En criollo, para dar respuesta a la alta demanda de carne vacuna, la Argentina envío al matadero en 2020 una cifra muy alta de bovinos. Pero a diferencia de la última vez que sucedió eso y se superaron las 14 millones de cabezas de faena, esta vez la participación de las hembras se mantuvo en valores muy razonables del 44%. En consecuencia, se aseguró una buena oferta sin poner en riesgo la fábrica de nuevos terneros.

Extraoficialmente, la cifra de 14,2 millones de animales faenados implica una considerable suba respecto de las 13,82 millones de cabezas procesadas por la industria en 2019. El salto fue del casi 400 mil cabezas, algo más del 3%.

Pero el dato más significativo es la distribución entre ambas y machos en dicha faena, que servirá para mantener la capacidad de reacción de la ganadería en el nuevo ciclo 2021, y más allá de lo que pueda suceder con la sequía. Y es que la participación de las hembras en esa faena se redujo cuatro puntos porcentuales de un año a otro, bajando de casi 48% al 44%. En los machos, obviamente, el recorrido fue el inverso, con una suba en su participación del 52 al 56%.

La Argentina ya había logrado superar una faena de 14 millones de cabezas en tres años consecutivos, entre 2007 y 2009. El récord fue incluso de más de 16 millones de bovinos ese último año 2009. Pero en aquel momento tal oferta de hacienda a los mataderos se explicaba en un clarísimo proceso de liquidación de hembras como fruto de las intervenciones que Néstor Kirchner y su secretario Guillermo Moreno realizaban sobre el mercado de carnes, limitando las exportaciones para que dentro de la Argentina la carne fuera más barata.

Pero la carne en el mercado interno llegó a ser tan barata que en dicho lapso histórico no hubo rentabilidad para los ganaderos, en especial los criadores, que entonces se desprendían de sus stocks de madres. De allí una liquidación demencial de vientres, que hizo que la Argentina perdieran cerca de 8 millones de vacunos en un lapso de tiempo muy corto. En 2010, en rigor, ya sin oferta la faena retrocedió del récord de 16 millones de animales a solo 11 millones.

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De 2009, el año de la gran liquidación, proviene además el último récord de producción de carne vacuna, con 3,27 millones de toneladas, de las cuales se exportaron 660 mil toneladas, el 19% del total producido. Un año después, esas exportaciones cayeron a la mitad y con el correr del tiempo la participación de las exportaciones se redujeron a un mínimo histórico del 6%.

Diez años después, en 2019, aunque la faena fue menor a 14 millones de cabezas, la producción de carne se aproximó a 3,15 millones de toneladas y las exportaciones habían llegado al récord de 845 mil toneladas, el 27% del total.

En lo que va de 2002, entre enero y noviembre, la producción de carne vacuna había sido de 2.897.699 toneladas, por lo que se presume llegaría a 3,15 millones de toneladas al cabo de este año. Pero las exportaciones cerrarían por arriba de las 900 mil toneladas y su participación en el total rozará ahora el 30%. La diferencia es que el consumo interno se ha debilitado y su ubica en el balance anual cerca de los 50 kilos anuales per cápita.

Y la otra diferencia es que no hay ningún funcionario, al menos por ahora, cacareando para imponer precios baratos de la carne. e interviniendo en el negocio de la exportación de  carne. Y que por eso los productores han podido recibir un retorno económico adecuado para mantener y elevar sus niveles de producción y a la vez preservar su patrimonio ganadero, cuidando su stock de hembras.

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El caso que más preocupaba a las autoridades de ese área del Ministerio de Agricultura era el del Molino del Oeste SA, ubicado en la localidad e 9 de Julio, en territorio bonaerense, que había presentado una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, en la que se impugnaba la ofensiva oficial para controlar los volúmenes de molienda de trigo de cada planta.

Esa firma pedía la nulidad de la Resolución 84/2018, que fue la que dispuso la obligación a todos los molinos harineros del país de colocar equipos de sensores para medir el flujo de granos para el control de la molienda de trigo en cada planta. El CEMT también monitoréa el consumo de electricidad de cada empresa, para evitar que haya trampa.

El argumento de esta empresa para cuestionar los controles fue que esa norma era “contradictoria” con otras previas de 1998, 2001 y 2003, que habían intentado imponer un sistema de caudalímetros. En junio de 2019, una juez de primera instancia le otorgó una medida cautelar que ordenaba a la DNCCA (la ex ONCCA) devolver de modo inmediato la matrícula al molino. Pero el organismo presentó una apelación que esta semana tuvo resultado favorable. La Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó aquella primera sentencia. Y ratificó la legalidad de estos controles.

“Este fallo es un gran espaldarazo al objetivo inicial que nos planteamos, que es que no quedara un solo molino sin instalar estos controladores electrónicos, como hizo la enorme mayoría de los molinos”, explicaron fuentes del sector. Desde la Federación de la Industria Molinera (FAIM) siempre se respaldó esta ofensiva, que tiene un capítulo paralelo en el sector frigorífico. En abril de 2019, cuando se implementaba este sistema, el titular de los molineros, Diego Cifarelli, estimaba que se molían cerca de 1 millón de toneladas de trigo de modo informal, y que los niveles de evasión llegaban a los 11 mil millones de pesos.

