“Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el estado debería dejar de cobrarlos”, explicó luego la SRA en un comunicado.

La explicación, más pulida, es que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que desde 2019 delegaba en el Presidente de la Nación la potestad de reglamentar los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, “convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año”, según evalúan en la SRA.

Para hacer valer la Constitución, apareció un proyecto del PRO y liberales que quiere desterrar la posibilidad de que el Ejecutivo pueda fijar las retenciones

Por eso, desde la localidad santafesina de Armstrong, lugar donde se llevó a cabo una asamblea de productores, Pino exhortó al presidente a dejar de cobrar un impuesto que ya no tendría sustento.

“Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, afirmó el dirigente.

Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser fijadas por ley del Congreso, salvo que éste delegue esa potestad en el Ejecutivo. “No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro”, aseveró Pino, que también dejó abierta la puerta a una serie de planteos judiciales por este tema.

La entrada La Rural afirma que las retenciones ya no tienen “sustento legal” y pide su derogación se publicó primero en Bichos de Campo.

En fin, más de lo mismo.

Feletti dijo que la chance de subir retenciones a los productos agropecuarios ha quedado bajo estudio del Poder Ejecutivo. “El diagnóstico es que la suba de precios internacionales llegó para quedarse por lo menos hasta el año que viene, cuando este efecto se agudizará”, dijo el funcionario. Y agregó: “En este marco aumentarán el precio del maíz, el trigo y la carne y tenemos que evitar que impacten en la mesa de las y los argentinos”.

“Si queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales”, fue, explícito, el funcionario encargado de monitorear los precios, que blanqueó que la posibilidad de incrementar los derechos de exportación es una posibilidad que cuenta con el aval del ministro de Economía Martín Guzmán.

Conocida esta posición, desde el Ministerio de Agricultura se ocuparon de difundir las declaraciones del ministro Julián Domínguez en el pago chico del kirchnerismo, El Calafate, donde participó de la inauguración oficial de la Exposición Rural de Lago Argentino. “El presidente me encomendó que salga al diálogo con los productores para potenciar el desarrollo del país”, enfatizó.

Policía bueno, policía malo. Cuando empiezan estos cabildeos en el gobierno los productores suelen siempre salir perdiendo. Lo que es peor es que Domínguez y Feletti son dos recién llegados al gobierno.

Este doble juego ya se vivió en múltiples ocasiones y siempre fue desgastante: A Guillermo Moreno se le oponían tibiamente Javier De Urquiza, Carlos Cheppi o el propio Domínguez, en su primera gestión. A Paula Español se le oponía Carlos Casamiquela y más recientemente Luis Basterra.

Siempre, hay que decirlo, ganaron los malos.

El gobierno pide a los supermercados que congelen los precios de la carne y se toma el fin de semana largo para decidir cuál será el próximo paso

Pero hay un pequeño problema esta vez. Cuando asumió Alberto Fernández, en diciembre de 2019, el Congreso sancionó una ley de emergencia que en uno de sus artículos le puso tope a una posible suba de retenciones. Hay que recordarlo: Mauricio Macri venía de prometer una baja paulatina de este tributo que se frustró con la crisis de 2018. Alberto, de entrada, pidió que los legisladores le cedieran la facultad de fijar las retenciones y éstos accedieron, pero con limitaciones.

Con el correr de los meses la soja (que aporta el 75% de los recursos por derechos de exportación) se llevó al tope establecido por el Congreso del 33%. Para los cereales y el resto de los productos (se sobreentiende que la carne vacuna también), al máximo imponible es del 15%. Antes de fin de 2021, cuando vence esa ley, no queda mucho margen para subir el tributo, a más de eso, pues el trigo y el maíz hoy tributan 12% y la carne un 9%. Los pocos puntos de diferencia no tendrían el impacto real sobre los precios que pretende -se supone, siendo bien pensados- el contador Feletti.

