-No, hay siete cortes que no se pueden exportar bajo ninguna circunstancia hasta fines de 2023, es decir durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Representan cerca del 22/24% del peso de una media res. Son el asado, la tapa de asado, la falda, el matambre, la paleta, el vacío y la nalga, que reemplazó en este listado a la cuadrada. Obviamente también se veta la exportación de la media res entera o de los cuartos del animal, porque si no saldría alguno de esos cortes prohibidos.

-¿Y no hay excepciones para exportar esos cortes?

-Solamente se pueden exportar esos siete cortes si provienen de una vaca vieja categoría E y D, que es la que se antes utilizaba para hacer “conserva” y que últimamente se vendía a China. También la carne de los toros se puede exportar completa.

Manual básico para entender qué es una vaca conserva y por qué nosotros no la consumimos

-¿Entonces eso es lo único que está liberado? ¿La famosa vaca conserva?

-Al parecer sí, además de los “huesos con carne”, que son los que quedan de la depostada. En este tiempo de veda los frigoríficos han multiplicado esos envíos varias veces, que sirven para hacer calditos en China.

-China representa el 75% de nuestra exportación de carne vacuna. ¿Por lo menos se libera la vaca conserva entonces?

-Solos las categorías D y E. Si yo quiero exportar un corte permitido de una vaca categoría C (más joven), honestamente no sé lo que sucede. No se puede responder -con las reglamentaciones vigentes por ahora- si te darán permiso o no.

-¿Qué es eso de “si te darán permiso o no”?

-Y sí. Antes de cerrar las exportaciones de carne en mayo, el gobierno creó las DJEC (Declaración Jurada de Exportación de Carnes), algo así como los viejos y queridos ROE. ¿Vos querés exportar? Tenés que presentas una DJEC y ellos te dicen a los 5 días si te la aprueban.

Regresan los ROE y la “doble botonera”: Los exportadores de carne deberán pasar el filtro tanto de la ex ONCCA como de Comercio Interior

-¿Quiénes son ellos?

-Bueno, la que hace el trámite es la devaluada ex ONCCA (Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario), que depende del Ministerio de Agricultura. Pero hay una doble botonera, porque ese organismo consulta a su vez ante cada DJEC a Comercio Interior, que puede bocharte cualquier solicitud de embarque por diversos motivos. Incluyendo que no cumplas con el abastecimiento interno de los cortes a precios cuidados.

-¿Y hay margen para la discrecionalidad allí?

-Absolutamente sí. Mucho. Primero porque no están reglamentados los motivos que pueden ocasionar un rechazo. Pero sobre todo porque no hay transparencia: como con los ROE de Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray (que jamás se publicó qué frigoríficos recibían los permisos), hoy al ex ONCCA no publica a qué empresas le otorga las DJEC.

-¿No es ilegal eso? Es decir, si el Estado te otorga un beneficio (en este caso permiso para exportar), ¿no debería dar cuenta de sus actos?

-Lo dijiste vos. Hasta ahora solo se conocen las DJEC otorgadas hasta el 11 de noviembre gracias a un pedido de acceso a la información pública presentado por Bichos de Campo. Pero Luciano Zarich, el titular de la ex ONCCA, contestó al mismo de modo desordenado y en un formato en el que no puede trabajarse con los datos.

Por primera vez desde que Néstor Kirchner cerró las exportaciones de carne en 2006, el Estado tuvo que mostrar los nombres de quiénes reciben los permisos de exportación

-El mundo necesita carne y nosotros necesitamos divisas… ¿Eso debería favorecer el comercio del resto de los cortes vacunos no? ¿Si yo quiero exportar lomo a Europa voy a poder?

-La Cuota Hilton y otros cupos arancelarios acordados con otros países (como Ela cuota de 20 mil toneladas para EE.UU., la 481 para Europa o un pequeño cupo para Colombia) seguirán sin cambios, si. Pero esos cupos arancelarios tienen un volumen acotado.

-¿Y qué pasa si yo quiero exportar una picaña a Brasil?

-Se supone que podrás, aunque hay un gris enorme allí en las nuevas reglamentaciones emitidas este lunes por el Ministerio de Agricultura. Se supone que podrías porque la picaña o el cuadril no están en la lista de los siete cortes prohibidos. Pero a la vez no están expresamente “liberados”. Es decir, hay algunos cortes y mercados que quedaron en un limbo. Como no hay prohibición ni permanecen los cupos, debería poder exportase libremente. Pero todo depende de que consigas la DJEC.

-¿Y con la famosa carne khoser para Israel que sucedió?

-La verdad no lo sé. Hasta ahora había una cuota mensual de 3.500 toneladas para poder exportarla, porque Israel se había quejado. Esa cuota no rige más, venció el 31 de diciembre. Y no se reglamentó nada nuevo, así que se sobreentiende que quedará liberada, al menos mientras los funcionarios te den la DJEC.

-Insistís mucho con la DJEC, ¿Por qué?

-Porque en el cierre anterior de las exportaciones de carne, de 2006 a 2015, el kirchnerismo hizo exactamente lo mismo que está haciendo ahora: primero creó los ROE, luego cerró todo de guapo, luego habilitó una serie de cuotas para la vaca conserva, luego flexibilizó todo, y finalmente dejó los permisos en funcionamiento, de los que no brindaba información. Las sospechas de corrupción eran enormes. La única diferencia con el ahora es que hay expresamente siete cortes prohibidos.

“Aprendí de los errores”, decía Alberto. Pero copia con exactitud el cierre de las exportaciones de carne que ordenó Néstor hace 15 años

-¿Entonces todo se resume a si uno consigue el permiso o no?

-Pareciera que sí. Y no habrá manera -al menos no existe por ahora- de controlar quien recibe esos embarques y a quién se los rechazan. Por eso insisto como loco malo que hay que pedir la publicación, como sucede con los granos.

