La semana pasada, cuando el ministro del área, Julián Domínguez, se reunió en el Mercado de Liniers con representantes de toda la cadena de la carne, este tema surgió en la charla y el funcionario nacional se comprometió a ocuparse personalmente de evitar que el frigorífico de Máximo Paz fuera utilizada como pantalla para evadir impuestos y cargas sociales.

El temor existe dentro de la cadena porque uno de los empresarios que opera desde mediados 2018 en las instalaciones de la cooperativa es a la vez asesor directo del gobierno en materia de carnes. Se llama Eduardo Wenceslao Perdomo y proviene de un grupo empresario llamado Los Gansos. Estuvo a punto de ser formalmente designado como asesor del ex ministro Luis Basterra, pero una oportuna nota de Bichos de Campo impidió que eso se concretara y que Perdomo pudiera trabajar -al menos de modo visible- de los dos lados del mostrador.

La habilitación concedida por Zarich a Frigocarne Máximo Paz para operar como “matarife carnicero” no era la que pretendía esa empresa recuperada, que venía reclamando ser considerada dentro del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) como “matarife abastecedor”. Esa categoría la hubiera habilitado para realizar la faena de animales propios sin ningún límite. Eso es algo que está expresamente prohibido en la Resolución 21E/2017. En su inciso 4.5.4, tras definir qué es un matarife abastecedor, se dispone con claridad que “las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción bajo esta categoría”.

¿Por qué se prohíbe que las cooperativas como Máximo Paz puedan operar con carne y ganado de su propiedad? Básicamente porque se sospecha que dichas cooperativas de trabajo no tienen dinero propio para adquirir tanta hacienda y entonces terminan siendo la pantalla de otros empresarios que le prestan el capital y operan bajo esa figura legal, con visibles ventajas respecto del resto de los operadores.

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Hay varias cooperativas de trabajo del conurbano que son acusadas por los frigoríficos formales de evadir cifras millonarias en impuestos y cargas sociales. No solo por las ventajas habituales que les concede la ley por el simple hecho de ser empresas de la economía social (como no tributar Ganancias, por ejemplo). Sobre todo porque al ser sus trabajadores considerados como “socios” de una cooperativa no tributan las cargas sociales correspondientes. Quienes denuncian que esas figuras societarias son utilizadas como “pantalla” por otros grupos económicos privados argumentan que al no pagar ni los salarios de convenio, obra social, ni aguinaldo ni jubilación a sus trabajadores, pueden entonces tener una posición privilegiada a la hora de comprar hacienda. Sostienen que esto configura una “competencia desleal”.

Respetado veterinario de reconocida militancia en la UCR, el ex titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), Marcelo Rossi, fue quien impuso este límite a las cooperativas durante el gobierno de Cambiemos, cuando las cooperativas de trabajo llegaron a concentrar cerca del 7% de la faena total de vacunos. Por eso razón la planta de Máximo Paz estuvo varios meses cerrada hasta que en junio de 2018 volvió a faenar de la mano de Perdomo y otros matarifes agrupados en torno de Los Gansos. En esa reapertura jugó fuerte también el cacique peronista del partido de Cañuelas, Gustavo Arrieta, actualmente a cargo de Vialidad Nacional.

Rossi permaneció en su cargo hasta marzo de 2021, ya en la gestión de Alberto Fernández y con Basterra como ministro. Pero finalmente fue expulsado de mal modo del gobierno un viernes a las once de la noche, junto al ex secretario de Agricultura Julián Echezarreta. Ambos se negaban a reimplantar los controles sobre las exportaciones de carnes y granos que se sucedieron en los meses venideros, de la mano de Zarich y del nuevo secretario Jorge Solmi.

Pero Rossi, además, venía rechazando las presiones de sus superiores para modificar la mencionada Resolución 21/2017 y permitir así que Máximo Paz pudiera acceder a la matrícula de “Matarife Abastecedor” que tanto reclamaba.

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Tras su remoción del cargo, el entorno de Rossi no dudó en identificar a Diana Guillén, jefa de gabinete de Basterra y ahora de Julián Domínguez, como la principal fuente de dichas presiones. Guillén, ex presidenta de Senasa en el último gobierno de Cristina Kirchner, ha sido además la coordinadora del tema agropecuario en el Instituto Patria. Guillén recibió a los representantes de esa y otros frigoríficos recuperados el 3 de junio. Fue esa la única agrupación del sector que apoyó el cepo a las exportaciones de carne vacuna dispuesto por el gobierno.

Las presiones sobre Agricultura para que gestione el salvoconducto que necesitaba la cooperativa Máximo Paz para operar con animales propios habían comenzado tiempo antes. En junio de 2020, por ejemplo, esa empresa recuperada habilitaba una carnicería en Máximo Paz y en un comunicado declaraba su desazón porque sin la matrícula de matarife abastecedor debía “comprar medias reses de terceros” lo que supuestamente encarecía sus costos.

Por supuesto, desde la mirada de quienes manejan la cooperativa el discurso es muy diferente. El pasado 9 de noviembre, en su muro de Facebook, los socios de Frigocarne recordaban que “se cumplen aproximadamente 3 años desde la fuerte persecución política, realizada por la alianza Cambiemos a nuestra Cooperativa. Solo desde nuestro humilde lugar pedimos a los trabajadores y trabajadoras que el 14, tengamos memoria y conciencia de clase”.

Lo cierto es que desde el desembarco del empresario y asesor Eduardo Perdomo como gerente operativo, en mayo de 2018, la cooperativa de faena no puede quejarse demasiado por su desempeño, ya que su volumen de trabajo creció de 31 mil bovinos en la segunda mitad de 2018 a 114 mil cabezas en 2019 y 143 mil animales en 2020. Entre enero y noviembre de 2021, según los datos oficiales, se faenaron allí 118 mil vacunos. Claro que bajo la matrícula de “matadero frigorífico” y no como “matarife abastecedor”. La diferencia es sustancial para evitar una posible maniobra de evasión: los animales necesariamente deben ser aportados por un tercero bien identificado y que tributa impuestos por ello.

