La entrada El gobierno sacó un decreto para prorrogar por cuarta vez, hasta fines de 2025, una ley que facilita las ocupaciones de campos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El decreto prorrogó la Ley 26.160, por medio de la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente eran ocupadas por comunidades indígenas originarias.
Esa ley expiraba el próximo 23 de noviembre, pero ahora el decreto firmado por Fernández y por todos sus ministros (lo que muestra la sensibilidad del asunto) “prorrogó los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley 26.160, prorrogados por las Leyes 26.554, 26.894 y 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2025”.
Es que sí, la ley original fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, pero luego fue prorrogada en tres oportunidades (2009, 2013 y 2017). Esta es la cuarta ocasión, y el relevamiento de tierras de las comunidades originarias que ordena efectuar ara reparar esos derechos no se ha concluido nunca.
¿Por qué se extendió ese plazo por decreto?
Existe un proyecto oficial de extensión de esa norma que si bien cuenta con media sanción del Senado, recién fue tratado el miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados –donde obtuvo dictamen favorable– y ya no dispone de tiempos legislativos par ser aprobado en la Cámara baja.
En ese marco, el gobierno extendió la norma por decreto, a pesar de que la misma, como exige requisitos muy laxos para validar la pertenencia a una comunidad “originaria”, se viene empleando en los últimos años para fomentar las usurpaciones de campos y establecimientos agropecuarios por parte de grupos que en varios casos han empleado métodos violentos. Es lo que denuncian productores del sur y el norte del país.
El 28 de octubre pasado, mientras se agudizaba el conflicto en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut por sucesivos sabotajes propiciados presuntamente por miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el Senado dio media sanción al proyecto de prórroga de la Ley 26.160. La cuestión es que la iniciativa recibió 43 votos afirmativos, de los cuales seis provinieron de senadores de Juntos por el Cambio, mientras que otros cuatro senadores de ese bloque se abstuvieron de votar.
Este miércoles, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el bloque de Juntos por el Cambio mostró una posición diferente a la registrada en el Senado al rechazar el dictamen de mayoría promovido por el Frente de Todos y presentar uno de minoría, en el cual se solicita que la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras reclamadas, se aplique solamente para situaciones presentes con anterioridad a 2006, de manera tal de que no se siga promoviendo la aparición de nuevos supuestos “pueblos originarios” que aparecen todos los años para reclamar la posesión de tierras de manera indebida.
“En Chubut hay laburantes que tienen miedo porque esa escalada de violencia está avalada por gestos como estos; no son cuestiones burocráticas menores”, indicó Ignacio Torres, diputado del PRO de Chubut, al rechazar el dictamen de mayoría del oficialismo.
“Muchas de esas tomas violentas no tienen nada que ver con pueblos originarios, aunque se amparen en un reclamo legítimo, que nadie desconoce, para poder accionar de manera violenta”, apuntó.
En referencia a los integrantes de los pueblos originarios que en realidad no lo serían, Torres dijo que “muchos de ellos tienen característica (telefónica) 011 (correspondiente a la ciudad de Buenos Aires) y están avalados y financiados por sectores de este gobierno, porque eligen avalar la violencia en vez de defender a las víctimas”.
En tanto, Gustavo Menna, diputado de la UCR por Chubut –una provincia afectada por las usurpaciones constantes–, afirmó que la extensión de la Ley 26.160 “implica algo grave, como es que durante la emergencia nos entrometernos en las decisiones de otro poder del Estado, como es la justicia, y mandamos a suspender sentencias de desalojo, que están firmes y a las que se llegó después de transitar un proceso con todas las garantías, donde se le dio la razón a una de las partes”.
“Sin embargo, esta ley dice no se ejecuta la sentencia y a eso hay que ponerle un tope temporal y ese tope no puede ser otro que la situación existente en el año 2006, porque si no vamos a seguir estirando y prorrogando, en el interín se seguirán generando situaciones litigiosas, con todo lo que eso implica en términos de injusticia para quien la padece, pero además de inseguridad jurídica”, advirtió.
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]]>La entrada En medio de las tensiones en la Patagonia, el Senado dio media sanción a la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El proyecto, que propone extender hasta el 2025 la vigencia de la ley y otorgar una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma, fue presentado por la senadora salteña del Frente de Todos, Nora del Valle Giménez, quien consideró que se trata de un tema de “derechos humanos muy básicos como el derecho a la tierra, al agua, a la alimentación, a la salud y a la educación”.
Giménez afirmó que es importante completar los relevamientos técnicos y consideró que la próxima discusión será “el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar en base a estos relevamientos la entrega definitiva de la tierra”.
Las tensiones en la reunión llegaron de la mano de las intervenciones de senadores del interbloque de Juntos por el Cambio, que pidieron varias modificaciones como el establecimiento de una fecha límite para la realización de los censos de las comunidades.