-¿Decís que en los granos se publica lo que en carne se oculta?

-Hay una vieja historia de 2009 que lo explica. El gobierno empezó a otorgar ROE para exportar trigo y apareció de la nada una empresa llamada SIPEA que se quedó con la mayor parte de los permisos. Tenía socios de Santa Cruz bastante cercanos a Ricardo Echegaray, por ese momento a cargo de la ex ONCCA. Cuando las cerealeras vieron cómo venía la mano exigieron que se dé a conocer la identidad de quienes recibían ROE. Eso fue lo que permitió investigar luego los desvíos de permisos a través de la Capeco que manejaba Ider Peretti, el amigo empresario de Guillermo Moreno. Pero con la carne nunca sucedió lo mismo. Se publicaban los ROE Rojo otorgados cada día, pero no a las empresas beneficiarias.

-Igual el ministro Julián Domínguez invitó al sector privado a participar de un Observatorio…

-En efecto, la Resolución 301, que es la que reglamenta esta “apertura” de las exportaciones, creó en el ámbito de Agricultura el “Observatorio de la Producción de la Carne Vacuna”. Y se invitó a integrarlo “a los representantes de las provincias argentinas, de las entidades del sector agropecuario, de las cámaras de la industria frigorífica, de engorde a corral, de matarifes y abastecedores, y de productores exportadores, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y a la coordinación de la Mesa de las Carnes”. Hay que recordar que Guillermo Moreno también se rodeaba de muchos de esos sectores cuando le tocaba dirigir la política de carnes. A esas reuniones las llamaban “la escuelita” porque el funcionario solo bajaba las instrucciones.

Se presentó el libro que asegura que el kirchnerismo hizo más que nadie por el campo y que el enfrentamiento K versus agro fue “un relato creado”

-¿El Observatorio puede terminar de la misma manera?

-No se puede prejuzgar. Habrá que verlo correr. El único dato certero que tenemos por ahora es que será un espacio “consultivo” que estará “presidido por el/la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, que dictará su reglamento de funcionamiento, y deberá constituirse dentro de los 90. días.

-¿Y quién es la jefa de de la Unidad Gabinete de Asesores?

-Se llama Diana Guillen. Fue presidenta de Senasa en el gobierno de Cristina Kirchner y luego coordinó los equipos agropecuarios del Instituto Patria. Está en el puesto desde el inicio del gobierno, con Luis Basterra como ministro. Se suponía que Julián Domínguez iba a poder colocar gente de su confianza, pero no es algo que haya sucedido hasta el momento.

La entrada Manual para intentar comprender una “liberación” de la exportación de carne vacuna que no será tal y que incluso podría esconder trampas se publicó primero en Bichos de Campo.

Bichos de Campo, como medio especializado en política agropecuaria, ya ha hecho uso en dos ocasiones de este derecho frente a las autoridades del Ministerio de Agricultura, en ambos casos con resultado favorable más allá de que no siempre la información obtenida haya incluido todos los detalles que se requerían. En la primera ocasión se reclamó la lista de supuestos “exportadores sin planta” que habían sido suspendidos del RUCA y que eran utilizados por el gobierno para justificar nuevas intervenciones sobre el negocio de la exportación de carnes. Ante un segundo pedido, la gestión del ex ministro Luis Basterra nos envió el listado de causas judiciales abiertas que todavía reclaman judicialmente por viejas deudas por compensaciones de la ex ONCCA y que publicamos.

Acceso a la información pública: Todavía hay 138 juicios que reclaman millones al Estado por las compensaciones de la ex ONCCA ¿Qué empresa los impulsan?

Este viernes, este medio realizó un nuevo pedido de acceso a la información pública: se intenta conocer en este caso el listado de todas las DJEC (Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carnes) tramitadas por los frigoríficos ante la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) y la Secretaría de Comercio Interior para poder exportar carne vacuna.

Se realiza este pedido en el entendimiento elemental de que si el Estado formula e implementa un sistema de autorización o denegación de las exportaciones de carne, entonces debe dar a conocer quiénes son las empresas que han recibido los permisos de embarque y en qué cantidades, de modo tal que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a saber quiénes fueron los beneficiarios de dichas políticas. Se trata de controlar al controlador, como en cualquier sociedad civilizada.

Este es el pedido de acceso a la información pública:

A nuestro criterio, este pedido se justifica especialmente por los antecedentes que existen en la materia: entre 2007 y 2015 el Estado implementó un sistema muy semejante al de las actuales DJEC, que se denominaba Registro de Operaciones de Exportación (ROE) y que no solo involucraba a la carne vacuna (ROE Rojo) sino a todos los granos y sus subproductos (ROE Verde) y a todos los productos lácteos (ROE Blanco). La gestión del sistema estuvo, según el lapso de la historia, a manos de la ex ONCCA o de la derogada UCESCI, que dependía de Comercio Exterior.

En aquel largo periodo histórico hubo múltiples sospechas de corrupción y favoritismos en el sistema de asignación de los ROE a las diversas empresas de cada rubro, los que derivaron en la eliminación de esa herramienta a partir del recambio de gobierno en diciembre de 2015.

Muchas de esas investigaciones periodísticas y hasta judiciales fueron posibles porque existía la posibilidad de ejercer cierto control social de aquellos permisos: al menos por unas horas, el Ministerio de Agricultura publicaba en su página web institucional los nombres y los volúmenes autorizados a cada una de las empresas agrícolas. Con dicha acumulación de información, las Bolsas de Cereales podrían luego construir las cifras acumulativas de tonelajes de granos y subproductos que iban a exportarse.

Lo mismo sucede ahora con las DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior) de granos que funciona al amparo de la Ley 21.453. Todos los días la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio publica la identidad de las cerealeras o aceiteras que presentaron esas DJVE para exportar productos agrícolas.