Si se suma las casi 35 mil cabezas faenadas por Los Gansos, del que proviene Perdomo y que habilitó otra planta frigorífica propia en la localidad de Plomer, el asesor del Ministerio de Agricultura aparece al frente de uno de los diez principales grupos de faena que operan en la Argentina.

Como finalmente la Resolución 21/2017 no pudo ser modificada pese a las visibles presiones que surgen desde el oficialismo, Zarich, un contador que llegó a la ex ONCCA luego de participar en el intento de intervención y expropiación de la aceitera Vicentin, le otorgó ahora y en silencio a Frigocarne Máximo Paz una matrícula en el RUCA como “matarife carnicero”.

“Se entenderá por tal a quien faene hacienda propia en establecimientos de terceros, en volúmenes mensuales de hasta 50 cabezas vacunas, para el exclusivo abastecimiento de carnicerías y/o locales industrializadores de carnes de su propiedad, en localidades de hasta 10.000 habitantes”, define la normativa vigente sobre esta figura legal ante el RUCA. Como se ve, esta matrícula quedó a mitad de camino de lo que pretendía el frigorífico de Cañuelas, pues pone límites tanto a la cantidad de la faena habilitada como para la población objetivo. Máximo Paz tiene bastante más de 10 mil vecinos.

De todos modos, será muy difícil (o imposible) saber con certeza como utilizará la cooperativa de trabajo su nueva matrícula, porque el propio Zarich montó un blindaje informativo que parece hecho a medida de esta planta. ¿Qué hizo? En los últimos meses discontinuó la información pública que la ex ONCCA difundía desde la gestión de Rossi y que discriminaba entre la faena realizada en cada planta de faena (sea cooperativas o frigoríficos tradicionales) y los verdaderos propietarios de la hacienda.

Así, ahora no se puede saber qué grupos de matarifes operan en la planta de Máximo Paz ni de quién son los animales que allí se procesan.

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Tal como viene ocurriendo en los últimos meses, en ninguno de los casos la Afip informó ni la identidad de las empresas involucradas ni en qué juzgado se habría realizado la denuncia penal, como correspondería hacer a frente a los supuestos delitos denunciados.

Tras las tareas de fiscalización desarrolladas por agentes de la Dirección General Impositiva, la Afip aseguró que dio con un operador de Tres de Febrero (Buenos Aires) que no tenía inscripta su planta de acopio en el Registro Único de operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Por otro lado, en Coronel Pringles el organismo afirmó que detectó la existencia de granos sin declarar en una planta procesadora “de un contribuyente dedicado a la elaboración de alimento balanceado y complementos proteicos para nutrición animal”.

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Bichos de Campo consultó a la Afip por los nombres de las firmas involucradas, pero se indicó que la información se encuentra protegida por el secreto fiscal. Lo único que sí se dio a conocer fue el volumen de la mercadería incautada: se interdictaron, según la Afip, 622 toneladas de maíz, 488 de trigo, 501 de cebada y 26 de avena.

Según indicó el organismo, en los últimos cuatro meses se desarticularon maniobras de evasión y exportación fraudulenta por más de 25.500 toneladas de granos en las provincias de Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos.  Una “cruzada” fiscal con mucha épica pero con ningún nombre y apellido.

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En las últimas semanas, el organismo tributario viene construyendo una épica de sus tareas de control en el comercio de granos, al difundir noticias sobre una serie de operativos exitosos para desbaratar operaciones tanto de evasión como de contrabando. En ninguno de estos casos la AFIP informa ni la identidad de la empresa que intentaba perjudicar al fisco, ni da cuenta de en qué juzgado se ha realizado cada denuncia penal, como correspondería hacer a frente a estos supuestos delitos.

Así las cosas, en las últimas jornadas nos hemos enterado que:

• El 3 de diciembre se desbarató en Santa Fe una maniobra de evasión con granos no declarados, que estableció un nuevo récord al evitar el comercio ilegal de unas 9.150 toneladas de maíz y soja.
• El 2 de diciembre “se evitó la exportación fraudulenta de 226 toneladas de burlanda seca de maíz, subproducto de la producción de bioetanol, que tenía como destino España, vía Uruguay”.
• El 26 de noviembre “se evitó la exportación fraudulenta a Mendoza de 915 toneladas de maíz y aceite en un paso fronterizo en la localidad mendocina de Maipú”.
• El 15 de noviembre “se evitó la exportación fraudulenta de 504 toneladas de maíz partido con destino a Chile”.
• El 10 de noviembre ” incautó 502 toneladas de soja en un depósito fiscal en Rosario, tras detectar irregularidades en la documentación respaldatoria de la mercadería que pretendía ser exportada a Paraguay en camiones con patente y choferes del país vecino”.
• El 8 de noviembre “realizó el mayor decomiso de granos en la historia del organismo, y en un solo procedimiento, la DGI secuestró más de 8.100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto bonaerense de Campana.

Esta ha sido la seguidilla de noticias dadas a conocer por la AFIP que, extrañamente, antes de eso y en lo que iba de la gestión de Marcó del Pont, o no había secuestrado ninguna tonelada de granos, o por lo menos no informaba de esos operativos con la dedicación con que lo hace ahora.

Tanta dedicación llevó que la subdirectora general de Servicios al Contribuyente del organismo, Patricia Vaca Narvaja, declarase a El Destape a principios de noviembre que “se está avanzando en este tipo de investigaciones de lucha contra la evasión de sectores que son fuertemente poderosos económicamente y eso también los motiva a que se pongan nerviosos”.

