En ese sentido consideró, en una entrevista con Télam, que la creación de la Mesa Agroalimentaria, que hoy inauguró una carnicería agroecológica en Avellaneda, fue “volver a las raíces” y que su creación tiene como objetivo, entre otros puntos, “discutir la política que necesita ese otro campo”.

-¿Hay dos campos en la Argentina?

-Siempre hubo dos campos. En un momento estuvo representado por la Sociedad Rural (SRA) y Confederaciones Rurales (CRA) por un lado y otro por Federación Agraria (FAA) y Coninagro por el otro. Luego, con la Mesa de Enlace se unificó en términos mediáticos, de política pública, y vino la sojización, el agronegocio y quedó un solo campo. Hoy Argentina necesita que la política pública reconozca a los dos campos: el del agronegocio y agroexportador que genera divisas para el país, y también el de la agricultura familiar y el cooperativismo, que abastece el mercado interno y la mesa de los argentinos y también genera algunos negocios de exportación.

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-En la Mesa Agroalimentaria el lema que los identifica es “el campo que alimenta”, ¿Por qué esa diferenciación?

-Por lo que te acabo de decir y porque la FAA dejó de representar a los productores pequeños y medianos, a las cooperativas y se enmarca en un esquema del super agronegocio que poco tiene que ver. Cuando discutimos el tema del arrendamiento de la tierra, la concentración de la comercialización, los puertos, la cuestión impositiva, la segmentación de retenciones, nos quedamos huérfanos. Por eso la creación de la Mesa Agroalimentaria, para discutir la política que necesita ese otro campo, que es el que alimenta. Hoy la mayoría de los alimentos viene de la agricultura familiar, del pequeño y mediano productor, del chacarero que tiene que tener una representación gremial que plantee esta política.

-¿Es necesaria una institucionalización más fuerte de la mesa?

-Se necesita un representación institucional bien fuerte. Argentina tiene problemas de institucionalización en todos los ámbitos. ¿Cuáles son los partidos políticos fuertes hoy? ¿Cuáles son los sindicatos que realmente representan a los trabajadores? En el sector agropecuario pasa lo mismo. La Mesa tiene meses y tiene una presencia que va ganando día tras día y va sumando organizaciones con una mirada de poner en debate todo: desde el uso y tenencia de la tierra, el modelo productivo, el arraigo, el sistema impositivo, el financiero. Hoy no hay crédito para la producción.

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-¿Cómo se planteó puertas adentro de Fecofe formar parte de la Mesa?

-Fue volver a las raíces. En la década de los 90 nuestros productores dejaron de ser productores para ser empresarios. Todos pasamos a ser eso y nos ganaron la cabeza. Ahora es volver a las fuentes. Lo primero que buscamos es sostener a la familia en la tierra en que vivimos, en los pueblos, sostener la vida en el interior del país. Las grandes ciudades se tornaron inviables y hay otra vida que los argentinos están mirando, que no es en el medio del campo, sino que tengan los servicios, conectividad, que haya trabajo. Entonces la industrialización de esa ruralidad es central y el desarrollo del país con esa mirada. Eso no está en la agenda política. Tuvimos que constituir ese espacio para traer estos temas.

-¿Cómo planean discutir esa agenda? ¿Este gobierno es permeable a esa discusión?

-Sí que lo es. Nosotros nos reunimos con muchos funcionarios, incluidos el Presidente (Alberto Fernández), cuestión que nos impulsó a crear la Mesa. Nosotros discutimos la política y el modelo productivo que necesita el país desde la práctica: estamos inaugurando una carnicería con precios más bajos y demostrando que el productor, el frigorífico y la carnicería pueden tener un precio y un modelo en la producción de la carne. Si el Estado mira a este sector y lo potencia con políticas públicas estaríamos con menos problemas de precios.

-¿Tiene que ser el Estado un jugador en el sector y el mercado?

-El Estado tiene que ser un jugador y tiene que tener la capacidad de poder planificar. ¿Quién decidió que la Argentina entera se siembre con soja? ¿El Estado? No, sino el mercado, dos empresas multinacionales. Llegó la hora de parar la pelota y planificar la producción argentina y el Estado tiene que estar presente. Una empresa testigo como pudo haber sido Vicentin, manejada de manera eficiente, moderna y con participación de cooperativas, lleva a generar más capitalismo. Hoy vivimos en un mundo capitalista, pero la oferta está muy concentrada.

-¿Sigue presente el espíritu del Grito de Alcorta en el campo?

-Sí, en la Mesa Agroalimentaria. Hoy la FAA no existe como yo la conocí. No hay actividad en el territorio, no hay trabajo en los pueblos, no hay representación real. La FAA de Humberto Volando, de los grandes líderes agrarios, hoy no existe.

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Pero eso no quiere decir que el funcionario que ni bien llegó al cargo impulsó un congelamiento de precios en más de 1.400 artículos de la canasta básica no tenga nada de predicamento en el sector agropecuario. Por el contrario, hay voces que saludan su gestión.

La Mesa Agroalimentaria Argentina, en un comunicado de prensa, contó que el lunes se reunió con el secretario Feletti, la subsecretaria Débora Giorgi, y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezia. Esa Mesa, nacida el año pasado, es la conjunción de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Fecofé (un grupo de cooperativas chacareras que se desprendieron de Federación Agraria) y el Movimiento Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra Via Campesina).

“Quedamos muy conformes con la reunión con Feletti y funcionarios de Comercio”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT y actual presidente del Mercado Central de Buenos Aires. Luego explicó el sentido de mantener un diálogo con los funcionarios responsables del control de precios. “Desde el primer día de gobierno las organizaciones de ‘El Otro Campo’ les decimos que acá hay un aliado para resolver problemas estructurales de la Argentina, ya que podemos garantizar alimentos saludables a precios justos en todas las mesas argentinas”.

