“Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el estado debería dejar de cobrarlos”, explicó luego la SRA en un comunicado.

La explicación, más pulida, es que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que desde 2019 delegaba en el Presidente de la Nación la potestad de reglamentar los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, “convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año”, según evalúan en la SRA.

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Por eso, desde la localidad santafesina de Armstrong, lugar donde se llevó a cabo una asamblea de productores, Pino exhortó al presidente a dejar de cobrar un impuesto que ya no tendría sustento.

“Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, afirmó el dirigente.

Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser fijadas por ley del Congreso, salvo que éste delegue esa potestad en el Ejecutivo. “No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro”, aseveró Pino, que también dejó abierta la puerta a una serie de planteos judiciales por este tema.

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Los artículos 4, 9 y 17 de la Constitución Nacional son muy claros al respecto al determinar que el Poder Legislativo es el único autorizado para fijar derechos de exportación e importación.

Sin embargo, los artículos 755 y 756 del Código Aduanero –violando lo determinado en el Constitución Nacional– disponen que el Poder Ejecutivo puede gravar y desgravar derechos de exportación.

En ese marco, los veintidós diputados presentaron un proyecto para derogar los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, además de todas las normas complementarias, decretos y resoluciones en la materia, de manera tal que, al hacerlo, desaparecería el actual esquema de derechos de exportación y el impuesto solamente podría ser aplicado y modificado por una normativa específica del Congreso.

Vale recordar que la iniciativa, por el momento, está firmada por apenas veintidós diputados, mientras que el PRO cuenta con 50 legisladores en la Cámara baja, la UCR 33, Evolución Radical 12, la Coalición Cívica 11 y los liberales 4.

Al considerar todos los partidos de la oposición –sin contemplar a los cuatro diputados de la izquierda– la suma de legisladores llega a 135, mientras que el bloque oficialista Frente de Todos cuenta con 118 diputados.

Si bien en la última semana se publicaron en medios y redes sociales desinformaciones sobre el futuro de los derechos de exportación al “caerse” el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 de la Administración Pública Nacional –que habilitaba la posibilidad de incrementar las retenciones agrícolas con topes del 15% para todos los productos, menos los oleaginosos, que tienen un techo (vigente) del 33%–, lo cierto es que los artículos 755 y 756 del Código Aduanero autorizan al Poder Ejecutivo a seguir percibiendo derechos de exportación, a menos, claro, que prospere la iniciativa promovida por los veintidós diputados.

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La última versión del proyecto de ley al que puso acceder este medio no sufrió grandes cambios respecto de la que se había anunciado en un acto en el Museo del Bicentenario, que contó con la presencia del Presidente, de su vicepresidenta Cristina Kirchner y del recipen asumido -por entonces- ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

El proyecto ya firmado por Alberto, por Domínguez, por el ministro de Economía Martín Guzmán, y por su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, es el siguiente:

La mala noticia es que la versión final de esta iniciativa que contiene diferentes incentivos impositivos a quienes utilicen fertilizantes, o semillas fiscalizadas, o a quienes agreguen más kilo de peso a su ganado antes de mandarlo a faena, regirá solamente hasta el 31 de diciembre de 2025, y no por un plazo de diez años contados desde su aprobación, como se había acordado inicialmente con el Consejo.

“El Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive, con los alcances y limitaciones establecidos en la presente Ley y en las normas reglamentarias que se dicten en consecuencia. El Poder Ejecurtivo podrá extender el mencionado plazo por un término de hasta 5 años, siempre que el cumplimiento de los objetivos y finalidades planteados en el artículo 1° así lo requieran”, dice el artículo de marras.

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Un poco por este motivo y otro poco por sus ideales propios es que Techi circuló muchos por redes sociales estos días, defendiendo a capa y espada al INTA, en medio de un escenario de tensión por la amenaza de pérdida de terrenos históricos en sus diferentes experimentales. La amenaza de expropiación de tierras rondó por salta y ahora se convirtió en un peligro concreto para el INTA Catamarca.