Ciertamente los grandes evasores que existen desde todos los tiempos en el agro (tanto en el comercio de granos como en otras múltiples ramas de actividad) deben estar comiéndose las uñas de los nervios que les produce esta ofensiva de los temibles sabuesos. Sobre todo después de hoy, cuando la AFIP superó sus propios récord al incautar 9.150 toneladas de granos, batiendo así su anterior marca de 8.100 toneladas.

“El operativo realizado en Santa Fe equivale a más de 300 camiones que estacionados uno atrás del otro en la ruta ocuparían 7 kilómetros”, se ufanó el organismo, que de todos no informó donde estaba almacenada esa mercadería, si en los mencionados camiones en fila, en un acopio o quizás ya estuviera en la bodega de un barco.

Como sea, el organismo batió de nuevo el parche para mostrar una gran eficacia a la hora de controlar a los evasores y contrabandistas del agro, aunque jamás los identifique. “A lo largo de los últimos 4 meses, la AFIP desarticuló maniobras de evasión y exportaciones fraudulentas por más de 23.000 toneladas de granos”, ensalzó.

Para hacer todavía mucho más impactante esa cifra, la convirtió de toneladas a kilos, multiplicando por 1.000. “Son 23 millones de kilos de productos agrícolas que intentaron comercializarse en forma irregular”, subrayó.

También multiplicó la cantidad de kilómetros ocupados por la fila de camiones que debieran haber trasladado semejante cantidad de mercadería negra. Eran 800 camiones “con acoplado” los que harían falta, y que “puestos uno detrás de otro en la ruta ocuparían cerca de 19 kilómetros”.

No calculó la AFIP, sin embargo, qué porcentaje de la producción nacional de granos -que ha llegado en el último ciclo agrícola a 130 millones de toneladas- representaban los incautados. Pues esas 23.000 toneladas equivalen a solo 0,017%.

Otra comparación posible es que esas 23.000 toneladas de granos que intentaban ser contrabandeados no alcanzaban para llenar la mitad de la capacidad de bodega promedio de los buques de ultramar que ingresaron a la Hidrovía del Río Parana para exportar la cosecha. En 2019 (último año de normalidad, sin coronavirus ni bajante del Paraná) fueron 2.632 barcos los que lo hicieron.

Pero otra manera más efectiva todavía de comparar los volúmenes es la siguiente: esas 23.000 toneladas en decomisos de la AFIP son casi la misma cantidad de toneladas que las que se llevaban exportadas hasta junio de este año a Chile bajo la posición arancelaria 3823.12.00.000N, que hace referencia al ácido oleico u oleína, un subproducto del refinado del aceite de soja que suele utilizarse para la alimentación animal.

En ese caso, la Aduana -dependiente de la AFIP- no detuvo ningún camión ni emitió comunicado a pesar de que los envíos habían crecido geométricamente y se concretaban a valores altísimos, de la mano de empresas argentinas muy dudosas que no tenían antecedentes en el negocio y en operaciones que además incluían una triangulación con empresas -también dudosas- radicadas en los Estados Unidos.

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Bichos de Campo pidió explicaciones a la Aduana sobre estos extraños negocios que pasaban casi siempre por el filtro de la Aduana de Campana. Jamás -a pesar de haber preguntado muchas veces- obtuvo respuesta.

¿Cuántos kilómetros de ruta cubrirá la fila de camiones el día en que la Argentina se decida a sacar de circulación a sus funcionarios más chantas?

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De entrada, esta intencionalidad manifiesta se nota en la gacetilla que difundió la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires. Allí se informa que “se puso en marcha un amplio operativo de fiscalización, a través de múltiples controles que se realizan de manera simultánea en corredores cerealeros y puertos, con el objetivo de identificar y combatir maniobras de contrabando y evasión en la comercialización de granos”.

¿Contrabando? ¿Desde la Provincias de Buenos Aires? ¿Y hacia dónde? Últimamente las autoridades han venido machacando con esta idea y para dar crédito han mostrado el secuestro de unas pocos cientos de toneladas de soja en la zona fronteriza de Misiones, que está ubicada a 1.250 kilómetros de Pergamino, uno de los puntos de control establecidos por ARBA.

Según el último tarifario acordado por la propia Provincia de Buenos Aires con las cámaras del transporte de granos en febrero pasado, el costo de derivar un camión hacia allí, es decir el flete para transitar esos 1.250 kilómetros, sería de 4.840 pesos por tonelada. Es decir casi 16% del valor de una soja de 31 mil pesos. O casi el 25% del valor de un maíz de 19.600 pesos por tonelada.

Es decir que entre una buena parte del supuesto beneficio que podría ahorrarse un contrabandista de soja a Paraguay (ahorrar retenciones del 33% que equivalen a unos 15.000 pesos por tonelada) se lo llevaría el flete. Flor de negocio. Y eso sin contar con los “sobreprecios” que el camionero debería dejar en los puestos camineros de diversas provincias para justificar por que transita en contra de la corriente. Lo lógico sería controlar camiones desde zonas productoras, como Salta o Chaco, más cercanas a esa frontera.

Sigue el operativo de Fiscalizacion de actividades agrarias contra la evasión en PBA. Continúan los controles de mercadería en tránsito con foco en el transporte de granos en más de 15 puntos en rutas y puertos de la provincia. pic.twitter.com/10KK2F7laV

— Cristian Girard (@cristiangirard) April 22, 2021

Pero si ya la búsqueda de “contrabando” suena exagerada en la gacetilla de ARBA, su director ejecutivo, Cristian Girard, se empantanó más todavía al hablar de estos operativos. El jueves, tras visitar el puesto montado en la zona de Pergamino, este funcionario kirchnerista declaró a la agencia Télam que se había detectado mercadería en infracción por un total de 100 millones de pesos.

“Esta vez se pone el foco en el transporte de granos porque estamos en tiempo de cosecha con el objetivo de detectar salida de camiones sin documentación, lo que podría terminar siendo una operación de contrabando”, insistió Girard.