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El encuentro entre estos grupos de productores y los funcionarios ocurrió en el Mercado Mayorista de Productos Cooperativos, ubicado en Avellaneda. Durante una recorrida por el lugar, Feletti, Giorgi y Mezmezian pudieron conocer las formas de producción y comercialización de alimentos cooperativos y ver los productos de diferentes cooperativas del país.

La gacetilla no lo dice, pero al parecen no preguntaron por los precios.

“El encuentro fue muy importante porque se reconoce como un actor válido a la Mesa Agroalimentaria Argentina, que representa a las cooperativas, pequeños y medianos productores, chacareros, al agricultor familiar”, aseguró Juan Manuel Rossi, el presidente de la Fecofe.

Ese sector, según la gacetilla, planteó tener algunas necesidades, como acceder a créditos para capital de trabajo, que se fortalezcan las compras de alimentos de pequeños productores en las licitaciones del Estado y que se “paute una matrícula de matarifes para frigoríficos locales recuperados”. Son tres temas, por cierto, que no corresponden a la órbita de Feletti.

“También se apuntó a la posibilidad de generar una alternativa de abastecimiento a partir del movimiento cooperativo y de las organizaciones de nuestro sector”, se informó.

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Feletti mostró su compromiso con el proyecto y sus demandas, y “acordó con la necesidad de transformar el modelo agroalimentario”.

“Quedamos comprometidos en una mesa de trabajo para poder avanzar en políticas públicas que potencien y fortalezcan esas experiencias cooperativas para darle escala en todo el territorio nacional. Tenemos la convicción de que la Mesa Agroalimentaria Argentina puede protagonizar este proceso”, destacó Diego Montón, referente del MNCI-ST.

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Identidad, del latín “ídem”: lo mismo, que se repite. Aquello que nos explica quiénes somos y brinda pertenencia a un grupo social. Ser alguien dentro de un colectivo tranquiliza, otorga seguridad, produce reconocimiento.

Una visión materialista nos dice que estamos hechos de órganos compuestos por células y éstas por átomos. No obstante sabemos que las células en el organismo van cambiando permanentemente. Entonces ¿qué es lo que hace que seamos quienes somos a pesar del paso del tiempo? La respuesta puede estar en aquella frase de Eduardo Galeano: “No es cierto que las personas estemos hechas de átomos, estamos hechas de historias”. Cuando pasamos del yo al nosotros aparece una identidad colectiva, que no tiene un cuerpo, tiene imágenes y narraciones.

Las identidades colectivas cambian al igual que la de las personas. El tiempo atenta contra la identidad como imagen y allí aparece el relato. Las estructuras cambian, las creencias, los valores y las costumbres, también. Lo único que asemeja a un federado de 1912 con otro de 2021 es el relato, la historia que nos contamos y nos cuentan. No es objetiva ni científica. Pero nos sirve, por eso apelamos a ella, aunque suela resultar anacrónica, perimida. Encapsularse en una identidad puede alambrar nuestro porvenir. Mejor que nos alumbre, sin encandilarnos.

La unidad identitaria está en la memoria y la memoria también es un relato. En ese terreno se juega la política. Sin embargo nunca somos idénticos a nosotros mismos.  Es un artilugio que necesitamos para atemperar vacíos existenciales, para encontrar sentido. La identidad está más del lado de la emoción que de la verdad.

Ser federados, hoy, es encontrar sentido histórico a la vez de comprender lo nuevo. Una búsqueda que incluye al otro reconocido como par. Con objetivos comunes a pesar que los intereses parezcan diferir. Aquí, la introspección ética sigue siendo una condición necesaria y vigente. No confundir con la amistad de los poderosos, porque nos subsume y consume, nos amarra y desgarra. Allí la correlación se traduce en dominio.

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Sentimos y actuamos en función de pertenecer, trazamos una frontera que determina a quiénes abarca y a quienes no. Es una imagen de nuestra propia persona y del “nosotros” al que pertenecemos. Podemos presumir cuánto vale un cuerpo propio o extraño. Peligroso desvío que propicia al racismo, al clasismo, al sectarismo, al machismo. Antítesis de los valores cooperativos.

El cooperativismo se basa en armonizar el yo en el nosotros. Y si hay un nosotros hay un ellos. La clave es: a quiénes caracterizar como ellos y a quiénes como nosotros. Ellos oprimen, dominan, primarizan, concentran, contaminan, expulsan. Nosotros somos la idea de un mundo mejor, equitativo, inclusivo, democrático, solidario, humano.

Elegimos esa pertenencia a un nosotros amplio, contenedor, generoso, que nos enseñe a vivir sin falsas dicotomías, sin el agrietamiento del ser. Siendo permanentes constructores de identidad. Escribiendo nuestra propia historia, resignificando las mejores tradiciones, recreando los valores fundacionales, siempre amalgamados en el sujeto social protagonista del presente.

La Federación Agraria Argentina nació a la luz del “Grito de Alcorta”, en tanto rápidamente surgieron derivaciones del mismo hito agrario. Es decir, otras “identidades” aparentemente distintas si bien generadas en su misma naturaleza y por el mismo sujeto agrario. Cierto esencialismo, nos define intrínsecamente como “federados” pero se contradice con la evidencia de encontrarnos desencontrados a pesar de esa esencia compartida. Allí nos gana la impostura, en vez de experimentar un agrarismo despojado del prejuicio identitario.

