Hay atenuantes, claro. La repartición a cargo de Luis Basterra tuvo gastos de personal por casi la mitad de su presupuestos total, unos 3.358 millones de pesos de los cuales 2.363 corresponden a contratos. Otros 3.264 millones de pesos fueron transferencias, hacia el sector privado y otros organismo públicos. Por lo cual quedó muy poco dinero para otro tipo de gastos: apenas unos 1.100 millones. También comparada con esa cifra las contrataciones de bienes y servicios mediante la plataforma oficial Compr.Ar parece escasa.

Allí, dentro de esas compras adjudicadas por 62 millones de pesos a lo largo de 2020, el primero año completo de gestión de Basterra, también hay sorpresas: solo tres contrataciones se llevaron el 80% de ese presupuesto. Son casos más bien curiosos, porque se trata de “contrataciones directas” (es decir, sin licitación ni concurso de precios) con dos empresas mixtas (Correo Argentino y Nación Seguros) y con la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las tres dependencias firmaron contratos con el Minagri por casi 49 millones de pesos.

La contratación más costosa es la que surge de un Convenio Administrativo con Nación Seguros SA. Se cerró en agosto pasado e implica la contratación de 33 pólizas de diversos seguros para bienes y personas vinculadas con el organismo. El monto total ascendió a 17.920.258,89 pesos. Allí hasta hay seguros para obras de arte o embarcaciones, y se podría pensar que se trata de los buques para investigación pesquera. Pero no, las aseguradas son tres modestas lanchas que amarran en Costanera Sur y dependen de la Dirección de Pesca Continental.

La segunda de estas tres grandes contrataciones es bastante difícil de justificar: en marzo paso se asignaron a la UBA por contratación directa 15.595.000 pesos en el marco de un “Convenio Adjudicación Simple con Facultad de Ciencias Económicas UBA”. El objetivo de dicha contratación era que la universidad realizara “un análisis detallado, con cierre de gestión el 10 de diciembre de 2019, del Ministerio y de sus organismos descentralizados”. Es decir, como si no tuviera personal propio para hacer esa tarea, la UBA tenía cinco meses para realizar una auditoría a fondo de la gestión de Cambiemos. No se ha conocido el resultado de esa investigación, que prometía guardar la debida “confidencialidad”.

La tercera de las grandes contrataciones directas hechas por el Minagri corresponde al Correo Argentino SA, en el marco de un convenio firmado directamente por el secretario de Administración de esa cartera, el contador Julio Cesar Vitale, quien ya ocupó esa función en 2011, durante el paso de Julián Domínguez por el Ministerio. En este caso, se acordó pagar 15 millones de pesos redondos a la empresa postal, pero no por distribuir toda la correspondencia emitida desde el organismo sino simplemente por prestar el servicio “puerta a puerta”, que consiste en recolectar diariamente “bolsines” con correspondencia y llevarlos desde la sede central de Paseo Colón al 900 a 39 dependencias del Minagri en el interior del país.

Como se indicó, estas tres contrataciones implicaron 80% del presupuesto total destinado en 2020 a gestionar diversas compras a través del sistema oficial. El resto de las compras son por montos bastante menores, aunque no dejan algunas de llamar la atención:

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Respecto del trabajo conjunto de ahora en más con el ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, Del Solar expresó: “Somos un mismo gobierno, por ende hay trabajo coordinado, más ahora que hay dos ministerios que trabajarán en la misma mesa”.

De todos modos, aclaró que Agricultura recuperará sus funciones históricas: “En nuestro caso, se mantiene la competencia del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es hasta la primera transformación de los productos, con lo cual queda claro que involucra a la molienda de trigo, molienda seca y húmeda del maíz, la industria del crushing de la soja y del girasol, la indsutria láctea y el empaque de frutas y verduras”, aseguró.

En el caso de la competencia de la cartera liderada por Sica, Del Solar observó que “Dante tiene una tarea muy importante que es la del mercado interno y temas industriales a los que dedica mucho tiempo”.

