La entrada Combo insostenible: Además de violar la Ley de Bosques, el Estado argentino mantiene una deuda (en pesos devaluados) con propietarios de zonas protegidas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Ley 26.331 o “Ley de Bosques” –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
El año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 45.000 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2022 asigna una partida de apenas 1212,4 millones de pesos (apenas un 2,6% del monto correspondiente).
El Estado argentino se prepara para violar por treceavo año consecutivo la Ley de Bosques
Al respecto, Fundación Vida Silvestre expresó su preocupación por la falta de fondos para la protección de los bosques nativos de Argentina.
“Lo que venimos pidiendo año tras año es que se cumpla la ley de manera correcta. Sin el adecuado estímulo financiero, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer su capacidad de fiscalización, control y vigilancia”, manifestó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, por medio de un comunicado
“Por otro lado, los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación”, añadió.
Pero, además de asignar una cifra ínfima respecto del monto establecido por la legislación vigente, el colmo del colmo es que el Estado mantiene una deuda enorme –en pesos progresivamente devaluados– con compensaciones relativas a propietarios de zonas protegidas.
“La puesta al día de las rendiciones por el total que aún adeudan la mayoría de las provincias, no debería ir más allá de marzo 2022. El cumplir en tiempo y forma, también es una señal de seriedad y compromiso para defender el fondo en el marco de las discusiones del presupuesto nacional”, aseguró Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre.
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]]>La entrada COP26: Con apoyo de Brasil (y una adhesión confusa de la Argentina), anuncian un nuevo acuerdo global para detener la tala de bosques se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En la primera década del milenio, hasta que logró implementar su Ley de Protección de Bosques Nativos, la Argentina estuvo entre los países que más deforestaron a nivel global, según indicadores de la propia Naciones Unidas. Un acuerdo de este estilo implicaría poner límites más severos para la ampliación de la frontera agrícola en las provincias del norte del país.
El acuerdo para detener la deforestación se firmó en el tercer día de la COP26, pero en la última jornada en la que participarán los presidentes, entre ellos Alberto Fernández, quien habló ante la cumbre y volvió a vincular la necesidad de vincular el endeudamiento externo de los países con los “servicios ecosistémicos” que brinden al resto de la comunidad internacional. Evitar la deforestación podría ser considerado uno de ellos, pues sabido es que los bosques actúan como sumideros de carbono. En ese sentido, el Presidente solo avisó que el gobierno enviará al Parlamento un nuevo proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos.
EN VIVO | El presidente Alberto Fernández participa en la Sesión Plenaria de la Cumbre de Líderes de la COP26 https://t.co/v4iU75GZoz
— Casa Rosada (@CasaRosada) November 2, 2021
En la jornada inaugural de la COP26, el lunes, los diferentes jefes de Estado lanzaron dramáticos llamados a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero para “salvar a la humanidad” de los devastadores efectos del cambio climático. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impusieron sobre este punto un pacto de 105 países para reducir un 30% ese tipo de emisiones para 2030. La adhesión argentina a ese acuerdo se conocía de antemano, pero a que el metano es el gas que emiten naturalmente las actividades ganaderas, por lo que esta acción podría ser contraproducente para las economías agropecuarias de la región.
En materia de forestación, que también podría resultar un condicionante al avance de la frontera agropecuaria, el anuncio de un acuerdo entre otros 105 países lo hizo el primer ministro británico, Boris Johnson. Contó que el compromiso implicará detener la deforestación en 2030 y movilizará recursos por 19.200 millones de dólares de fondos públicos y privados para lograrlo.
“Estos grandes ecosistemas abundantes, son los pulmones de nuestro planeta y esenciales para nuestra propia supervivencia”, señaló Johnson, que habló de un “acuerdo histórico” y una “oportunidad sin comparación para crear puestos de trabajo”.
