Lo reveló este jueves el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo “Willy” Bernaudo, quien encabezó la segunda reunión del año de la Comisión Asesora que regula el régimen de promoción forestal establecido por la Ley 25.080.

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“Podemos decir que estamos literalmente al día con el Régimen de Promoción de la Ley 25.080. Actualmente se encuentran en la próxima resolución de pagos, expedientes correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, algo impensado unos años atrás, donde el atraso era promedio de 5 años”, señaló Bernaudo.

Luego precisó que el denominado “Seguro Verde” permitió la inyección al sistema de 432 millones de pesos desde su puesta en marcha a comienzos de este año. Ese era el monto de deuda histórica, más o menos, que arrastraba el Estado por los planes forestales.

Es decir que gracias al aporte compulsivo impuesto a los conductores que pagan su seguro automotor, el sector público logró ponerse al día con uno de los sectores productivos con más posibilidades de desarrollo en el país. Siempre se dice que la Argentina tiene potencial para tener 5 millones de hectáreas de bosques implantados, pero desde hace más de 20 años de vigencia de la ley forestal está estancada esa superficie en 1,3 millones de hectáreas. En buena medida ese fracaso se debe a los atrasos en los pagos a las nuevas forestaciones.

El comunicado oficial que dio cuenta de esta buena noticia para los forestadores dice que “el Seguro Verde es un compromiso público privado entre el Ministerio de Agricultura, la Secretaria de Ambiente y la Superintendencia de Seguros de la Nación y 12 compañías de seguro para reducir la huella de carbono de autos, motos y camiones”.

Mediante este acuerdo, que fue motorizado a princpio de 2018 por el ex empresario Nicolás Larrahague, a quien Mauricio Macri puso al frente de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto industrial, esas empresas aseguradoras afirman destinar el 1% de cada póliza de seguro de auto, motos y camiones que emiten hacia el sector forestal. Las compañías de seguros afirman que ese dinero se lo hacen ahorrar al cliente al dejar de emitir las facturas en papel y digitalizar las operaciones. Pero en rigor no hay constancia de nada de eso y lo más probable es que el aporte -que no está reglamentado por ley o por resolución alguna- termine siendo cargado a las facturas.

El sistema, en rigor, está basado en una Resolución conjunta entre Seguros y Agroindustria que solamente dispone la creación del Programa de Sustentabilidad Ambiental y seguros (Prosas), el cual tendría como objetivo hacer frente a los pagos derivados de la Ley 25.080 pero además podría “destinar el 10%de sus recursos al desarrollo de actividades tendientes a fomentar la cultura aseguradora en la República Argentina”. Nada dice esa norma de cómo se generan esos recursos.

Recién en octubre de 2018, en una nueva resolución de la Superintendencia de Seguros define que los montos surgirán del 1% de todas las pólizas emitidas, aunque solo de aquellas compañías que acepten firmar un acuerdo voluntario. El mecanismo no prevé una consulta a quien asegura su auto y paga el seguro, quien finalmente así termina subsidiando a otro actor económico privado, con intervención previa del Estado.

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Lo grave es que no hay modo alguno de controlar hoy el flujo de esos aportes en las páginas de los organismos que intervienen en este proceso. En la Dirección Forestal ni se menciona el Seguro Verde. Y en la página web de este programa en la Superintendencia de Seguros tampoco se encuentran datos exactos sobre tal volumen de flujo de fondos, estimado en unos 650 millones de pesos anuales,

“Sitio en mantenimiento. Este sitio no está disponible momentáneamente, volvé a intentar más tarde. Muchas gracias”, contesta la página de Presidencia sobre el Seguro Verde si uno hace click en el botón que ofrece “Informes de gestión”.

Es decir que, detrás de un fin loable como es el de impulsar la forestación, cohabita un programa público-privado que ofrece muy poca transparencia sobre la administración de fondos que finalmente salen de los bolsillos de los conductores de automóviles, por más que las empresas aseguradoras afirmen que se trata de un ahorro.

Como sea, la noticia era que el sector forestal está de parabienes con la cancelación de una deuda histórica. En la reunión de la cadena, Bernaudo informó que en lo que va del año se pudo ejecutar más de 350 millones de pesos en pagos de subsidios a las nuevas forestaciones y avisó que “próximamente entrará una nueva resolución de pagos por alrededor de 170 millones de pesos, también financiada por el acuerdo Seguro Verde”.

Contra lo que apuntamos en Bichos de Campo, en el comunicado oficial que da cuenta de esta buena noticia se subrayó además “el nivel de transparencia como eje de la gestión. En esta línea, se revalorizó el regreso de la Comisión Asesora, un ámbito que permite discutir y resolver cuestiones inherentes a la aplicación de la Ley 25.080, con el acompañamiento de técnicos, empresas, productores, representantes de las provincias y personas vinculadas al sector que suman ideas, opiniones y fortalecen así el régimen de promoción”.

