“Al momento, la falta de trabajadores rurales ocasionó que producciones como la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja en la productividad, una elevación de costos e, inevitablemente, una disminución de rentabilidad”, señaló un comunicado del sector de Economías Regionales de la CAME, que agrupa a entidades de base de toda las geografía nacional.

CAME recordó que ya había advertido de esta situación a principios de enero pasado, antes del inicio de la cosecha estival, pero nadie en el Gobierno le llevó el apunte. Este es un tema crónico que los políticos kirchneristas suelen negarse a debatir, porque la proporción de la población con planes sociales ha crecido geométricamente durante las sucesivas gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y en muchos casos se han eternizado como único recurso estatal para enfrentar el crecimiento de los niveles de pobreza.

Pero la CAME, en base a los daños que esta problemática está provocando entre sus economías regionales asociadas, decidió no esconder la basura bajo la alfombra y expuso el problema con toda crudeza.

“Los pequeños y medianos empresarios agropecuarios aseguran que los planes y programas de asistencia social desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el ‘blanqueo’ implica la baja automática de los beneficios”, indicó el comunicado. Por eso falta mano de obra o solo se consigue personal contratado en negro. Pero hay muchas empresas, en especial las que trabajan con mercados de exportación, que no pueden permitirse contratan mano de obra de modo irregular.

Según esta descarnada descripción realizada pro CAME, el “Plan Empalme” jamás funcionó. Se trata de un mecanismo ideado por la ANSES para dar de baja los beneficios sociales en caso de que la persona consiga un empleo temporal en alguna actividad zafrera. Los tiempos burocráticos del Estado conspiran contra su buen funcionamiento. “Tras finalizar la relación de dependencia, pueden pasar dos o tres meses hasta que vuelven a cobrar la asistencia social”, explicó la CAME.

Además, muchas veces los trabajadores se niegan a trabajar en blanco para o perder otros planes sociales, muchas veces provinciales. Uno de los casos más frecuentes son los subsidios por “invalidez”, que también se han generalizado en muchas regiones.

“Los trabajadores nos transmiten su miedo a perder la ayuda estatal si los registramos y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros necesitamos mano de obra y por eso solicitamos compatibilizar los planes y programas sociales con el empleo registrado, de forma tal que puedan seguir cobrándolos pese a estar en blanco”, aseguró Eduardo Rodríguez, presidente del sector de  Economías Regionales de la CAME. Rodríguez proviene de Salta, donde la actividad tabacalera es una de las más afectadas por esta situación.

Es la primera vez que una entidad del agro propone concretamente que se acepte la superposición del beneficio social con un empleo formal. En esta lógica, los productores podrían conseguir personal suficiente y bien registrado que no correría el riesgo de perder sus subsidios.

Desde la situación actual, en cambio, el Estado igual asume el costo de pagar los planes sociales, aún cuando hay trabajo disponible que muy pocos deciden tomar.

“Las economías regionales de CAME no cuestionan la ayuda que el Estado brinda a los más necesitados, pero sí coinciden en que no debería ser un escollo para el normal desempeño de la actividad, responsable de garantizar la mesa diaria de los argentinos”, señaló el comunicado, drástico en este punto.

Para exponer esta y otras necesidades, CAME ya reclamó en enero una audiencia “con carácter urgente” con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. “Pero aún no fue atendida pese a la gravedad del problema, que atenta contra el normal desempeño de la actividad productiva”, se remarcó.

“Es paradójico que, por un lado, el Gobierno quiera combatir la evasión y la informalidad; y por el otro nos coloque en esta encrucijada”, recalcó Rodríguez, que admitió sin dilaciones que “actualmente los productores deben decidir entre perder parte de la cosecha o bien contratar trabajadores en negro, fomentando la industria del juicio y arriesgándose a recibir una sanción por empleo no registrado”.

CAME recordó que la mano de obra tiene una alta incidencia en los costos de producción del sector, ya que representa entre 45% y 75% de lso costos, según la actividad.

Desde la militancia política que se niega a abordar esta discusión, suele replicarse que los productores podrían conseguir mano de obra fácilmente si aumentan los salarios pagados. De todos modos, es un argumento falaz, porque el precio de la fruta u otros productos del agro no siempre permiten pagar salarios mucho mayores. De hecho, el Estado suele intervenir en el asunto y convalida las escalas salariales actuales. Las remuneraciones mínimas son fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), donde intervienen las entidades rurales, el gremio de trabajadores rurales y el propio Ministerio de Trabajo.

Con respecto al nivel salarial, a modo de ejemplo, CAME mostró que en el oasis este de la provincia de Mendoza, los viñateros pagan hasta 100 pesos el tacho de uva cuando lo acordado eran 50 pesos. Esto debido a la escasez de mano de obra para la vendimia. De ese modo, “un cosechero puede cobrar un jornal de entre 5.000 y 6.000 pesos”, muy por arriba de los mínimos fijados.