“Con las promesas sin precedentes de hoy, tendremos la oportunidad de poner fin a la larga historia de la humanidad como conquistadora de la naturaleza y, en cambio, convertirnos en su custodio”, agregó el británico.
Los expertos tuvieron reacciones diversas respecto al anuncio. Algunos de ellos que lo consideraron positivo, aunque advirtieron que un acuerdo previo de 2014 no logró detener la deforestación en absoluto y que es imperiosos cumplir con los compromisos. Otros, en cambio, denunciaron el anuncio como una “luz verde para otra década de destrucción forestal”.
Bosques y selvas absorben casi un tercio del Carbono global emitido por la quema de combustibles fósiles, pero cada minuto se pierde una superficie forestal equivalente a 27 campos de fútbol, según la presidencia de la COP26. Esto sucede en los países en vías de desarrollo, pues las potencias que ahora pregonan la necesidad de detener la deforestación ya talaron sus propios recursos hace muchas décadas.
Pero el asunto es complejo: según las mediciones disponibles el 23% de las emisiones mundiales de CO2 proceden de actividades como la tala, la deforestación y la agricultura, mientras que a la vez hay al menos 1.600 millones de personas -casi 25% de la población mundial- que dependen de los bosques para su subsistencia.
Según este anticipo, los países que firmarán el acuerdo contienen el 85% de los bosques del mundo. Entre ellos destacan Rusia, Canadá, Brasil, Rusia, Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo. Hasta esta mañana no se conocía la posición del gobierno argentino, aunque se suponía que actuaría de acuerdo con Brasil y el resto de los países del Mercosur.
Finalmente se supo el motivo del intríngulis. En la declaración emitida por el gobierno británico sobre este acuerdo no figuraba la firma de la Argentina porque al parecer ninguno de sus funcionarios se hizo presente al momento de suscribir el pacto. De todos modos, luego fuentes oficiales confirmaron a diversos medios que la adhesión nacional a ese acuerdo para frenar la deforestación no estaba en discusión.
Los países que suscriben la iniciativa se comprometerán con 12.000 millones de dólares de fondos públicos para proteger y restaurar los bosques, junto con 7.200 millones de dólares de inversión privada. Parece ser poco dinero frente a los recursos que moviliza la agricultura, la ganadería y otras actividades que compiten por esa misma superficie.
El Reino Unido destinará más de 2.000 millones de dólares a lo largo de cinco años para apoyar la defensa de los bosques. Ese dinero incluirá casi 500 millones de dólares para los bosques tropicales de Indonesia y más de 270 millones de dólares para la Coalición LEAF, organismo que que facilita que los países con bosques tropicales y subtropicales avancen más rápido hacia el fin de la deforestación.
Los gobiernos que representan el 75% del comercio mundial de productos básicos clave que pueden amenazar los bosques, como el aceite de palma, el cacao y la soja, también suscribirán una nueva Declaración de Bosques, Agricultura y Comercio de Productos Básicos (FACT).
El ministro de Medio Ambiente británico, George Eustice, describió hoy el acuerdo de deforestación como un “avance realmente significativo”. En declaraciones a Sky News, resaltó también que Brasil esté entre los firmantes, considerando que se trata de un compromiso que el país sudamericano no había asumido antes.
“Creo que las cosas están empezando a cambiar en términos de su enfoque. Siempre con estos acuerdos multilaterales, tenemos que trabajar con los países. Necesitamos que todo el mundo se una y haga estos compromisos. Creo que es produjo cierto éxito”, dijo.
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]]>La entrada El Estado argentino se prepara para violar por treceavo año consecutivo la Ley de Bosques se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Ley 26.331 o “Ley de Bosques” –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El 0,3% del proyecto de Presupuesto 2022 de la Administración Pública Nacional, elaborado por el equipo del Ministerio de Economía liderado por Martín Guzmán, equivale a un monto de 30.600 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones (derechos de exportación) agroindustriales deberían sumarse al menos otros 15.000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 45.000 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2022 asigna una partida de apenas 1212,4 millones de pesos (apenas un 2,6% del monto correspondiente).