No fue la única victoria legal a favor de estos controles contra la competencia desleal en esa industria. En otro fallo de estos días, la justicia consideró “abstracta” una presentación realizada por Molinos Asunción. Si no coloca el CEMT, esa planta ahora podría ser suspendida del RUCA (Registro de la Cadena Agroalimentaria) y debería dejar de operar.

La vigencia de este sistema de controladores electrónicos, que ahora recibió este respaldo en la justicia, permitió que la DNCCA siguiera monitoreando estas plantas de molienda a pesar de no poder estos meses realizar inspecciones presenciales debido a la cuarentena por el Covid-19. En rigor, los sensores emiten de modo permanente datos sobre el funcionamiento de los molinos y su consumo de electricidad, que permiten ir chequeando a la distancia sus operaciones.

En estas circunstancias, esta semana Agricultura decidió suspender al molino Loma Blanca, ubicado en General Rodríguez, tras comprobar que consumía más energía de la que declaraba en sus balances de molienda y que desconectaba de a ratos el CEMT, según contaron las fuentes.

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El texto oficial enviado a la industria molinera es cortito y claro: “Hasta tanto se reanuden las inspecciones in situ, se continúan realizando tareas de fiscalización a partir del análisis y cruce de información de la operatoria tanto entre la DNCCA, la Dirección de Informática del Ministerio de Agricultura (que releva la información recibida por los CEMT) y la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). En virtud de ello, en los próximos días, determinados operadores comenzarán a recibir requerimientos específicos de información, a fin de aclarar las inconsistencias o anormalidades que pudiéramos haber detectado”.

El problema es que desde el 19 de marzo, cuando se decretó la cuarentena, los inspectores de la ex ONCCA tuvieron que cesar con sus controles cotidianos a plantas de molienda, pues no fueron considerados dentro de las actividades esenciales y debieron ajustarse a las normas generales para toda la administración publica.

Con el relajamiento no querido de los controles presenciales, un grupo de empresas volvieron a la carga y a vender harina en negro. Lo dijo a Bichos de Campo con todas las letras el titular de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli: “Quiero aclarar que el 95% de las empresas hacen las cosas que deben hacer, pero hay un 5% de las empresa que ante la  imposibilidad de las inspecciones físicas comenzaron a hacer de las suyas”.

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Según el directivo industrial, “nosotros tenemos un sistema de denuncias anónimas en la Federación, que de estar muy tranquilo pasó a recibir en las últimas dos semanas denuncias de todo tipo sobre ventas en negro. El Ministerio debe estar observando lo mismo que nosotros y por eso la preocupación es compartida”, indicó Cifarelli, que calculó que “estamos de nuevo en una evasión que, pese a no alcanzar los niveles de otros años, estará entre el 10% y el 15%” de los volúmenes de molienda.

La Argentina demanda unas 6 millones de toneladas de trigo por año para atender su consumo interno, por lo que la industria molinera debe moler cerca de medio millón de toneladas por mes. Por lo tanto, la posible venta en negro implicaría entre 50 mil y 75 mil toneladas.

Para enfrentar la evasión, que en otros tiempos llegó a ser de 20% o 25%, durante el gobierno anterior la oficina conducida por Marcelo Rossi, al igual que lo hecho con las plantas de faena de bovinos y porcinos, obligó a todas las empresas molineras a colocar esta especia de “caudalímetros”, que además disparan de modo constante la información que registran hacia el Ministerio de Agricultura. Este plan se realizó en acuerdo con la FAIM y con APYMINRA, que agrupa a los molinos más pequeños. La molienda en negro, en un sector con alta capacidad ociosa, hace estragos entre los operadores que intentan cumplir con las reglas.

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En tiempos normales, los inspectores de la DNCCA verificaban in situ el buen funcionamiento de los CEMT y sobre todo que no haya habido adulteraciones. Estos controladores son una suerte de cajas negras que registran por un lado el caudal de trigo procesado por cada molino, pero a la vez toman nota de otros indicadores útiles para el control, como el consumo de electricidad en cada establecimiento. Esa es una de las variables que ahora podrían utilizarse para verificar la situación de cada planta.

“Se le recuerda a los operadores que las irregularidades graves serán pasibles de la aplicación de las medidas preventivas (suspensión de la matrícula) previstas en la normativa vigente para la actividad, sin necesidad de notificación previa”, dicen el preaviso de la ex ONCCA a los molinos. Y les aclara: “En virtud de que no deseamos aplicar esta medida, solicitamos la mayor colaboración y apelamos a la responsabilidad de los operadores en el cumplimiento de la normativa vigente”.

En el organismo esperan poder retomar los controles presenciales a partir del 24 de mayo, obviamente cumpliendo con los protocolos sanitarios del caso. Una muestra de ello es que ya han hecho los pedidos de barbijos y otros elementos de protección para el personal a las autoridades del Ministerio.

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