Buenos Aires con las cámaras del transporte de granos en febrero pasado, el costo de derivar un camión hacia allí, es decir el flete para transitar esos 1.250 kilómetros, sería de 4.840 pesos por tonelada. Es decir casi 16% del valor de una soja de 31 mil pesos. O casi el 25% del valor de un maíz de 19.600 pesos por tonelada.

Es decir que entre una buena parte del supuesto beneficio que podría ahorrarse un contrabandista de soja a Paraguay (ahorrar retenciones del 33% que equivalen a unos 15.000 pesos por tonelada) se lo llevaría el flete. Flor de negocio. Y eso sin contar con los “sobreprecios” que el camionero debería dejar en los puestos camineros de diversas provincias para justificar por que transita en contra de la corriente. Lo lógico sería controlar camiones desde zonas productoras, como Salta o Chaco, más cercanas a esa frontera.

Sigue el operativo de Fiscalizacion de actividades agrarias contra la evasión en PBA. Continúan los controles de mercadería en tránsito con foco en el transporte de granos en más de 15 puntos en rutas y puertos de la provincia. pic.twitter.com/10KK2F7laV

— Cristian Girard (@cristiangirard) April 22, 2021

Pero si ya la búsqueda de “contrabando” suena exagerada en la gacetilla de ARBA, su director ejecutivo, Cristian Girard, se empantanó más todavía al hablar de estos operativos. El jueves, tras visitar el puesto montado en la zona de Pergamino, este funcionario kirchnerista declaró a la agencia Télam que se había detectado mercadería en infracción por un total de 100 millones de pesos.

“Esta vez se pone el foco en el transporte de granos porque estamos en tiempo de cosecha con el objetivo de detectar salida de camiones sin documentación, lo que podría terminar siendo una operación de contrabando”, insistió Girard.

¿Y cómo llegó el funcionario al cálculo de los 100 millones? Vamos a reproducir textuales con sus declaraciones.

“Desde el lunes, llevamos 100 millones de pesos de mercadería detectada en tránsito sin documentación de respaldo”, especificó Girard. Luego, según el mismo cable, detalló que de los 1.100 camiones fiscalizados hasta el momento, “se decomisó la mercadería de unos 10 que cargaban aproximadamente 450 toneladas de cereales sin la documentación respaldatoria”.

Que se haya decomisado la carga de solo diez camiones sobre un total revisados de 1.100 es realmente una gran noticia, pues quiere decir que solo el 0,9% del universo controlado no llevaba la Carta de Porte y otra documentación requerida a la hora de hacer cada viaje.

Que el 99,1% del resto de los transportes controlados por ARBA no hayan presentado irregularidades graves es realmente llamativo, pues para la mayoría de los productores suele ser un dolor de cabeza en esta época gestionar las Cartas de Porte ante la AFIP, y siempre están unos pocos que quieren vender algún camión en negro (pero por acá, no contrabandeado a Paraguay).

Aquí el problema es que hay que demonizar a la cadena agrícola y entonces todo se debe exagerar en su contra. De hecho, en las mismas declaraciones, Girard agregó: “Entre el 9 y el 10% de los camiones tienen infracciones o multas. No todos circulan sin documentación”, apuntó.

De golpe pasamos de haber secuestrado la carga del 0,9% de los camiones controlados, a que el 9% o 10% hayan cometido alguna infracción. O el titular de ARBA manipula los porcentajes a favor del discurso que quiere instalar. O es peor: no sabe matemáticas ni sacar porcentajes.

Lo que sí está claro es que el funcionario nombrado en ese alto cargo por el gobernador Axel Kicillof se subió al caballito de la demonización de los productores. Ya lo había hecho semanas atrás apelando a un “índice Verde” cuya aplicación también dejó muchas dudas.

ARBA asegura que detectó una evasión de 354 millones de pesos por medio del “índice verde”: ¿Cuál es el verdadero alcance de esa herramienta?