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En internet podemos hallar versiones de que los aborígenes de la etnia guaraní “comían” la madera del Yacaratiá. En otros textos, que “se hidrataban” con su savia. Esto es falso, porque la madera es dura y su savia es amarga, y tampoco es comestible si no se la procesa. Justamente ese es el proceso desarrollado por Pascutti. En la literatura internáutica también podrán leer que este ingeniero dio con una leyenda en la que se hacía alusión a que los aborígenes comían madera. Pues no hay ninguna leyenda que narre esto. Sólo Pascutti creó una leyenda para difundir su descubrimiento. 

La verdad es que Pascutti dio con un texto del año 1870, de un jesuita llamado Basalduá, que contaba que los aborígenes comían con deleite unas larvas que se generaban de los árboles de Yacaratiá ya caídos, y que les eran riquísimas en proteínas. Estos gusanos son de color blancuzco, del tamaño de un dedo gordo de la mano, y sólo crecen en este árbol y en el Pindó. La madera del Pindó no es posible de ser transformada en comestible como la del Yacaratiá. Parece que los guaraníes pinchaban estos gusanos con palitos y los calentaban al fuego y los comían como brochettes. Por eso al Yacaratiá los pobladores lo llamaron “árbol de pan”, no porque lo comían sino porque les proveía del “pan”, del alimento de las sabrosas larvas, al pudrirse su madera.

Pascutti comenzó a inducir que si las larvas eran ricas en proteínas, pues entonces el Yacaratiá debería ser rico en minerales, vitaminas y fibras dietarias. Y acertó.  Esta madera es rica en minerales, como lo es la misma tierra misionera. La Yacaratiá es una de las plantas que más magnesio posee en el mundo.

El ingeniero químico y forestal que hizo este hallazgo era santafesino y hace cuarenta años se había ido a trabajar con su familia a la provincia de Misiones para la empresa Celulosa Argentina. En aquella provincia estuvo a cargo del Laboratorio del Área de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Forestales y ejerció la docencia durante más de 25 años, incluso en la ciudad misionera de Puerto Rico. Además fue Jefe de Planta en Puerto Piray.  Aquel laboratorio hoy lleva su nombre, y también, una calle de la ciudad de Eldorado, donde se afincó definitivamente.

El visionario ingeniero patentó su idea de volver comestible a la madera del Yacaratiá, que no estaba en el código alimentario, y se fue a presentar su proyecto de investigación en la Universidad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Le llevó cinco años demostrar que era comestible, superando todas las objeciones pertinentes. Luego, a lo largo de los años fue obteniendo, por su método, numerosos premios nacionales e internacionales.

Luego el ingeniero falleció, pero su esposa Vanina continúa hasta hoy con el revolucionario proyecto, junto a a su hija Marisa. Para ayudar al turista, hay carteles en la Ruta Nacional 12 que indican cómo llegar al Rincón del Yacaratiá, como llaman al lugar donde tienen la fábrica y el ‘showroom’, con la fabricación a la vista, sito en la calle Guimaraes, del kilómetro 8 de la ciudad de Eldorado, muy cerca del centro.

“Yacaratiá Delicatessen” es marca registrada y ha sido declarada de interés provincial por la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, en mayo de 2016. También han recibido el Premio al Emprendedor Agropecuario que otorga el Banco Francés.

Vanina me señala que en la provincia de Misiones, para proteger la flora de la deforestación, se sancionó una Ley de Bosques. Por efecto secundario, esa ley vino a favorecer el desarrollo del turismo y a proteger al Yacaratiá, que crece de modo silvestre y sobrevive gracias a que los bosques lo protegen de las heladas. Me aclara Vanina que no utilizan árboles en pie, sino sólo los ya caídos, y que no siembran ni pretenden producir a gran escala, sino mantenerse con un pequeño volumen sin alterar la ecología de los bosques. Han tenido ofertas de empresas para producirlo en escala, pero no han aceptado.

Cada mes recolectan unos tres árboles caídos, y con eso producen unos 500 kilos de madera de Yacaratiá. En el proceso, se corta el árbol en tirantes y luego en forma como de machimbre, de media pulgada por un metro y, en una cocina especial,se la que la lleva a temperaturas extremas donde rompe su estructura molecular. Luego de 40 horas de cocción la madera pasa a ser blanda. Más adelante se la pasa por muchos procesos. Por ejemplo: durante los primeros lavados, el jugo que se extrae se tira, porque es ácido. Luego al jugo que sigue soltando (la Yacaratiá posee un gran porcentaje de agua) se lo comienza a almacenar para ir elaborando el néctar o miel de la madera.

Con la viruta elaboran mermeladas de madera, mezclándolas con pulpa de papaya o mamón, mango, frambuesa, rosella, frutilla, naranja, mandarina, kinoto, arándanos, etcétera. Las mermeladas se hacen con frutas de estación. Por eso van variando.

También hacen “maderitas” con jugos de la madera, almíbar, y otros con miel de abejas. En este caso, se endulza una tabla de madera para conservarla. Y con esa tabla como base se elaboran los siguientes productos para comercializar: 

• Alfajores: son dos tapas de madera con relleno de mermelada a base de viruta, de diversos sabores, y bañados en chocolate.  Éstos sólo se distribuyen por la provincia de Misiones.
• Bombones de madera bañados en chocolate y algunos contienen además, mermeladas de frutos regionales. 
• Granola de madera.
• Bastoncitos dulces de madera frita.
• Frascos de Tabla confitada de Madera, en almíbar.
• Dulces artesanales hechos de Madera con sabor a kinoto, etc.
• Néctar de madera, en frascos de 250 cc. y de 100 cc.