Identidades genuinas requieren de entidades legítimas. Detentar una memoria histórica vaciada de contenido (y de base societaria) es propio de la politiquería y sus sellos de goma. El negocio de la política que permea en la nostalgia agrarista. Resume el tango: “la nostalgia de haber sido y el dolor de ya no ser”.

Acaso no advierten que los productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra se parecen mucho más a los chacareros de Alcorta que a los que militan brazos agropecuarios de partidos políticos. Que a las fuerzas de choque de los que se convocan a sí mismos, mientras se miran el ombligo. Y el bolsillo vanidoso y egocéntrico. Incapaces de dar sentido a lo común, de construir comunidad.

Es preciso concebir la identidad como el producto de un sistema de diferencias. Donde el sujeto es múltiple y en proceso. Existe una subjetividad relacional atravesada por la diferencia, por eso hay que unirse con el distinto, que en su singularidad ama y sueña justicia, trabajo, tierra, inclusión, agregado de valor, industrialización, arraigo. No se trata de bajar banderas, tampoco de levantar barricadas. Sino de construir un nuevo sujeto colectivo poniendo en juego el deseo y la imaginación.

Un deseo auténtico. Aquel que no se guía por el deseo forzadamente adscripto a una identidad, sino el que rompe con el lenguaje del ser y adquiere el lenguaje del devenir. Se trata de construir narrativas que den lugar a todos los actores que estamos llamados a interpretar, sabiendo que cada uno forma parte de nosotros.

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El siglo XX estuvo signado por fuertes identidades, en un contexto de extendida participación de masas, fragmentadas por agrupamientos determinados por intereses específicos. En el siglo actual esas identidades entraron en crisis, los sujetos sociales “representados” mutaron sus comportamientos en función de subjetividades instituidas desde identidades globales, desentendidas de su peculiaridad y paradójicamente individualizadas.

La concentración de la economía, las finanzas, la producción, los recursos y el ingreso, colisiona e interpela a las estructuras identitarias obsoletas en cuanto a su rol democratizador y distribucionista, cuyos horizontes fundacionales quedaron reducidos al imaginario construido en su historicidad y que a su vez no encuentra completud de sentido en la práctica social actual. Negar la inevitabilidad del cambio es una negación de la realidad. En un sentido dialéctico, para unirse primero hay que separarse.

Tempranamente emergieron dos tradiciones centenarias, la de los “federados” referenciada en la Federación Agraria Argentina, por un lado, y la de la Asociación de Cooperativas Argentinas -luego nucleada en CONINAGRO- por otro. Cada grupo fundó cooperativas, mutuales y otras sociedades, en diversos rubros: agropecuarias, salud, ahorro y crédito, seguros, turismo, etc.

Esa lógica, donde predominan las diferencias, está agotada. Ya no hay razones objetivas para que un productor decida elegir una u otra por sustanciales diferenciaciones productivas, de escala, beneficios adicionales o porque sus principios y valores sean inobjetablemente diferentes. Por ende carece de sensatez prolongar el desencuentro. Tal vez sí, encontremos subjetividades desencontradas.

En ese caos identitario cualquier cambio o transformación, es visto como un riesgo para la identidad y para la entidad, para la integridad de nuestro propio ser. Por lo tanto debe aniquilarse o asimilarse a lo uno, a lo igual. El otro es una anomalía, una discontinuidad, una amenaza. Lo diferente es patológico, inmoral, anormal o criminal. La identidad así interpretada es la base de lo absoluto, del absolutismo. La negación institucional de lo que no es yo (o nosotros).

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La unidad no implica ser idéntico sino aceptar la diferencia que supone estar con distintos en diferentes contextos. Para ello tenemos que aceptar la discontinuidad. Pensar y hacer en términos de identidad, de continuidad, es inducir al error y al delirio de que nada cambia.

Ese texto que somos se escribe todo el tiempo. Para no cristalizarse en dogmatismos necesita del encuentro con el otro. La nueva identidad narrativa crece en la medida en que los lenguajes se fusionan. Es fundamental esa mixtura. Para que la libertad no se vuelva autoritaria, violenta, negadora (y odiadora) de la diferencia.

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Se trata de organizaciones que representan a pequeños productores -sobre todo de los cinturones hortícolas- y que recientemente lanzaron en Mendoza la Mesa Agroalimentaria Argentina. Está conformada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI ST) y la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE).

Juan Manuel Rossi, el presidente de Fecofe (una serie de cooperativas que históricamente habían estado ligadas a la Federación Agraria), explicó a Bichos de Campo que desde este nuevo espacio se pretende ir dando solución a los problemas que afectan a sus representados, al tiempo que se reclama por la discusión de temas de fondo que hacen a la organización productiva.

“Lanzamos la mesa porque veíamos que no teníamos representación del gremialismo y con la idea de sumar actores. Hacen hace falta más productores, pymes, agroindustria. Sumando actores podemos ayudar a sacar el país adelante y poner en discusión el modelo agropecuario, el sistema financiero, la presión impositiva que sufrimos los productores, el esquema de comercialización, cosas que hay que discutirlas para poder llegar a una solución”, explicó el dirigente.

En esa primera respuesta, Rossi resumió sus preocupaciones y las del espacio del que participa. Escuchá la entrevista completa:

Con respecto al modelo agropecuario, Rossi dijo que es necesario debatir varias cuestiones, entre las que mencionó el uso y tenencia de la tierra y la ley de alquileres.

“Hay discutir desde la tierra, su uso y tenencia. Hoy tenemos un suelo muy descuidado, donde hay planteos productivos que se salen del agronegocio y tienden a la agroecología con el cuidado del suelo. Hay que poner en discusión si la agroecología es un sistema válido, si pueden convivir los dos sistemas, si solamente el agronegocio es sustentable y va a sacar el país adelante”, enumeró.