Girard está cerca de los 40 años, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posee una maestría en Economía Política (FLACSO). Pero esto no le impide decir -con una simplificación del agro que espanta- que desde ARBA “nos dimos la tarea de reforzar los controles en los sectores donde más recursos hay” y “empezar por lo que más tienen”.

En Pergamino y zonas aledañas, donde él fue a controlar, por estos momentos hay pequeños productores y arrendatarios que han cosechado menos de 15 quintales por hectárea de soja, y no llegan a cubrir los costos de esta campaña. ¿Sabrá Girard lo que es un “rinde de indiferencia”?

Quizás no deba saber tanto el recaudador. Pero lo que está muy claro es que conoce muy poco sobre el sector que debe fiscalizar y también sobre el transporte de mercaderías.

El cálculo que lanzó al aire para definir que “una parte del agro evade”, surgió a partir de multiplicar por 30 mil pesos (el valor actual de la soja) por las 450 toneladas decomisadas en los diez camiones secuestrados en estos operativos. El mayor inconveniente para sostener esos números es que no existen camiones capaces de transportar 45 toneladas cada uno, que es lo que daría el promedio (10 infractores con 450 toneladas de soja) informado por el titular de ARBA.

En efecto, un equipo moderno en promedio carga 30 toneladas de granos, y bastante menos si los que se detienen en la ruta son los viejos y queridos 1114, que suelen aparecer en este momento de cosecha, cuando no da abasto la flota de camiones. Deberían revisar la VTV y que funcionen los frenos, más que buscar operaciones fellinescas de contrabando.

Existen algunos camiones llamados bitrenes que fueron autorizados a circular por ciertas rutas nacionales por una decisión del Ministerio de Transporte tomada en 2018. Pero se los llegó a ver andar cargados de rollizos de los forestadores de la Mesopotamia y no de granos de la región pampeana.

“La provincia de Buenos Aires posee la mayor superficie sembrada del país y cuenta con la producción de granos y oleaginosas más importante”, establece el comunicado de ARBA para dar cuenta de la razón de estos controles. En esa definición, al menos, no se equivocaron.

Nota del editor:  A partir de la publicación de esta nota, ARBA pidió publicar a Bichos de Campo la siguiente aclaración. Que ayer se controlaron 1.100 camiones, y que entre 9 y 10% de esos vehículos estaban en infracción, y que de entre aquellos que transportaban cereales había unos 10 de los que se había incautado la carga, para totalizar unas 450 toneladas. Pero la suma total informada de 100 millones de pesos no correspondía solo al valor de esa soja, sino al total de las infracciones que se habían cometido. Las interdicciones a camiones del agro es porque no tenían ningún tipo de documentación. También desmintieron que no era la intención del organismo “demonizar” al agro sino informar sobre los controles.

La entrada ARBA salió a controlar camiones en plena cosecha, aunque su titular parece saber poco de agro, transporte, geografía y hasta matemáticas se publicó primero en Bichos de Campo.

El libro llamado “La madre de todas las batallas: Somos ricos pero nos quieren hacer creer que somos pobres”, tiene un capítulo que revelaría cómo se produce el supuesto contrabando de soja argentina a Paraguay, del que curiosamente han comenzado a hablar muchos militantes del oficialismo.

Aunque quienes transitan el agro saben de la falsedad de muchos de estos fantasmas y la endeblez de los argumentos, es muy interesante ver cómo Alberto Samid se convierte en escriba de una nueva fábula que parece destinada a esmerilar al sector agropecuario local, más que a recuperar la riqueza robada.

Cumpliendo con el pedido de Samid de dar difusión a su libro, pero aclarando que no suscribimos ni creemos en casi ninguna de sus afirmaciones, a continuación publicamos el capitulo “Contrabando de Riqueza Agropecuaria”, que es el que más nos atañe. Para muchos será la base de un nuevo relato, justo ahora cuando vencen los contratos de la hidrovía:

“Miles de toneladas de soja argentina llegan al mundo como soja paraguaya. Esta maniobra de contrabando hace que Paraguay se haya convertido en el 6º productor mundial de soja y el 4º en el ranking de países exportadores. Tal como lo manifiesta el Centro de Estudios Nelson Mandela, la mayoría de la soja argentina contrabandeada sale por tierra y atraviesa el límite fronterizo norte sin ningún tipo de control, el acopio y la carga en los buques se hacen en el puerto de Asunción.