En el caso de las exportaciones de carne, todo siempre ha sido mucho más oscuro. En tiempos en que la ex ONCCA o la UCESCI distribuían los ROE Rojo entre los frigoríficos, diariamente se hacía pública la información sobre los volúmenes y productos que recibían la autorización para salir del país. Pero nunca las autoridades dieron a conocer la identidad de las empresas beneficiarias de esos permisos, creando un manto permanente de sospecha sobre cómo se repartían los ROE Rojos.

El caso sería  ahora más grave, porque la DNNCA, a cargo del contador Luciano Zarich, no publica nada de nada sobre las nuevas DJEC: ni los productos a exportar, ni los volúmenes solicitados y mucho menos la identidad de las empresas exportadoras que obtienen estos permisos.

Las DJEC fueron creadas mediante la Resolución Conjunta 3/2001, del 19 de abril pasado, por los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo. “Las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos, estarán sujetas a la registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC)”, definía esa norma. La autoridad de aplicación de dicho régimen sería la DNNCA, que reglamentó el procedimiento para que los frigoríficos que quisieran exportar carne bovina pudieran presentar sus DJEC mediante la Disposición 59/2001.

Tanto ese organismos como la Secretaría de Comercio Interior, a partir de allí, deben aprobar en nombre del Estado Nacional cada uno de los embarques. Es decir, hay un doble control sobre las presentaciones previos al que finalmente, como en cualquier país normal, debe realizar la autoridad aduanera.

Posteriormente, a partir de mayo de 2021, el Gobierno nacional estableció diferentes regímenes de cupos de exportación de carne vacuna para las plantas frigoríficas, que de todos modos -a pesar de tener un tonelaje asignado por dichos cuotas de exportación- debieron seguir tramitando las DJEC que les correspondieran frente a la DNCCA.

Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot: Los ROE ahora se denominan DJEC e incluyen a todos los tipos de carnes

En la actualidad existe un sistema de cupos generales por frigorífico equivalentes al 50% de lo exportado en 2020, más otra cuota para cortes kosher para Israel, más otro sistema de cupos para exportar carne de vaca conserva de las categoría D y F. Además hay cupos que no son sometidos a un reparto de parte del Estado por tratarse de acuerdos con otras naciones, como la cuota de 20 mil toneladas para Estados Unidos, o las cuotas Hilton y 481 para la Unión Europea.

Pero el gobierno, ni a través de la DNCCA ni mediante la Secretaría de Comercio Interior, dan a publicidad datos sobre las DJEC presentadas. Y no se sabe entonces quiénes son los receptores de las Declaraciones Juradas DJEC, con lo cual resulta de imposible controlar que esas cuotas de exportación finalmente se estén distribuyendo como corresponde. Esto implica una clara vulneración de las normas más elementales de la transparencia  que debe mostrar el sector público en todos sus actos.

Por eso fue que Bichos de Campo solicitó  al Ministerio de Agricultura que de a conocer el listado de las DJEC acumuladas y las empresas beneficiadas hasta por lo menos fines de octubre, mediante el mecanismo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública. Esperamos que además de facilitar esa información, que compartiremos con nuestros lectores, a futuro esa dependencia revierta su decisión original de ocultar dichos datos para comenzar a publicarlos con regularidad, como debe ser y como sucede con otros regímenes de control del Estado.

Veremos qué pasa. En algunos días lo sabremos.

La entrada Otro pedido de acceso a la información pública: Bichos de Campo reclamó la lista de las DJEC aprobadas para cada frigorífico se publicó primero en Bichos de Campo.

Todo empieza el 29 de marzo con un comunicado del Ministerio de Agricultura que todos los medios repiten sin expresar dudas (sí, el problema también es del periodismo). Se anuncia la suspensión de "15 exportadores de carne por evadir controles estatales". No se los identifica. pic.twitter.com/GfbkJqUtli

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Cuando finalmente a Zarich no le quedó más remedio, respondió con una lista de 15 firmas sin aclarar la infracción cometida por cada una. Pudimos confirmar que 8 no tenían vínculo con el negocio ganadero. Nos quedaban entonces 7 peligrosos sospechosos. https://t.co/KaLExtVkKH

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

No hubo un comunicado aclarando ni pidiendo disculpas. Hasta que ayer "fuentes oficiales" que no se identifican informan a mi colega Alejandro Rebossio, para @elDiarioAR, "Quiénes son los empresarios acusados de irregularidades en la exportación de carne".https://t.co/hoOKvUCUoK

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Vamos a la nota. Uno de los supuestos casos es el de la mencionada Huachana. Se dice que exportó 2.500 toneladas de carne y que no liquidó US 50 millones. No me cierran los números como para que la acusen de subfacturar, pues en ese caso exportó cada tonelada a ¡20 mil dólares! pic.twitter.com/LNlViHveks

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

La anterior firma no figuraba entre las 15 que identificó Zarich en el pedido de información. Pero sí la tercera: Grain FED SAS, a la que se la acusa de tener domicilios falsos. En ese caso se dice que exportó 600 toneladas. pic.twitter.com/hyLZz9NQHl

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

La siguiente empresas sospechada de subfacturar sus ventas de carne tampoco estaba en la lista que me envió Zarich: se trata de Alpha Estudio Aduanero SRL, que vendió al exterior este año 540 toneladas. Su pecado, parece, es vivir "a una cuadra de la villa 1-11-14". pic.twitter.com/jABcIDHhqz

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Pese a la gravedad de los ilícitos denunciados, este mediodía esa empresa seguía habilitada en el RUCA que maneja Zarich. No solo como matarife, sino como "exportadora de carnes". pic.twitter.com/sUiPxOd0g0

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Lo más triste es que Alberto, Cafiero y Kulfas menean todo el tiempo el asunto de la subfacturación para justificar el cierre de las exportaciones de carne.
El Estado convertido en denunciador serial, pero que no aporta ninguna prueba concreta cuándo se les pida la información.