En el nuevo proyecto de Ley de presupuesto 2022, el Ejecutivo pidió al Congreso que extienda las facultades, sin poner límites o topes esta vez. Pero el oficialismo debería apurarse para aprobar esa ley antes del 10 de diciembre, porque luego de eso su mayoría estará mucho más discutida. Y en este nuevo contexto, poner el espinoso tema de las retenciones en el centro de la discusión podría ser más contraproducente que beneficioso para lo que queda del mandato de Alberto.

El gobernador de Córdoba se sacó el barbijo: Schiaretti reclamó el fin del cepo a la carne y la eliminación gradual de las retenciones

Pero en su rol de policía malo, sin demasiadas armas y mucho menos creatividad para formular nuevas estrategias, Feletti dijo que el equipo económico tiene una posible suba de los derechos de exportación como parte de su estrategia. La segunda medida en análisis, según mencionó en una entrevista con Página/12, es una ampliación de lo que se denomina el “fideicomiso del aceite”.

“Es un acuerdo entre privados por el que parte de la renta exportadora se destina a subsidiar el precio de aquellos que venden en el mercado interno. Hoy el modelo es el de aceite mezcla y es exitoso en términos de precios y para el productor”, explicó el secretario de Comercio Interior. Le faltó aclarar que el aceite se hace sobre todo con soja o girasol, que no son granos que tengan una demanda interna tan grande como el trigo o el maíz, que el sector está dominado por unas pocas empresas concentradas, y que sería imposible replicar este tipo de acuerdos en las cadenas productivas que hoy le preocupan.

Desde El Calafate, donde no pudo entrevistarse con la vicepresidenta Cristina Kirchner aunque mantuvo reuniones con la ogbernadora Alicia Kirchner, Domínguez continuó haciendo el papel de policía bueno e invocando al presidente en cada momento que pudo. “Mi tarea en esta etapa del país es articular las mejores capacidades de nuestros productores para que Argentina pueda proveer lo que el mundo está requiriendo”, indicó, dando a entender que no está de acuerdo con regular las exportaciones ni penalizarlas con más impuestos.

La entrada Domínguez y Feletti repiten el aburrido juego del policía bueno y policía malo: Uno promete diálogo mientras el otro amenaza con más retenciones se publicó primero en Bichos de Campo.

“Asimismo, se considera necesario realizar un esfuerzo fiscal con el objeto de lograr que los productos de exportación del sector pesquero enteramente terminados en los territorios provinciales incrementen progresivamente su presencia y participación en los mercados internacionales”.

Con estos dos argumentos, el gobierno nacional decidió rebajar las retenciones que pagan los tres principales productos obtenidos del Mar Argentino, pero siempre para las posiciones arancelarias de mayor valor agregado. El Decreto 754/2001, publicado este sábado en el Boletín Oficial, fue firmado por el presidente Alberto Fernández y por los ministros Juan manzur, Martín Guzmán y Julián Domínguez.

La nueva estructura de retenciones para la pesca establecida por la norma, en principio, rebaja del 5 al 1% el tributo que paga el langostino easy peel o Tail Long que sean exportados en envases de hasta 1 kilo. En el caso de envases mayores a ese peso, la alícuota será del 3%.  A su vez, las colas de langostinos en envases de hasta 2 kilos también verán una reducción de retenciones que quedará en el 3%. También el langostino entero premium tendrá una reducción de los derechos de exportación y se ubicará en el 6%.

En cambio, la exportación de colas en bloques mayores a 2 kilos para reprocesamiento en otros países tendrá un incremento de 2 puntos porcentuales, lo que dejará los DEX en el 9%.

El langostino ha sido, por generación de divisas en los últimos años, el principal producto exportable del Mar Argentino.

En el caso de la Merluza Hubbsi, se eliminan los derechos de exportación del filet congelado elaborado en tierra en envases menores a 1 kilogramo (estaba en el 5%) y lo reduce al 3% en el caso de envases de filet de mayor peso.

También se eliminan los derechos de exportación de conservas y preparaciones de pescados y mariscos procesados íntegramente en la Argentina (estaban en el 4,5%), sean estos platos preparados semi-listos o listos, en salsas o aceites.

Además, las anillas de calamar que estaban en el 7% quedarían en el 0%, mientras que el tubo limpio de calamar en envases de hasta 1 kilogramos pasa al 5% desde el 7% previo.

