Esta historia debería ingresar al gran libro de las paradojas de la historia argentina. Es que luego de recuperar el control de la vieja UCESCI (unidad creada por Guillermo Moreno en Comercio Interior en reemplazo de la ex ONCCA), también volvieron al Ministerio de Agricultura decenas de expedientes judiciales que reclamaban al Estado por presuntas deudas por las compensaciones que el propio Moreno había ordenado pagar en sus mejores tiempos. Eran reclamos de avícolas, de molinos harineros, de aceiteras y hasta de algún que otro feedlot. Todos los sectores beneficiados por el ex secretario de Comercio.

Ver Todavía reclaman unos 3.000 millones de pesos al Estado por las compensaciones truchas de la ex ONCCA

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, a instancias de Moreno y de Ricardo Echegeray,m el ex titular de la ONCCA y la AFIP, todos esos sectores cobraron más de 3.000 millones de dólares en subsidios o “compensaciones” destinadas a evitar un aumento de los precios de los alimentos que finalmente no se evitó. Pero al parecer, con la disolución de la ONCCA en febrero de 2011, quedó un saldo impago, que los abogados de la UCESCI y Comercio Interior dejaron avanzar. Según distintas fuentes cercanas a estos expedientes, se reclamarían en total unos 3.000 millones de pesos.

Cuando volvió a recibir los expedientes, la cartera al mando de Luis Miguel Etchevehe decidió parar la pelota. El 5 de febrero pasado dictó una resolución en la que “se dispuso suspender por el término de 180 días los efectos de los actos administrativos que hayan reconocido compensaciones al consumo interno, estableciéndose que dicho plazo podría ser prorrogado por única vez, hasta por igual plazo, mediante resolución fundada”.

Al mismo tiempo, se solicitó la intervención de la Unidad de Auditoría Interna de Agricultura y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Se les reclamó hacer un análisis pormenorizado “de los procedimientos que concluyeron con el reconocimiento de compensaciones al consumo interno”, como para no pagar finalmente gato por liebre.

Es decir, los funcionarios de Agricultura, sospechando que muchos de esos expedientes podían estar viciados de corrupción, decidieron suspender todo el proceso legal hasta conocer los resultados de una “auditoría integral” sobre todo el universo de dinero que le reclaman las empresas supuestamente acreedoras de la ex ONCCA.

“Cabe recordar que aquella medida, junto con otras también plasmadas en la misma resolución, fueron adoptadas porque ante la posible verificación de irregularidades y la posible comisión de delitos en los expedientes por los que tramitaran las solicitudes de compensaciones al consumo”, se explicó en ese lenguaje leguleyo característico de los expedientes oficiales.

¿Y qué sucedió ahora? Este lunes, en la Resolución 211, se decidió prorrogar por otros 90 días hábiles la suspensión vigente ya que aquel proceso de revisión todavía no concluyó. “El informe de auditoría requerido se halla en la etapa de traslado, para responder las observaciones de los hallazgos formulados en el informe preliminar de la Unidad de Auditoría Interna”, explicó la resolución firmada por el secretario de Agricultura, Guillermo “Willy” Bernaudo.

Aquí la paradoja. Con esta prórroga, la fecha final de la revisión de esos dudosos expedientes de la ex ONCCA debería trasladarse hasta fines de febrero de 2020. Para ese entonces, ya habrá asumido el gobierno del presidente electo Alberto Fernández. Y Cristina Kirchner será la vicepresidenta.

Finalmente quienes deberán tomar la decisión política de cancelar o rechazar el pago de esta deuda por compensaciones -en función de lo que surja de la auditoría integral- son casi los mismos que gobernaron la Argentina en el momento en que se generaba esta supuesta deuda de 3.000 millones de pesos.

Será en febrero la cosa. Confirmaremos entonces si es cierto aquello de que volvieron mejores.

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Dice Noticias que la empresa Puerto Larrahague SA cobró en las últimas semanas 4.018.970,20 pesos por viejos planes de forestación al amparo de la vieja Ley 25.080 de Bosques Cultivados, prorrogada ya en dos ocasiones y que distribuye susbidios entre los (se supone que pequeños y medianos)
forestadores. En realidad, si uno pone el número de CUIT de esa sociedad en un buscador interno de la página de la Dirección Forestal sabrá que ese firma cobró mucho más dinero del que se da cuenta ahora: hay resoluciones de pago desde 2005.

El caso habilita un debate necesario sobre los límites éticos que no debieran sobrepasar los funcionarios públicos, más allá que en este caso puntual el joven empresario forestal devenido a funcionario macrista fue exonerado de toda culpa y cargo por la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso, otra funcionaria que a esta altura -por su clara adhesión al partido de gobierno- debería preguntarse si está ocupando el lugar correcto.