“Hace menos de un año que agarre el teléfono puse mi cara y empecé a decir lo que pensaba. El INTA trabaja, investiga y tiene una parte excelente que se llama extensión rural, que implica bajar el conocimiento al productor. Ahí te invitan a formar parte de grupos de Cambio Rural y hasta te contactan con asesores en forma gratuita. Está bien, pagamos impuestos para sostenerlo, pero de alguna manera uno ve el dinero bien utilizado”, dijo Cavoti a Bichos de Campo.

La semana pasada el Senado de la Nación le dio media sanción a un proyecto que busca nada más ni nada menos que transferir un título de propiedad de la estación experimental del INTA a la provincia, como consecuencia del crecimiento del ejido urbano local. Esto desató numerosos debates sobre la propiedad privada, el trabajo del Instituto y los intereses políticos detrás de eso.

Fue en ese marco que la productora empezó a subir videos a sus redes, argumentando la necesidad de que el INTA pueda seguir trabajando como lo viene haciendo.

Para empezar, la productora cree que no se puede mudar una experimental del INTA así como así. “Tiene una gran importancia que estén en un mismo lugar, porque cuando vos arrancas a trabajar a un potrero sin la información previa, tenés que saber cómo fueron los últimos diez años, cómo son las napas y hacer todos los estudios de suelo. Si vos te llevas una extensión de 100 hectáreas y le regalas 1000 en un lugar nuevo, eso no sirve porque se pierden 50 años de registro. El INTA es política de Estado a 20 años”, argumentó.

A cavotti tampoco le parece problemático que el crecimiento de las ciudades, como sucede en el caso de Catamarca pero también en muchas otras zonas del país, vayan encerrando a las estaciones experiemntales del INTA. Por le contrario, opina que se una gran posibilidad. En ese sentido, señaló que el problema de las ciudades es la falta de espacios verdes al momento de crecer, y que el INTA puede funcionar como ese pulmón verde. “Hay que pensar en una legislación para que justamente el INTA así quede comprendido en un ejido urbano, se vea como una virtud, como un beneficio para la ciudad”, sostuvo.

En otro tramo de sus videos, la pecanera incluso cree que esta cercanía y buena vecindad debería ser aprovechada para tender puentes de entendimiento entre campo y ciudad, y para que las escuelas de cada región visiten regularmente las distintas experimentales, para conocer de cerca el trabajo que se hace en el agro, cómo debe hacerse, y los chicos puedan así desterrar algunos temores sociales que existen en torno a las actividades agropecuarias.

A eso hay que sumarle los trabajos en Buenas Prácticas Agrícolas que se realizan en las experimentales, los cuales garantizas un correcto manejo medioambiental. “El INTA no te pasa con un avión fumigando por arriba de tu casa. No es irresponsable. El INTA trabaja en las Buenas Prácticas que son la base de toda esa experiencia”.

-¿Qué piensa que hay detrás de esto?- le preguntamos.

-Es un plan de destrucción del aparato productivo del país. No son burros, no se equivocan y no desconocen. Saben todo perfectamente bien, es un plan. Para someter un país debes destruirlo económicamente y ellos (por los gobernantes) son sumamente inteligentes.

Cavoti agregó luego: “¿Qué diferencia hay entre el productor agropecuario y aquel que tiene una pyme o una industria? Que el productor agropecuario no se puede llevar la tierra a otro país. El productor agropecuario es una persona cautiva dentro del territorio nacional y cautiva en muchos sentidos. Es un drama y una virtud también. Las pymes, las industrias familiares, tienen su historial y tradición, pero el empresario tiene en el interior el levantar las chapas y arrancar en otro lugar”.

-¿Piensa que se va a organizar algo desde el sector?

-Totalmente.

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Si bien es cierto que aún falta mucha investigación y experimentación alrededor de esta planta que durante años estuvo prohibida, hay quienes lograron capitalizar sus propiedades, ingeniándoselas para no cruzar los límites legales, y que hoy se transformaron en exponentes de esta nueva industria.