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

Por favor, apenas pido un poquito de vergüenza ajena. Sujeten a ese tal Zarich antes de que empiece a hacer cagadas más grandes. Ya las hizo en 2014, cuando había una espantosa corrupción montada alrededor de los ROE Verde, y él ni se daba cuenta…https://t.co/F3N5vtZzHS

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

También El Cronista recibió la información de la fuente oficial no identificada.
Mientras tanto, los periodistas agropecuarios seguimos esperando del ministro Basterra una conferencia de prensa para poder preguntar. https://t.co/qjtFNLTYGg

— Matías Longoni (@matiaslongoni) May 27, 2021

La entrada Una crónica en tuits: Con la excusa de una subfacturación en 5.760 toneladas de carne, el Gobierno interrumpe un negocio de 900.000 toneladas se publicó primero en Bichos de Campo.

Aunque muchas veces el actual presidente declaró haber “aprendido” de los errores del pasado y prometió a los dirigentes rurales que no iba a repetir las mismas recetas que habían fracasado en el pasado, resulta muy llamativo que ambos procesos -el de Néstor y el de Alberto- sean muy semejantes, al punto de parecer calcados.

En un informe del IERAL, Garzón reconstruye aquella historia cuyo comienzo ubica no en 2006 sino unos meses antes, cuando Roberto Lavagna era todavía ministro de Economía y dispuso retenciones diferenciales para la carne vacuna. Más o menos como ahora, que el gobierno mantiene los derechos de exportación en 9% e incluso elevó algunas posiciones que estaban en 5%.

• El 21 de noviembre de 2005 se decidió aplicar una alícuota diferencial (adicional) de derechos de exportación, de 10 puntos porcentuales, que elevó la carga tributaria total del 5% al 15%.
• A comienzos de 2006, y siendo aparentemente insuficiente este aumento de presión tributaria, el gobierno comenzó a construir el marco normativo y a generar las condiciones que le permitirían luego desarrollar un esquema de control sobre los volúmenes exportados. Para ello, en febrero de ese año se creó un Registro de Operaciones de Exportación (ROE)., en el que los exportadores debían registrar sus operaciones y esperar la autorización de las mismas (en ese entonces bastante automática) por parte de la autoridad competente.
• En marzo de 2006, al muy poco tiempo, se decidió tomar una medida drástica, cerrar directamente las exportaciones de carnes por 180 días (exceptuando a los envíos de Cuota Hilton).
• El cierre de las exportaciones de marzo de 2006 abriría “suficiente espacio negociador” para implementar un esquema como el que luego vendría. Es decir, la amenaza o el riesgo de regreso de una política de “cierre total” permitiría una negociación con el sector y el ingreso a una etapa de comercio administrado de carne bovina.
• A mediados de 2006 se ingresa entonces a una etapa de comercio exterior de carnes administrado desde la esfera pública, que duraría varios años; en ella, además de los derechos de exportación, se establecerían cupos de exportación (generales y/o por firma), es decir límites a los volúmenes exportados, que serían más o menos formalizados (sólo algunos fueron publicados en resoluciones), con mecanismos de distribución entre firmas complejos.
• En mayo de 2008 (en pleno conflicto por las retenciones móviles) se decide establecer un “cupo anual” de 540 mil toneladas (resolución 42/2008, ONCCA) junto con un “encaje productivo exportador del 75%”. El cupo anual regía a nivel de toda la industria, mientras que el encaje a nivel de firmas, el organismo competente (ONCCA) solo autorizaba como “remanente exportable” todo aquel volumen de carne almacenado en el establecimiento frigorífico que superase al 75% de la capacidad de almacenamiento del establecimiento.

Garzón dice lo que muchos no quieren escuchar, pero que es algo muy evidente: ambos procesos históricos se parecen mucho mucho.

“Nótese que la secuencia actual de medidas adoptadas vinculadas al comercio exterior de carne es bastante similar a la que se observara en el período 2005-2010. A ver, en diciembre de 2019 los derechos de exportación sobre carne bovina subieron del 5% al 9%, en abril de 2021 se creó nuevamente un Registro de Operaciones de Exportación (se lo simplifica ahora con la sigla DJEC). En estos últimos días de mayo se estableció el cierre de envíos por 30 días (Resolución 75/2021, MAGyP)”, enumeró.

En esta línea de pensamiento, el economista del IERAL razona que “si se repitiese tal cual el proceso” lo que viene ahora “es establecer un esquema de comercio administrado, de mucha discrecionalidad en las autorizaciones, que podría incluir cupos, encajes y restricciones cuantitativas” a los envíos de carne vacuna. Garzón es generoso al no hablar de las sospechas de corrupción que existieron en aquellos años de la primera experiencia.

Lo que no omite el economista cordobés fueron los tristes resultados del cierre de las exportaciones de carne decidido por Néstor Kirchner hace 15 años y continuado por Cristina.

• En el 2005 Argentina exportaba 437 mil toneladas peso producto de carne bovina (771 mil equivalentes res con hueso), en 2010 los envíos habían bajado a 154 mil toneladas y a 130 mil toneladas en 2011. Es decir que se redujeron en hasta 70%. “Las causas de este ajuste no deben buscarse en algún factor vinculado al comercio global, que para el mismo período se expandió un 20%”, determinó Garzón.
• Así, la Argentina pasó de tener el 8,9% del mercado global en 2005 (en valor) al 5% en 2010 y al 4,5% en 2011.
• Se perdió mucho dinero. “Si Argentina hubiese mantenido un 9% de market share durante el período 2010-2015, un target razonable para la potencia y la valoración de la carne argentina en el mercado global, la cadena habría generado unos 9.000 millones de dólares adicionales a los que logró generar en esos 6 años”, analiza el experto.