El Ministerio de Agricultura informó que los derechos de exportación de la corvina pasan al 5% en lugar del 7% y en el caso de la pescadilla, lenguado, mero, besugo, entre otros filetes congelados de especies de mar, las retenciones disminuyeron de 5 a 3%.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, indicó que “con esta medida acompañamos a las empresas pesqueras que invierten en nuestro país, que invierten en nuestra gente”. En el mismo sentido consideró que la rebaja de algunos puntos de retenciones ap0unta a generar un sector pesquero que “trabaje con buques argentinos, con marinería local, que descarguen en nuestros puertos, que procese y transforme la materia prima y que lo hace en nuestras plantas contratando más argentinos y argentinas y que elabora productos de calidad”.

El funcionario recordó que hasta 2020 tenían el mismo tratamiento en materia de retenciones todos los productos de la pesca, sin distinguir el agregado de valor. “Era injusto”, resaltó Liberman, al recordar que “ya el año pasado dimos un paso grande para cambiarlo” y que “hoy estamos dando el segundo para revertir esa inequidad y para lograr el objetivo de la pesca integral, con más argentinos y argentinas participando de ella”.

La entrada Un premio al valor agregado: Reducen algunos puntos de retenciones a los productos pesqueros procesados se publicó primero en Bichos de Campo.

La senadora por Santa Fe (Juntos por el Cambio) solicitó concretamente  en el Senado el tratamiento del proyecto de su autoría que busca derogar  el artículo 52 de la Ley 27541 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”., que fue aprobada en diciembre de 2019, a los pocos días de la asunción de Alberto Fernández. Ese artículo determina la delegación de poderes que el Congreso le otorga al presidente de la Nación para que defina los porcentajes de las retenciones de los productos agropecuarios. 

“Le pido al Senado que derogue este artículo de manera inmediata y le devolvamos al Congreso la potestad de debatir y definir los derechos de exportación. Hoy los productores de todo el país viven con la incertidumbre diaria de no saber a cuánto va a llevar las retenciones el gobierno de acuerdo a sus necesidades. Esta situación no ayuda a la inversión ni mucho menos a la recuperación de la economía”, explicó Vucasovich.

La llamada Ley de Emergencia económica extendió la delegación al Poder Ejecutivo Nacional -como ya sucedía en tiempos de Mauricio Macri y en gobiernos anteriores- de la facultad de establecer derechos de exportación con algunas delimitaciones hasta el 31 de diciembre de 2021. Ahora, de frente a ese vencimiento, en el artículo 82 del proyecto de Presupuesto se solicita la prórroga por cuatro años más. Así, el gobierno podría meter mano sobre las retenciones hasta 2025.

“Ya vivimos las idas y vueltas con el cierre de exportaciones de carnes y las serias consecuencias en las economías regionales. Como senadores nacionales tenemos la potestad originaria para tratar estos temas, para evitar arbitrariedades ya sea por urgencias económicas o caprichos ideológicos”, concluyó la senadora.

La entrada La senadora santafesina que reemplazó a Reutemann pidió que las retenciones vuelvan a ser fijadas por el Congreso se publicó primero en Bichos de Campo.

Primero los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y hasta la propia Cristina Kirchner -enemistada históricamente con el sector- tomaron con entusiasmo esa alternativa y prometieron apoyarla. Pero después el Poder Ejecutivo generó comisiones técnicas para analizar los alcances y más adelante decidió cajonear la iniciativa durante largos meses. El tiempo de espera recién terminó cuando el sopapo electoral de las PASO convenció a las autoridades de que era hora de mostrar gestión.

El jueves por la noche se encontraron Alberto y Cristina después de aquella resonante derrota, que desencadenó una crisis en el gobierno. Allí, el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se apropió de la iniciativa y sin siquiera agradecer el aporte del CAA, dijo que su origen se remontaba a PEA (Plan estratégico Agropecuario) que había impulsado tanto él como Cristina en 2010, durante su primer paso por la cartera agropecuaria.

