El gobierno de Bolivia emitió esta semana una Resolución Biministerial, la 006/2021, destinada a “asegurar el abastecimiento de carne bovina al mercado interno y regular su exportación de acuerdo al volumen de producción que garantice el suministro para las y los bolivianos”.
¡Genial! La Argentina no era el único país de la región que comenzó a regular sus exportaciones de carne vacuna y amenaza con imponerle cupos. Bolivia está en la misma línea, que es muy distinta a la que aplican países desaprensivos como Brasil o Uruguay, que son dos potencias ganaderas a nivel global, y que no imponen restricciones al libre comercio de sus carnes.
Como aquí, en Bolivia las exportaciones de carne vacuna fueron récord en 2020, con unas 14 mil toneladas, equivalenteas a unos 60 millones de dólares. Los embarquese se registraron hacia China, Perú, Ecuador y a la República del Congo. Pero en septiembre pasado también se logró habilitar sanitariamente un mercado importante como Rusia y otros países de la Unión Económica Euroasiática.
Según informó el nuevo ministro de Desarrollo Rural de Bolivia, Remmy Gonzales Atila, allá los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural emitieron una norma conjunta que dispone de manera textual: “Aprobar el Reglamento que autoriza la emisión del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo para la carne bovina”.
No estamos solos. En los hechos es prácticamente lo que sucedió aquí cuando la semana pasada los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, a cargo de Luis Basterra y de Matías Kulfas, dictaron una resolución conjunta para crear las nuevas Declaraciones Juradas a la Exportación de Carnes (DJEC), una actualización de los temibles ROE o permisos de exportación con los que el primer kirchnerismo trabó los embarques de carnes y otros productos a partir de 2006, provocando una verdadera masacre sobre el stock bovino.
Gonzáles, que vendría a ser como nuestro Basterra, indicó que de este modo y poniendo restricciones a la “libre exportación” de ganado y carne vacuna, el Gobierno de Luis Arce “garantiza a las familias bolivianas el abastecimiento de carne a precio justo en los centros de abasto de todo el país”.
“Vamos a utilizar todos los mecanismos para que en Bolivia tengamos carne suficiente a precio justo”, enfatizó. La idea dijo, es no permitir que el precio de la carne suba debido a la especulación.
Como un calco entre ambos países, la Resolución conjunta activó la emisión del Certificado de Abastecimiento Interno a Precio Justo (CAIPJ), para garantizar la provisión del producto en el mercado interno y a la vez controlar las exportaciones. Es exactamente lo mismo que acá se proponen hacer con los DJEC, que todavía no han sido reglamentados.
El Basterra boliviano adelantó que se reunirá el próximo sábado con los ganaderos de la poderosa ciudad agropecuaria de Santa Cruz, en busca de que ese sector manifieste públicamente que va a cumplir con el abastecimiento interno a precio justo. Es más o menos como pedirle aquí a la Mesa de Enlace que declare a viva voz: ¡Amamos las retenciones y los cupos de exportación!
Gonzales indicó también que se buscarán mecanismos de control de precios en los mataderos, en los locales de comercialización y en los centros de abastecimiento de carnes.
También en esto somos parecidos: Paula Español, nuestra secretaria de Comercio Interior, ya negoció con los frigoríficos exportadores nucleados en el Consorcio ABC un acuerdo para que vendan 13 cortes más baratos en supermercados. Como ese pacto venció a fines de marzo pasado, ahora busca una prórroga que dure hasta fines de año y que incluso pueda ser ampliada a otros actores. Los inspectores de Comercio Interior han estado controlado en diferentes provincias el cumplimiento de ese acuerdo.
En Bolivia, según la información oficial disponible, las autoridades piensan extender el mencionado CAIPJ solo a quienes cumplan con vender carne más barata. Los integrantes de la cadena ganadera deberán tramitar ese certificado ante los organismos que se determinen.
Ahora, los Ministerios que impulsaron esta resolución conjunta la enviarán a la Aduana Nacional. Ese organismo tendrá un plazo de cinco días hábiles para la adecuación de su sistema informático. Vencido ese plazo, la semana que viene, el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo será exigible a quienes quieran exportar carne, como documento soporte de la Declaración de Mercancías de Exportación. Es lo mismo que pasará aquí, cuando empiecen a regir las DJEC,
Aquí, en la Argentina, nuestra Paula Español ha dicho que no le temblará el pulso para adoptar otras medidas si los precios de la carne y otros alimentos no se serenan. Incluso habló de subir retenciones y disponer cupos (como ya sucedió en el pasado a través de los ROE) para la exportación.
En Bolivia, en cambio, no amagan. Ya lo hicieron de prepo. La Resolución conjunta estableció en uno de sus capítulos que habrá un Comité de Monitoreo y Abastecimiento de Carne Bovina (aquí vendrían a ser la ex ONCCA y la propia Secretaría de Comercio Interior, que formaron una suerte de Comité de Fiscalización de los DJEC). El comité boliviano “se reunirá la última semana de abril para asignar la cuota de exportación por empresa los meses para los meses de mayo a julio del 2021”.
Los ROE bolivianos. Chupate esa mandarina.
El ministro Remmy Gonzáles explicó que a través de estos mecanismos el Gobierno realizará una verificación minuciosa de cada operador antes de autorizar la libre exportación de carne bovina. “Las exportaciones eran libres, ahora serán reguladas con la Resolución Biministerial 006/2021, en tanto abastezcan el mercado interno a precio justo se buscará el mecanismo para poder exportar libremente”, señaló en una entrevista.
Como parte de esta ofensiva regulatoria, también habrá acciones junto al Ministerio de Lucha Contra el Contrabando y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) para evitar el contrabando de carne bovina en las fronteras.
“Hay contrabando, se está saliendo nuestro ganado a pie por las fronteras, eso vamos a controlar, porque el precio de la carne afuera está más caro que aquí en Bolivia, y eso está haciendo que gente inescrupulosa que está sacando el ganado a pie, eso vamos a controlar”, aseveró el Basterra boliviano. Por suerte, las principales sospechas de este comercio ilegal no están depositadas sobre la Argentina, sino sobre Perú y Brasil.
“El ganado, la carne, vale mucho más caro en Brasil, en Perú, en otros países vecinos, y Bolivia todavía tiene un precio accesible para las familias bolivianas. Hay gente que ve un negocio en contrabandear ganado a otros países, y genera un desequilibrio en el desabastecimiento interno”, declaró Gonzales.
Como sucede habitualmente aquí, también el Bolivia el gobierno parece querer cargarle todas las culpas a la especulación del sector privado. De hecho, el ministro de Desarrollo Rural dijo que manejan información no comprobada de que los productores ganaderos tendrían un excedente de 45.000 toneladas de carne. Los comerciantes argumentan que no estaría llegando ganado a los centros de remate.
Los funcionarios bolivianos se reunieron el domingo con la Confederación de Trabajadores Carniceros de Bolivia (Contracabol) y con ellos consensuó las medidas, que ahora afectarán a los productores. Tras ese encuentro, incluso amenazaron con definir a quién deben vender los ganaderos sus animales.
“El Senasag (nosotros también lo tenemos, se llama Senasa y también intervendrá en el comité de fiscalización de los DJEC) va a trabajar en tener mucho cuidado en emitir guías de movimiento (aquí se llaman DTE), para trasladar estos ganados a lugares o comunidades fronterizas”, explicó Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en una entrevista.
Huanca luego remarcó que de este modo se resguardará que el ganado primero “se traslade a centros de remate en el territorio nacional”.