La operación se completa mediante el uso de chatas o barcazas que parten del puerto de Asunción con la soja supuestamente paraguaya que se entrega en el puerto de San Lorenzo, en la proximidad de Rosario, donde los buques de gran calado la sacan al mundo. De este modo ¡el Paraguay llega a exportar más soja de la que cosecha!

El contrabando se perfecciona de modo impresionante cuando las barcazas que salen de Asunción, con media carga de esa mezcla de soja paraguaya y argentina, en su trayecto por la hidrovía van cargando más y más soja argentina hasta completar su capacidad.

Las barcazas o chatas cargueras se detienen en puertos clandestinos ubicados en los terrenos bajos de la hidrovía. En esos lugares, desde la culata de los camiones y mediante un impulsor para la carga, se completan las chatas que siguen viaje hasta otro puerto clandestino, haciendo varias paradas durante el trayecto.

Desde las rutas argentinas y a través de caminos sinuosos esos camiones llegan a la orilla chaqueña del río Paraná y del Río Paraguay, en esos puntos de concentración se juntan hasta 10 camiones que cargan 22 toneladas cada uno. Los lugares elegidos son Formosa, Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe. Cada barcaza transporta 900 Toneladas de soja, lo que equivale a más de 40 camiones. Se estima que cada convoy de 20 chatas lleva unas 10.000 Toneladas de contrabando argentino. A esta soja la llaman “Maradona”, porque sale de la Mano de Dios.

Cuando esta caravana fluvial llega a Rosario, gran parte de la soja que se exportará como paraguaya, en realidad fue cosechada en la Argentina. Esas barcazas que salen semivacías del puerto de Asunción, se agrupan en convoyes de entre 16 y 20 chatas a las que se llama vulgarmente “comparsas”. Cada comparsa es propulsada por un potente remolcador de bandera paraguaya que recorre toda la hidrovía sin ningún control, ni de Prefectura, ni de aduanas, ni de Afip, ya que por su bandera extranjera no pueden ser abordadas, excepto por cuestiones de seguridad náutica. El único control de cargas se le puede hacer en el puerto de San Lorenzo, o sea cuando llegan a destino y ya no se puede discriminar entre granos originales y granos contrabandeados.

Lo más interesante de todo esto es que 9 de cada 10 barcos tienen bandera paraguaya. El único modo de controlarlo sería con la colaboración del gobierno guaraní, que es el principal beneficiado y responsable de robar nuestra riqueza, o sea algo totalmente impensable.

La hidrovía es una entidad privatizada, su control no está en manos del Estado Nacional, esto la transforma en una “autopista” libre para el contrabando de cualquier mercadería, no solo de soja sino de los productos más variados. Dicen los traficantes que lo esencial es armar la ruta, y por ahí luego pasa de todo.

Este formidable contrabando digno de los filibusteros más famosos de la historia, se realiza con la complicidad de un país (Paraguay) que no cobra retenciones a los exportadores de soja haciendo que el productor argentino triplique su facturación real y que su pago se lo hagan en dólares, en billetes físicos y en el extranjero. Paraguay no tiene un sistema tributario ni fiscal que se parezca a ninguno de los del cono sur, no tiene retenciones, no controla el impuesto a las ganancias, etc.

Las cajas de seguridad y las cajas fuertes bancarias existentes en Paraguay no alcanzan para guardar los dólares físicos que produce el contrabando de cereales. El impresionante crecimiento del mercado inmobiliario paraguayo está originado en el lavado de dólares del contrabando de cereales. O sea, el mágico y tan ensalsado crecimiento de Paraguay ¡¡¡es gracias a la riqueza argentina!!!