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.
Increíblemente, a pesar de la violación sistemática de la Ley 26.331, legisladores de todas las fuerzas políticas presentaron el año pasado diferentes proyectos para crear un “Fondo Nacional de Humedales” orientado a compensar a propietarios de zonas de humedales declaradas como área de conservación.
En noviembre del año pasado, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados debatió los proyectos presentados y consensuó un documento único que fue girado posteriormente a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda e Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros.
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]]>La entrada En este país de locos, condenaron a “Doña Jovita” por salir en defensa de una marcha de los ambientalistas: Ahora ellos salen a defender al popular personaje cordobés se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El 28 de diciembre de 2016, organizaciones ambientalistas, fundaciones, asambleas vecinales y ciudadanos comunes, acompañados por Doña Jovita, se manifestaron a lo largo de unas 7 cuadras por las calles de la capital cordobesa en defensa del bosque nativo. Córdoba es una provincia donde la discusión sobre la aplicación de la Ley de Bosques fue muy intensa.
El periodista Adolfo Carpio, cubriendo en vivo la manifestación para el Multimedio Cadena 3, criticó a la marcha, acusándola de perturbar el orden urbano, pero con valoraciones como “produjeron un caos”, “marcharon por nada”, etcétera.
Podés escuchar el audio completo de la crónica de Andrés Carpio, de Cadena 3 en el siguiente enlace: http://El audio completo de la crónica de Andrés Carpio, de Cadena 3
Frente a semejantes consideraciones, el actor José Luis Serrano le respondió públicamente que estaba desinformando a su audiencia, inquiriéndole por qué falseaba la realidad. Más tarde, el movilero de Cadena 3 lo demandó judicialmente por “calumnias e injurias” reclamándole 300.000 pesos, ya que sintió que su moral estaba dañada por el mensaje del popular personaje de la abuela serrana.
Serrano se defendió mediante sus abogados. Y resultó que Raquel Villagra de Vidal, la jueza civil y comercial del Juzgado de 1° Instancia 48 Nominación, desestimó la acción judicial presentada por Carpio y dictaminó que José Luis Serrano no había incurrido en los delitos de “Calumnias e Injurias” que el periodista de Cadena 3 le adjudicaba.
Carpio había dicho: “300 manifestantes marcharon” (en realidad quedó acreditado que eran cerca de 10.000); “concurrieron hasta la Legislatura” (los manifestantes nunca estuvieron en ese lugar); “crearon un caos en el microcentro” (en vez de poner énfasis en la gravedad del caso que provocó la marcha, además de que fue una manifestación de perfil familiar, pacífica, sin ningún tipo de incidentes y bailando danzas nativas). Todo esto según la crónica de otro periodista llamado Daniel Díaz Romero.
Podés escuchar el audio completo del mensaje de Doña Jovita en el siguiente enlace: https://ar.ivoox.com/es/dona-jovita-su-reclamo-falsedad-audios-mp3_rf_48619764_1.html
Pero luego la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 1a. de Córdoba falló, por mayoría, el 10 de diciembre de 2020, en contra de lo que dispusiera antes la jueza de primera instancia, aunque en dicho fallo es justo aclarar que la suma de 300.000 pesos reclamada como indemnización fue reducida a 46.000 pesos.
Queda pendiente la posibilidad de Serrano, de recurrir a la “Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)” mediante un “Recurso Extraordinario Federal (REF)”. Sin embargo, de perder definitivamente, Serrano, hasta que se hiciera efectivo el pago, sumando intereses, la suma podría llegar a los mismos 300.000 pesos reclamados inicialmente.
Por este motivo, y parece increíble, habrá una nueva manifestación, aunque esta vez virtual debido a la pandemia.