Tal es el caso de Gaia Eyewear, una empresa que logró desarrollar anteojos fabricados 100% a base de cáñamo y que ya lleva más de seis años de presencia en el mercado. Fue casi de casualidad que el ingeniero industrial Mariano Percivale, de Quilmes, aplicara esta materia prima en su emprendimiento, que en 2014 le permitió lanzar los primeros marcos de cáñamo del país.

La avances en su investigación lo llevaron a ganar el premio Innovar en 2017 y a recibir llamados de compradores de todo el mundo. Hoy Gaia Eyewear exporta sus productos a España, Holanda, Colombia, Brasil, Uruguay y Ecuador.

-¿Por qué cáñamo y no cualquier otra planta?- le preguntamos a Percivale desde Bichos de Campo.

-Elegí el cáñamo por un motivo esencial que es la sustentabilidad, una palabra más compleja de lo que la gente piensa. La sustentabilidad tiene que tener sí o sí cuatro patas: una ecológica asociada al medio ambiente, el cáñamo es una planta que devuelve entre un 15% y 20% de nutrientes al suelo; una económica ligada a la generación de valor agregado y rentabilidad; una social en la que genere un efecto positivo en la sociedad, y una cuarta que es la eficiencia técnica. El cáñamo es muy eficiente, porque con poca materia se hace mucho producto.

La variedad de Cannabis que utiliza es la Sativa L. Dado que en Argentina todavía no se pueden comercializar las semillas de cáñamo de forma legal y para realizar una producción a escala se requieren muchas de ellas, Percivale importa su materia prima en forma de fibras largas que luego debe procesar en su taller.

¿Y cómo se procesa el cáñamo? Es en este punto donde aparecen una variedad enorme de técnicas distintas, todas dependientes del producto que se busque elaborar. Si se quisiera obtener un derivado textil, por ejemplo, la fibra de cáñamo podría hilvanarse con otras de algodón. Si el objetivo es producir papel puede extraerse nanocelulosa directamente desde su caña.

En el caso de Gaia, se perfeccionaron técnicas para igualar la volumetría del plástico y lograr un material igual o más fuerte que él, menos pesado, más duradero y sobre todo degradable. Eso, combinado con distintas maderas reutilizadas como lapacho, anchico o cedro, permite producir los marcos tanto para anteojos de sol como recetados.

En el taller, del que forman parte siete personas, también se realiza el ensamblado de los cristales que les provee una óptica con la que se encuentran asociados.

“El plan del cáñamo es generar una revolución sustentable en Argentina y que el país sea una potencia sustentable en pocos años. Para lograr eso hay que dejar bien plantada la industria nacional en todo el país y que sea competitiva, de alta calidad y genere trabajo. Queremos pisar fuerte afuera”, aseguró Percivale a este medio.

Además de ser emprendedor, este ingeniero forma parte de Proyecto Cáñamo, una asociación civil sin fines de lucro que se especializa en la divulgación científica del uso del cáñamo industrial, a través de cursos, conferencias, talles y charlas.

“Creo que el camino para crecer es generar valor agregado, exportar y traer divisas. Ni este ni el anterior gobierno saben cómo exportar. Todos salen a vender con los mismos productos que ya hacen otros países”, comentó.

-¿Cómo se beneficiaría tu negocio si finalmente sale esta ley para el cáñamo industrial?

-Se beneficiaría porque podría conseguir la materia prima más fácilmente. Uno podría generar sus propios cultivos y formar toda la cadena de valor. Eso es esencial: tener la materia prima para investigarla, para trabajarla de la manera que quiero, sin tener que conseguir únicamente un tipo de fibra. Hoy solo estamos usando un 2% de la planta.

Según se informó desde el Ministerio de Producción, esta industria podría generar 10.000 puestos de trabajo, 500 millones de dólares anuales en ventas al mercado interno y otros 50 millones de exportaciones. La iniciativa para crear un marco regulatorio de ella continúa siendo debatida por el Congreso Nacional.