Pero además proveen de estas maderas en tablas o trocitos o en virutas a otros emprendedores que las utilizan para elaborar un Helado de Madera de Yacaratiá en Puerto Iguazú, una verdadera delicia a manos de un reconocido chef de cocina, o una Cerveza Artesanal de Madera de Yacaratiá. También proveen a muchos restoranes de Buenos Aires porque sus cocineros utilizan sus delicatesen para elaborar fantásticos platos gourmet.

Nos advierte Marisa de Pascutti, madre de Vanina, que si uno pasa por Eldorado se sorprenderá que no son ellas las únicas que venden la madera de Yacaratiá, siendo las únicas autorizadas y poseedoras de la patente del método de fabricación, sino que también lo hacen algunas señoras al borde de la ruta, y sobre todo una, que entre las mermeladas de muchos sabores que elabora, incluye a la de “madera de Yacaratiá”. Aclara que ninguna de estas personas tiene autorización para hacerlo, ni respeta el riguroso procedimiento que le aprobaron a Pascutti. Por este motivo le han iniciado acciones legales.

Actualmente están exportando en pequeñas cantidades a España, Irák, Turquía, Italia y Miami, puntualmente a restoranes o a bartenders, y ya se pueden degustar sus productos en Puerto Madero, Caminito de La Boca, Tigre, en Buenos Aires y alrededores.

En honor al espíritu ecológico de madre e hija tan emprendedoras, nos despedimos con “El canto de la motosierra”, un chamamé de y por el prestigioso cantautor misionero Jorge Suligoy, basado en textos del gran poeta Martínez Ávila.

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“Uruguay ha demostrado una visión consistente a largo plazo en el desarrollo de las condiciones necesarias para atraer la inversión extranjera, construyendo las bases para el desarrollo industrial”, dijo Jussi Pesonen, presidente y CEO de UPM, al confirmar la radicación de una segunda planta, además de la ex Botnia ubicada en Fray Bentos, sobre el Río Uruguay, enfrente a Gualeguaychú.

Según informó el diario El País, la nueva fábrica de celulosa estará ubicada en Durazno, en una zona franca, y tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas de celulosa por año (la de Fray Bentos tiene 1,3 millones). Levantarla requerirá una inversión de 2.700 millones de dólares, pero además UPM invertirá otros 350 millones en el puerto de Montevideo e instalaciones locales en Paso de los Toros, según informó la empresa en un comunicado.

Estas últimas implican la construcción de una terminal especializada en celulosa en el puerto de aguas profundas de Montevideo con una inversión de aproximadamente 280 millones de dólares con acceso directo del ferrocarril. Además la construcción de soluciones habitacionales en Paso de los Toros y el financiamiento de la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales municipales y la restauración del vertedero municipal en Paso de los Toros que requerirá un desembolso de unos 70 millones.

Las obras demandarán dos años y medio por lo que se prevé que la planta recién esté operativa en la segunda mitad del año 2022.

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Durante la construcción, UPM informó que se empleará un máximo de 6.000 personas, pero una vez finalizada la misma se estima que se crearán cerca de 10.000 empleos permanentes en toda la cadena de valor, de los cuales unos 4.000 serán empleados directos de UPM y sus contratistas. Además, se estima que unas 600 empresas estarán trabajando en la cadena.

La empresa justificó la inversión en base a que “la demanda de la celulosa cuenta con una perspectiva saludable a largo plazo, especialmente en Asia. El sólido crecimiento del mercado se basa en las grandes tendencias mundiales de los consumidores que impulsan la demanda de papel, papel higiénico, embalaje y papeles especiales. El crecimiento de la tendencia anual de la demanda de celulosa en el mercado global sigue siendo de aproximadamente 3%”.

Pesonen agregó en este sentido en el comunicado que “durante la última década, UPM ha desarrollado una base forestal adicional en Uruguay y ha creado un negocio de celulosa impulsado por el mercado con una amplia base de clientes en los crecientes usos finales. Al mismo tiempo, hemos mejorado constantemente nuestro rendimiento financiero y hemos logrado un sólido balance verdaderamente líder en la industria. Ahora tenemos la oportunidad de dar este paso transformador y capturar las oportunidades que presentan los mercados de atractivo crecimiento de manera sostenible y altamente competitiva”.

Con esta planta UPM prevé aumentar la capacidad actual de celulosa en más del 50%. Además “una vez finalizada la construcción, se estima que la planta aumentará el producto bruto de Uruguay en aproximadamente un 2% y el valor anual de las exportaciones del país en aproximadamente un 12%, según indican estudios socioeconómicos independientes”, informó la empresa.