• Las existencias totales de animales se redujeron en 10 millones de cabezas aproximadamente, tomando el pico del 2007 (58,7 millones de cabezas) y el valle del 2011 (48,9 millones).
• Tomando como un precio de referencia un valor de 1,2 dólares por kilo de animal en pie para esos años (precio países vecinos) y teniendo en cuenta la estructura de animales perdidos (participación de vacas, novillos, etc.), se estima que la descapitalización que se produjo en la producción ganadera, midiendo sólo el valor de las existencias liquidadas, se aproximó a 4.900 millones de dólares.
• En cuanto al rodeo de vacas, se perdieron 3,6 millones de animales, el bien de capital más importante que tiene la cadena. En el año 2009 la tasa de faena de hembras (vacas, vaquillonas) fue la más alta de las últimas décadas, casi la mitad de los animales que se faenaban eran hembras (49,2%).

• En 2005, al inicio del proceso de intervención, Argentina producía 3,1 millones de toneladas de carne bovina, un equivalente a 82 kilos per cápita, que se distribuían 75% al mercado interno (62 kilos) y 25% a las exportaciones (20 kilos). Al final del proceso, luego de la liquidación, la producción había bajado a 2,5 millones de toneladas en 2011, equivalentes a 61 kilos por habitante respectivamente. Es decir que se perdieron aproximadamente unos 20 kilos por habitante año durante el período, con un ajuste del 24%.

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No hará falta esta vez –como sucedía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– completar planillas y planillas porque los datos a partir de los cuales trabajarán los agentes de Control Comercial Agropecuario provendrán de los registros del Sistema Malvina de la AFIP.

La cuestión es que, una vez ingresados al Ministerio de Agricultura los datos de la operación de comercio exterior del Sistema Malvina –cantidad, valor FOB, destino, etcétera–, esa información se transformará por arte de magia en un DJEC, el cual, según indica la disposición 59/2021, quedará en un estado “pendiente”.

Una vez realizada la evaluación de la DJEC por los agentes de Control Comercial Agropecuario, “de no mediar rechazo u observaciones, se la considerará aprobada de manera automática a las 19:00 horas del tercer día hábil de la fecha de oficialización” del DJEC. Es decir: como mínimo las DJEC permanecerán en suspenso durante tres días hábiles.

Sin embargo, la disposición 59 indica “cuando lo considere oportuno o a solicitud de la Secretaría de Comercio Interior”, se “podrá requerir documentación respaldatoria a los operadores y/o información adicional a los distintos organismos públicos”. O sea que pueden llegar a ser bastante más que tres días.

Y si los agentes descubren “inconsistencias insalvables en el proceso de evaluación”, la DJEC será rechazada. Pero la disposición 59 no especifica cuáles serían tales “inconsistencias”, con lo cual el mecanismo queda habilitado para tomar decisiones arbitrarias al respecto.

En aquellos casos donde los agentes detecten “inconsistencias, anomalías y/o discrepancias subsanables en la evaluación de la DJEC”, se podrá “requerir al operador información y/o documentación respaldatoria y/o complementaria a los fines de ser analizada para ser aprobada o rechazada definitivamente”. Un marco normativo por demás adecuado para garantizar la seguridad de las operaciones pactadas con clientes del exterior.

La disposición además indica que los exportadores de carnes comprendidos en la medida –vacuna, porcina, aviar y ovina– deberán ingresar al portal del Ministerio de Agricultura “para ver el estado de sus DJEC”. Cuando la DJEC sea aprobada, el sistema permitirá imprimir un certificado que deberá ser presentado ante la Dirección General de Aduanas para poder proseguir con el trámite de exportación.

Una cámara de frigoríficos afirma que el nuevo DJEC es igual a los viejos ROE: Y advierte que así se destruirá la ganadería

La entrada Otra vez: El gobierno argentino estableció el procedimiento para comenzar a restringir de manera discrecional las exportaciones de carnes se publicó primero en Bichos de Campo.

¡Genial! La Argentina no era el único país de la región que comenzó a regular sus exportaciones de carne vacuna y amenaza con imponerle cupos. Bolivia está en la misma línea, que es muy distinta a la que aplican países desaprensivos como Brasil o Uruguay, que son dos potencias ganaderas a nivel global, y que no imponen restricciones al libre comercio de sus carnes.

Como aquí, en Bolivia las exportaciones de carne vacuna fueron récord en 2020, con unas 14 mil toneladas, equivalenteas a unos 60 millones de dólares. Los embarquese se registraron hacia China, Perú, Ecuador y a la República del Congo. Pero en septiembre pasado también se logró habilitar sanitariamente un mercado importante como Rusia y otros países de la Unión Económica Euroasiática.

Según informó el nuevo ministro de Desarrollo Rural de Bolivia, Remmy Gonzales Atila, allá los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural emitieron una norma conjunta que dispone de manera textual: “Aprobar el Reglamento que autoriza la emisión del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo para la carne bovina”.

No estamos solos. En los hechos es prácticamente lo que sucedió aquí cuando la semana pasada los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, a cargo de Luis Basterra y de Matías Kulfas, dictaron una resolución conjunta para crear las nuevas Declaraciones Juradas a la Exportación de Carnes (DJEC), una actualización de los temibles ROE o permisos de exportación con los que el primer kirchnerismo trabó los embarques de carnes y otros productos a partir de 2006, provocando una verdadera masacre sobre el stock bovino.

Gonzáles, que vendría a ser como nuestro Basterra, indicó que de este modo y poniendo restricciones a la “libre exportación” de ganado y carne vacuna, el Gobierno de Luis Arce “garantiza a las familias bolivianas el abastecimiento de carne a precio justo en los centros de abasto de todo el país”.