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El proyecto, impulsado por el diputado Facundo Moyano con el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, propone modificar la Ley de Tránsito vigente para llevar a cero el actual mínimo permitido de alcohol en sangre de 0,5 gramos/litro para conducir en las rutas nacionales.

Frente a tal iniciativa, la industria vitivinícola se manifestó en contra. Lo hizo dividida, como está desde hace un tiempo, pero cohesionada a la hora de reclamar antes las autoridades.

Por un lado las quejas llegaron a través de un comunicado que lleva la firma de doce cámaras y asociaciones del sector, el cual fue remitido a todos los legisladores de las provincias vitivinícolas. Son los que todavía consideran que la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) es el ámbito adecuado para dar estos debates.

“El vino es parte de la cultura y de la alimentación saludable de los argentinos. La tolerancia cero es una medida demagógica que, lejos de cuidar a las personas, deja libre la mesa de los argentinos al avance de las bebidas industriales edulcoradas con productos nocivos para la salud, como es el jarabe de maíz de alta fructuosa”, advirtió José Alberto Zuccardi, presidente de la Coviar.

“Estamos a favor de endurecer las penas para todos aquellos que violan las normas de tránsito, pero estamos convencidos de que este proyecto de ley de tolerancia cero no es la forma de lograr reducir los siniestros viales”, añadió por medio de un comunicado.

Esta semana Coviar organizó una reunión en La Enoteca de la ciudad de Mendoza, donde se congregaron –tanto de manera presencial como virtual– unos cincuenta dirigentes, empresarios y legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas que representan a las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Río Negro. Varios diputados y senadores prometieron que rechazarán la iniciativa.

Entre las entidades que se oponen al proyecto se encuentran la Asociación de Bodegas de Salta, Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, Asociación de Viñateros de Mendoza, Cámara Argentina de Vinotecas y Afines, Cámara Argentina de Vinos a Granel, Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, Cámara Vitivinícola de San Juan, Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Consorcio de Productores y Bodegas de Catamarca, Federación de Cámaras Vitícolas de la República Argentina y Unión Vitivinícola Argentina.

Pero, por otro lado, nueve organizaciones vitivinícolas, entre las que figuran Bodegas de Argentina y varias entidades de productores viñateros, salieron con su propio pronunciamiento desde la llamada Mesa Nacional Vitivinícola. Ese bloque consideró que es mejor controlar a prohibir.

“Si bien es indudable los riesgos que conlleva el abuso del alcohol a la hora de conducir, estamos convencidos que la mejor manera de prevenir accidentes es por medio de la realización de mayores controles de alcoholemia a lo largo de todo el país. Actualmente siete provincias argentinas tienen leyes de alcohol cero. No obstante, los accidentes viales vinculados al abuso del alcohol continúan existiendo”, fue su razonamiento.

“Esta es la quinta o sexta vez me toca enfrentar proyectos de esta naturaleza. Con el pretexto de la seguridad, donde todos estamos de acuerdo, estamos perjudicando a una industria que tiene que ser próspera y fuente de trabajo y desarrollo para las provincias”, aseguró el diputado nacional por San Juan, José Luis Gioja, durante el evento organizado por Coviar.

En tanto el diputado por Mendoza, Omar De Marchi, dijo que avanzar en la tolerancia cero “no es viable ni sensato”, al tiempo que la mendocina Marisa Uceda remarcó que “la herramienta de tolerancia cero es inaplicable y no existe porque es imposible calibrar un alcoholímetro para que de cero”.

“Es momento de sintonía fina frente a un problema grave. No se puede avanzar en este tipo de presuntas soluciones generales que no son efectivas y afectan a las economías regionales”, agregó el senador por La Rioja, Julio Martínez.

Por su parte, Alfredo Cornejo, diputado por Mendoza, señaló que “está comprobado que en ningún caso la tolerancia cero ayudó a bajar la siniestralidad vial. Hay evidencias científicas y estadísticas al respecto. En Mendoza, la tasa de accidentes bajó pero no porque se modificó el límite de 0,5 gramo/litro sino porque se endurecieron las penas y se incrementaron los controles”.