Domínguez, además, repitió que con la sanción del llamado “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” se iban a poder elevar las exportaciones argentinas a 100.000 millones de dólares y crear 700 mil nuevos puestos de trabajo, como decía el CAA en sus planteos originales.

Pero en el mismo momento en que Domínguez realizaba tan ampulosos anuncios, el Consejo Agroindustrial distribuía un estudio en el que acotaba muchísimos los objetivos que se había planteado inicialmente. Ya no era llevar las exportaciones a 100 mil millones de dólares sino simplemente elevarlas en unos 7.000 millones de aquí a 2026 (la quinta parte de la proyección inicial). Y en materia de creación de empleo, ya no se hablaba de 700 mil puestos nuevos sino apenas de 150 mil.

¿Qué sucedió para que el famoso Plan Agroexportador haya quedado reducido a una mínima expresión de lo que era? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que cambió entre el texto del proyecto de ley original y éste que ahora firmó el Presidente para enviar al Congreso?

Salta a la vista, que los objetivos a los que apunta la ley se redujeron de un año al otro -y tras atravesar el filtro oficial- a la quinta parte de lo que eran en los orígenes de esta discusión.

El documento del Consejo Agroindustrial celebraba (porque mejor es poco que nada) los beneficios para nuevas inversiones destinadas a exportar una mayor cantidad de bienes, para generar más divisas y crear nuevos trabajos. Esta es la lista de beneficios previstos en el proyecto:

¿Y qué fue lo que se quitó del anteproyecto original que elevó el CAA a las autoridades? Pues algo que el mismo gobierno acaba de anunciar este viernes, pero para la industria automotriz.

Para ese sector fabril, que suele ser mimado por todos los gobiernos, el Poder Ejecutivo anunció la eliminación de las retenciones para las “exportaciones incrementales”. ¿Qué quiere decir? Que durante 2022 las empresas que fabrican autos (en buena medida con partes importadas) continuarán tributando las alícuotas actuales de derechos de exportación hasta un monto equivalente a las ventas externas de 2020. Pero que todo lo que exceda esa cifra quedará a salvo del temible tributo aduanero.

La medida a favor de las automotrices fue presentada por los ministros de Economía, Martín Guzmán; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dos de los funcionarios que inicialmente habían dado su visto bueno a la propuesta del Consejo Agroindustrial, pero que luego comenzaron a meterle hacha para podarla y dejarla convertida en una mínima expresión de lo que era.

Lo que la Ley Agroindustria proponía era justamente eso, que si el agro lograba incrementar sus niveles de exportaciones durante la vigencia de la nueva ley, las retenciones a la exportación (que son mucho más elevadas que las que pagan los autos) s fueran reduciendo paulatinamente.

La entrada ¿Qué fue lo que se quitó de la Ley Agroexportadora para reducir su impacto potencial a una quinta parte? Pregunten a las automotrices se publicó primero en Bichos de Campo.

“Eso no resulta sorpresivo, ya que es el principal complejo exportador del país y sus productos están gravados con una mayor alícuota (33% para el poroto, 31% para el aceite y la harina), y las toneladas declaradas en los primeros seis meses de 2021 se cuadruplicaron para el caso del poroto y se duplicaron para el caso del aceite y la harina.”, indicó un informe elaborado por el equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). “Todo esto sumado al notable aumento en los precios de exportación”, añadió.

Una vez registrado un embarques (DJVE), los exportadores tienen cinco días hábiles para liquidar las retenciones independientemente de cuál sea efectivamente la fecha en que se exportarán. Es decir: el impuesto se abona por adelantado.

Para poder estimar la recaudación por retenciones generada por cada cultivos, los técnicos de la BCR procedieron a valuar las toneladas mensuales declaradas correspondientes a la actual campaña al precio FOB promedio mensual para embarques cercanos informado por el Ministerio de Agricultura, mientras que aquellas toneladas declaradas que corresponden al nuevo ciclo se consideraron al valor FOB medio de la nueva cosecha.

Luego se aplicó la alícuota correspondiente a cada producto y, para obtener el monto en pesos, se multiplicó por el tipo de cambio promedio mensual. Vale aclarar que utilizaron los precios informados por el Ministerio de Agricultura porque el cobro de retenciones se calcula precisamente utilizando esos valores como referencia.