Luego, tras ser consultado por la polémica al respecto de qué cartera manejaría el reparto de la cuota Hilton, el jefe de Gabinete de Agricultura remarcó que “se creó un comité de cuota donde estaba jefatura de Gabinete, el ministerio de Producción y la secretaría de Agroindustria, pero con el cambio reciente, la misma ahora pasará bajo la órbita del ministerio de Agricultura, por lo cual ese comité desaparece”.

Escuchá la entrevista realiza a Santiago del Solar:

En función del análisis político tras el resultado de las PASO, en donde el macrismo sufrió un revés importante, Del Solar expresó que “el camino que sigue Macri desde que asumió la gestión tuvo un efecto positivo en la agricultura, ganadería y pesca. Pensemos que en 2013 sólo se habían producido 8 millones de toneladas de trigo, y en esta gestión pasamos a producir 19 millones de toneladas, y este año con un área 3% mayor que la del año anterior, y batiendo récord de crecimiento desde hace 3 años. Lo mismo ocurrió con el consumo de fertilizantes. El área de siembra de maíz aumentó en más del 50% y se triplicó la exportación de carne. Por eso creo que debemos continuar este camino. Volver para atrás sería una enorme pérdida para todas las zonas productivas”

Del Solar mostró su apuesta al gobierno de Macri y al de Vidal en Buenos Aires, y declaró: “¿Qué más queremos que una persona como María Eugenia Vidal, con características como la honestidad, el trabajo, la capacidad de formar equipos y la capacidad de trabajo en conjunto con otras provincias y con el gobierno nacional?. La oportunidad de volver a elegirla, y de elegir el camino que marcó Macri está al alcance de la mano para el próximo 27 de octubre”.

En relación al diálogo con la dirigencia agropecuaria, el jefe de Gabinete de Etchevehere destacó que “tenemos diálogo fluido con la Mesa de Enlace y conocemos los 14 puntos presentados por ellos, entre los que se destaca el pedido de apertura de la economía y de los mercados, algo que estamos haciendo. Y en el pedido de bajar la presión impositiva, estamos de acuerdo. Para eso sabemos que hay que bajar el gasto público, algo que venimos haciendo. Sabemos que el kirchnerismo duplicó ese gasto de 2004 a 2015, llevándolo del 12% al 24% del PBI. Nosotros bajamos el gasto público al 18% en 4 años, y ese es el camino, el de bajar la presión impositiva a través de la baja de gastos, y seguir ordenando el gasto público”.

Sobre las retenciones, Del Solar aclaró que “seguimos sosteniendo que siguen siendo un muy mal impuesto que no ayuda para nada a incrementar la producción. Se tuvieron que poner el año pasado en un momento de emergencia, en donde hubo retenciones para todas las exportaciones, por lo cual no fue algo discriminatorio para el agro en sí mismo, y las retenciones de 4 y 3 pesos por dólar exportado se eliminarán en diciembre de 2020, tal como lo prometió Macri”.

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Para tener una dimensión, la que se ahorró es una suma de dinero equivalente a tres veces el fondo nacional de emergencia agropecuaria, que no se actualiza desde 2009 y quedó congelado en 500 millones de pesos.

Ver El fondo de Emergencia Agropecuaria quedó desactualizado y desde 2009 se sub-ejecuta

En total, según el informe reservado, la degradada Secretaría de Agroindustria y sus organismos descentralizados (Senasa, INTA, INV, Inase, etcétera) gastaron el año pasado 17.851 millones de pesos, unos 1.500 millones menos que en el ejercicio 2017. Para 2019, el Presupuesto será de 19.182 millones de pesos y crecería el 7%.

Etchevehere proviene de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y siempre ha despotricado contra el elevado gasto público, que redunda a la vez en una mayor presión fiscal sobre los sectores productivos. De allí su intención de mostrar que en su gestión están alineados con el objetivo oficial de lograr el “déficit cero” en las cuentas del Estado. Según un artículo de La Nación de noviembre pasado, Agroindustria era una de las áreas de gobierno donde más se sintió el ajuste.