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Pero también cree Rossi que de la mano de esa primera discusión es necesario modificar el sistema de alquileres. Para eso pide un debate en el Congreso de la Ley de Arrendamientos. Hubo múltiples proyectos en danza las últimas décadas, pero ninguno prosperó.

“Empezaría por lo más básico que es una ley de alquileres. Hay que discutir el plazo (de los arrendamientos). No pueden ser una timba, que se rematen los campos una vez al año (en referencia a los contratos incidentales, que se renuevan cada campaña)”, expresó el presidente de Fecofé.

Para Juan Manuel, la actual lógica de arrendamientos agrícolas “significa que el que arriesga, el que produce, tiene que sacar el mayor provecho posible porque no tiene tiempo y ese campo se esquilma. Y así vemos en todo el país una desertificación generalizada, cada vez hacen falta más agroquímicos y fertilizantes para poder producir lo mismo y el suelo no tiene más vida”.

Pero además consideró que hay otras cuestiones a tener en cuenta en cuanto al acceso de nuevos productores a los campos.

“También están las tierras del Estado. ¿En manos de quien están y quién las puede producir? Podemos pensar en el arraigo en el interior, tenemos un país vacío, tenemos que plantearnos la vuelta al campo, pero todo eso implica políticas activas que requieren de leyes en algunos casos y en decisiones de política firme que no se ven hace décadas en el país”, explicó. Por el contrario, añadió: “Si uno mira los censos se ve la desaparición de productores”.

“¿Cuánto hace que no se ve un pueblo nuevo? si alguien quiere volver al interior o quedarse hay pocas oportunidades”, reafirmó el dirigente.

Existe además otro tema que preocupa a los productores hortícolas que suelen establecerse cerca de los grandes centros urbanos. “Este parece un tema tabú en la Argentina. La UTT ha presentado un proyecto de ley que sería como un Procrear rural, que implica que un pequeño productor que trabaja con en los cordones de la ciudad, y al que el alquiler le significa un costo muy importante, pueda tener acceso al crédito para comprar una parcela de 1 o 5 hectáreas y tenga plazo acorde a sus posibilidades. Esto debería ser ley lo antes posible”.

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Además Rossi dijo que la producción agropecuaria requiere de cambios en el sistema impositivo, que impliquen poner en marcha un esquema progresivo donde se favorezca el desarrollo de nuevos emprendedores y en el que paguen más los que ganan más.

“En los países desarrollados los pequeños productores pagan menos impuestos y los grandes más. En Argentina hay un desequilibrio fiscal importante. Uno quiere iniciarse y ser un joven productor y tiene que arrancar pagando impuestos a los que no puede hacer frente. Hay que ir a un sistema progresivo, el actual no da para más”, se pronunció el cooperativista.

El presidente de Fecofé además se refirió a la cuestión comercial y al rol que debería tener el Estado como regulador de las fuerzas del mercado. “La economía está dividida en tres: el Estado por un lado, la economía que depende del sistema privado, y la economía social donde nosotros nos posicionamos y que representa el 20% de la economía. El Estado debe estar ordenando, sin imaginarnos cosas del pasado y pensando para adelante con modernidad. ”, explicó Rossi.

El dirigente de “el otro campo” consideró finalmente que “habiendo políticas activas podemos hacer mucho más y que llegue el alimento a la mesa de los argentinos a precio justo y de calidad. Nos desvelamos por eso. Siendo productores nos duele haya gente que no tenga acceso a los alimentos”.

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Nada más cierto: lejos está el bloque de Sociedad Rural, Coninagro, CRA y la Federación Agraria de ser representativo de las comunidades campesinas, de muchas economías regionales, de los cinturones hortícolas, de las producciones más intensivas y de pequeña escala. Es muy cierto que sus discursos y su gestión no abarcan todo lo que sucede en el vasto agro argentino.

Pero a esta nueva Mesa también le falta algo…

Delante de los líderes de las tres organizaciones de pequeños productores que dieron forma a esta nueva organización se colocaron alimentos de todo tipo y color, de todas las regiones productivas, como manera de significar que esta agrupación representa a los productores ligados a sostener cotidianamente la alimentación de los argentinos. La otra Mesa, se sobreentiende, discute sobre todo sobre impuestos, rentabilidades y generación de divisas, y muchas veces ha perdido de vista la dimensión humana de los productores.

Algo de razón tienen, pero algo le sigue faltando a esta nueva mesa…

La declaración que marca el lanzamiento de la nueva agrupación, refleja el conflicto -o al menos la incomodidad- que existe entre ambas Mesas, una nueva más ligada a los intereses de la gente del pueblo y de los pequeños agricultores frente a otra vieja que solo expresa los intereses del agronegocios y que no parece preocuparse por  el impacto de la suba de los precios en la alimentación de la gente.

Por cierto no está del todo errada, pero algo le falta a esta nueva Mesa…

“Hoy, como a lo largo de la historia de la Argentina, se encuentra en tensión la visión sobre qué modelo agroalimentario debemos construir en nuestro país. El alimento y su acceso (o la imposibilidad de acceso) está en el centro del debate público y requiere de medidas urgentes por parte de todos los actores involucrados. Por eso hoy, desde ‘el otro campo’, varias voluntades unidas y organizadas nos damos la tarea de dar respuesta a la situación”, se presenta esta segunda Mesa, que dice representar exagerando a “cientos de miles de campesinos y campesinas, de pequeños y medianos productores y productoras, trabajadores y trabajadoras de la tierra a lo largo y ancho de nuestro país”.