¿Y cómo llegó el funcionario al cálculo de los 100 millones? Vamos a reproducir textuales con sus declaraciones.

“Desde el lunes, llevamos 100 millones de pesos de mercadería detectada en tránsito sin documentación de respaldo”, especificó Girard. Luego, según el mismo cable, detalló que de los 1.100 camiones fiscalizados hasta el momento, “se decomisó la mercadería de unos 10 que cargaban aproximadamente 450 toneladas de cereales sin la documentación respaldatoria”.

Que se haya decomisado la carga de solo diez camiones sobre un total revisados de 1.100 es realmente una gran noticia, pues quiere decir que solo el 0,9% del universo controlado no llevaba la Carta de Porte y otra documentación requerida a la hora de hacer cada viaje.

Que el 99,1% del resto de los transportes controlados por ARBA no hayan presentado irregularidades graves es realmente llamativo, pues para la mayoría de los productores suele ser un dolor de cabeza en esta época gestionar las Cartas de Porte ante la AFIP, y siempre están unos pocos que quieren vender algún camión en negro (pero por acá, no contrabandeado a Paraguay).

Aquí el problema es que hay que demonizar a la cadena agrícola y entonces todo se debe exagerar en su contra. De hecho, en las mismas declaraciones, Girard agregó: “Entre el 9 y el 10% de los camiones tienen infracciones o multas. No todos circulan sin documentación”, apuntó.

De golpe pasamos de haber secuestrado la carga del 0,9% de los camiones controlados, a que el 9% o 10% hayan cometido alguna infracción. O el titular de ARBA manipula los porcentajes a favor del discurso que quiere instalar. O es peor: no sabe matemáticas ni sacar porcentajes.

Lo que sí está claro es que el funcionario nombrado en ese alto cargo por el gobernador Axel Kicillof se subió al caballito de la demonización de los productores. Ya lo había hecho semanas atrás apelando a un “índice Verde” cuya aplicación también dejó muchas dudas.

ARBA asegura que detectó una evasión de 354 millones de pesos por medio del “índice verde”: ¿Cuál es el verdadero alcance de esa herramienta?

Girard está cerca de los 40 años, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posee una maestría en Economía Política (FLACSO). Pero esto no le impide decir -con una simplificación del agro que espanta- que desde ARBA “nos dimos la tarea de reforzar los controles en los sectores donde más recursos hay” y “empezar por lo que más tienen”.

En Pergamino y zonas aledañas, donde él fue a controlar, por estos momentos hay pequeños productores y arrendatarios que han cosechado menos de 15 quintales por hectárea de soja, y no llegan a cubrir los costos de esta campaña. ¿Sabrá Girard lo que es un “rinde de indiferencia”?

Quizás no deba saber tanto el recaudador. Pero lo que está muy claro es que conoce muy poco sobre el sector que debe fiscalizar y también sobre el transporte de mercaderías.

El cálculo que lanzó al aire para definir que “una parte del agro evade”, surgió a partir de multiplicar por 30 mil pesos (el valor actual de la soja) por las 450 toneladas decomisadas en los diez camiones secuestrados en estos operativos. El mayor inconveniente para sostener esos números es que no existen camiones capaces de transportar 45 toneladas cada uno, que es lo que daría el promedio (10 infractores con 450 toneladas de soja) informado por el titular de ARBA.

En efecto, un equipo moderno en promedio carga 30 toneladas de granos, y bastante menos si los que se detienen en la ruta son los viejos y queridos 1114, que suelen aparecer en este momento de cosecha, cuando no da abasto la flota de camiones. Deberían revisar la VTV y que funcionen los frenos, más que buscar operaciones fellinescas de contrabando.

Existen algunos camiones llamados bitrenes que fueron autorizados a circular por ciertas rutas nacionales por una decisión del Ministerio de Transporte tomada en 2018. Pero se los llegó a ver andar cargados de rollizos de los forestadores de la Mesopotamia y no de granos de la región pampeana.

“La provincia de Buenos Aires posee la mayor superficie sembrada del país y cuenta con la producción de granos y oleaginosas más importante”, establece el comunicado de ARBA para dar cuenta de la razón de estos controles. En esa definición, al menos, no se equivocaron.

Nota del editor:  A partir de la publicación de esta nota, ARBA pidió publicar a Bichos de Campo la siguiente aclaración. Que ayer se controlaron 1.100 camiones, y que entre 9 y 10% de esos vehículos estaban en infracción, y que de entre aquellos que transportaban cereales había unos 10 de los que se había incautado la carga, para totalizar unas 450 toneladas. Pero la suma total informada de 100 millones de pesos no correspondía solo al valor de esa soja, sino al total de las infracciones que se habían cometido. Las interdicciones a camiones del agro es porque no tenían ningún tipo de documentación. También desmintieron que no era la intención del organismo “demonizar” al agro sino informar sobre los controles.

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“Las cifras oficiales lo que dicen es que el mercado es el mismo que antes, pero se demuestra un blanqueo de 700 mil toneladas de trigo a partir de la instalación de caudalímetros determinada por la Dirección de Control Comercial Agropecuario”, indicó Diego Cifarelli, presidente de la Federación de la Industria Molinera (FAIM).

Así se llegó a un total procesado y reconocido de poco más de 6 millones de toneladas de trigo procesado. Pero el directivo de la entidad aclaró que el total a blanquear es de 1 millón de toneladas y eso se alcanzaría cuando se ponga en marcha el remito electrónico que permitirá saber dónde termina la harina. El remito es un instrumento digital que anunció en 2018 la AFIP, pero que nunca se terminó de implementar.