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Mientras tanto, en la Argentina el gobierno de Mauricio Macri hace esfuerzos, todavía vanos, para tentar a inversores del calibre de UPM. Es que desde el conflicto que el gobierno de Kirchner mantuvo con Uruguay en 2007 por la radicación de la primera papelera en Fray Bentos, la famosa Botnia, aquí se vive una suerte de parálisis de la actividad forestoindustrial y se estima que hay unas 100.000 hectáreas de masas boscosas desaprovechadas, especialmente en la provincia de Corrientes.

Luego de aquel conflicto, la ex Botnia pasó a manos de UPM en 2009. Había inciado sus operaciones en noviembre de 2007. La celulosa allí producida se envía en barcaza desde la fábrica hasta el puerto de aguas profundas de Nueva Palmira para su carga en buques transoceánicos con rumbo a Europa y Asia.

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Varias fuentes consultadas por Bichos de Campo entre empleados, sindicalistas y funcionarios jerárquicos de Agroindustria coincidieron en responsabilizar al director nacional de Forestación, el empresario del rubro Nicolás Laharrague, de la situación planteada tras los despidos de Roberto Benítez y Jorge Punta Raffo, que fueron anunciados el 5 de junio. Desde ese momento, todos los empleados del sector mantienen una protesta que paraliza la actividad, a la espera de una revisión de una medida que consideran injustificada.

La parálisis en esa Dirección Nacional ya lleva más de diez días. Durante ese lapso, Laharrague apenas pisó su despacho algo más de tres horas, entre las 7,40 y las 10 de la mañana del pasado jueves. Luego de eso no se supo más nada.

“Hay una situación de diálogo completamente rota. El director nacional se fue abucheado por todos los agentes hace diez días y pidiendo que lo escoltara la seguridad de Agroindustria. Luego mandó a que cambiarán la cerradura de todo el edificio y los agentes debieron esperar en el patio y en el comedor más de una hora y media para poder ingresar”, relató uno de los empleados.

En los últimos meses, el empresario misionero designado allí por el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, recibió cuestionamientos por su indisimulable vínculo con una de los princpales grupos forestales del país y con la Asociación Forestal Argentina (AFOA).

La Revista Noticias, el mes pasado, denunció que una de las firmas de su familia Lagarrague había cobrado más de 4 millones de pesos en subsidios por planes forestales de años anteriores. De todos modos, la Oficina Anticorrupción analizó el caso de este funcionario y consideró que no había incompatibilidad, por cuanto Laharrague había renunciado tanto a los directorios de esas empresas como al cargo que ocupaba en AFOA hasta fines de 2017.

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Lo que más cuestionan a Larrahague los empleados en rebeldía de la Dirección Nacional de Forestación es que los dos despidos en el área -que se suman a una tanda mucho mayor sucedida en abril de 2018-, no tienen ninguna justificación razonable y que exceden los requerimientos de ajuste reclamados por la Secretaría de Modernización.

Por un lado se sospecha que Punta Raffo fue echado por desplegar actividades gremiales. Por el otro, que Benítez, que era coordinador de toda una sección, corrió la misma suerte simplemente por no compartir algunas visiones técnicas con el empresario devenido a funcionario.

En este caso conviene detenerse. Benítez trabajaba en Agroindustria desde 1998 y llegó a ser coordinador de un área llamada SIG (Sistema de Información Geográfica) y teledetección. Desde esa posición, tenía a su cargo desde 2006 un sistema de control que él mismo había diseñado, a través del monitoreo satelital y el posicionamiento por GPS de todos y cada una de las nuevas plantaciones que el Estado debería subsidiar.

Por la Ley 25.080, la Secretaría de Agricultura devuelve un porcentaje del costo de plantación de esos nuevos bosques luego de verificar que la plantación haya sido efectivamente lograda. El trabajo de Benítez y del equipo del SIG (que desde que ingresó Laharrague se vio reducido de 23 personas a solo 11), era justamente realizar la detección satelital de esas plantaciones, para determinar la superficie forestada con exactitud y evitar así el eventual desvió del subsidio a pagar.

Tras varios choques con Benítez por el ajuste creciente en ese sector, según fuentes gremiales, Laharrague decidió librarse de él pidiendo a Recursos Humanos de Agricultura que evalúe su reubicación, considerando que el trabajo informático ya había sido hecho y anunciando la fusión del SIG con otro sector, más dedicado a analizar la factibilidad técnica de cada proyecto forestal que a controlarlo. Pero en vez buscarle otro lugar de trabajo, a las 48 horas Agroindustria argumentó que no tenía otra función para asignarle y directamente decidió no renovarle el contrato informal que desde hace más de dos décadas lo ligaba al organismo.

“¿Cómo (Laharrague) no va a tener funciones, si la función primordial de su Dirección es controlar que haya plantaciones, para luego pagar el subsidio? ¿O será que no quiere controles?” Eso sugirieron los empleados que se manifestaron en solidaridad con Benítez y reclaman que sea reincoporado a su cargo.