En el informe al que accedió Bichos de Campo se confirma esa reducción del gasto del 8%, en un año donde además la inflación fue de más del 40%.

En los primeros meses del año pasado, la gestión de Etchevehere promovió cientos de despidos tanto en la sede central de Paseo Colón al 900 como en los organismos descentralizados, especialmente en el Senasa. De todos modos, según este balance, los gastos en personal se incrementaron 14% frente al ejercicio 2017, como consecuencia seguramente de la actualización de los haberes.

Ver Otro día gris en el Ministerio de Agroindustria: confirmaron 548 despidos

La reducción del gasto, entonces, se registró en otros rubros. En “gastos varios”, define el trabajo, hubo un ahorro del 33%. “Entre algunos ejemplos, Agroindustria realizó: Revisión de gastos de estructura edilicia; Viajes; Viáticos; Disminución de la flota vehícular; Revisión de contratación de servicios; Disminución de alquileres; Telefonía; Servicios de mensajería; Contrataciones para ferias y eventos; y Sistemas de correo”.

-¿Estos recortes no impactaron en la calidad de los servicios que debe prestar el organismo?- preguntó Bichos de Campo al jefe de Gabinete de la Secretaría, Santiago del Solar.

-En mi opinión, estamos haciendo más con menos, porque lo que buscamos reducir son gastos superfluos. Nuestro objetivo es bajar el gasto buscando al mismo tiempo ser eficientes. Y así dar lugar a bajar impuestos al contribuyente- contestó.

Desde esta lógica, el informe indica que “en 2018 la Secretaría tuvo una ejecución del 96% sobre el crédito solicitado pudiendo cumplir con los compromisos acordados durante el año, lo que evidencia una eficientización en la administración de los recursos en tiempo y forma”.

“Con este cierre y en línea con la política de reducción del déficit llevada a cabo por el Gobierno Nacional, el presupuesto establecido para 2019 representaría un aumento nominal de 7% respecto a lo devengado en 2018”, estableció además el documento.

Luego, el informe destaca dos hechos puntuales que colaboraron a hacer más eficiente el gasto público. Por un lado, la revisión del Monotributo Social Agropecuario (MSA), que otorgaba a los agricultores familiares la posibilidad de incluir su actividad productiva en la economía formal.

“A mediados del año pasado la cartera de Agroindustria, a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, implementó una actualización del padrón. De un total inicial de 100.934 beneficiarios del MSA, compuesto por 48.449 titulares y 52.485 adherentes, el 22%, 10.369 productores y 11.190 adherentes, estaban en condiciones de recibir el beneficio”, se explicó.

Subyace en ese párrafo la acusación de que duramente mucho tiempo la mayor parte de los agricultores familiares que se acogieron al MSA no estaba en condiciones objetivas de recibir ese beneficio. Los que quedaron en el padrón tras el zarandeo pasaron en diciembre a formar parte del Monotributo Social, dependiente de otro ministerio.

Ver Santiago Hardie: “Agroindustria gastaba $ 30 millones al mes en el Monotributo Social Agropecuario”

El equipo de Etchevehere también destacó la reestructuración de cargos políticos que sufrió el ex ministerio. La reducción llego al 35% de ese tipo de cargos, lo que significó una disminución del 37% de las remuneraciones”. en los cargos políticos de la cartera. “De 20 cargos con rango de Subsecretaría se pasó a 8, lo que significó una reducción de 211 puestos políticos a 138”, precisó el trabajo.

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Sobre el filo del final de la reunión de la denominada “Mesa de Competitividad de Cultivos Extensivos”, Macri confesó ante los interlocutores del agro que le estaba “costando mucho” convencer a las provincias y los municipio de la necesidad de reducir el gasto público en todas las escalas de gobierno: nacional, provincial y municipal. Fue entonces que pidió a los productores que se conviertan en “militantes” de esa causa, reclamando a sus gobernadores e intendentes una mayor intensidad en el ajuste del sector público.