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Es innegable que el empleo de animales en la investigación ha sido esencial para el progreso de la vida humana. Las ciencias médicas han podido dar respuestas a múltiples patologías a partir del estudio de animales vivos. Sin embargo, la preocupación de la opinión pública y la comunidad científica por el estrés que perciben esos individuos durante los ensayos, ha impulsado debates éticos y la búsqueda de metodologías de investigación alternativas.

“No puede salir un producto al mercado si no se sabe si sirve y si es inocuo para su uso. Pero todo tiene límites. La base está en lo formulado en la década de 1960 por los biólogos ingleses Russell y Burch, que escribieron el libro “Principio de la técnica experimental humanitaria” y que instaura el principio de las ‘3R’”, explicó a Bichos de Campo Leopoldo Estol, veterinario y fundador de la Red Mundial de Médicos Veterinarios Especialistas en Bienestar Animal.

Cuando hablamos de las 3R nos referimos al reemplazo de animales a partir de la adopción de métodos que sustituyan el uso; a la reducción del número de animales, mediante estrategias que utilicen la menor cantidad posible de seres vivos para comprobar el objeto de estudio; y al refinamiento de las técnicas para reducir el dolor y las molestias de los animales utilizados.

Mirá el cortometraje completo acá:

https://youtu.be/E3APQcnZGag

En este punto es importante aclarar que la mayoría de las sustancias con las que se tiene contacto a diario han sido probadas en animales. Esto va desde los productos de limpieza del hogar hasta agroquímicos y fitosanitarios de uso ambiental. Su testeo no significa que la sustancia sea segura –la lavandina sigue siendo irritante- pero permite que el producto este acompañado por una etiqueta que aclare cómo debe ser usado.

Ahora bien, ¿qué legislación regula la aplicación de estos principios en Argentina? Lamentablemente ninguna.

A diferencia de lo que ocurrió en otros países, donde primero se reguló el uso experimental de animales en laboratorios –en Europa sucedió en la década de 1980 y abrió paso al estudio de métodos alternativos- y luego se avanzó en la prohibición de ciertas prácticas particulares, nuestro país nunca logró sancionar una normativa al respecto.

“En Argentina está vigente la Ley Nacional 14.346, sancionada en 1954, que garantiza la protección de la fauna en general, con prácticamente ninguna regulación para los animales de uso experimental en particular”, indicó a este medio Alejandra Romera, investigadora del Instituto de Virología del INTA y del Conicet.

En 2017, un proyecto elaborado por expertos de la Asociación Argentina de Ciencia y Tecnología de los Animales de Laboratorio, que buscaba otorgar un marco regulatorio a esta practicas, estuvo en danzas en el Congreso de la Nación pero no logró ser sancionado. El mismo garantizaba la creación de un organismo abocado específicamente al monitoreo de la actividad en los laboratorios.

Aun así, la comunidad científica se ha organizado y ha dado paso a la creación de Comités de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) que trabajan en distintos centros de investigación públicos.

Entre sus objetivos se destaca el revisar y registrar todos los protocolos de investigación que incluyan animales de laboratorio; evaluar el uso y cuidado de los animales que se utilicen en el proyecto; aprobar los protocolos de uso y cuidado de animales y supervisar durante el proceso su cumplimiento.

“Los CICUALES funcionan perfecto en el ámbito público, pero en el privado hay poco control. Nadie va a supervisar cuántos animales se usan por ensayo o cuáles son las condiciones. Uno puede llenar un formulario declarando que trabajo bajo ciertas condiciones, pero de ahí a que haya una auditoria puede pasar tiempo. Sin una ley no se dio lugar a que los métodos alternativos crezcan”, señaló a Bichos de Campo María Laura Gutiérrez, investigadora del CONICET que desarrolla test alternativos.