Los cruces de los técnicos de carrera con Laharrague no se limitan a estos dos despidos. También se le cuestiona la llamativa decisión de conformar un área especial dentro de la Dirección para que sean tramitados con mayor celeridad los pedidos de beneficios fiscales contemplados en la Ley 25.080, que casualmente suelen recaer en los empresas forestales más grandes alineadas en AFOA. Para crear ese área, según las denuncias, retiró personal que era necesario en otras oficinas más sensibles, como la propia SIG

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“Empezar con un trabajo de cruzamiento controlado, pasando por la elección de padres y madres que nos den un material con las características deseadas, hasta que uno pueda incorporarlo al mercado y llegue a mano de los productores, puede llevarte hasta 15 años, por lo que requiere un trabajo minucioso y mucho tiempo”, comenta Monteverde sobre su propio trabajo. Paciencia.

Mirá lo que nos decía Silvana Monteverde:

Monteverde dice que su trabajo en la experimental del INTA, que está recostada sobre el río Paraná de las Palmas, es “variado, según la época del año. En invierno tenemos más trabajo en invernáculos, en donde hacemos los cruzamientos controlados, porque en ese período los árboles no crecen y entran en período de reposo. También hacemos mediciones de ensayos e instalación de nuevos materiales, y luego tenemos el trabajo de oficina en donde procesamos la información, tratamos de escribir informes técnicos para llegar a los productores, participando con ellos de modo activo”.

Monteverde, que es especializa en la familia de plantas salicáceas, sobre todo en álamos, trabaja en la EEA Delta desde hace 8 años, y relata que comenzó el objetivo central de su trabajo es “obtener materiales pensando en el uso sólido de alto valor”. Para eso, va cruzando

Para ello, hace múltiples cruzamientos controlados de variedades preexistentes. Se trata de “un proceso súper delicado y detallista. Hay que tener en cuenta que el polen del padre no se mezcle con el de la madre; además, las semillas son muy chicas. Desde el crecimiento de estas hasta que podés llevarlas al campo, y luego ver los resultados, los productores ven tu trabajo todo el tiempo. Entonces el regocijo es diario. Obvio que el broche es poder entregarlo al mercado y contar con mayor variabilidad y materiales de mejor calidad para que la forestación adquiera más empuje en el país”.

Llegar a esta experimental significó para Silvana un gran aprendizaje. “Yo soy de Entre Ríos y venía de trabajar en un programa de mejoramiento en pasturas. Silvia Cortizo, con quien trabajo, fue quien me ayudó a formarme. Y junto con mis compañeros adquirí herramientas, pero también te ayudan los productores y las prácticas a campo día a día”, relató la investigadora.

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En esta escondida filial del INTA, Ceballos dirige a investigadores de todo tipo: los hay especializados en especies forestales (en sauce y álamo, que son los árboles implantados en el lugar), los hay en ganadería bovina, los hay en medio ambiente, los hay en apicultura y hasta hay quien se dedica a los pescadores artesanales. Son las actividades principales de las que vive la gente de las islas. 

Ver El gobierno le tomó el gustito al tema y lanza un plan forestal 2030

En este entrevista, con el Paraná de fondo, Ceballos nos cuenta la importancia que tiene para zonas de este tipo el proyecto de ley que este miércoles aprobó la Cámara de Diputados en las sesiones extraordinarias. El proyecto ahora sigue camino hacia el Senado y debería ser votado antes de que termine de 2018. Con algunas modificaciones, dispone la prórroga por diez años de la vieja Ley de Promoción de Bosques Cultivados 25.080, que fue votada originalmente en 1998 y prorrogada en 2008. 

 En todo el delta hay 1 millón 750 mil hectáreas. Y solo en el delta Inferior que atiende esta experimental del INTA “tenemos un potencial de entre 150 mil y 200 mil hectáreas potencialmente forestables,  aunque actualmente la cuenca forestal tiene 60 mil hectáreas consolidadas”, describe Ceballos. Con esa superficie implantada con sauces y álamos, se trata de la tercera cuenca forestal más importante del país, después de Misiones y Corrientes.

 La charla con el técnico del INTA permite entender por qué resulta clave la ley que hoy pasó el filtro de Diputados por 188 votos a favor y solamente 2 en contra. Ceballos participó de todo el proceso de discusión previo a la redacción del proyecto que extiende la política de promoción a las nuevas forestaciones hasta 2028. 

Mirá la entrevista completa con Darío Ceballos: 

“En este contexto actual donde se está discutiendo la prórroga de la Ley 25.080, y los que realizan nuevas plantaciones son los medianos y grandes productores, que no son demasiados. no los más pequeños. Lamentablemente en Buenos Aires hubo un apagón forestal” por varios años, explicó el director del INTA Delta. Es que la ley de fomento a la forestación no tuvo efectos prácticos debido al retraso en la ratificación provincial de la ley de Bosques Nativos, y entonces aquí nadie cobró los subsidios a las nuevas plantaciones. Eso comenzó a remediarse recién el año pasado.

Ver: García Conde: “La Ley Forestal no ha servido como promoción, los pagos han llegado tarde y devaluados” 

Ceballos explicó que por otro lado “había un retraso de todos los subsidios (para las nuevas forestaciones” de la Ley 25.080, y estamos hablando de un retraso de décadas. Por lo cual el productor que hizo un plan hace diez años recién lo estuvo cobrando este año a valores nominales en pesos”. 

