La Ley 26.331 o “Ley de Bosques” –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.

Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.

El 0,3% del proyecto de Presupuesto 2022 de la Administración Pública Nacional, elaborado por el equipo del Ministerio de Economía liderado por Martín Guzmán, equivale a un monto de 30.600 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones (derechos de exportación) agroindustriales deberían sumarse al menos otros 15.000 millones.

Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 45.000 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2022 asigna una partida de apenas 1212,4 millones de pesos (apenas un 2,6% del monto correspondiente).

El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.

Increíblemente, a pesar de la violación sistemática de la Ley 26.331, legisladores de todas las fuerzas políticas presentaron el año pasado diferentes proyectos para crear un “Fondo Nacional de Humedales” orientado a compensar a propietarios de zonas de humedales declaradas como área de conservación.

En noviembre del año pasado, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados debatió los proyectos presentados y consensuó un documento único que fue girado posteriormente a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda e Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros.

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La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) emitió un comunicado señalando algunos de los cambios en el texto de la Ley sancionada en 2006 que consideran importantes. Pero ante todo señaló que “antes de pretender una modificación, el desafío es empezar a cumplirla.”

Como primer cambio, los agrónomos remarcaron la necesidad de enunciar de forma clara las definiciones de Sustentabilidad y de Rol del Bosque, tanto en el texto de la Ley como de la reglamentación.

“La Ley 26331, con sus ambigüedades y algunas inconsistencias técnicas, produjo un abuso de los términos ‘bosque nativo’, haciéndolo sinónimo de ‘ecosistema’, aspecto muy alejado de la realidad. Esa falta de definición clara ha causado un inmenso problema de aplicación de la Ley, y que no está contemplada en el proyecto que lo reemplazaría”, afirmaron.

En este sentido agregaron que el establecimiento y la definición de conceptos no debería estar a cargo del COFEMA sino de otras entidades, como el INTA el Conicet, los Consejos de Ingenieros Agrónomos, las universidades, centros de investigación y otros organismos que poseen estudios y experiencias sobre la temática.

Respecto a las categorías de conservación, FADIA indicó que la definición de los tipos de vegetación quedó en manos de las autoridades provinciales que utilizan la metodología que más le conviene a cada una. Por eso afirmaron que la ley “sólo debe fijar un marco y parámetros regulatorios generales, regionales y/o provinciales donde claramente se explicite lo que se debe conservar y cómo aprovechar los productos y servicios del bosque y/o monte”.

Criticaron luego que el proyecto de reforma pretende eliminar la Categoría III (Zona Verde), que define a aquellas zonas que pueden “transformarse” con destino agrícola, utilizando técnicas de conservación que resguarden los recursos naturales. Indicaron que “su eliminación a priori rozaría con el principio de propiedad privada, en el cual los productores no quedan en iguales condiciones ante las actividades productivas que puedan realizar.”

Hacia el final concluyeron que el desafío “es dar el paso siguiente que sea superador, basado en cumplir los compromisos asumidos en la presente ley y actualizar la reglamentación de la misma basado en conocimientos científico-tecnológicos de los ecosistemas nativos.”

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