Desde hace varios años, el laboratorio coordinado por Gutiérrez aplica una línea de investigación nueva que ha conseguido validar a nivel internacional ensayos que no hacen uso de animales.

Una de las metodologías más tradicionales, y que aparece en el cortometraje, es el estudio de “irritación y corrosión ocular en conejos”. A partir del cultivo de células de córnea animal, el equipo de Gutiérrez ha reemplazado la experimentación en individuos vivos. También trabajan con tejidos de animales sacrificados para otros fines como su consumo. El método fue nombrado como “opacidad y permeabilidad en cornea bovina”.

Otra línea de investigación tiene que ver con el uso de huevos de gallina. “Al tener pocos días de incubación, los huevos generan una membrada muy vascularizada. Si bien tienen embrión adentro, está aprobado como método alternativo porque no desarrolló el sistema nervioso periférico y no tiene sensibilidad”, indicó la especialista.

Aun con estos avances es importante remarcar que hay determinados estudios que aún no puede ser reemplazados, como aquellos que buscan probar el efecto de un producto farmacéutico en un órgano, ya que se requiere un organismo complejo vivo.

En este sentido, Celina Vega, investigadora del Centro Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas del INTA dijo a este medio: “Siempre que se puede evitar llegar al uso del animal se evita, siempre que se puede minimizar la cantidad de animales a usar, se reducen. Ahí tenemos también un compromiso de cuánto podemos reducir para probar algo y qué pasa si te quedas con un número muy chico, y no te da la potencia estadística para concluir lo que vos necesitas concluir de ese estudio”.

Ahora bien, si no existe una entidad reguladora en Argentina, ¿cómo es que existen los sellos en ciertos productos que aseguran que no fueron testeados en animales?

“Ese logo se compra. Hay distintos sellos pagos que son privados. La certificadora te pregunta cuáles serán los testeos y procedimientos. Supuestamente esas certificadoras controlan esos métodos pero se desconoce bajo qué rigurosidad. En general son internacionales”, aseguró Gutiérrez.

Leopoldo Estol, por su parte, agregó que si un producto efectivamente aplicó las 3R debería incluirlo en la etiqueta del producto, además de tener el sello. Para que un producto sea verdaderamente libre del testo en animales, ninguno de los ingredientes que lo componen debe haber pasado por ensayos del estilo.

“En Argentina, al no haber una normativa que regule el uso de animales de experimentación, todo puede pasar. Hay cuestiones como el uso de analgésicos para evitar el dolor que sin una ley que lo regule, cada laboratorio operará a su conveniencia”, concluyó María Laura Gutiérrez.

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“Hay que reconocer que el tema está mucho más maduro en Europa que acá. Les es más fácil encarar esto porque en realidad, la producción en sistemas alternativos superó desde el año pasado a la cantidad de gallinas enjauladas, a razón de un 51% a 49%”, explicó Bernardo Kojic, veterinario avícola y asesor en bienestar animal, a Bichos de Campo.

El hecho de que la carta enviada a la Comisión Europea esté firmada por empresas como Barilla, Ferrero, Mondelēz International, Nestlé, Unilever, ALDI Nord, Inter IKEA Group, Le Groupement Les Mousquetaires; el Grupo Jamie Oliver y el productor de huevos Fattoria Roberti, da cuenta de que el tema no se ha tomado a la ligera.

De hecho, estas compañías apoyaron una iniciativa ciudadana, promovida por la organización Compassion in World Farming, que reunió 1,4 millones de firmas en toda la Unión Europea.

De nuestro archivo: Huevos de gallinas libres de jaula: O la vuelta del viejo gallinero pensando en el bienestar animal

“No hay que hacer énfasis en lo mejor que va a producir la gallina. No se trata de eso sino de que asumamos que el animal está sintiendo y que no se siente cómodo en una jaula. El tema es social: el animal en sociedad con la persona que lo cría, o que lo cuida, puede producir tan bien como en la jaula –porque es mentira que menos-, estar más cómodo y satisfacer una demanda del consumidor creciente”, aseguró Kojic.