La nueva prórroga de la 25.080, producto de un trabajo consensuado con el sector privado, intenta corregir algunos de esos defectos. El experto del INTA cree que “sin lugar a dudas el esquema de la ley es positivo para la región, donde el 70% de la superficie forestada se hizo bajo esta ley, a pesar de todo”. Pero aclaró que el sector forestal propuso varias correcciones. 

“Básicamente lo que se discutió es favorecer el pequeño productor, y en ese sentido muchas de las trabas son burocráticas. Por ejemplo, tener que contratar un ingeniero agrónomo para hacer un plan de una hectárea. Se estuvieron trabajando muchísimo en los procedimientos para que los pequeños productores puedan acceder más fácilmente a este proceso”. 

La entrada Un técnico del INTA explica la importancia de la ley forestal aprobada en Diputados se publicó primero en Bichos de Campo.

Pese a su veteranía, este ingeniero no llegó a ver la llegada de las primeras plantaciones forestales en el delta inferior, que se sucedieron a partir de la década del 40, cuando comenzó a retroceder la producción frutihortícola en las islas. Los álamos y sauces comenzaron a poblar una geografía dura y compleja a pesar de su cercanía con la ciudad de Buenos Aires. El despegue definitivo fue con la instalación en los años 70 de Papel Prensa, la fábrica de papel de diario que todavía capta la mayor parte  de la producción.  

Mirá la entrevista completa con César Fuentes:

“El negocio fue cambiando y los campos se fueron sistematizando cada vez más, con los cual hay un mejor manejo del agua y se puede trabajar con más maquinaria. Al principio los trabajos eran a zanja abierta, con lo cual eran caros, porque había que trabajar con pontones y con lanchas. Ahora se trabaja en tierra firma, con máquina para extraer madera y procesadores para cortarla y poder sacarla”, relata el experto forestal.

Como complemento a la actividad forestal después comenzaron a llegar las vacas a las islas. Fuentes recuerda que “la actividad silvopastoril comenzó alrededor de hace treinta o cuarenta años, primero como una alternativa contra los incendios forestales (las vacas al comer reducen la carga de pasto y eso minimiza el peligro de incendios) y después como una alternativa anual y una producción estable”.

El consultor describe que en el delta el 92% de los productores tiene menos de 200 hectáreas, con lo cual son pequeños productores. El 6% son medianos y tienen entre 200 y 1.000 hectáreas, y el 2% son los productores grandes que tienen más de 1.000 hectáreas”. 

Con esa composición, esta cuenca forestal llegó a tener más de 100 mil hectáreas, aunque ahora redujo el área a unas 65 mil hectáreas. Para Fuentes, las chances de recuperación son enormes, sobre todo porque además de la cercanía con el mercado ahora la zona de islas “está teniendo mucha infraestructura, con luz, caminos internos y conectividad”.

Además el experto considera que hay chances óptimas para generar un esquema sostenible basado en el “Carbono Neutro” o el equilibrio de gases del efecto invernadero, pues lo que la ganadería emite por un lado la forestación lo absorbe por el otro. “Tiene mucha posibilidad de certificarse para el futuro”, evalúa. 

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En diálogo con Bichos de Campo, Pereda marcó críticas a la gestión actual de Pelegrina: “Lo más notable es la baja de socios. Debemos revitalizar la Sociedad Rural con una gestión mucho más horizontal, y con equipos de trabajo modernos”, expresó.

A su vez, declaró que buscan un mayor federalismo dentro de la entidad, así como una mayor cantidad de socios: “Hoy somos 3.000 socios; supimos ser 10.000, y por eso queremos superar esa barrera. Sentimos que la Sociedad Rural tiene un peso enorme, y en esta nueva Argentina que todos queremos, la entidad debe adquirir un rol más preponderante”.

Pereda también remarcó que “la SRA tiene un problema de costos que deja fuera de participación a muchos productores. Por eso hay que hacer eficiente el manejo interno de la entidad, bajando costos para, a su vez, ganar más adeptos”.

En un comunicado de prensa, la lista que encabeza Ruete Güemes sostiene entre las propuestas que será necesaria la creación de un fondo que facilite la participación de los delegados del interior del país, la baja de costos y mejora de los servicios que hoy se brindan, la mudanza de la sede central, permitiendo generar mejores condiciones de trabajo y atención a los socios, actualizar la plataforma de capacitación y educación, y profundizar la acción gremial.

Escuchá el reportaje completo a Marcos Pereda:

Pereda, un productor con inversiones en diversos rubros,  también es coordinador de la Mesa Foresto Industrial, que este martes se reunirá por quinta vez con el presidente, Maurici Macri. “La agenda está fundamentada en la logística. Desde la primera reunión mantenida, sostenemos que es un tema clave, porque la madera es un commoditie cuyo valor es mucho menor que el de otros commodities agropecuarios”, afirmó, infiriendo que la suba de insumos clave como el gasoil o la falta de infraestructura les golpea de lleno.

Al respecto del sector maderero, que da trabajo a unas 100.000 personas en forma directa, Pereda dijo que “las fuentes de trabajo se podrían duplicar operando al máximo”. E indicó que “necesitamos más industrias que absorban la producción que hoy tenemos, y empresarios dispuestos a invertir en Argentina. Faltan plantas grandes como las que hay en Ushuaia, Brasil o Chile, cuya inversión requerida es superior a mil millón de dólares de inversión. Por lo que es ventaja competitiva, estamos a la par de ellos”.