“No puedo continuar con prórrogas que se demoran desde 2006. Esta ley no puede excluir la realidad que se está viviendo al sur del país con la actuación de la RAM y la posibilidad de brindarle excusas para que prosigan con su acción terrorista. Si el país pudiera dividirse y excluir de la norma a Río Negro, Chubut y Neuquén tal vez la votaría. Pero esto no es posible. Y, frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un verdadera suicidio institucional para nuestro país”, dijo Ernesto Martínez, senador del PRO por Córdoba.
En el mismo sentido, la cordobesa Laura Rodríguez Machado manifestó: “Los argentinos están sufriendo un ultraje de bienes en el sur de la Patagonia debido a una falsa y mala aplicación, que nació con un buen sentido que es proteger derechos ancestrales. Pero hace dos años que esta norma se convirtió en un escudo de protección para cometer ultrajes y que la Justicia no pueda actuar”.
Desde el oficialismo, el chubutense Juan Mario Pais explicó que “no se puede poner una fecha límite porque desde la Constitución Nacional se los protege como un derecho ancestral preexistente y, por más que uno le ponga un límite para manifestarse como población originaria, cuando estos lo hagan están en su derecho siempre para serlo”.
Por su parte Alfredo Luenzo, también desde Chubut, señaló que “bajo ningún punto de vista esta prórroga implica dar consentimiento a grupos minúsculos que no representan a las comunidades aborígenes” y que “la respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables”.
Finalmente el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, defendió a la ley al indicar que con ella “ya tenemos reconocidos 32 pueblos indígenas, divididos en 1600 comunidades, y hubo un reconocimiento de casi seis millones de hectáreas”.
El encuentro -del que llamativamente no participaron los senadores Silvina García Larrabru (FDT) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que venían sufriendo presiones en su provincia a raíz de este conflicto- culminó con la aceptación por parte del oficialismo de algunos cambios propuestos por la oposición, como la exigencia de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presente anualmente un informe en el Congreso sobre el avance del relevamiento.
El proyecto fue girado a Diputados y aguarda por su tratamiento.
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]]>La entrada Durísimo reclamo de CRA frente a las usurpaciones y a los “atentados” en los conflictos mapuches de la Patagonia se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Con estas frases, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió este jueves un comunicado en el que pide a los diferentes niveles del Estado que actúen frente a este escenario de creciente tensión social en las provincias sureñas, donde se harían incrementado en estos meses electorales los sucesos de tomas de tierras.
Para CRA, que es la organización agropecuaria de mayor representatividad territorial, es clara a esta altura la complicidad del gobierno nacional con las comunidades mapuches involucradas en estos conflictos.
“El Gobierno nacional, ausente de su rol institucional, ha prestado, por acción u omisión, apoyo logístico, económico e ideológico, estableciendo en algunos casos mesas de diálogo que solo logran estirar hasta el infinito las usurpaciones, consolidando la ejecución de hecho de intrusiones en los campos, dilatando su resolución y eludiendo la definición categórica, de donde está el derecho y que limites son infranqueables frente a la propiedad privada”, determinó el comunicado de los ruralistas.
En otro tramo del escrito, CRA recordó que “primero ha sido la Justicia (salvo pocas excepciones) la que no ha dado respuestas adecuadas, rápidas y certeras, permitiendo con su pasividad que los casos puestos a su arbitrio, resulten morosamente tratados, sin respuestas agiles y prolongando, cuando no aumentando, la conflictividad”.
“Tampoco la política ha puesto su atención sobre el tema y solo se observan tímidas manifestaciones de algunos políticos, que dudan entre el estricto cumplimiento de la ley con las especulaciones electorales”, se quejaron los productores.
la organización -que agrupa a unas 300 sociedades rurales de base en todo el país- consideró que uno de los orígenes de esta alta conflictividad hay que buscarla en la ley 26.160, que en 2006 declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias”.
Según esta mirada, esa ley “ha contribuido a crear una atmósfera de consolidación de usurpaciones, al disponer la suspensión de los desalojos, durante su vigencia. Esto en la práctica significa que a nuevas usurpaciones se las protege, con la prohibición de desalojos que la aludida norma dispone”, se explicó.
“La Ley 26.160 estableció la realización de los censos provinciales respectivos, para determinar aquellas tierras ocupadas en forma, tradicional, actual y pública. Sin embargo, la demora en la ejecución de los censos, hace que reiterativamente se prolongue su vigencia, sin incorporarle las modificaciones que la propia experiencia indica como necesarias”, amplió CRA en su comunicado.
Según los ruralistas, “la Patagonia y el país en su conjunto reclama del Gobierno Nacional una posición clara, fundada en derecho y en respeto a las normas constitucionales, sobre los auténticos reclamos de las comunidades originarias y rechazando en forma inclaudicable, la violencia, el delito, la fuerza bruta, el daño, los incendios, el amedrentamiento, como forma de reclamo de quienes se sienten con derechos”.
“Los organismos del Estado Nacional deben ser los custodios de la paz social y no los artífices o acompañantes por omisión de hechos vandálicos. Reclamamos al Gobierno, que no abandone a sus ciudadanos patagónicos y ponga orden, justicia y paz, permitiendo recuperar la vida normal de toda la región”, cerró el escrito.
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