En este sentido, el veterinario reconoció dos razones para esta maniobra de las empresas europeas: una es que los sistemas alternativos le dan trabajo a los pequeños productores y evitan que migren a las grandes ciudades porque trabajan en su lugar de origen.

En segundo lugar, hay un claro interés comercial ya que, por ejemplo en el caso del huevo, valdrá más caro. Esto tiene que ver con que el animal consumirá más alimento y se necesitará más mano de obra, porque ya no se trabajará con jaulas apiladas y el sistema no estará automatizado.

“¿Ésto va ser bueno? Va a ser muy bueno porque la gente tendrá la posibilidad de decidir cuál de los dos huevos comprar. Se va a pagar más caro pero no está mal que así sea. El precio de los celulares o de los autos no se discute. ¿Por qué tenemos que discutir el precio del huevo?”, señaló el asesor.

Sin embargo, una iniciativa de este estilo parece estar muy lejos de poder ser aplicada en nuestro país, si se tiene en cuenta que Senasa aún no autoriza que las etiquetas de los alimentos indiquen el sistema de producción del que provienen.

“Nuestra tarea es permitirle al consumidor que sepa qué cosa esta comiendo. Cuando no se puede identificar el sistema de producción de alguna forma te están limitando. Los pequeños productores, que son los que tienen más propensión a producir en sistemas alternativos, no lo pueden diferenciar en la etiqueta. Cuando vas al Senasa, y es acá la presión que tenemos que hacer, te dicen que el producto no es diferente. Y no, lo diferente es cómo se produce”, remarcó Kojic.

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Pero los tironeos parecen no haber dado mucho resultado si se tiene en cuenta que aún no se ha definido una normativa, porque aún no se logra establecer qué conforma un humedal. Al menos así lo cree el presidente de la Fundación ProYungas, Alejandro Brown (foto), quien a través de una carta pública sostuvo que “leyes o el marco normativo debe surgir cuando hay un acuerdo entre las partes en cómo definir una cuestión, o por el contrario luego de un camino transcurrido sin llegarse a un acuerdo”.

ProYungas es una palabra autorizada por cuanto esta ONG trabaja activamente en el norte del país para la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable, promoviendo procesos de planificación territorial a distintas escalas. Lo hace vinculando a diversos actores para que, desde sus diferentes ámbitos e intereses, se involucren activamente en la gestión sustentable de los territorios que comparten. Por ejemplo, ha sido la que permitió que el ingenio jujeño Ledesma, el más grande del país, cediera miles de hectáreas para la creación del parque nacional Calilegua.

Respecto de la discusión por la Ley de Humedales, el titular de ProYungas consideró: “El Estado decide intervenir y zanjar, mediante el Congreso, las coincidencias y/o diferencias irreconciliables. Me da la impresión que ninguna de estas instancias se ha cumplido, porque básicamente nunca se ha discutido nada entre los diversos actores e intereses que conviven en un territorio definido, con o sin humedales”.

La falta de diálogo reconocida por Brown termina por circunscribirse –según explica- a la grieta que existe entre quienes deberían trabajar en conjunto: los productores y los ambientalistas. En este marco pareciera que seguir sumando normas, en un país no muy apegado a cumplirlas, no necesariamente decantaría en un uso racional de los humedales.

El presidente de esta ONG terminó entonces por enumerar algunos ejemplos en los que el diálogo y acuerdo entre partes superó a cualquier legislación.

Uno de ellos fue el caso de la provincia de Corrientes, que cuenta con más de 1,3 millones de hectáreas de humedales protegidos en la Reserva Natural Iberá. Allí se ha logrado un equilibrio entre familias campesinas y establecimientos agropecuarios, y quienes trabajan para proteger las áreas naturales, que han transformado a la provincia en un emblema del ecoturismo.

“Hoy Corrientes se opone a esta Ley de Humedales porque asume que esta norma está destinada a complejizar una cierta armonía entre los sistemas productivos correntinos y la preservación de la biodiversidad, generando antagonismo donde es necesario que haya cooperación”, explicó.