Según datos provistos por la Asociación Forestal Argentina (AFoA),  la foresto industria representa en Argentina: 1,3 millones de hectáreas de bosques implantados,  exportaciones por 550 millones de dólares, 100.000 empleos directos y 7.000 Pymes de distinto nivel de transformación de la madera.

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El presidente Mauricio Macri anuncio este jueves la implementación de una suerte de nuevo impuesto bautizado pomposamente como “Seguro Verde”, que servirá para financiar en lo sucesivo los planes de nuevas forestaciones encarados a la sombra de la Ley 25.080 de Promoción de Bosques Cultivados. La gabela consistirá en derivar el 1% de todos los seguros automotrices que se contraten en el país hacia los subsidios forestales, por una suma que se estimó en unos 1.000 millones de pesos anuales.

En la localidad correntina de Paso de la Patria, y acompañado por los ministros Luis MIguel Etchevehere; su par de Ambiente, Sergio Bergman; el superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo; y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez; el propio Macri “remarcó la importancia de esta iniciativa que generará un ahorro mayor a los 1.000 millones de pesos”.

En realidad, en tiempos de ajuste fiscal, será un ahorro para el Estado, que hasta ahora debía disponer todos los años en el Presupuesto de Agroindustria de partidas destinadas a cumplir con la ley que impulsa la forestación. Pero nunca se derivó al sector tanto dinero como el que mencionó el presidente. Más bien, los presupuestos anuales su ubicaban en una quinta parte de eso.

“El Seguro Verde destinará un 1% del valor de cada póliza de automotores, motos y camiones de carga, a la Ley de Promoción Forestal 25.080 que fomenta el trabajo de la cadena. De esta manera, cada vehículo que produce CO2 aportará recursos que permitirán mitigar los efectos de gases y así reducir su huella de carbono”, fue la explicación que surgió de Agroindustria. Allí además se dijo que ese porcentaje de los seguros que pagan todos los que van sobre cuatro ruedas no implicaría una suba de los costos a los asegurados, ya que es lo que habrían prometido las aseguradoras. Pero eso parece poco difícil de creer si no queda por escrito.

El sistema debería pasar por el Congreso Nacional este año, ya que la Ley 25.080 fue sancionada en 1998 y se prorrogó diez años después en 2008. Este año vuelve a vencer en sus alcances. Se supone que allí los legisladores podrán opinar si están de acuerdo en cargar los costos de las nuevas forestaciones  sobre el bolsillo de los automovilistas.

El debate debería ser tomado en serio, porque hasta ahora, tras veinte años de aplicación de la Ley y los subsidios a nuevas forestaciones (cubren entre 50 y 80% de los costos de implantación, dependiendo del tamaño de la explotación), esta política forestal ha sido un verdadero fracaso. Ya cuando se sancionó la 25.080 la superficie forestada estaba en torno a 1,2 millones de hectáreas y se prometía llevarla en diez años a 2 millones. Es lo mismo que vuelve a prometer ahora Macri y su gabinete.

“Hoy contamos con una superficie de 1,3 millones de hectáreas de bosques cultivados de los cuales alrededor de la mitad se plantó bajo la Ley 25.080 que sigue vigente hasta enero de 2019”, subrayó el ministro Etchevehere sin un dejo de vergüenza. Quizás no sea él el responsable, pero lo cierto es que la superficie forestada no creció, porque lo que se subsidió dos o tres veces es la reimplantación de las mismas hectáreas de bosques.

Es decir que el Estado financió en varias ocasiones (dos o tres) a los mismos beneficiarios por implantar la misma superficie. Ergo, todo quedó estancado.

“Tenemos una meta con la cadena forestal de llegar a 2 millones de hectáreas de bosques cultivados en 2030”, dice ahora el ministro, repitiendo los que los periodistas memoriosos ya escuchamos hace 20 años. Se prevé la plantación de al menos 62 mil hectáreas por año. Los fondos llegarán por medio de Aportes No Reintegrables a 18 mil pequeños y medianos productores, y pemritirían “atraer inversiones industriales y generar alrededor de 100 mil nuevos puestos de trabajo”, se indicó.

La diferencia ahora respecto de 1998 es que las excusas son mejores que antes, cuando el clima no era tan adverso, y hay más urgencia por implantar árboles. “Con el desarrollo de esta actividad estamos ayudando a cumplir con el compromiso asumido por el país en cuanto a mitigación del cambio climático, porque más bosques implantados captan y mantienen fijado el carbono en la atmósfera”, indicó Etchevehere.

Según se informó oficialmente, el proyecto del Seguro Verde fue generado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, los Ministerios de Finanzas, de Agroindustria, de Ambiente, y de Producción de la Nación. Adicionalmente, cuenta con el apoyo voluntario de las empresas Federación Patronal, La Segunda, San Cristóbal, Sancor, Triunfo, Nación Seguros y Provincia Seguros.