La MAA estará, en esta primera instancia, integrada por la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), el Movimiento Nacional Campesino (MNCI Vía Campesina) y Fecofé, que es un desprendimiento cooperativo de la Federación Agraria. Dicen esas organizaciones, con justeza, que los productos del agro no son solamente una mercancía sino que cumplen una “función social esencial”. Tampoco se equivocan al reclamar políticas públicas que aseguren el arraigo de las poblaciones de productores y campesinos, y el acceso a la tierra para quienes las producen alquilando. La necesidad de créditos baratos. Son evidentes cuestiones en los que la política pública debiera trabajar.

Pero falta algo, sin duda falta algo.

Según una gacetilla de prensa difundida luego del acto, este agrupamiento surge “con el foco puesto en la urgencia de dar respuestas a la crisis alimentaria en nuestro país, garantizar el abastecimiento de alimentos de calidad y a precios justos, y con el horizonte de construir un modelo agrario que garantice la soberanía alimentaria”.

“Transformar el modelo agroalimentario argentino porque no aceptamos el hambre de ningún compatriota. No queremos más una argentina con hambre, no queremos más productores sin tierra, cooperativas que se funden. Queremos un país de pie y con soberanía alimentaria”, completó Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT y presidente del Mercado Central de Buenos Aires. Es decir, funcionario y militante del gobierno.

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El diagnóstico del presidente de FECOFE Juan Manuel Rossi, también es certero, porque etsá todo dado para trabajar. “Hoy argentina tiene el 92% de la población en grandes ciudades y solo un 8% en el campo, tenemos un país esperando ser producido. Nos hacen falta más actores, más productores más pymes, más cooperativas. Eso se hace con un Estado presente y con las organizaciones pensando la política”, indicó el ex federado.

Todo es muy cierto. Pero…

La Mesa Agroalimentaria Argentina, con evidentes intenciones de confrontar al menos publicitariamente con la Mesa de Enlace, se presentó sin haber formulado ni un solo cuestionamiento a los gobiernos y las clases políticas, que también han sido responsables de pulverizar el poder adquisitivo de la población. Ese empobrecimiento precipitado tiene mucha mayor responsabilidad en que haya argentinos que pasen hambre. Pero no tuvo ninguna mención: para la flamante MAA todo parece ser culpa de otros productores como ellos, quizás un poco más grandes y mejor vinculados con el mercado, pero productores al fin y al cabo.

Resulta triste. Según estas mirada maniquea, la culpa de que haya gente que pase hambre en la Argentina parece ser culpa solamente de quienes abonan un modero productivo diferentes y atado a intereses extranjeros y concentrados.

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Eso fue lo que falto. Una mínima crítica a la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que ye lleva año y medio y no ha dado ninguna muestra de querer avanzar en el sentido de que reclaman estas instituciones. Levaggi hizo mención a los 21 reclamos que el Foro Agrario Nacional presentó al gobierno actual luego de la campaña electoral, donde apoyaron activamente al oficialismo actual. Habría que revisar esa lista para darse cuenta de que poco y nada se hizo. Y eso es responsabilidad de la política, no del mercado de Chicago, ni de la demanda de soja de China, ni de los matarifes  malvados del conurbano.

Falto eso. La responsabilidad histórica de las distintas gestiones kirchneristas en el estancamiento de la ganadería o de la lechería, o en el fuerte crecimiento de la soja, o en el deterioro acelerado de muchas economías regionales es tan evidente que no puede ser omitido como se hizo. La persistencia de retenciones que castigan tanto al productor de 1 millón de hectáreas como al que tiene dos cabritos no puede ser simplemente omitida.

No se puede omitir el hecho de que entre el Censo Agropecuario 2002 y el reciente de 2018 desaparecieron el 25% de las explotaciones agropecuarias del país. Y esa concentración no es solo culpa de las reglas de juego sino también culpa de quienes nunca hicieron nada para modificarlas. Nunca, en 16 años.

Estuvo muy bien el lanzamiento del MAA. El paisaje mendocino era precioso y las intenciones parecían muy nobles. Pero les faltó algo.

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Eso dijeron en un comunicado de prensa las organizaciones que conforman un espacio denominado “El Otro Campo”, que son filo oficialistas aunque muestran de modo constante sus discrepancias con algunas políticas del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se trata de la suma de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI Somos Tierra) y la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE).

El próximo 30 de abril se vence la concesión del dragado y balizamiento del Paraná, el tercer río más navegable del mundo, que había sido privatizado por 15 años durante el gobierno de Carlos Menem y luego se extendió por 25 años con una discutida prórroga otorgada por Cristina.

Según estas organizaciones, “estamos en un momento bisagra donde poder transformar la estructura productiva depende fuertemente de políticas de Estado, y es ahí donde recuperar la Hidrovía es parte de la reconstrucción de la soberanía nacional para transformar el modelo del cual somos rehenes”.

“Es ahora cuando se deben tomar decisiones firmes en pos de promover la soberanía alimentaria en la Argentina: queremos un Río Paraná bajo control estatal y no en manos de los mismos grupos concentrados de siempre que acumulan multimillonarias ganancias mientras la pobreza sigue aumentando en el pueblo”.

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En sintonía, por otro lado, la denominada Mesa de Trabajo por la Recuperación Nacional elaboró un proyecto de ley para la creación de una empresa nacional de dragado como Sociedad del Estado, con el objetivo de devolver el control al Estado del dragado y balizamiento de las aguas fluviales argentinas.

El proyecto de ley que crea Enadrag SE plantea como objetivos “la recuperación por parte del Estado de los peajes, un mayor control sobre el comercio exterior, navegabilidad previsible, independencia logística, y la posibilidad de sustituir importaciones, y resguardar a los trabajadores del sector e impulsar la industria naval argentina”.