Escuchá la entrevista a Diego Cifarelli:

El referente de la molinería destacó que estos progresos en la lucha contra la informalidad en un sector que tiene una elevada capacidad ociosa fue posible gracias “al trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, donde se tomó el toro por las astas. La propia industria se impuso este trabajo y desembolsó varios dólares para poner el controlador, cámaras y sensores porque no hay industria sólida y con futuro que trabajen en el oscurantismo”.

El volumen blanqueado no es para nada menor considerando que esas industrias muelen poco más de 6 millones de toneladas de trigo, aunque Cifarelli indicó “es un nivel bajo para la capacidad de instalada en el sector que asciende a 13 millones de toneladas”. O sea el sector opera al 50% de sus posibilidades.

Cifarelli además se refirió a la situación económica de las empresas y al impacto de las políticas del gobierno, que en marzo del año pasado, antes de que arranque la cuarentena, les impuso precios máximos. Luego les autorizó subas muy menores respecto de la inflación general y con relación a los costos de la industria.

El representante de los molineros recordó que el 6 de marzo de 2020 se definieron los precios máximos que tuvieron subas de 4% y 5% cuando el trigo, su materia prima tuvo saltos muchos mayores. Al respecto indicó que en marzo del año pasado costaba 12.000 pesos y ahora 19.000 por tonelada. El aumento fue del 50%.

Respecto de nuevos controles ante esta presión alcista, el titular de la Federación Molinera dijo: “No veo necesaria la intervención en el mercado del trigo, pero hay que estar con los ojos bien abiertos, porque nos enteramos sólo cuando el gobierno interviene exportaciones pero ya hay intervención cuando hay precios máximos en la transformación del trigo en harina”, explicó.

“La solución no es intervenir sino no prestarle atención a la participación de la harina en los farináceos. Tenemos pisada la cabeza y la molinería no sobrevive otro año con precios máximos cuando el 80% del costo es trigo”, advirtió.

Cifarelli dijo que su mensaje al gobierno es: “Dejame libre el mercado porque (la harina) incide en nada en el precio de los alimentos”.

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Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 –según datos oficiales– la industria molinera procesó 6,07 millones de toneladas de trigo pan, la cifra más elevada desde 2011/12, cuando se molieron 6,12 millones de toneladas.

En aquel momento, la intervención del mercado de trigo instrumentada por durante el gobierno kirchnerista provocó, en una primera fase, la proliferación de nuevos molinos harineros en diferentes regiones productivas con el propósito de aprovechar la oferta “cautiva” del cereal.

Sin embargo, debido a la falta de incentivos, la cosecha argentina de trigo se destruyó a partir del ciclo 2012/13 y los precios internos del cereal comenzaron a registrar importantes subas, lo que hizo que muchos molinos comenzaran a operar con diferentes grados de informalidad.

A partir de 2016/17, con nuevas reglas de juego instrumentadas por la gestión del presidente Mauricio Macri, la cosecha argentina de trigo –que no había logrado superar los 10 millones de toneladas en 2012/13 y 2013/14– se recuperó para volver a alcanzar cifras mayores a 18 millones de toneladas. Pero los volúmenes procesados por molinos harineros, extrañamente, no acompañaron ese proceso.

Eso comenzó a cambiar a fines de abril de 2019 con la implementación, a nivel nacional, de la obligación por parte de los molinos harineros de contar con un Controlador Electrónico de Molienda de Trigo (CEMT) en la fase previa al ingreso de la primera roturación del cereal, lo que permitió, junto con un trabajo de inteligencia comercial, realizar un seguimiento mucho más estricto de los volúmenes industrializados.

El “corralito” contra la evasión instrumentado a partir de entonces permitió a los agentes de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario clausurar y aplicar multas a aquellos molinos en los cuales se detectó mercadería sin declarar. Desde entonces, se observó un progresivo crecimiento de los volúmenes registrados de molienda.

En el último ciclo comercial la industria molinera argentina procesó un 30,8% de una cosecha de trigo de 19,75 millones de toneladas.

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Primero regresó Alberto Abad a la AFIP. Luego regresó Marcel Rossi a la ex ONCCA (que primero fue subsecretaría y luego fue degradada a Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario). Ellos armaron una gran política para formalizar la actividad mayorista que permitió multiplicar los niveles de recaudación: se armó un sistema donde cada operador (sea frigorífico o matarife) debía actuar con su propia matrícula y anticipar parte de sus impuestos antes de la faena de cada animal. Fue un éxito indudable: la cadena se ordenó en su etapa industrial y el fisco recaudó mucho más.

Pero esa ofensiva comenzó a flaquear cuando el Estado (y aquí sumamos también a ARBA, la agencia de control bonaerense) no pudo o no quiso o no supo dar la que algunos consideran “la madre de las batallas”: el control de las decenas de miles de carnicerías que existen, especialmente en el conurbano bonaerense, buena parte de las cuales ni siquiera está habilitada por Bromatología de cada ciudad, y la inmensa mayoría de las cuales no emite una factura ni que le reclames con Gendarmería.

Con el cambio de gobierno y la cuarentena que congeló todo, esta ofensiva para ordenar la cadena de ganados y carnes parece haber quedado en la nada. Marcelo Rossi insiste con su ferreo control sobre los mayoristas (incluso hizo instalar controladores electrónicos en todas las plantas de faena), pero la AFIP desmanteló su equipo profesional y quedó en la nada su promocionado Remito Electrónico de Carnes (REC), una plataforma en internet en la cual debían anotarse todas las ventas a la cadena minorista.

En este marco debe entenderse esta entrevista a Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedrores (CAMyA), que nació unos años atrás en medio de este proceso de blanqueo. Justamente, cuando los matarifes fueron obligados a tener cada uno su propia matrícula (antes operaban detrás de la matrícula del frigorífico o con “matriculines”, como se conoce en la jerga a los permisos medio truchos) Rafael se convirtió en impulsor de un fuerte blanqueo de ese eslabón que domina hasta 80% de la faena en el conurbano.