“Vamos a utilizar todos los mecanismos para que en Bolivia tengamos carne suficiente a precio justo”, enfatizó. La idea dijo, es no permitir que el precio de la carne suba debido a la especulación.

Como un calco entre ambos países, la Resolución conjunta activó la emisión del Certificado de Abastecimiento Interno a Precio Justo (CAIPJ), para garantizar la provisión del producto en el mercado interno y a la vez controlar las exportaciones. Es exactamente lo mismo que acá se proponen hacer con los DJEC, que todavía no han sido reglamentados.

El Basterra boliviano adelantó que se reunirá el próximo sábado con los ganaderos de la poderosa ciudad agropecuaria de Santa Cruz, en busca de que ese sector manifieste públicamente que va a cumplir con el abastecimiento interno a precio justo. Es más o menos como pedirle aquí a la Mesa de Enlace que declare a viva voz: ¡Amamos las retenciones y los cupos de exportación!

Gonzales indicó también que se buscarán mecanismos de control de precios en los mataderos, en los locales de comercialización y en los centros de abastecimiento de carnes.

También en esto somos parecidos: Paula Español, nuestra secretaria de Comercio Interior, ya negoció con los frigoríficos exportadores nucleados en el Consorcio ABC un acuerdo para que vendan 13 cortes más baratos en supermercados. Como ese pacto venció a fines de marzo pasado, ahora busca una prórroga que dure hasta fines de año y que incluso pueda ser ampliada a otros actores. Los inspectores de Comercio Interior han estado controlado en diferentes provincias el cumplimiento de ese acuerdo.

En Bolivia, según la información oficial disponible, las autoridades piensan extender el mencionado CAIPJ solo a quienes cumplan con vender carne más barata. Los integrantes de la cadena ganadera deberán tramitar ese certificado ante los organismos que se determinen.

Ahora, los Ministerios que impulsaron esta resolución conjunta la enviarán a la Aduana Nacional. Ese organismo tendrá un plazo de cinco días hábiles para la adecuación de su sistema informático. Vencido ese plazo, la semana que viene, el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo será exigible a quienes quieran exportar carne, como documento soporte de la Declaración de Mercancías de Exportación. Es lo mismo que pasará aquí, cuando empiecen a regir las DJEC,

Aquí, en la Argentina, nuestra Paula Español ha dicho que no le temblará el pulso para adoptar otras medidas si los precios de la carne y otros alimentos no se serenan. Incluso habló de subir retenciones y disponer cupos (como ya sucedió en el pasado a través de los ROE)  para la exportación.

En Bolivia, en cambio, no amagan. Ya lo hicieron de prepo. La Resolución conjunta estableció en uno de sus capítulos que habrá un Comité de Monitoreo y Abastecimiento de Carne Bovina (aquí vendrían a ser la ex ONCCA y la propia Secretaría de Comercio Interior, que formaron una suerte de Comité de Fiscalización de los DJEC). El comité boliviano “se reunirá la última semana de abril para asignar la cuota de exportación por empresa los meses para los meses de mayo a julio del 2021”.

Los ROE bolivianos. Chupate esa mandarina.

El ministro Remmy Gonzáles explicó que a través de estos mecanismos el Gobierno realizará una verificación minuciosa de cada operador antes de autorizar la libre exportación de carne bovina. “Las exportaciones eran libres, ahora serán reguladas con la Resolución Biministerial 006/2021, en tanto abastezcan el mercado interno a precio justo se buscará el mecanismo para poder exportar libremente”, señaló en una entrevista.

Como parte de esta ofensiva regulatoria, también habrá acciones junto al Ministerio de Lucha Contra el Contrabando y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) para evitar el contrabando de carne bovina en las fronteras.

“Hay contrabando, se está saliendo nuestro ganado a pie por las fronteras, eso vamos a controlar, porque el precio de la carne afuera está más caro que aquí en Bolivia, y eso está haciendo que gente inescrupulosa que está sacando el ganado a pie, eso vamos a controlar”, aseveró el Basterra boliviano. Por suerte, las principales sospechas de este comercio ilegal no están depositadas sobre la Argentina, sino sobre Perú y Brasil.

“El ganado, la carne, vale mucho más caro en Brasil, en Perú, en otros países vecinos, y Bolivia todavía tiene un precio accesible para las familias bolivianas. Hay gente que ve un negocio en contrabandear ganado a otros países, y genera un desequilibrio en el desabastecimiento interno”, declaró Gonzales.

Como sucede habitualmente aquí, también el Bolivia el gobierno parece querer cargarle todas las culpas a la especulación del sector privado. De hecho, el ministro de Desarrollo Rural dijo que manejan información no comprobada de que los productores ganaderos tendrían un excedente de 45.000 toneladas de carne. Los comerciantes argumentan que no estaría llegando ganado a los centros de remate.

Los funcionarios bolivianos se reunieron el domingo con la Confederación de Trabajadores Carniceros de Bolivia (Contracabol) y con ellos consensuó las medidas, que ahora afectarán a los productores. Tras ese encuentro, incluso amenazaron con definir a quién deben vender los ganaderos sus animales.

“El Senasag (nosotros también lo tenemos, se llama Senasa y también intervendrá en el comité de fiscalización de los DJEC) va a trabajar en tener mucho cuidado en emitir guías de movimiento (aquí se llaman DTE), para trasladar estos ganados a lugares o comunidades fronterizas”, explicó Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en una entrevista.

Huanca luego remarcó que de este modo se resguardará que el ganado primero “se traslade a centros de remate en el territorio nacional”.