La Mesa de trabajo por la Recuperación Nacional es una agrupación política que congrega militantes gremiales y políticos. En diálogo con Télam, uno de los miembros de la mesa, Enrique Aurelli, sostuvo que “con una mirada transversal la mesa trabaja para recuperar la soberanía popular en cuanto a las decisiones y el manejo de los recursos estratégicos: recuperar el control soberano de los recursos”.

“La Argentina tiene una oportunidad histórica de volver a administrar sus vías navegables, impulsar su industria naval, y recuperar el control del tráfico del comercio exterior. Devolverlo a la esfera pública como eje del desarrollo”, indicó Aurelli.

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Por algún motivo, los responsables del área de comunicación de Presidencia decidieron no difundir el encuentro, pero sí lo hicieron hoy lunes los integrantes de UTT en redes sociales.

“Fernández valoró el recorrido y desarrollo que venimos acumulando desde las familias campesinas, pequeños y medianos productores y cooperativas, y manifestó su compromiso con la democratización de la tenencia de tierras en Argentina, los derechos campesinos y la pronta sanción de la Ley de Acceso a la Tierra”, señala un comunicado de UTT.

“El presidente aseguró que impulsará financiamiento y políticas públicas para sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario sustentable, justo e inclusivo en nuestro país. En ese marco nos comprometimos a trabajar conjuntamente en pos de garantizar precios justos de los alimentos para el pueblo argentino”. Añade.

Fernández, en la foto publicada por UTT, aparece sosteniendo una hoja en la cual puede  leerse “Apoyo la Ley de Acceso a la Tierra presentada por UTT”.

El proyecto, denominado en realidad “Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar”, propone destinar tierras fiscales y campos adquiridos con fondos públicos a agricultores familiares, quienes accederían a los mismos en el marco de un crédito hipotecario, que se emplearía tanto para pagar el inmueble como para construir una vivienda y desarrollar el proyecto productivo.

El Fondo Fiduciario administrado por Banco Nación, con una duración de cincuenta años, debería estar destinado a personas inscriptas en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) que tengan como ingreso económico principal la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

UTT estiman que con un fondo de 110 millones de dólares, al cual deberían sumársele la tierra productiva, unas 2000 familias podrían acceder a una hectárea propia para construir una vivienda y desarrollar un proyecto productivo.

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La iniciativa fue impulsada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra) y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), aunque la agencia promete que será independiente.

“Si bien nace de las organizaciones la idea es que sea un medio autónomo y profesional, no un órgano de prensa”, comentó a Bichos de Campo Maximiliano Goldschmidt, periodista y uno de los editores del medio.

El staff fijo está integrado al momento por cinco personas entre las que hay periodistas, fotógrafos y diseñadores. La agencia cuenta además con colaboradores distribuidos por todo el país que buscarán a darle una mirada más federal. El objetivo es poner sobre la mesa a los sectores del agro que no se alinean con la imagen tradicional del “gran campo”.

“Para nosotros ir a los territorios es muy importante y vemos que se está perdiendo en los medios. Hay una cuestión un poco económica -medios que se achican por tener menos presupuesto-, un poco tecnológica porque hoy es más fácil levantar de internet, y otro poco por la precarización. La idea de la agencia es volver a las fuentes del periodismo: ir a preguntar”, explicó Goldschmidt.

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— Agencia Tierra Viva (@Tierra_Viva_) October 28, 2020

Tierra Viva realizará un especial hincapié en los temas que en el último tiempo entraron en la agenda nacional, pero cuyo desarrollo data de varios años atrás: la soberanía alimentaria, la producción sustentable, la agroecología, los incendios y la propiedad de la tierra. El editor consideró que esta temáticas que parecían ser de nicho y atadas a un micro mundo mediático, hoy están en la superficie y es la oportunidad de expandirlas.

La entrada Tierra Viva: Los movimientos de pequeños productores y campesinos ya tienen su propia agencia de noticias se publicó primero en Bichos de Campo.

“Somos más de 30.000 pequeños y medianos productores que poseemos más de la mitad de las más de 400.000 cerdas madres de que dispone la Argentina. No somos de subsistencia, sino de ‘resistencia’ a las sucesivas políticas orientadas a profundizar la concentración económica y expulsión de los de menor escala”, indica la propuesta firmada por la Federación Nacional Campesina (FNC), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y el Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas Sin Tierra (MNCI-ST).

Es algo exagerada la cifra de 30 mil productores, ya que desde el propio Estado se ha difundido una cifra mucho más moderada, de entre 6 y 8 mil establecimientos dedicados a la producción de cerdos en el país. Pero hay algo cierto: hay algunos miles de pequeños y medianos criadores.

La ventaja comparativa de Argentina para producir carne porcina –dicen estas organizaciones- está en la oferta de granos baratos y en la existencia de productores familiares y técnicos con gran experiencia en este tipo de producción.

Exclusivo: Cancillería busca que se instalen 25 mega granjas de 12 mil cerdos para China, que crearían casi 10 mil puestos de trabajo directos

Para poner en marcha esa potencialidad, estas organizaciones proponen crear un Programa Nacional de la Producción Porcina (PNPP) “con el propósito de incrementar la producción destinada a cubrir la demanda de China”. Deberá ser coordinado por el Estado y contar con participación activa de productores, técnicos e investigadores.

Otra de las propuestas es estructurar un Ente Argentino para la Comercialización de la Carne Porcina (EACCP) para “generar las condiciones logísticas, financieras y técnicas para impulsar la producción y exportación, hacer acuerdos comerciales con otros países y hacerse cargo de la comercialización exterior del producto”.