Mirá la entrevista a Leonardo Rafael:

“La actividad del matarife existía de toda la vida, pero en un momento había un paraguas, donde el frigorífico tenía la matricula y nosotros siempre estábamos ocultos detrás de un frigorífico”, recordó Leo. En aquellos tiempos, reconoció, muchas plantas acumularon una gran deuda impositiva con la AFIP (por el IVA y toros tributos nacionales) y con ARBA (por Ingresos Brutos), ya que no se podía trasladar los impuestos al siguiente eslabón de la cadena, que son las carnicerías.

Según el empresario, es imposible que los controles impositivos sobre la cadena de la carne funcionen si no se controla ese escalón final, previo al consumidor. “La madre de la evasión está en el último eslabón que es la carnicería. Mientras nosotros no podamos blanquear las carnicerías es muy difícil que nos podemos hacer cargo de que toda la trazabilidad de la carne, y el blanqueamiento de la parte legal y económica no va a poder llegar”, afirma el presidente de CAMyA.

Nuevo remito electrónico para mover la media res hasta la carnicería

¿Cuál parece ser el problema? Que ahora que blanquearon los matarifes se sienten los hijos de la pavota, porque los que no pueden trasladar los impuestos al comercio minorista ya no son los frigoríficos sino ellos. “Si yo tengo a las carnicerías que no me aceptan una factura, este esfuerzo que me exigió el Estado en algún momento no tengo donde descargarlo”, nos explicó el matarife.

Este sector tuvo hace unos días una reunión con la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Buenos Aires, Carla Sain, tratando de resucitar la agenda de controles. Y es que, sin que ARBA y AFIP logren cerrar el cerco sobre las carnicerías -Leonardo estima que son más de100 mil-, “nos encontramos nosotros como cuello de botella”, y acumulando deudas por impuestos que no pueden trasladar a los carniceros. En algunos casos, como son agentes de percepción, ese monto se traslada a consumidores y productores, encareciendo el precio de la carne o deprimiendo el valor de la hacienda

“A veces en este tema los organismos desconocen la actividad y se creen que apretando a un eslabón de la cadena es la manera de ordenarla. Pero en este caso es muy necesario el rol del Estado como policía. Necesitamos que salga a fiscalizar y a regular todo lo que quedó en ese gris”, declamó el directivo de los matarifes.

-¿Por qué no controla el Estado a las carnicerías?

-Ni siquiera tienen idea de cuántas son las carnicerías. Tenés carnicerías de todo tipo y en todo lugar. En provincia de Buenos Aires hay carnicerías en los garajes o en barrios donde es imposible el acceso. Pero algo hay que hacer.

-¿Y ustedes qué proponen?

-Yo creo que hay que apuntar más a los municipios. Acá hablamos de impuestos. Pero a mi me preocupa más la inocuidad del producto y las carnicerías muchas veces no están ni habilitadas. La primera obsesión debería ser por salud, no me cabe ninguna duda. ¿Cuál es la diferencia de exportar a China y vender carne al mercado interno? ¿Por qué los chinos tiene que tener una inocuidad y más control que los ciudadanos de la Argentina?

-Entonces en principio cada Municipio debería tener claro cuántas carnicerías hay en su territorio.

-Por ahí sería la punta del ovillo. Hay que hacer responsables a los intendentes de la salud de sus ciudadanos. Hay lugares que son inaccesibles. Entramos nosotros quizás. Pero nosotros no podemos ni debemos hacer de agente de policía.

-En algún momento AFIP ordenó que todos operen con un Remito Electrónico cada venta al último eslabón. ¿Qué pasó con eso? ¿Quedó en la nada?

-Es más de lo mismo. Vos podés querer hacer cosas pero en la práctica no sucede lo mismo que lo teórico. Hay cosas que no pueden suceder. Por ejemplo, un carnicero raso, de cinco medias reses por semana, no puede seguir figurando como monotributista. Tiene que ser responsable inscripto, tener un contador, etcétera.

En medio de la cuarentena, hubo un rebrote del virus de la evasión en la industria molinera: Anuncian controles cruzados entre Agricultura y AFIP

Las cuentas a favor de los que dice Rafael son claras. Si cada media res vale entre 20 mil y 30 mil pesos, el minorista que baje cinco por semana estará trabajando con unos 100 mil pesos por semana o hasta medio millón de pesos por mes. Y esto sin contar el pollo, el cerdo, los huevos o las menudencias.

“Los sistemas no están adaptados a la realidad. A nosotros los matarifes nos constó mucho adaptarnos cuando antes ni figurábamos. Pero ahora esta deuda que tenían los frigoríficos y nos la están pasando a nosotros”, advirtió el titular de la Cámara de Matarifes. Y agregó que muchos de sus pares, cansados de esta situación, “empiezan a buscar la alternativa de nuevo en matriculines, las matrículas alternativas”.

-Es decir, ¿volver a operar en negro?

-La realidad es que siempre se agarró por esos carriles. Pero nosotros no queremos seguir por esos carriles. Queremos que nuestro trabajo sea una práctica legal y pagar lo que haya que pagar. No queremos volver a pagar monotributo como cuando, al no ser considerados como matarifes, éramos comisionistas o fleteros. Lo mejor que nos puede pasar a todos es blanquear nuestra actividad, andar seguros, tranquilos.

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El caso que más preocupaba a las autoridades de ese área del Ministerio de Agricultura era el del Molino del Oeste SA, ubicado en la localidad e 9 de Julio, en territorio bonaerense, que había presentado una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, en la que se impugnaba la ofensiva oficial para controlar los volúmenes de molienda de trigo de cada planta.

Esa firma pedía la nulidad de la Resolución 84/2018, que fue la que dispuso la obligación a todos los molinos harineros del país de colocar equipos de sensores para medir el flujo de granos para el control de la molienda de trigo en cada planta. El CEMT también monitoréa el consumo de electricidad de cada empresa, para evitar que haya trampa.