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El comunicado de este sector de la oposición surgió luego de que el martes pasado, conocidas ambas resoluciones del Ministerio de Agricultura y del de Desarrollo Productivo, se realizara una jornada en la Fundación Alem destinada a analizar esta nueva ofensiva de las autoridades sobre el sector agropecuario, que ya provocó la reacción de la Mesa de Enlace. En esa ocasión expusieron el coordinador del área agropecuaria del partido Luis María Migliaro, el consultor Víctor Tonelli y el ex titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, la ex ONCCA, Marcelo Rossi.

La Mesa de Enlace se declaró en alerta: Los ruralistas acusaron a Alberto de montar “una puesta de escena para confundir a la opinión pública”

La Resolución 60 firmada por Luis Basterra, establece antojadizas exigencias para los exportadores de granos, carne vacuna y lácteos que no tengan planta. Los obliga, por ejemplo, a identificar a quién le van a vender y a qué precio hasta con un año de anticipación a cada negocio. Por otro lado, la Resolución 3/2021, firmada por e propio Basterra en conjunto con Matías Kulfas, establece la creación de un registro de Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes (DJEC), que a todos en el sector recordó a los ROE que administraban en su momento Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray, y que fueron eliminados por Cambiemos ni bien llegó al gobierno.

“Visto el impacto y consecuencias de las nuevas medidas tomada por el Gobierno Nacional, sobre las carnes y la exportación, desde la Unión Cívica Radical advertimos que sus contenidos solo aportaran complicación a todo el complejo agroindustrial, afectando inmediatamente a la producción ganadera, a los mercados de carnes y granos”, señaló el comunicado de los radicales, para quienes “se crea mayor burocracia y concentración, falta de continuidad e incoherencia con la política exterior del país”.

Luego de advertir que esa mayor burocracia, como ya sucedió en el pasado, podría degenerar en casos de corrupción, la UCR planteó que no se puede culpar de los niveles de pobreza reinantes en el país a la producción de carne y granos ni a la exportación de ambos productos. “Sabemos muy bien que son otros los motivos que la producen esta situación”, dijeron los radicales.

“Las medidas tomadas, como ya ocurrió, no solo no tendrán el impacto positivo sobre el asalariado sino que, además, afectarán la inversión, la producción, la productividad, la generación de saldos exportables y las divisas que imperiosamente requiere el frente externo de la economía”, evaluaron.

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Pero justamente por eso, por los costos que pagó, la de CICCRA es una voz que debe ser escuchada ahora que el gobierno de Alberto Fernández parece querer insistir con las mismas recetas que 15 años atrás, y dispuso la creación de un nuevo registro de declaraciones juradas de exportación de carnes (DJEC), que a casi todos les hace acordar a los temibles ROE, los permisos de embarque que administraba Moreno siempre a favor de sus amigos y a los empresarios que no lo cuestionaban.

Pues bien, la cámara de Schiariti emitió un comunicado para “alertar” que las medidas adoptadas por Comercio Interior y el MInisterio de Agricultura, a través de la ex ONCCA, “nos vuelven a llevar al achicamiento primero, y a la destrucción después, de la ganadería de nuestro país”.

“Queremos recordar que la profundización de los ROE (hoy disfrazados de DJEC) en 2008, entre otras medidas, nos llevó a la pérdida de 12,3 millones de cabezas de ganado vacuno y, luego de un corto período, al aumento del precio de la carne en el mercado interno que pasó de 3 pesos por kilo a 12 pesos por kilo”, rememoró la entidad.

Regresan los ROE y la “doble botonera”: Los exportadores de carne deberán pasar el filtro tanto de la ex ONCCA como de Comercio Interior

Paras CICCRA está muy claro que las nuevas medidas están “copiadas de las implementadas por la dupla Guillermo Moreno-Cristina Kirchner en 2008”, y que “atacan directamente a la producción ganadera, en una nueva embestida de este Poder Ejecutivo contra el sector agropecuario”.

“Aún tenemos esperanza de que se revean las medidas, porque su implementación sin dudas generará caída de las exportaciones, con pérdidas de 500 millones de dólares sólo en el presente año y un proceso de retroceso de nuestra producción de carne vacuna, con pérdida de riqueza, empleo y arraigo en el interior de nuestro país”, se lamentó el directivo industrial que supo criticar a Moreno.

Como evidencia, Miguel recordó que en 2015 -debido a la gran liquidación ganadera que provocó Moreno con sus intervenciones en el mercado- la Argentina llegó a exportar un mínimo histórico de 7% de las 2,7 millones de toneladas producidas, por un valor de 870 millones de dólares.

En comparación, sin los ROE eliminados desde fines de ese año 2015, “en 2019 exportamos el 27% de 3,1 millones de toneladas, por un valor de 3.100 millones de dólares”.

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La Aduana, que es el organismo que entiende en materia de controles del comercio exterior, no solo ya tiene su registro de empresas exportadoras e importadoras sino que además en los últimos tiempos viene estableciendo precios de referencia para ciertos productos exportables. Los acaba de hacer de nuevo, para los ajos.

Estos valores de referencia tienen justamente el objetivo de desalentar maniobras de subfacturación. Esto es declarar un valor menor por un productor exportado para tributar menos y liquidar a la vez menos divisas, dejando parte de los dólares fuera del país.

En las últimas horas, la Aduana publicó la Resolución General 4969 y determinó el valor de referencia de carácter preventivo para distintos tipos de ajo con destino a 14 países. La Argentina es uno de los grandes jugadores en el comercio de esa especie. Su producción se concentra en Mendoza.

La norma establece para la exportación de distintos tipos de ajo valores que van desde los 0,50 dólares por kilo hasta los 1,84 dólares por kilo, según cada una de las clasificaciones. Estos precios de referencia rigen para embarques hacia China, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Japón, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

“Con los valores referenciales, la Aduana encabezada por Silvia Traverso cuenta con una herramienta para detectar desvíos respecto de los valores de exportación usuales para mercaderías idénticas o similares. Estos precios de referencia constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del interés fiscal”, explicó el organismo, dejando en offside, al menos en uno de sus argumentos, a los ministros Luis Basterra y Matías Kulfas.