El contrabando de soja existe desde hace unos 20 años, pero con el tiempo fue tomando dimensiones asombrosas. El Chaco, que siempre fue un destino algodonero, desde el año 2000 se volcó totalmente a la producción de soja y paulatinamente fue aumentando el contrabando pues el aumento del “costo argentino” hizo que los pequeños productores que iban a pérdida, fueran seducidos por el contrabando.

Los pequeños productores que no transaban con el contrabando, terminaron arrendando o vendiendo sus campos a los grandes productores radicados en Paraguay y Argentina. Esto es lo que pasa cuando la oligarquía argentina se convierte en mafia”.

Mitos y verdades sobre Vicentin y las barcazas de soja que bajan por la hidrovía del Río Paraná

La entrada El contrabando de soja según Samid: La nueva fábula del oficialismo tiene quien la escriba se publicó primero en Bichos de Campo.

En realidad, no es para exagerar, porque las cantidades de maíz y soja que se secuestraron son ínfimas respecto de los volúmenes que produce la Argentina: apenas 136.500 kilos de soja y 62.000 kilos de maíz, dando un total de casi 200 toneladas. En total era sin camiones con acoplado los que fueron detenidos en dicha frontera.

“El propietario de la carga, quien quedó supeditado a la causa, no contaba con la documentación que avale el legal transporte de la mercadería”, informó la Gendarmería, que enmarcó la falta en una supuesta violación de la Ley 22.415, el famoso Código Aduanero.

Según la gacetilla de la Gendarmería, “al momento de la inspección, los funcionarios constataron que los vehículos transportaban cargamentos de soja (136.500 kilos) y maíz (62.000 kilos) desde la localidad salteña de Las Lajitas con destino final la ciudad de Salvador Mazza sin aval legal. La Fiscalía tomó conocimiento del hecho y dispuso la incautación de los seis camiones con la mercadería”.

El propietario de los cargamentos, que lamentablemente la información oficial no identifica, “se hizo presente al momento del control” y quedó implicado en una causa de contrabando. Y los seis chóferes quedaron detenidos por unas horas.

Hace unos días Gendarmería también informó de un par de operativos pero en otra frontera caliente, la de Misiones con Brasil y Bolivia. Allí se habían secuestrado en las últimas semanas unas 400 toneladas.

Estas noticias dan cuenta de que existe un contrabando hormiga de granos argentinos hacia otros países, que sin duda se ve favorecido por los menores precios que tienen los granos aquí respecto de sus lugares de origen. Y es que, en el caso de la soja, para empezar la Argentina tiene un descuento del 33% en el precio doméstico del grano, que aquí se paga a 340 dólares por toneladas mientras que en el resto del mundo -que no tributa retenciones- esta orillando los 500 dólares.

Si ese menor precio resulta una tentación para quienes importan granos por vía del contrabando (sin documentos, porque es habitual el paso por Tartagal de cargas de granos para Bolivia), también el desdoblamiento cambiario que se registra en la Argentina favorece este tipo de negocios, ya que quienes participan de este tipo de operaciones de este lado pueden hacerse de dólares en efectivo, que pueden cambiar en el mercado informal a valores muy superiores a los del mercado oficial, donde estarían obligados a “liquidar” sus divisas y cambiarlas por muchos menos pesos.

La entrada Nuevo operativo de Gendarmería: El contrabando hormiga de soja también se registra en la frontera con Bolivia se publicó primero en Bichos de Campo.