Minutos antes, según contaron a Bichos de Campo dirigentes que participaron de esa reunión, el presidente se había manifestado abiertamente en contra del reclamo expresado por algunos gobernadores, en el marco de la discusión por la Ley de Presupuesto que se prepara en el Senado, para que el gobierno central reimplante el fondo federal sojero, a través del cual se coparticipaba a las provincias un 30% de la recaudación derivada de las retenciones aplicadas a ese cultivo y sus derivados. 

No fue la única novedad de alto voltaje político que se produjo en la reunión, donde hubo una larga rueda de exposiciones de las diversas entidades que componen la cadena agrícola: habló desde la Mesa de Enlace, en la figura del presidente de CRA, Dardo Chiesa, a los representantes de las entidades de cadena, las entidades técnicas como Aapresid y los hasta exportadores de granos.

La reunión tuvo un claro objetivo político para los máximos referentes de Cambiemos: mostrar que el diálogo entre el Gobierno y el sector rural no quedó lesionado luego de la reimplantación de los derechos de exportación y los amagues de una nueva suba generalizada de impuestos, motorizada por la necesidad oficial de cerrar las cuentas en 2019 con el tan mentado “déficit cero”. 

El encuentro de Trenque Lauquen también debe ser considerado como un gesto de respaldo político de Macri a su ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, ahora devenido en secretario dependiente del Ministerio de la Producción. 

Según las fuentes consultadas, el presidente y la gobernadora se mostraron siempre bien dispuestos a atender los planteos de los agropecuarios y hasta coincidieron con ellos en varias ocasiones. Por ejemplo, sucedió cuando alguien expuso los temores del sector ante la catarata de ordenanzas y fallos judiciales que ordenan restringir las aplicaciones con agroquímicos en torno a zonas pobladas o escuelas rurales. “Argentina tiene una tendencia al suicidio”, fue la reflexión de Macri, que se mostró crítico con la imposición exagerada de zonas “buffer” o de prohibición  a las aplicaciones.

Vidal, en tanto, se ganó la simpatía de los dirigentes bonaerenses (en la reunión estuvo Matías de Velazco, el presidente de la combativa Carbap), cuando despejó los temores ruralistas a un nuevo revalúo de los campos bonaerenses. La gobernadora dijo que eso ya lo habían hecho el año pasado y dio a entender que la recaudación por el Impuesto Inmobiliario Rural del año próximo crecerá en niveles cercanos a los de la inflación. 

Según los números que expuso la gobernadora, la Provincia perderá de recaudar unos 1.800 millones de pesos debido a las bajas comprometidas en el Impuesto a los Ingresos Brutos, y no llegará a compensar esa merma con la suba esperada en el Inmobiliario Rural, que estimó en 1.000 millones de pesos para el año que viene. 

Hubo consenso además, a partir de un pedido expreso de Aapresid, de la necesidad de que este año se apruebe en el Congreso una nueva Ley de Semillas que proteja las innovaciones en ese sector. Macri, por otro lado, se mostró molesto cuando el representante de Argentrigo  contó que a cierto panadero la bolsa de harina le había subido 3,75 veces este año, contra una suba de 100% en el valor del dólar, provocada por la inflación.

Luis Zubizarreta, como representante de Acoja pero también como integrante de la industria aceitera, se lamentó por la decisión del gobierno (tomada en conjunto con la eliminación del Fondo Sojero) de terminar con el diferencial histórico de retenciones, de 3%, que apuntalaba la molienda de soja y la exportación de harina y aceite, en lugar del grano sin procesar. Pero le salió al cruce con vehemencia el secretario Etchevehere, uno de los teóricos de esa medida que subsidiaba la industria y castigaba al productor.

El secretario indicó además en la reunión que “nuestro objetivo es un escenario de 180 millones de toneladas para 2028, para lo cual es necesario trabajar en políticas públicas que nos permitan alcanzarlo, tales como las buenas prácticas agrícolas, la tecnología y simplificación de trámites”.