“Las producciones regionales emplean a alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha”, remarcó la entidad.

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Según un comunicado de prensa, con números a 2019, las economías regionales aportaron unos 7.200 millones de dólares a la balanza comercial y cambiaria, porque esas divisas son claves para mantener bajo control también el mercado de cambios. Pero esta cifra podría crecer sin problemas hasta los 14.000 millones anuales, se evaluó.

¿Cómo hacerlo? Indicó la CAME que “una de las mayores tendencias mundiales del consumidor es la demanda de productos listos para consumir. Pero agregar valor en origen a la producción primaria supone el desafío de tener una mirada integradora y un rol protagónico por parte del Estado, el que debería fomentar el desarrollo agroindustrial en cada uno de los pueblos del interior, más allá de los grandes centros urbanos”.

Eduardo Rodríguez, presidente del sector de Economías Regionales de CAME, dejó en claro que debería haber gestos concretos del gobierno. “Hoy celebramos el Día del Agricultor y qué mejor esta fecha para reafirmar que hay que dar un salto cualitativo y transformar nuestras materias primas en productos finales. Para hacerlo necesitamos ser rentables y competitivos en todos los complejos”, avisó.

Sostuvo el productor salteño que, de esta manera, “podrían reducirse los costos de la intermediación que tanto encarecen los precios de los alimentos y tan poco beneficiosos resultan para los productores primarios y, en definitiva, para los consumidores”.

Entre los diversos complejos productivos que se destacan por tener un gran potencial de crecimiento en exportaciones se cuentan, según un análisis de la CAME, las legumbres, cítricos, cebada, maní, arroz, peras, manzanas, uvas, lácteos, yerba, carnes, madera y vinos.

De acuerdo con esta visión, promover la sinergia entre el campo y la industria resulta una condición obligatoria para que la Argentina pueda insertarse inteligentemente en el mundo con alimentos de calidad, con valor agregado diferenciados a los requerimientos de los consumidores.

“Nuestro territorio permite producir alimentos en casi todas sus latitudes, aunque sólo con los recursos naturales no basta. El rol del Estado es clave para que la agroindustria pueda desarrollarse y proyectarse al mundo de forma competitiva”, expresó Rodríguez.

Como parte del demandado plan, remarcó la necesidad de lograr estabilidad fiscal para permitir que las Pymes accedan a créditos para capital de trabajo a tasas acordes a los ciclos productivos, fomentar inversiones tecnológicas y contar con políticas que garanticen reglas de juego claras. Por otra parte, hizo hincapié en la importancia de actualizar el Mínimo no Imponible de acuerdo a los índices de inflación y la creación de una Cuenta Única Tributaria que permita cancelar deudas impositivas, previsionales y aduaneras, entre otras.

“La Argentina debe salir de su agonía económica y social encontrando otras fuentes de crecimiento inspiradoras. Si continuamos exportando materias primas, nuestra balanza de pagos en el tiempo sólo será deficitaria”, concluyó la entidad.

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“En virtud de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la CAME solicitó que los derechos de exportación no superen el 5% para las producciones de arroz, maní, legumbres, lácteos, algodón y cítricos, entre otras”, indicó la entidad en un comunicado. Todo los productos mencionados (en el caso de los lácteos, se refiere solo a la leche en polvo) quedaron en las reformas de diciembre pasado en el 9%. Un pedido semejante están haciendo otras cámaras regionales, como la salteña Prograno para el caso de los porotos; los plantadores de arroz del Litoral, o la Cámara del Maní de Córdoba.

“Es importante que se definan como productos de las economías regionales a aquellas actividades agroindustriales que posean una alta incidencia en la economía de la región en la que se desempeñan y requieran la contratación de mano de obra intensiva”, expresó Eduardo Rodríguez, titular del sector representativo de las pymes agropecuarias de CAME. La entidad, entonces, reclamó que se definan bien qué producciones serán consideradas como tales resulta fundamental, si se tiene en cuenta que la entrada en vigencia del Decreto 37/2019 determinó que, en caso de no ser consideradas, mantendrían un derecho de exportación del 9%.

El pedido fue realizado mediante notas a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el de Economía, Martín Guzmán; y el de Agricultura, Luis Basterra.

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“Los productores que se encuentran a 100 o 200 kilómetros de los puertos viven una situación más acomodada, con la posibilidad de exportar sus productos. En cambio, los que estamos a 1.600 kilómetros vivimos una situación muy diferente, muy impactada por los costos del flete. Cuesta más mover un container de Salta a Buenos Aires que de ahí a Frankfurt”, comparó el dirigente de CAME.