Informó Agroindustria que la iniciativa complementa el proyecto de póliza digital que está desarrollando la Superintendencia de Seguros que propone reemplazar las pólizas en papel por digitales. De esta manera, se produce un ahorro en la impresión, distribución y archivo. La aplicación MiArgentina, permitirá a su vez que cada conductor pueda mostrar en su celular la cobertura de seguros vigente.

Dejemné poner en duda a mi que esto sea finalmente así y que el 1% que las compañías de seguros deban girar a la autoridad de aplicación de la Ley Forestal no sea rápidamente trasladado a los usuarios, como si éstos no pagaran ya por sus coberturas valores mucho más elevados que los que se pagan en otros países.

Obviamente, el sector forestal festejó los anuncios. Osvaldo Vassallo, presidente de la AFoA (Asociación Forestal Argentina), indicó “Este acuerdo es histórico para el sector foresto-industrial, ya que puede dar el impulso que se necesita para que el país aproveche sus ventajas naturales y se convierta en una potencia a nivel global. Incrementar la superficie de bosques cultivados permitirá no sólo tener un mejor ambiente, sino que pone al país en el radar de las inversiones de magnitud. La construcción con madera, la generación de energías renovables y el papel son algunas de las áreas que pueden tener un gran impulso con este tratado. Estamos muy entusiasmados”, finalizó.

La entrada Macri anunció un “seguro verde”, en las pólizas del auto, para financiar las nuevas forestaciones se publicó primero en Bichos de Campo.

Varias fuentes confirmaron a Bichos de Campo que las diversas entidades de la cadena maderera están siendo convocadas para un acto la semana próxima, en el que el ministerio de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, llevará la voz cantante. Es que la apuesta forestal del macrismo no se presentará solamente como un capítulo productivo cerrado. La apuesta a volver a producir madera y sus derivados -y cerrar así un déficit comercial en el rubro que llega largamente a 1.000 millones de dólares- tendrá su correlato ambiental, de modo de anticiparse a posibles críticas de las entidades consevacionistas.

Ver: ¿Será que el sector forestal decidió ponerse los pantalones largos?

“Lo que se lanza es una plataforma que se llamará Forestar 2030, que buscará coordinar todos los esfuerzos relacionados con los bosques (nativos y cultivados) de manera de poder hacer crecer sustentablemente al sector, ya que es una de las mejores soluciones naturales al cambio climático”, indicó una fuente.

Así las cosas, se viene un paquete forestal, que sería coordinado por el ministerio de Bergman, que es la autoridad de aplicación de la la Ley de protección de Bosques Nativos, y que formará parte importante de la agenda del denominado Gabinete contra el Cambio Climático, formado por una docena de ministerios. A ese marco se integrará Agroindustria, que tiene a su cargo la gestión de la otra ley importante, la de Promoción de Bosques Cultivados.

Esa Ley, la 25.080, es la que define las políticas públicas para la promoción de nuevas plantaciones que puedan no solo generar negocios sino amortiguar el daño ambiental que se produjo por la constante reducción en la masa de bosques nativos con que contaba el país. La Argentina es uno de los países que mayor tasa de deforestación mostró en los últimos tiempos. En el siglo pasado el país perdió el 70% de sus bosques nativos, especialmente en las provincias del Noroeste, los bosques chaqueños y la Selva de Yungas. A principios del siglo XX esas masas boscosas ocupaban cerca de 100 millones de hectáreas y ahora quedan solamente 30 millones.

La Ley 25.080, que promueve una forestación con especies exóticas con buena penetración a los mercados (en especial pinos, eucaliptus, sauces y álamos), fue sancionada en 1998 y prorrogada en 2008. Este año vuelve a vencer y por eso debe ser revisada y extendida por otro período, porque si no se caería toda la estantería de subsidios a las nuevas plantaciones. Su aprobación en el Congreso será uno de los puntos más importantes de la agenda 2030, que presentará Bergman.

Ver: Vicente Dell’ Arciprete: “Botnia debería haber estado del lado argentino”

“Por la renovación de la Ley 25.080 se hicieron ya 6 reuniones con todos los actores involucrados, para tratar de llegar a un proyecto de prórroga y modificación. Fueron reuniones de más de cien personas, donde participaron provincias, cámaras y profesionales”, indicaron fuentes que siguen de cerca esas negociaciones.

Uno de los puntos claves a revisar es el pobre impacto que han tenido hasta aquí los subsidios directos a las nuevas forestaciones, que cubren hasta 80% de los costos de implantación de los pequeños productores. Es que a pesar de todo el potencial que tiene la Argentina -donde se podría llegar a tener una superficie boscosa de hasta 5 millones de hectáreas-, la superficie implantada quedó congelada en las últimas dos décadas en torno a 1,2 o 1,3 millones de hectáreas. Eso a pesar de los cientos de millones de pesos volcados a la actividad.

Pero otro gran objetivo de la revisión de esta ley es lograr que se radiquen en el país grandes industrias que puedan absorber la oferta de madera y generen riqueza y fuentes de trabajo. Algo como lo que hace 10 años quiso hacer Botnia aquí,  pero finalmente hizo en Uruguay.

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