Uno de los principales argumentos para la producción en criaderos de menor escala es el bajo impacto ambiental, así como el bajo costo de mantenimiento de los cerdos. En rigor, se plantea llevar adelante un pastoreo a base de “cosechas perdidas”, producciones frutihortícolas rechazadas y balanceado mezclado con insumos que garanticen su calidad nutricional.

En cuanto a los residuos generados por los sector, este plan afirma que serán distribuidos en las parcelas agrícolas, evitando el gasto en fertilizantes y mecanismos de esparcimiento de efluentes.

El proyecto supone además poner a trabajar a mano de obra ociosa: “Se requiere de 1 trabajador cada 25 o 30 madres. En cambio las mega granjas solo requieren 1 trabajador cada 100 madres, lo que logran haciendo fuertes inversiones de capital en mecanización, alto gasto de energía fósil, insumos farmacológicos, uso de alimentos que podrían ser usados por humanos y estrés animal por hacinamiento”.

¿Qué piden estas organizaciones para lograr que su propuesta sea efectiva? Financiamiento en infraestructura, capacitaciones, creación de cooperativas de comercialización, impulso a Pymes, apoyo a instituciones de respaldo técnico científico y un precio mínimo garantizado en el valor del maíz.

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Era un filón de dinero el que estaba en juego, pues el gobierno de Alberto Fernández había autorizado gastar unos 550 millones de pesos para adquirir poco más de 4.000 toneladas de aceite, lentejas, arroz, azúcar y fideos semolados. Esto es un precio promedio de 137 pesos por kilo.

Ver Por la emergencia, el gobierno gastó casi 550 millones de pesos en alimentos: Los pagará más caro que sus propios “precios máximos”

Ya es historia vieja: se abrió una investigación judicial, Desarrollo Social removió a varios funcionarios y el propio Alberto anunció que se anulaban esas compras. Nadie agradeció al periodismo por los servicios prestados…

El aprendizaje social de este episodio fue que un selecto grupo de empresas intermediarias se aprovechaban de la situación (incluso usaron varias razones sociales para vender más en una misma licitación) para venderle alimentos al Estado con sobreprecios muy exagerados, con la excusa de que es un “mal pagador”, que demora hasta seis meses los plazos de pago, y que venderle alimentos representa una logística muy complicada. También se supo que estas empresas actuaron frente a los gobiernos de diferente signo político. No había ideología, había negocios y favoritismos.

La mejor prueba de todo esto la aportó un productor de alimentos al que estos intermediarios (casi todos) habían acudido para presentarse a esta licitación. Según contó el sitio Infobae, la aceitera santafesina Tanoni Hermanos, que produce el aceite marca Indigo, se lo había vendido a la empresa Copacabana a casi 96 pesos, pero el Estado iba a pagar por esa misma botella 159 pesos. Una intermediación que nos costaba a todos más del 60%.

Frente a tanta evidencia de que el Estado estaba siendo embaucado de modo reiterado, además de dar marcha atrás con esa controvertida compra, el presidente Fernández tomó otras iniciativas. Una de ellas la contó en su cuenta de tuiter el sábado pasado: junto al ministro Daniel Arroyo mantuvo una reunión con el empresario Luis Pérez Companc, titular de la empresa Molinos Río, una de las grandes productoras de alimentos del país. “Conversamos sobre la posibilidad de que el estado, que adquiere 12 millones de toneladas de alimentos, pueda comprarlos directamente a los productores, sin intremediarios”, informó el primer mandatario.

Recibí en Olivos al empresario Luis Pérez Companc, titular de Molinos Río de La Plata, con quien conversamos sobre la posibilidad de que el Estado, que adquiere 12 millones de toneladas de alimentos, pueda comprarlos directamente a los productores, sin intermediarios. pic.twitter.com/IwIoxYylBv

— Alberto Fernández (@alferdez) April 11, 2020

En la empresa Molinos Río prefirieron no contestar a las preguntas de Bichos de Campo sobre lo que se habló en el despacho presidencial. Pero los que sí se mostraron inquietos fueron muchos dirigentes agropecuarios, que expresaron su temor de que el Estado centralice a partir de ahora sus compras de alimentos en grandes compañías alimenticias, que por cierto podrían reducir los costos de esa mercadería al eliminar la intermediación, pero que no garantizan que estas compras sociales derramen beneficios entre los productores primarios de esos alimentos.

Juan Manuel Rossi, de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), se hizo la misma pregunta: ¿No se podría aprovechar esta situación para convocar a las decenas de cooperativas que existen en el país y que podrían participar de la provisión de alimentos para los planes sociales del Estado? ¿No sería esta una manera de bajar costos para el sector público y al mismo tiempo permitir que surjan fuentes de ingresos genuinas en muchos pueblos del interior. Esto además de permitir lo que muchos políticos siempre dicen y casi nunca promueven: que se agregue valor en las zonas de producción, convirtiendo los granos en alimentos listos para el consumo.

En el caso del FECOFE y otras cooperativas asociadas, y que ya producen todo tipo de alimentos elaborados, hay una experiencia muy interesante de estudiar, que es el acuerdo entre esta organización de chacareros con la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), que agrupa a su vez a miles de pequeños horticultores de los periurbanos. Unos ponen la verdura y los otros alimentos más elaborados, y juntos venden en los denominados “almacenes populares” de la UTT en diferentes puntos de la ciudad.

Ver Con fines solidarios, se produjo un inédito acercamiento entre una organización de chacareros y otra que agrupa a los quinteros

Nada es más sencillo para el gobierno que aprender de esta experiencia y ver la posibilidad de replicarla en un sistema de compras estatales. Es que el principal referente de la UTT, Nahuel Levaggi, acaba de ser designado como representante de la Nación en el cargo, nada menos, que de presidente del Mercado Central de Buenos Aires, el ente concentrador de alimentos más importante del país. Allí incluso una de sus primeras propuestas fue designar una nave o espacio específico para que los pequeños productores puedan ofrecer directamente sus cosechas, sin intermediarios.