El argumento de esta empresa para cuestionar los controles fue que esa norma era “contradictoria” con otras previas de 1998, 2001 y 2003, que habían intentado imponer un sistema de caudalímetros. En junio de 2019, una juez de primera instancia le otorgó una medida cautelar que ordenaba a la DNCCA (la ex ONCCA) devolver de modo inmediato la matrícula al molino. Pero el organismo presentó una apelación que esta semana tuvo resultado favorable. La Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó aquella primera sentencia. Y ratificó la legalidad de estos controles.

“Este fallo es un gran espaldarazo al objetivo inicial que nos planteamos, que es que no quedara un solo molino sin instalar estos controladores electrónicos, como hizo la enorme mayoría de los molinos”, explicaron fuentes del sector. Desde la Federación de la Industria Molinera (FAIM) siempre se respaldó esta ofensiva, que tiene un capítulo paralelo en el sector frigorífico. En abril de 2019, cuando se implementaba este sistema, el titular de los molineros, Diego Cifarelli, estimaba que se molían cerca de 1 millón de toneladas de trigo de modo informal, y que los niveles de evasión llegaban a los 11 mil millones de pesos.

No fue la única victoria legal a favor de estos controles contra la competencia desleal en esa industria. En otro fallo de estos días, la justicia consideró “abstracta” una presentación realizada por Molinos Asunción. Si no coloca el CEMT, esa planta ahora podría ser suspendida del RUCA (Registro de la Cadena Agroalimentaria) y debería dejar de operar.

La vigencia de este sistema de controladores electrónicos, que ahora recibió este respaldo en la justicia, permitió que la DNCCA siguiera monitoreando estas plantas de molienda a pesar de no poder estos meses realizar inspecciones presenciales debido a la cuarentena por el Covid-19. En rigor, los sensores emiten de modo permanente datos sobre el funcionamiento de los molinos y su consumo de electricidad, que permiten ir chequeando a la distancia sus operaciones.

En estas circunstancias, esta semana Agricultura decidió suspender al molino Loma Blanca, ubicado en General Rodríguez, tras comprobar que consumía más energía de la que declaraba en sus balances de molienda y que desconectaba de a ratos el CEMT, según contaron las fuentes.

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El texto oficial enviado a la industria molinera es cortito y claro: “Hasta tanto se reanuden las inspecciones in situ, se continúan realizando tareas de fiscalización a partir del análisis y cruce de información de la operatoria tanto entre la DNCCA, la Dirección de Informática del Ministerio de Agricultura (que releva la información recibida por los CEMT) y la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). En virtud de ello, en los próximos días, determinados operadores comenzarán a recibir requerimientos específicos de información, a fin de aclarar las inconsistencias o anormalidades que pudiéramos haber detectado”.

El problema es que desde el 19 de marzo, cuando se decretó la cuarentena, los inspectores de la ex ONCCA tuvieron que cesar con sus controles cotidianos a plantas de molienda, pues no fueron considerados dentro de las actividades esenciales y debieron ajustarse a las normas generales para toda la administración publica.

Con el relajamiento no querido de los controles presenciales, un grupo de empresas volvieron a la carga y a vender harina en negro. Lo dijo a Bichos de Campo con todas las letras el titular de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli: “Quiero aclarar que el 95% de las empresas hacen las cosas que deben hacer, pero hay un 5% de las empresa que ante la  imposibilidad de las inspecciones físicas comenzaron a hacer de las suyas”.

Trampas Dos: En los molinos ya inventaron un “agujerito” para evitar los controles

Según el directivo industrial, “nosotros tenemos un sistema de denuncias anónimas en la Federación, que de estar muy tranquilo pasó a recibir en las últimas dos semanas denuncias de todo tipo sobre ventas en negro. El Ministerio debe estar observando lo mismo que nosotros y por eso la preocupación es compartida”, indicó Cifarelli, que calculó que “estamos de nuevo en una evasión que, pese a no alcanzar los niveles de otros años, estará entre el 10% y el 15%” de los volúmenes de molienda.

La Argentina demanda unas 6 millones de toneladas de trigo por año para atender su consumo interno, por lo que la industria molinera debe moler cerca de medio millón de toneladas por mes. Por lo tanto, la posible venta en negro implicaría entre 50 mil y 75 mil toneladas.

Para enfrentar la evasión, que en otros tiempos llegó a ser de 20% o 25%, durante el gobierno anterior la oficina conducida por Marcelo Rossi, al igual que lo hecho con las plantas de faena de bovinos y porcinos, obligó a todas las empresas molineras a colocar esta especia de “caudalímetros”, que además disparan de modo constante la información que registran hacia el Ministerio de Agricultura. Este plan se realizó en acuerdo con la FAIM y con APYMINRA, que agrupa a los molinos más pequeños. La molienda en negro, en un sector con alta capacidad ociosa, hace estragos entre los operadores que intentan cumplir con las reglas.

Ver Arrancan los controles a los molinos: Pero solo con el amague ya se “blanquearon” 50 mil toneladas de harina

En tiempos normales, los inspectores de la DNCCA verificaban in situ el buen funcionamiento de los CEMT y sobre todo que no haya habido adulteraciones. Estos controladores son una suerte de cajas negras que registran por un lado el caudal de trigo procesado por cada molino, pero a la vez toman nota de otros indicadores útiles para el control, como el consumo de electricidad en cada establecimiento. Esa es una de las variables que ahora podrían utilizarse para verificar la situación de cada planta.

“Se le recuerda a los operadores que las irregularidades graves serán pasibles de la aplicación de las medidas preventivas (suspensión de la matrícula) previstas en la normativa vigente para la actividad, sin necesidad de notificación previa”, dicen el preaviso de la ex ONCCA a los molinos. Y les aclara: “En virtud de que no deseamos aplicar esta medida, solicitamos la mayor colaboración y apelamos a la responsabilidad de los operadores en el cumplimiento de la normativa vigente”.