Por un lado, con el gobernador Oscar Herrera Ahuad a la cabeza, personal de la Policía y de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) desbarató lo que los medios locales definieron como “un impresionante mega contrabando de mercadería ilegal”. Esa mercadería era soja, que si cruza a un país vecino de contrabando deja de pagar el 33% de retenciones que aquí le cobra el Estado, y que significan unos 120 dólares por tonelada.

https://twitter.com/RodrigoMVivar/status/1319030862109937672?s=20

“Por la magnitud de la carga, casi no hay dudas de que se trata de una de las mayores incautaciones de contrabando de la historia de Misiones, tanto por su volumen como por el valor comercial del producto”, indica la crónica de Noticias del 6. En total se se detuvo, constató e incautó ocho camiones repletos del poroto, que se encontraban detenidos en el predio de una estación servicio YPF ubicada sobre la Ruta 14, a la altura de la localidad de  San Vicente. El destino de la carga era Colonia Alicia, en el municipio de Colonia Aurora. La localidad es fronteriza con Brasil.

Rentas de Misiones está analizando la documentación para analizar el acceso de los camiones a la Provincia, y analziar un posible cambio de ruta y destino declarado de la carga. Por lo pronto, la mercadería se secuestró porque, según se informó, “hay presunción de falta de capacidad económica que acredite la adquisición y /o propiedad de la carga”, ya que el supuesto propietario era un monotributista categoría D2, es decir con ingresos inferiores a 19.000 pesos.

“El producto estaba totalmente indocumentado o no tenía la consistencia respaldatoria tributaria”, se informó oficialmente.

Por otro lado, el gobierno nacional informó que efectivos de la Prefectura Naval Argentina “decomisaron un cargamento de 9 toneladas de semillas de soja que iban a ser exportados ilegalmente a Brasil, en un procedimiento realizado en la localidad misionera de El Soberbio”.

“El procedimiento comenzó con tareas de investigación que arrojaron el dato que se traficaría soja hacia Brasil. Ante esto, se montó un operativo que permitió detectar, a la altura del kilómetro 1139 del Río Uruguay, a cinco personas cargando bolsas de arpillera desde un camión hacia dos embarcaciones”, fue el relato oficial.

Frente a ese hallazgo, Prefectura intervino y “comprobó que los bultos se trataban de 180 bolsas de grano de soja, con un peso total de 9.000 kilos y un valor que supera los 300 mil pesos”.

La entrada Misiones se llenó de soja, pero no por mérito de la agronomía sino debido al contrabando se publicó primero en Bichos de Campo.

“La coordinación de estos operativos entre fuerzas policiales, nacionales y provinciales constituye una acción inédita en materia de fiscalización del contrabando de cereales dados los resultados obtenidos”, elogió el comunicado oficial.

La Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA) está desde hace algunas semanas prestando especial atención a esa región del país, especialmente a partir de la introducción de nuevos dispositivos de control al sector molinero. Hace unos días, por ejemplo, clausuró un molino perteneciente a un diputado provincial de Cambiemos en Salta.

Ver El molino de un diputado de Cambiemos fue clausurado por vender harina en negro

En las últimas horas, con apoto de fuerzas policiales y de otros organismos, realizó nuevas inspecciones cerca de ese paso fronterizo. Los resultados quedaron a la vista aunque ya eran conocidos: Salvador Mazza es sin duda un lugar de contrabando de granos hacia Bolivia.

Por un lado, Agroindustria detectó la falta de matrícula de una firma, que además intentó amparar la mercadería que tenía en su poder mediante remitos y Cartas de Porte apócrifos, con datos falsos de origen y procedencia. En ese lugar se encontraron 153.000 kilos de maíz, 17.820 de trigo, 66.880 de girasol, 30.200 de soja y hasta 4.650 kilos de sésamo. Todo tenía destino en suelo boliviano.

Además, en el operativo se precintó el portón de ingreso del galpón trasero y la puerta trasera colindante a un pasaje rural que conduce al límite internacional de Bolivia. Por allí la mercadería era trasladada embolsada en carretillas.

En otra de las firmas inspeccionadas en salvador Mazza se constató que si bien poseía matricula RUCA, su principal negocio era el contrabando hacia Bolivia. Por eso se le suspendió la matrícula de inmediato y se le retuvo toda la mercadería encontrada en el depósito: 132.350 kilos de maíz, 58.850 de soja y 3.800 de trigo.