Los manifestantes ambientalistas se han puesto en alerta y realizarán un evento virtual para recaudar fondos de modo preventivo para ayudar a Doña Jovita, a la vez que celebrarán el Día de la Madre Tierra o Pachamama. Denunciarán que el ambiente de Córdoba viene sufriendo incendios, contaminaciones y urbanización indiscriminada.
El flyer convocante reza: “Como consecuencia del fallo adverso de la justicia en su intento de silenciar a quienes participan activamente en la defensa de los derechos socioambientales y la protección de la biodiversidad -en la provincia de Córdoba y a lo largo del país- se desarrollará el 1° Festival Virtual Cultural con la participación de artistas, organizaciones sociales y ambientales, fundaciones, instituciones académicas y sociedad civil cordobesa”.
Respecto del insólito caso que envuelve a Doña Jovita, la convocatoria dice: “La mordaza para el ejercicio de la libre expresión impuesta por el periodista del multimedio Cadena 3 -Andrés Carpio- hacia Doña Jovita, abuela de todos los cordobeses, a quien se le exige el pago de una indemnización por haberse expresado al respecto de un relato falso del cronista de Cadena 3, nos pone nuevamente de pie porque entendemos que este fallo nos involucra como actores directos en la protección de la biodiversidad”.
“En una provincia donde el 95% del bosque nativo fue arrasado, continuamos trabajando para recuperar los vínculos con la tierra en la búsqueda de una reparación social y ambiental histórica, reclamando por un Estado presente que proteja no solo al ambiente sino también a quienes lo defienden”, agrega.
Por la vía de streaming este festival se realizará el domingo 1° de agosto desde las ocho de la noche. Para colaborar con Doña Jovita las entradas están a la venta en las redes.
“Ojalá el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba haga ‘Justicia’ con mayúscula y no permita mordazas, como la que se quiere poner a ‘Doña Jovita’; ese personaje de las causas nobles, la que, con sus reflexiones, acarician el alma en su fino humor”, escribió Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista y periodista.
Nos despedimos con un homenaje al Inty Raimi en la voz de José Luis Serrano y fotografía de Juan Carlos Chávez Murúa sobre el paisaje de San Huberto, Traslasierra, Córdoba.
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]]>La entrada Greenpeace denuncia que Chaco no respetó un fallo judicial que ordenó detener los desmontes se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“La impunidad y voracidad de algunos empresarios agropecuarios deja en evidencia que ni las medidas judiciales ni las multas alcanzan para frenar la destrucción de nuestros últimos bosques nativos. Necesitamos que en forma urgente se penalicen los desmontes”, señaló Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, al hacer pública la denuncia.
El 5 de noviembre pasado la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió “ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”.
El fallo de la justicia se basó en la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, un proceso que se inició en 2006 con la sanción de la ley. En territorio chaqueño ese trabajo se realizó solo una vez, aunque la legislación requiere una actualización periódica.
Greenpeace citó datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, que ubican a Chaco como la provincia con más pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas.
Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques.
“El gobernador de Chaco tiene que entender que este debe ser el principio del fin de la deforestación en la provincia. No puede seguir siendo cómplice de este crimen y debe aumentar fuertemente los controles para garantizar que se cumpla la suspensión establecida por la Justicia y no se siga desmontando”, reclamó la entidad a Jorge Capitanich.
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]]>La entrada Avanza el proyecto de Naciones Unidas para restringir el uso del territorio argentino por medio de una “Ley de Humedales” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El año pasado legisladores nacionales de todas las fuerzas políticas presentaron proyectos para gestionar los humedales, los cuales, extrañamente, tenían tan escasas diferencias entre sí que parecían todos calcados en una misma matriz.
Todas las iniciativas proponían realizar un “Inventario Nacional de Humedales” para instrumentar un “ordenamiento territorial” en el cuál debería hacerse un aprovechamiento “sustentable” con previa autorización de la autoridad ambiental. Los proyectos preveían además delimitar áreas de “conservación” o “preservación” en las que no se podrá producir nada, las cuales, para compensar el lucro cesante, recibirían compensaciones de un “Fondo Nacional de Humedales”.