Aquí la entrevista completa con Eduardo Rodríguez:

El productor salteño contó que desde su organización buscan articular con las diferentes administraciones en busca de niveles de rentabilidad razonables para las economías regionales, que están claramente condicionados por los altos costos de flete y la elevada presión tributaria.

“Hoy no soportamos más retenciones, nos sacaría de juego”, advirtió Rodríguez. Y explicó: “Se trata de un impuesto distorsivo que en esta zona nos saca de competencia comparado a la situación de los productores en pampa húmeda”.

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Un documento de esa entidad indicó que a la falta de reglas claras “se suman dificultades para registrar y desvincular trabajadores temporarios necesarios para la cosecha, altos costos energéticos y de tasas para acceder a créditos, y una falta de política tributaria regionalizada que contemple las asimetrías del interior profundo y el tamaño de las empresas”.

Con estos planteos, unos 280 dirigentes agropecuarios de todo el país realizaron un plenario en la sede de la CAME para elaborar medidas que permitan al sector recuperar rentabilidad y competitividad, en un claro mensaje para el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre. “El gran desafío de Argentina es poder insertarse inteligentemente en el mundo con agroalimentos”, señaló el titular de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez.

Para este sector, los últimos meses del gobiernod e Cambiemos deja algún saldo positivo a pesar de la crisis. En un repaso de su gestión, Rodríguez habló del adelantamiento del Mínimo No Imponible pedido por la entidad, la baja de derechos de exportaciones, el apoyo al proyecto de Ley de Góndolas que ya obtuvo media sanción y la Ley de Emergencia Citrícola. 

“La desburocratización del Estado, la apertura de nuevos mercados y la buena predisposición al diálogo son cosas que anhelamos que se mantengan y promuevan en el próximo gobierno”, dijo el dirigente salteño, que además remarcó la importancia del Censo Nacional Agropecuario 2018 con estadísticas públicas confiables. 

Ya hablandole a la gestión de Alberto Fernández, las economías regionales nucleadas en CAME expresaron el interés de que el sector pueda participar del “Consejo contra el Hambre” propuesto por el próximo gobierno. “¿Quién mejor que nosotros, los productores pymes que producimos gran parte de los alimentos que se consumen?”, reflexionó Rodríguez.

Durante la jornada se analizaron los diferentes desafíos que debe enfrentar el sector para llevar sus productos todos los días a la mesa de los argentinos. Desde políticas laborales, un régimen tributario capaz de diferenciar por tamaño de empresa y región, incentivos a la inversión, extensión del Mínimo No Imponible a más actividades productivas, compensación de combustible para bajar el costo del flete, costos energéticos, retenciones y mayores reintegros a la exportación, suspensión del impuesto al cheque, un Plan de Conectividad para zonas rurales tendiente a federalizar el acceso a Internet, y seguridad alimentaria como política de Estado, fueron algunos de los ejes abordados.

Pero principalmente con la cadena de pagos en problemas, los costos en alza y la caída en las ventas, los productores pidieron financiamiento a tasas razonables. “El aporte al Tesoro Nacional por parte de las Economías Regionales es de 520 millones de pesos este año en derechos de exportación, por eso resulta fundamental que el sistema productivo tenga crédito para poder seguir movilizando la economía”, remarcó el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán. Y agregó: “A diferencia de lo que sucede en otros sectores, el productor que gana dinero inmediatamente vuelve a volcarlo a su producción, reinvierte y arriesga”.

En ese sentido indicó: “Agregar valor en origen a los productos primarios supone adoptar una mirada integradora, promoviendo la sinergia entre campo e industria, socios estratégicos para el desarrollo argentino. Para ello es imperioso contar con previsibilidad y reglas de juego claras”.

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Rodriguez, en ese sentido, indicó que los costos de los insumos dolarizados están paralizando la actividad productiva en diferentes sectores. “La gente no puede hacer frente a la próxima campaña. Vendieron producto con el dólar a 20 y ahora enfrentan costos con el dólar a 30. Y después volver a poner el aparato productivo en movimiento es muy difícil”, señaló.

Escuchá la entrevista completa con el titular de Economías Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa:

Por otro lado, Rodríguez contó a Bichos de Campo que en CAME “la semana pasada tuvimos la visita del presidente (Macri) acompañado por tres ministros. Hicieron lanzamiento de medidas que benefician sobre todo a la gente del área de frontera y se habló del 29% (de interés) para la venta de cheques, que nos deja sin aire para seguir produciendo. Dijieron que están haciendo esfuerzos para solucionar este problema, pero los esfuerzos por ahora no alcanzan”, explicó el titular de la entidad. Además marcó que se está cortando la cadena de pagos en los comercios y producciones, “sobre todo en el norte: Corrientes y Misiones”, apuntó.

Otro tema que le preocupa a Rodríguez son las tarifas, sobre todo la de la electricidad. “Las subas han sido bastante interesantes, astronómicas”, finalizó.

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