“Utilizando esta metodología, arribamos a que, en los primeros seis meses del 2021, el aporte de los principales complejos agroindustriales a la recaudación por derechos de exportación alcanzó 451.853 millones de pesos, lo que equivale al 95% del total recaudado por AFIP en materia de derechos de exportación”, explicó la BCR.

De ese total, la mayor parte corresponde al complejo sojero, seguido luego por el maíz y bastante más lejos por el resto de los cultivos.

La entrada Empleados del año de la AFIP: En el primer semestre la recaudación generada por las retenciones sojeras se multiplicó por tres se publicó primero en Bichos de Campo.

Pero hoy, al oficializarse el anunció, quedó en evidencia que la mayor parte de las principales exportaciones agroindustriales quedaron excluidas de la medida.

El beneficio, que está destinado sólo a las empresas que tengan el certificado MiPyMes vigente y que hayan exportado no más de 3,0 millones de dólares en el año calendario inmediato anterior, comprende la completa desgravación del derecho de exportación de ventas externas por hasta 500.000 dólares y la reducción del 50% de la alícuota para operaciones de hasta un millón de dólares.

Hasta aquí, todo claro. Pero el decreto 302/2021, por medio del cual se instrumentó el beneficio, indica que sólo está disponible para determinadas posiciones arancelarias, las cuales, en el caso del sector agroindustrial, comprende algunos productos y excluye a la mayor parte.

Entre los productos beneficiados se incluyen yogur, lactosuero, fórmulas infantiles, arroz, maní y aceite de maní, azúcar, extracto de malta, tapas para empanadas, pastas, cereales para desayuno, pan dulce, aceitunas, papas congeladas, mermeladas, nueces, mosto y jugo de uva, salsa de soja, mayonesa, cerveza, campaña, vinos, sidra y cigarrillos.

Los criterios para seleccionar algunos productos en desmedro de otros lucen discrecionales, pues todo el capítulo correspondiente a productos cárnicos, por ejemplo, fue eliminado, al igual que la leche en polvo y el expeller de soja.

En los fundamentos del decreto 302 se indica que en lo que respecta a “las mercancías alcanzadas por la medida, se procura realizar una selección que asegure la promoción del desarrollo e incentivo a la producción y a las exportaciones de las cadenas con mayor potencial de creación de valor agregado y empleo, así como un bajo impacto en los precios internos”.

La lista completa de las posiciones arancelarias comprendidas en la medida pueden verse aquí:

La entrada Discriminación: La mayor parte de los productos agroindustriales fueron excluidos del programa que exime a las Pymes del pago de retenciones se publicó primero en Bichos de Campo.

Gracias a un proyecto de inversión de Tika Group y a la llegada de 18.000 esquejes de granados desde Israel en 2007, Argentina logró en 2009 ingresar en el grupo de países productores y exportadores de esta fruta en el hemisferio sur.

“Los inmigrantes traían plantas de la variedad española Mollar. Actualmente en Argentina se exporta la variedad Wonderfull, de origen californiano y reproducido genéticamente en Israel, y la Acco”, explicó a Bichos de Campo Federico Bordi, gerente operativo de Estancia La Paz S.A., una de las empresas productoras más grandes del sector.

Actualmente la producción de granada se concentra en las provincias de Salta, San Juan y Córdoba. Se trata de un cultivo que exige clima seco, suelos francoarenosos y abundante agua de riego. La flora comienza entre septiembre y octubre y la cosecha de los frutos se realiza entre febrero y marzo, dependiendo de la variedad.

Por año se producen entre 4000 y 5000 toneladas, que se distribuyen entre el mercado interno y la exportación. Esa cifra nos deja muy por detrás de Perú, el principal productor de la región, con más de 35.000 toneladas anuales. Chile se posiciona en tercer lugar con 3500 a 4000 por año.