El 20 de noviembre de 2020, en el ámbito de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, se trató un proyecto de ley unificado sobre el tema elaborado a partir de un “combinado” armado con las propuestas de Leonardo Grosso, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos), Flavia Morales, Diego Sartori (Unidad Federal para el Desarrollo), Antonio Carambia (Acción Federal), Enrique Estévez (Socialismo), Nicolás del Caño, Romina del Plá (Frente de Izquierda), Graciela Camaño (Consenso Federal), Brenda Austin, Ximena García, Gustavo Menna, Jorge Vara, Gabriela Lena (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
La iniciativa, denominada proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales”, recibió dictamen favorable en la Comisión de Ambiente por parte de 24 diputados –algunos con disidencias–, mientras que tres presentaron un dictamen de minoría y cinco se abstuvieron.
El proyecto contempla prohibir la producción en algunas regiones, mientras que en otras se permitirá pero en el marco de un “plan de manejo racional y uso sostenible” de los humedales aprobado por la “autoridad competente de cada jurisdicción”, con la excepción de los pueblos indígenas y agricultores familiares, quienes podrán seguir haciendo lo que quieran al respecto.
En diciembre –finalmente– se publicó el documento que había servido de “inspiración” a todos los legisladores preocupados por el tema: un texto titulado “Aportes del Sistema de Naciones Unidas al proceso de elaboración legislativa para la conservación y el uso sostenible de los humedales en la República Argentina”, el cual fue elaborado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el propósito de “incrementar a gran escala la restauración de los ecosistemas degradados y destruidos, como medida de probada eficacia para luchar contra el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria, proveer el suministro de agua y proteger la biodiversidad”. Todo en el marco de la denominada “Agenda 2030”.
Luego llegaron las vacaciones de verano, sesiones legislativas extraordinarias con diferentes propuestas y el tema de los humedales, entrando ya en un año electoral, quedó en segundo plano, cuando se requiere el dictamen de las comisiones de Agricultura, Presupuesto e Intereses Marítimos y Fluviales de Diputados para que el proyecto pueda avanzar en la Cámara baja.
Para terminar con esa modorra, el pasado 22 de marzo el Ministerio de Ambiente organizó un evento virtual en el cual se presentó el documento sobre humedales publicado en diciembre por el PNUD. “La protección de los humedales de nuestro país es una de las prioridades del Ministerio de Ambiente”, aseguró entonces el director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Abelardo Llosa, quien reconoció además el “esfuerzo” de la contribución realizada por Naciones Unidas al respecto.
El 30 de marzo se publicó la resolución 80/2021 del Ministerio de Ambiente, por medio de la cual se creó el “Programa de Humedales”. Y un día después, el 31 de marzo, la agencia oficial Télam publicó un artículo titulado “Naciones Unidas alertó por la conservación de los humedales en el país”, en el cual Eugenia Di Paola, coordinadora del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD , sostuvo que “dada la situación actual del Covid-19, los impactos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y los incendios sucedidos durante este año, se presentan grandes desafíos para la concreción del marco de recuperación pospandemia, la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, temas que nos interpelan en la búsqueda de respuestas con miras a los compromisos asumidos al suscribir la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”.
https://twitter.com/PNUDArgentina/status/1378332638851833857
La cuestión es que el espíritu del proyecto de la Ley de Humedales es similar al de la Ley 26.331 (“Ley de Bosques”), la cual fue violada sistemáticamente durante una década por el Estado nacional porque jamás integró el Fondo de Conservación –que supuestamente debía compensar a los propietarios de las tierras que quedaron fuera de producción– con la cifra determinada por esa misma legislación.