Otro ejemplo al que se refirió fue el Delta del Paraná, el segundo núcleo forestal del país en donde se aprovecha la dinámica hídrica para producir árboles de rápido crecimiento y especies exóticas para producir pasta de papel.

De nuestro archivo: Ley de Humedales: Antes de dictarla “es necesario definir qué es un humedal y luego hacer un buen inventario”, recomendó Guillermo Devereux, de Barbechando

“Una de las empresas radicadas en esta zona ha obtenido la certificación de Preservación de Servicios Ecosistémicos otorgado por las exigentes normas internacionales del FSC, justamente produciendo. Ligado a esta producción han tomado la responsabilidad de proteger un espacio importante de este humedal y su especie emblemática (ciervo de los pantanos)”, dijo Brown. Agregó que este sistema productivo garantiza a su vez la preservación ambiental, por lo que no hace falta una ley los separe.

“Estos ejemplos muestran que los actores territoriales pueden ponerse de acuerdo y hacer las cosas bien sin recurrir a normas destinadas en definitiva a incrementar las disputas territoriales, cuando la solución se encuentra en el análisis conjunto, con información técnica de calidad y con voluntad de buscar las formas razonables del uso del territorio”, concluyó Brown.

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Estamos hablando del proyecto 3880-D-2015 redactado por Luis Basterra. Se refería a la “Elaboración, Registro, Comercialización y Control de Productos Fitosanitarios”. Fue aprobado en Diputados en 2015 pero luego el Senado se tomó dos largos años sin ni siquiera tratarlo. Dos años. Perdió estado parlamentario y el actual funcionario del Poder Ejecutivo no volvió a insistir.

Ahora en el gobierno, el peronismo acaba de disponer nuevas reglas y requisitos para la aprobación de productos agroquímicos y de las plantas que los formulan, tanto aquí como en el extranjero. Lo hizo a través de la Resolución 3/2021 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Su titular, Carlos Paz, hizo un poco lo que quería hacer Basterra desde el legislativo.

¿Y por qué había que actualizar esta normativa? Porque las normas que lo hacen son de fines de los años 50 y tienen más de siete décadas. El Decreto-Ley 3.489 de marzo de 1958 estableció que “la venta en todo el territorio de la Nación de productos químicos o biológicos, destinados al tratamiento y destrucción de los enemigos animales y vegetales de las plantas cultivadas o útiles, así como de los coadyuvantes de tales productos, quedará sometida al contralor del Ministerio de Agricultura”. Un año después, otro decreto creó el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal.

En 2011, el Senasa ya había establecido algunos requisitos y procedimientos para quienes posean algún producto agroquímicos o bioinsumo registrado y para quiénes deseaban registrar productos nuevos. Desde entonces pasaron diez años. “Se evidencia la necesidad de actualizar algunos de los procedimientos allí establecidos, incluyendo el trámite de solicitud de Orígenes Adicionales en establecimientos nacionales de productos formulados ya inscriptos”, explicó el Senasa al formular estas nuevas reglas.

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La nueva resolución, por un lado, sustituye los requisitos para la “incorporación de una nueva Planta Formuladora para un producto formulado ya inscripto”, tanto para empresas radicadas en el extranjeros como para establecimientos nacionales

En otro artículo, con su consecuente anexo, el organismo actualizó además los requisitos para la inscripción de un producto formulado aún no registrado.

Por ejemplo, una empresa que quiera inscribir un producto fitosanitario debe incluir en su presentación al Senasa la siguiente información: Nombres y direcciones de los formuladores que intervienen en el proceso; Caracterización general del proceso; Identificación de los ingredientes usados para formular el producto; Descripción de los equipos usados; Descripción de las condiciones que se controlan durante el proceso; Descripción de posibles reacciones posteriores al proceso de formulación entre los ingredientes activos o entre éstos y cualquier otro componente de la formulación o el envase. Como así también la posible migración de materiales entre el envase y el producto.

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