“Perú es nuestro principal competidor con el diferencial de precios y beneficios en cuanto a derechos de exportación”, aseguró Bordi, en referencia a que esa nación sudamericana, además de no tener retenciones, cuenta con una inflación minorista del 2,68% (Sí: 2,68%).

“Básicamente tenemos un problema de costos e insumos dolarizados, que complican cualquier tipo de rentabilidad para ponernos en competencia con los demás países exportadores”, explicó el empresario frutihortícola.

Aun así los productores del sector destacan el acompañamiento del personal del Senasa y la colaboración gubernamental para abrir nuevos mercados y generar las condiciones apropiadas para la llegada de la fruta a destino, que se consume fresca o bien procesada como parte de jugos.

Actualmente se exporta hacia Estados Unidos, Europa Continental, Reino Unido, Egipto, Serbia, Indonesia y Malasia. En 2018 Estancia La Paz S.A envió además 9800 kilos a Brasil, convirtiéndose en el primer cargamento argentino enviado a ese país.

“La granada es linda, vistosa y tiene muchos beneficios: tiene taninos que son antiinflamatorios y antioxidantes, ayuda a enfermedades del corazón y se está estudiando por sus propiedades anti cancerígenas. No podemos invertir en marketing a nivel país, pero las empresas que nos compran nos ayudan en la promoción indirectamente”, afirmó Bordi.

En este momento se está realizando la cosecha de la variedad Acco y a partir del 15 de marzo comenzará la recolección de la variedad Wonderfull. Así que en muy poco tiempo más estarán disponibles en los comercios minoristas.

La entrada Arrancó una nueva temporada de cosecha de granada: Argentina se posiciona entre los principales productores del hemisferio sur se publicó primero en Bichos de Campo.

-¿Cómo caracterizaría al sector forestal en Argentina?

-Argentina tiene ventajas competitivas para la industria forestal únicas. El tiempo en que crecen los arboles, la disponibilidad de tierra y la de agua, son tres elementos centrales. La industria forestal es generadora de divisas y de fuentes de trabajo. Hoy la clave está en hacer un uso integral de la madera, y la planta de celulosa es el primer punto de partida de la industria. Si pensamos en 800 dólares por tonelada te das cuenta de la magnitud de divisas que se podrían generar. La celulosa se complementa con los aserraderos, las plantas de tableros y las de energía. Analizar uno de todos estos temas por separado es perder eficiencia.

-¿Qué inconvenientes encuentra en el sector?

-Hay distintos escollos: uno es la seguridad jurídica y otro es la Ley de Tierras (se refiere a la ley que pone límites a la posesión de tierras rurales por parte de capitales extranjeros). Cuando uno invierte en una planta de celulosa, coloca aproximadamente 2 mil millones de dólares. Tres cuartos de la inversión son para la industria pesada. El cuarto restante es la tierra que se habilita para abastecer a un porcentaje importante de la planta. Uno no puede hundir dólares en una planta y después no tener asegurado el abastecimiento. Se podría trabajar en base a contratos pero sabemos que Argentina tiene cierta inseguridad en su cumplimiento. En estas condiciones se hace difícil atraer capitales extranjeros.

-¿Qué cambios le haría a dicha legislación?

-Se puede modificar generando una excepción para la industria forestal. Ahí se abre un campo enorme de trabajo. Decir “bueno, la industria forestal esta fuera de la Ley de Tierras”. Sería un elemento simple y contundente.

-Con una exportación de productos forestales casi sin valor agregado, ¿Argentina está perdiendo una oportunidad?

-Sí, porque la industria forestal está pasando por un gran momento. Así como la soja ha ido subiendo últimamente, la madera hoy tiene una gran demanda internacional y se está exportando mucho. La celulosa también ha estado mejorando sus precios. Hay un escenario internacional sumamente promisorio. Está en los argentinos generar las condiciones de atractividad para que vengan los capitales externos a invertir.

-La reciente reducción de los aranceles a la importación de productos forestales impuesta por China, ¿afecta en forma positiva al sector?