El 10 de diciembre de 2018, a través de una resolución originada en el expediente EX-2018-1970610-APN- , la Oficina Anticorrupción definió que “no se ha comprobado que el contador Nicolás Laharrague haya incumplido las disposiciones sobre conflictos de intereses de las cuale esta Oficina es autoridad de aplicación (Capítulo V de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188)”.

¿Cómo llegó la OA a esa conclusión? Pues porque el funcionario, designado en enero de 2019 por el secretario de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, “ha renunciado, con anterioridad a ingresar a la función pública, a sus desempeños laborales en el sector privado (puntualmente en los directorios de EL MOCONA SA, PUERTO LAHARRAGUE SA (la empresa que ahora cobró planes), LAHARRAGUE CHODORGE SA, MIRASOLES SA y en la ASOCIACIÓN FORESTAL ARGENTINA)”, afirma la resolución.

“Tampoco se ha acreditado que, en el ejercicio de su gestión, haya intervenido en cuestiones particularmente relacionadas con dicha dichas empresas ni con aquellas en las que posee participación societaria”, indicó la norma publicada en diciembre pasado.

Cuando el periodista de Noticias, Nicolás Carrillo, le pregunta a Laharrague por las nuevas órdenes de pago a favor de la forestadora de su familia, se produjo el siguiente diálogo, por lo menos curioso:

-¿Pero usted es quien dirige las partidas de dinero?

-Quien paga es la Tesorería General de la Nación. Yo no firmo las resoluciones. Lo hace el secretario (en referencia a Guillermo Bernaudo, de quien depende ese área). Yo armo los circuitos de las áreas cuando se solicita la Ley Forestal. Después se entrega una remesa a la Secretaría de Agricultura para que la tesorería pague.

En su momento, Bernaudo informó a la Oficina Anticorrupción que el director del área forestal se había “excusado” de “intervenir en los expedientes EX-2018-2163845-APN-DGD#MA y EX-2018-07175316-APN-DDYME#MA”, que suponían beneficios para las empresas de su familia, como el subsidio que acaba de cobrar.

Por su lado, la firma que recibió subsidios informaba hasta octubre de 2017 (tres meses antes de la asunción del funcionario) que Nicolás todavía era su vicepresidente. Recién por escritura 115 del 9 de marzo de 2018 “protocolizó las Actas de Asamblea y de Directorio por las que se aprobó la renuncia del director titular Nicolás Laharrague y se designó en su reemplazo a Pablo León Laharrague”. Esto se publicó en el Boletín Oficial 5 de abril de 2018.

Lamentablemente resulta imposible chequear esta información de otro modo porque el mencionado funcionario no ha completado todavía el trámite de presentar su declaración oficial de bienes, de la cual debería surgir qué relación mantiene con las empresas de su familia.

Hace un año, en soledad, aquella nota de Bichos de Campo daba cuenta de la relación de Laharrague con las cuatro firmas investigadas por la OA y sobre todo de su participación como directivo de la AFOA al menos hasta septiembre de 2017, antes incluso de que se conociera que Etchevehere sería el nuevo secretario de Agroindustria. En aquel entonces, Laharrague participó como directivo empresario en la primera reunión de la Mesa Forestal junto al Presidente Macri.

Ver Macri anunció un “seguro verde”, en las pólizas del auto, para financiar las nuevas forestaciones

A partir de esa y otras reuniones, el Gobierno nacional puso en marcha un sistema que constituye una virtual privatización de la financiación de las nuevas forestaciones promovidas por la Ley 25.080. Es que los recursos necesarios ya no serán parte del Presupuesto Nacional sino que se creó un “bono verde” que, sin resolución ni mecanismo que asegure transparencia en el manejo de esos fondos, comenzaron a cobrar las empresas de seguros a todos los particulares que contraten una póliza para su automotor.

Los montos a recaudar (algunos los estiman en 1.000 millones de pesos anuales) surgen de un 1% adicionado a todas las facturas emitidas por las empresas de seguros a sus clientes, sin su consentimiento expreso. El dinero debería llegar a manos de quienes realicen nuevas plantaciones mediante un circuito financiero bastante gris hasta el momento, pero que fue anunciado pro el propio Macri, es gestionado por el mencionado Laharrague y cuenta con aval de la Asociación Forestal Argentina.

De cómo se manejan estos fondos, suponemos, hablarán los grandes medios de comunicación dentro de algunos meses.

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