Ambos funcionarios firmaron el martes una resolución conjunta en la que se crean las Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carnes (DJEC), para las especias vacuna, aviar, porcina, caprina y ovina. Esto implica que, además de ser autorizados por la Aduana (que verifica la situación de cada empresa) y el Senasa (que certifica la sanidad de cada embarque), los exportadores de carne deberán atravesar un nuevo filtro oficial. Al presentar su Declaración Jurada deberán declarar el precio de venta de la mercadería.

Pero en su gacetilla, la Aduana insiste en que eso no sería necesario. “El organismo dependiente de la AFIP establece precios testigo como instrumentos para detectar la subfacturación en las exportaciones. Se busca identificar posibles maniobras abusivas en el comercio exterior que impactan en el plano fiscal y también en el mercado cambiario”, se explicó.

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Y lo peor de todo es que ya hace algunos meses la propia Aduana estableció valores de referencia a las exportaciones de carne vacuna destinadas a China (el principal mercado nacional, con 75% de los envíos) y otros países.

Los valores referenciales también se fijaron para la carne de cerdo, tomate perita, mosto concentrado, los arándanos, la leche en polvo, la cebolla, la papa, las pasas de uva y la corvina. También se buscó evitar la sobrefacturación en operaciones de importación (a la inversa) para auriculares y radiadores para calefacción central,  los clavijeros para instrumentos musicales, los textiles de poliéster y dientes artificiales.

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Esa medida había sido anticipada la semana pasada por el Gabinete Económico, pero solo acotada a la carne vacuna. Ese alimento ha subido fuerte de precio en los últimos meses y, desde la óptima oficial, esto tiene mucho que ver con la demanda de la exportación.

En 2020 -según los datos oficiales- la Argentina produjo 3.163.194 toneladas de carne vacuna y exportó 900.699 toneladas, cerca del 27% del total. El negocio está distribuido entre cerca de 80 frigoríficos exportadores y algunos grupos de productores.

Pero sorprendió en la redacción de la nueva normativa que creó un nuevo registro de exportación llamado DJEC, la inclusión de todo al arco de carnes producidas en el país.

Esto fue definido así en el anexo 1 de la Resolución, que textualmente dice: “Los productos cárnicos a exportar alcanzados por la DJEC son la carne fresca, refrigerada o congelada de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, equina y gallus domesticus”.

No se escapa nadie parece… Para los legos, la especie gallus domesticus hace referencia a la carne aviar.

Esa, la de pollo, es la segunda carne exportada por la Argentina, con 228.872 toneladas en 2020. Esto es cerca de 10% de la producción, que en ese mismo periodo fue de 2,22 millones de toneladas. Es decir, el 90% de la producción queda aquí a pesar de que una docena de empresas avícolas integradas se empecinan en exportar y desabastecernos.

Las exportaciones de carne de cerdo también vienen creciendo peligrosamente y por eso debían ser controladas. Hasta 2018 prácticamente no existían, pero el año pasado ya llegaban a 41.271 toneladas, algo menos del 8% de las 654.716 toneladas que se produjeron. Los exportadores de carne porcina no llegan a veinte y entre ellos tallan varios consorcios de productores.

La carne de caballo también recibirá la severa mirada de las autoridades, para evitar la escasez. en el mercado local. Hay cuatro plantas de faena que el año pasado produjeron 19.700 toneladas, de las cuales se han exportado cerca de 15.000. Como se ve, aquí sí se exporta la mayor parte de la producción. Resulta peligroso, aunque aquí casi nadie se anime a comer ese tipo de carne.

Para los ministerios nacionales, los exquisitos corderos patagónicos y de otras latitudes también corren riesgo de desabastecimiento. Según los datos oficiales se vendieron al exterior 4.168 toneladas de carne ovina, que sobre una producción total de 14.258 toneladas implicaron una participación de casi el 30%. Hay muy pocos frigoríficos habilitados para exportar, especialmente en Río Gallegos.

Con la carne caprina también habrá que velar para que no falte de la mesa de los argentinos. En 2020 se produjeron 1.358 toneladas de carne de cabras en los circuitos formales, de las cuales se vendieron al extranjero 576 toneladas. Es nada menos que el 42%. Los argentinos no deberíamos quedarnos sin el clásico chivito. En general, los empresarios desalmados que realizan estas exportaciones son grupos de pequeños  productores organizados en diferentes provincias norteñas.

En este escenario, hay que agradecer a las autoridades nacionales por el control total sobre nuestra oferta de carnes. No parece quedar margen para desabastecer el mercado nacional, que es la prioridad: las autoridades de la ex ONCCA y Comercio Interior verificarán diariamente que eso no suceda.

Pero cuidado, porque puede haber filtraciones. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura detectó que en 2017 se exportaron también 4 toneladas de carne de carpincho. O en 2019, cuando se enviaron afuera 57 toneladas de carne de ciervo colorado. Según la nueva resolución, esos embarques no deberían haber sido declarados.

Pero lo que realmente corre peligro es que a los argentinos nos falta la carne de liebre, una especie silvestre que es considerada plaga y que, por esa razón, es el objetivo de cazadores todos los inviernos. Luego, esos simpáticos animalitos se faenan en una docena de plantas habilitadas, que son netamente exportadoras, fundamentalmente hacia la Unión Europea.

Los últimos datos oficiales dan cuenta de la temporada 2019 (en 2020, pro la pandemia, la caza fue parcialmente interrumpida) donde se capturaron 690.417 ejemplares de liebre. Las exportaciones registradas llegaron a las 1.616 toneladas.

Ellos escaparon del nuevo cepo exportador. Los cazadores de liebres son los únicos que festejan.

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