También , en esta caso, los fondos de esa firma daban a un pasaje rural que conduce al límite internacional con Bolivia.

“En virtud del flagrante delito constatado se entabló una consulta judicial y la fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Oran dispuso el allanamiento y el secuestro de 1 camión y 58.850 kilos de soja”, informó el comunicado oficial.

Hubo una tercera firma inspeccionada. Aquí los inspectores de la ex ONCCA y la AFIP también comprobaron “la existencia de diversos granos, pertenecientes a terceros y que no poseían la matrícula de RUCA habilitante para operar en el mercado”. También todo era maquillado con Cartas de Porte falsificadas.

En este caso se retuvo toda la mercadería hallada en el correspondiente depósito: 363.250 kilos de maíz y 31.200 de soja. También se precintaron las puertas trasera colindante a un pasaje rural que conduce al límite internacional de Bolivia.

En otra firma dedicada a la compra y venta de harina de trigo se detectó la falta de matrícula y se le retuvieron 269 bolsas equivalentes a 13.450 kilos de harina.

Por su parte, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria (Senasa) detectó la presencia de una unidad productiva avícola sin su correspondiente RENSPA.

La entrada Frontera caliente: En Salvador Mazza los granos pasan a Bolivia sobre carretillas se publicó primero en Bichos de Campo.

“Trabajamos con productos derivados, ya transformados, con la idea de que el valor agregado quede en origen”, dijo a Bichos de Campo Martín Cruz, socio de la cooperativa. Es así como de la papa elaboran puré de papas, de los maíces fideos para celíacos, y la lista sigue.

Para llevar a cabo todo ese proceso, Cruz explicó que “tuvimos que hacer un arduo proceso de capacitación al personal para certificar la planta libre de gluten, y modificar la estructura edilicia, ya que lo que habíamos hecho en un inicio era para conservar la cultura del lugar”.

Cruz también explicó que la cooperativa integra la Federación de Organizaciones de Productores de Alimentos (FOPAL), una entidad nacional que refuerza la capacidad comercial de sus miembros en todos los eslabones de la cadena productiva.

Mirá lo que nos decía Martín Cruz:

A la hora de evaluar los inconvenientes más grandes de estos productores, Cruz comentó que “lo que más nos encarece el producto es el flete”; además, dijo que al ser Jujuy una provincia limítrofe, “el contrabando de Bolivia nos obligó a vender el producto transformado”. Es que resulta imposible competir, para los productores de la Quebrada, con los cargamentos de papines y maíces a granel que ingresan al mercado local desde Bolivia. 

Para dar un ejemplo concreto del daño que les ocasionó el contrabando de Bolivia, Cruz denunció que “hace unos años le habíamos dado semillas a La Poma en Salta, una zona parecida a la nuestra, y al año siguiente nos trajeron 112 toneladas, que para nosotros era mucho, y por eso tuvimos que tirar la mitad de nuestra producción”.

“La gente de Buenos Aires, que solía comprarnos 1.500 kilos cada 15 días o de forma semanal, pasó a comprarnos 5oo kilos por mes; y además descubrimos que ellos compraban de contrabando y poniendo nuestras etiquetas”, se quejó Cruz.

El cooperativista dejó en claro que la clave pasa por no producir demás para no derribar los precios: “Tuvimos que transformar nuestros productos, dejando de acopiar y agregando valor, ya que los productos a granel, aunque no los dejamos de lado, no nos están dejando rentabilidad”.

Sobre el diferencial de precios que pueden obtener en el mercado local o en mercados como el de Buenos Aires, el productor declaró que “mientras que en Tilcara podés colocar un kilo de papines a 30 o 40 pesos, en ferias y mercados bonaerenses podés vender ese mismo kilo a 70 pesos. No obstante, ese precio debería ser mayor”, aclaró.

La entrada Para hacer frente al contrabando, Cauqueva transforma papas y maíces andinos en puré y fideos se publicó primero en Bichos de Campo.