-Es una buena señal el hecho de que China esté generando la posibilidad de conversar sobre posiciones arancelarias. En esta ocasión no significa demasiado para Argentina, porque no somos grandes exportadores de esas posiciones, pero es una señal de que se puede seguir conversando y esperar que en algún momento se logren mejoras. Pero más allá de preocuparnos por los derechos de China, tenemos que ver siempre cómo reducir nuestros derechos de exportación.

Ver también: Festeja el sector forestal: China redujo en hasta cuatro puntos los aranceles aduaneros para la importación de productos de la madera

-¿Cómo están actualmente las retenciones en este sector productivo?

-Ha habido un reacomodamiento y han sido bastante racionales las medidas: algunas posiciones se incrementaron y otras se redujeron. Básicamente las que tienen mayor valor agregado. El mensaje del gobierno fue “yo voy a fomentar la exportación de valor agregado”. Con lo cual es una buena señal. Igualmente uno podría decir “bajemos los derechos de exportación de todas las posiciones”, pero como primera señal es positivo.

-¿El sector experimentó cambios entre el gobierno anterior y el nuevo?

-Se manejan reglas similares. El 2020 fue un año complejo y es difícil hacer una evaluación. Hubo elementos distorsionantes muy fuertes, pero nada que fuera en contra del sector. Podemos decir que no seguimos avanzando con la mesa foresto-industrial como hubiéramos querido, pero es difícil decir si no se quiso o no se pudo, ante un año fuera de lo común. Hay una mesa a través del Ministerio de Industria, que sabemos que está trabajando para seguir los pasos de la mesa anterior. Las intensiones de promover las virtudes de la industria están.

Ver también: Sin el aporte de los seguros de autos para implantar nuevos bosques, hay incertidumbre sobre el presupuesto necesario para llevar adelante la política forestal

-En este contexto, ¿Arauco tiene previstas nuevas inversiones en el país?

-Hace poco anunciamos una inversión para la planta de celulosa de Misiones de 150 millones de dólares, en los próximos 3 años. Ya empezamos y lo que estamos haciendo es una actualización tecnológica. También hemos hecho otras inversiones de otra magnitud en la planta de Zárate. Nosotros seguimos apostando a la Argentina.

Foto: Economis

La entrada Pablo Ruival dirige Arauco, la mayor empresa forestal del país: Afirma que con retenciones y límites a la compra de tierras “es difícil atraer capitales extranjeros” hacia el sector se publicó primero en Bichos de Campo.

Con la suspensión de registraciones de embarques de maíz “viejo” realizados hasta el próximo 28 de febrero, muchas compañías exportadoras se apuraron por declarar operaciones ante la posibilidad de que la medida oficial se extienda temporalmente para el maíz o se aplique también para otros productos.

Por ese motivo, ayer lunes 4 de enero se declararon embarques de maíz, trigo, harina de trigo, poroto, harina y aceite de soja por 2.693.023 toneladas, los cuales, con los valores FOB oficiales de la fecha, generaron una recaudación por derechos de exportación de 215 millones de dólares (más de 19.000 millones de pesos al tipo de cambio oficial).

La cuestión es que, a partir de lo determinado por la Resolución 78 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, vigente desde octubre de 2019, los exportadores de productos agroindustriales están obligados a abonar al menos el 90% del derecho de exportación correspondiente dentro de los cinco días hábiles desde la registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), lo que implica, en los hechos, que el impuesto debe pagarse por adelantado.

Eso implica que de los 215 millones de dólares de retenciones, más de 190 millones ingresarán en los próximos días gracias a la “magia” de la resolución 78/2019 y al “efecto susto” generado por la imprevista decisión de intervenir el mercado externo de maíz.

El hecho de que ayer lunes se hayan registrado exportaciones de 730.190 toneladas de trigo no es casual, dado que en la plaza granaria existe temor de que el gobierno argentino intervenga el mercado de ese cereal tal como ya lo hizo con el maíz.

A la fecha los exportadores registraron DJVE por 6,50 millones de toneladas de trigo 2020/21 sobre un saldo exportable estimado en 10,0 millones de toneladas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La entrada Clink Caja: Por el “efecto susto”, el gobierno genera una recaudación exprés de retenciones por 190 millones de dólares se publicó primero en Bichos de Campo.