En el organismo esperan poder retomar los controles presenciales a partir del 24 de mayo, obviamente cumpliendo con los protocolos sanitarios del caso. Una muestra de ello es que ya han hecho los pedidos de barbijos y otros elementos de protección para el personal a las autoridades del Ministerio.

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Ahora todo eso correría peligro y la razón es la interminable voracidad fiscal de la AFIP, que decidió sin consultar a otras áreas del Estado imponer anticipos de IVA mucho más elevados que los impuestos que deberían pagarse finalmente. De golpe los subió a 320 pesos por cabeza bovina a faenar, un 37% respecto de los valores previos.

La situación fue advertida por una de las cámaras más representativas de la industria frigorífica, Cadif, al ministro de Agricultura, Luis Basterra, y a los propios funcionarios de la AFIP. En una carta, la entidad criticó “el sorpresivo e injustificado aumento de los valores de anticipos a cuenta de IVA e Ingresos Brutos en la faena de bovinos, establecidos por AFIP con vigencia a partir del 1 de mayo de 2020”. Pidió dar marcha atrás, advirtiendo que la medida podría desbaratar todos los avances logrados hasta el momento en la lucha contra los operadores marginales de la carne.

“AFIP se excedió en los montos por cabeza establecidos. Con los nuevos valores, los pagos a cuenta superan en más de un 35% a los impuestos que se anticipan. Esta circunstancia además de ser inadecuada e injusta pone en riesgo la aplicación futura del mecanismo. Con el mayor de los respetos y la máxima transparencia establecemos un alerta temprana en tal sentido, en defensa de los avances conseguidos”, indicó la misiva elevada por los faenadores.

Sus cálculos son que estarían excediendo en 84 pesos por bovino que se faena los montos de impuestos correspondientes. Si se multiplica por 13 millones de cabezas esa cifra, el resultado es que el sector de frigoríficos y matarifes estaría financiando al fisco por la friolera de 1.000 millones de pesos anuales.

Descargar la nota que envió CADIF al ministro Basterra

Hay que retroceder para entender lo que sucede. Entre la AFIP y la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA), durante la gestión de Cambiemos se puso en marcha un sistema mediante el cual ese organismo dependiente de Agricultura no liberaba los permisos de faena de bovinos si antes los operadores matriculados (frigoríficos y matarifes) no depositaban ante la AFIP un anticipo de impuestos (IVA y aportes patronales). Luego a este operativo se sumó ARBA, cobrando del mismo modo anticipos de Ingresos Brutos.

Con este esquema hubo resultados visibles muy rápidos pues creció mucho la recaudación y muchos matarifes que antes operaban en las sombras optaron por blanquear sus negocios: la cantidad de matrículas en esa categoría pasó de unas 200 a más de 3 mil.

En los últimos días, sin consultar con Agricultura, los sabuesos decidieron actualizar los valores de anticipos establecidos un 37%. Pero según las cuentas realizadas por Cadif, los nuevos valores “exceden los tributos que se anticipan, lo cual generará importantes saldos a favor en los contribuyentes, imposibles de ser financiados”. Es decir que para poder operar en blanco los faenadores de bovinos tendrán que pagar como anticipo más impuestos de los que corresponderían pagar antes del final del proceso. Y luego deberían pedir la devolución de ese dinero al Estado.

“Sabido es que una modalidad de pagos a cuenta tributarios no puede exceder notablemente a los impuesto que se anticipan, porque de ocurrir ello se desnaturaliza el objetivo de aquel, justificando la presentación de recursos judiciales de amparo que -justificadamente otorgados- destruirían el sistema”, le advirtió en idioma leguleyo la cámara de frigoríficos a las autoridades.

Esto y decir que todo se iría al diablo es más o menos lo mismo.

Pero Cadif, que pesa fuerte entre los frigoríficos del conurbano, dejó en claro que no quiere que la sangre llegue al río. “Desearíamos que quede perfectamente en claro que nuestro pedido de retrotraer valores es en defensa de una herramienta que por ineludible, ha demostrado ser eficaz para combatir la evasión y el doble estándar impositivo que tanto afecta nuestras actividades y a la transparencia del mercado”.

En ese sentido, se recordó que el sistema de blanqueo conocido como “Quién no paga no faena” fue impulsado por la propia entidad y luego contó “con el apoyo de toda la cadena de la carne, siendo implementado en tiempo récord y de manera impecable por AFIP y ARBA a partir de marzo 2017”. Además de Alberto Abad, ex titular del organismo tributario nacional, un funcionario clave en este proceso fue Marcelo Rossi, ex subsecretario de Control Comercial Agropecuario y actual director nacional, que impulsó este nuevo esquema durante la gestión del ex ministro de Agricultura Ricardo Buryaile.

En la gestión de Luis Miguel Etchevehere este sistema de control se profundizó con la instalación de controladores electrónicos en todas las plantas de faena del país.

Cadif recordó que mediante este esquema de anticipos previos a la faena, “al implementarse el sistema, los valores establecidos cubrían la mayor parte de los tributos mencionados”, lo que permitió “incrementar fuertemente la recaudación tributaria” del sector.

“El mecanismo, según datos oficiales, desde sus inicios y hasta la fecha tiene prácticamente un 100% de cumplimiento y efectividad, para las mas de 13 millones de cabezas faenadas por año, porque está basado en tecnología, vinculando sistemas bancarios, de AFIP y de registros de faenamiento  sistémicos, todo ello sin intervención humana, lo que lo hace intangible e ineludible”, remarcó la carta enviada por la cámara a las autoridades. Lo que se anticipa es el IVA del 10.50% y los Ingresos Brutos de 0,50% sobre ventas.

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