De estas cosas hablamos en la columna en el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con Vos:

Pero el andamiaje cooperativo es mucho más poderoso que esta expresión, que quizás no tenga la envergadura suficiente para atender las demandas de un Estado que cada vez requiere comprar más alimentos, por la sencilla razón que cada vez hay más pobreza y exclusión por atender.

Con raigambre sobre todo en Santa Fe, pero con presencia en 9 provincias, también están las cooperativas de AFA (Agricultores Federados Argentinos) desde hace rato tratando de agregar valor a los granos que les entregan sus 36 mil productores asociados. Bajo ese paraguas, por ejemplo, funcionan desde hace años una planta aceitera (con capacidad de refinar y fraccionar la producción) y una planta clasificadora de legumbres, que también ofrecen alimentos listos para el consumidor.

De hecho, Bichos de Campo entrevistó hace un tiempo a Jorge Petteta, el presidente de esa cooperativa ligada históricamente a la Federación Agraria, en una actividad en la que justamente se estaban promoviendo los alimentos terminados elaborados por este grupo de cooperativistas.

Jorge Petteta: “Muchos confunden a AFA con la Asociación del Fútbol Argentino”

Otra experiencia muy interesante, aunque incipiente, vinculada a la provisión de alimentos directamente de los productores a los planes alimentarios de un estado, en este caso de una provincia, es el acuerdo que el gobierno de Río Negro suscribió con la Federación de Productores de Fruta de peras y manzanas, para aprovisionar de esas dos frutas (pero también de cítricos dulces y de bananas norteñas, mediante acuerdos con otras gremiales regionales) a las escuelas de ese distrito.

Ver ¿Se viene el “clearing de frutas”? Bananas del norte y cítricos del litoral a cambio de peras y manzanas del Alto Valle

Los detractores de este tipo de proyectos indican que, más allá de la buena voluntad de los cooperativistas por convertirse en proveedores del Estado, sus frágiles organizaciones de la economía social no tienen la espalda suficiente como para soportar los largos plazos de pago que tanto servían de justificación para los sobreprecios de los intermediarios. Pues allí perfectamente se puede instrumentar una ingeniería financiera con el Banco Nación y otros bancos públicos, que alivie ese riesgo sobre el sector cooperativo.

Y es aquí cuando hay que detenerse en otras de las entidades rurales de la Mesa de Enlace, Coninagro, que justamente representa a un gran número de cooperativas agropecuarias, que incluyen hasta aseguradoras muy prestigiosas en el mercado local. Durante muchos años, la cooperativa más importante de las que integraban Coninagro era la láctea SanCor, que ahora cayó en desgracia pero conserva una gran capacidad ociosa para la producción de productos terminados. Otra socia fundacional de esa entidad es ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), que no tiene nada que envidiarle a Molinos Río, pues también está en el lote de las diez principales exportadoras de granos de la Argentina.

ACA tiene un despliegue envidiable en todo el interior productivo. Tiene un total de 147 cooperativas de base con las que se interrelacionan unos 50 mil productores, desplegadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero. Las hay de cereales pero también de muchos otros rubros productivos. Por ejemplo, ACA es dueña de la mitad del frigorífico Fridevi, de Viedma, que pasó a la historia recientemente por ser el primero que envió carne vacuna argentina a Japón.

No es difícil para Alberto y Arroyo adentrarse en este entramado productivo de la economía social, pues el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, también acaba de probarse el traje de funcionario como representante del sector en el Consejo Directivo del INAES, el instituto para la economía social que preside Mario Cafiero, el tío de Santiago, el jefe de Gabinete de este gobierno.

Iannizzotto es mendocino y proviene de de otra cooperativa de gran envergadura, Fecovita, pero en este caso no sería recomendable que participe en las compras estatales de alimentos. Fecovita agrupa a 29 cooperativas vitivinícolas, que a su vez se proveen de unos 5.000 viñateros de la zona del Cuyo. Es uno de los grandes jugadores del negocio local del vino. A las pruebas me remito:  su marca más popular es el Vino Toro.

Silvina Campos Carlés, economista de Coninagro, nos aportó un cuadro que (aunque con datos que deben ser actualizados) marca la importancia que tiene el cooperativismo en el entramado de producciones agropecuarias. La mayoría de las actividades tienen cooperativas. Las hay arroceras, las hay yerbateras, las hay tealeras, las hay frutícolas, las hay hortícolas, las hay de porcinos. Y así. Su participación en el mercado suele ser mucho más rfelevante de lo que parece.

¿Podrá pasar la Argentina de un sistema de compras estatal de alimentos cargado de sospechas y de sobreprecios a otro mucho más transparente que además permita la participación de actores de la economía social? Las cooperativas agropecuarias son un entramado que tiene más de cien años de historia y ha sido clave para la configuración económica y territorial de la Argentina. La primera cooperativa del país se fundó entre 1855 y 1858 y fue la “Asociación Panadería del Pueblo”, de Paraná (Entre Ríos). En tanto, la primera experiencia cooperativa en el sector rural argentino fue la “Sociedad Cooperativa de Seguros Agrícolas y Anexos Ltda. El Progreso Agrícola”, de Pigüé (Provincia de Buenos Aires), fundada en 1898.

¿No será momento de pensar qué pueden aportar las cooperativas agropecuarias a los planes alimentarios del gobierno? Si quieren ahondar, hace un tiempo hicimos un programa especial de Bichos de Campo dedicado a mostrar a este jugador del sector. Solo hay que animarse, entrar y conocerlo.

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