En otro tramo se destacó la creación del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), cuyo sistema de scoring premia al productor que cumple con la AFIP y que comienza a funcionar desde este jueves 1 de noviembre. Quizás alguno recordó que ese fue un anuncio improvisado por el propio Macri en la última Expoagro, que finalmente pudo ponerse en marcha en un lapso de seis meses.

Del encuentro participaron admepas el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el secretario de Energía, Javier Iguacel, que prometieron la continuidad de muchas obras públicas en beneficio del sector. 

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Este periodista no se alegra porque nadie haya perdido su trabajo. Nadie. Un total de 330 telegramas de despido salieron ayer desde la oficina de empleados del Ministerio de Agroindustria y estaban llegando a sus destinatarios en las primeras horas de estar tarde lluviosa y gris.

Para reducir el impacto de la mala noticia, desde ese organismo aclararon que los despedidos representaban solo el 9% de la plantilla total de personal. Para atenuar el impacto de las protestas gremiales, los funcionarios tuvieron la mala idea de declarar un asueto administrativo desde el viernes y todo el fin de semana. Además se reforzó la custodia policial en torno al viejo edificio de Paseo Colón.

Tengo que confirmar la mala noticia. Mañána hay asueto y este fin de semana se producirán 330 despidos en el Ministerio de Agroindustria, equivalentes al 9% de la plantilla. actual. Los gremios me dicen que habrá dos tandas más de acá a octubre.

— Matías Longoni (@matiaslongoni) April 19, 2018

“Hola Matías… Me llegó el telegrama. Soy una de las bajas de Agroindustria”. Me cuenta un empleado raso de Agroindustria que conocí a mediados de los noventa y ya trabajaba allí. Seguro que no lo hizo entrar ni Kirchner ni Macri, pensé de inmediato. Los ajustes en el Estado suelen tener ese rasgo característico: los telegramas le llegan sobre todo a los que no tienen protección política de ninguno de los gobiernos. No parece ser esta una excepción.

El jueves por la noche, en un seminario en el coqueto restaurante central de la Rural de Palermo, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, evitó hacer referencia a la que por entonces era la noticia más caliente vinculada a su cartera: el asueto y los 330 despidos. Pero destacó que estaban llevando a cabo un programa de racionalización del gasto publico y que había incluido la reducción del número de subsecretarías y una fuerte reducción de la estructura política. Se supone que allí se ahorraron unos 108 millones de pesos, sobre un total de 279 millones que proyectan como meta de reducción del presupuesto del organismo.

https://twitter.com/ATEAgricultura/status/987065543537627136

No es el primer ajuste que hace el macrismo sobre el presupuesto de este área. En el Presupuesto 2018, mientras el gasto público general se incrementaba 16% respecto de un año atrás, la cartera de Agroindustria (sumando organismos descentralizados como INTA y el Senasa, entre otros) bajará de 17.887 millones de pesos a 17.238 millones este año. Fueron 604 millones de pesos menos, sin contar la inflación. Dos veces más de lo que se intenta ahorrar ahora.

El martes hubo un comunicado oficial sobre este plan de ajuste, que nada decía de los despidos que al mismo momento se estaban decidiendo.

¿Qué datos concretos había sobre ese plan de austeridad?

• Que el Ministerio propiamente dicho “reducirá 49 millones de pesos durante el 2018, distribuidos en una revisión de gastos de estructura edilicia en delegaciones del interior, viajes, viáticos, disminución de la flota vehícular, revisión de contratación de servicios, como así también reducción de alquileres, telefonía, servicios de mensajería y correo”.
• Que se iba a “unificar personal de diferentes áreas u organismos descentralizados” para reducir el peso del pago de alquileres en el interior.
• Que el INTA iba a achicar 65 millones de pesos sus gastos mediante una “actualización de contratos de ART, y revisión de estructura programática”.
• Que el Senasa iba a ahorrar cerca de 105 millones para 2018, en concepto de limpieza, mantenimiento, alquileres, compras y contrataciones, y en gastos de seguridad.

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