Resulta extraño además que, con las graves complicaciones económicas y sociales presentes en la Argentina, la mayor parte de los legisladores se hayan puesto de acuerdo para instrumentar una regulación que, además de incrementar el gasto público –en lo que respecta a la creación de una nueva partida para financiar el “Fondo Nacional de Humedales”–, puede dejar fuera de juego a vastas extensiones de tierra en las cuales se elaboran productos agroindustriales generadores de divisas (en un momento en el cual el Banco Central argentino está virtualmente fundido) y son fuente de empleo genuino.
Tampoco queda claro cómo contribuiría una Ley de Humedales para solucionar el problema de la pobreza, que en la Argentina alcanza, según cifras oficiales, al 42% de la población, a menos que se considere, claro, que el cuidado del ambiente es más importante que la calidad de vida de los argentinos. O más importante incluso que su propia vida.
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]]>La entrada ¿Verdadero o Falso? Analizamos todas las cuestiones relativas al sector agroindustrial presentes en el discurso de Alberto Fernández se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>También se evaluaron aquellas cuestiones que, si bien fueron mencionadas, no se profundizó en las mismas para resolver dudas sobre cuestiones cruciales para el desarrollo del sector agroindustrial.
Alberto Fernández: “Hemos impulsado acuerdos internacionales por un financiamiento de 4695 millones de dólares destinados a la reactivación de las líneas de carga Belgrano, San Martín y Tren Norpatagónico. Esto generará 28.500 puestos de trabajo distribuidos en catorce provincias”
En diciembre pasado el gobierno nacional firmó un convenio con la empresa CMEC (China Machinery Engineering Corporation), que otorgará un financiamiento de 816 millones de dólares para renovar otros 911 kilómetros de vías del ferrocarril Belgrano Cargas en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, además de proveer nuevas formaciones y locomotoras orientadas a incrementar la capacidad de carga de esa línea ferroviaria. El contrato inicial con CMEC, si bien fue firmado durante la última gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue renegociado y puesto en marcha durante la administración de Mauricio Macri. En diciembre también se acordó con China Railway Construction Corporation (CRCC) un acuerdo de financiamiento para reactivar la línea San Martín de Trenes Argentinos Cargas (otra empresa estatal), que atraviesa el centro del territorio argentino para conectar a Cuyo con la zona pampeana. En este caso, la cifra total acordada es de 2603 millones de dólares –que se distribuirá en dos etapas– para renovar 1813 kilómetros de vías. En lo que respecta al ferrocarril Norpatagónico, hasta el momento solo existe un memorando de entendimiento con CMEC.
Alberto Fernández: “Con el propósito de coordinar el uso estratégico de nuestros ríos, creamos el Consejo Federal de la Hidrovía y vamos a instituir una agencia nacional en la que estén representadas todas las provincias del Litoral para participar primero del proceso licitatorio y para controlar después el efectivo cumplimiento de las obligaciones del nuevo concesionario de la Hidrovía Paraná-Paraguay, algo que nunca ocurrió hasta aquí”.
La cuestión central en este aspecto, que no fue mencionada por el presidente Alberto Fernández, es qué sucederá con la concesión de la empresa Hidrovía S.A. que vence en las próximas semanas. ¿Se concederá una nueva extensión de la concesión a Hidrovía S.A. hasta tanto se resuelva el proceso de licitación del nuevo concesionario o el gobierno comenzará a cobrar el peaje en el marco de un contrato de prestación de servicios con Hidrovía S.A? Misterio.
Alberto Fernández: “En enero de 2020 se sanciona un nuevo Consenso Federal que inició el camino para la recuperación fiscal de los gobiernos provinciales”
El “Consenso Federal”, que ya cuenta con media sanción del Senado, debe ser aprobado por la Cámara de Diputados para comenzar a regir. La denominada “recuperación fiscal de los gobiernos provinciales” no es otra cosa que dar por terminado el “Pacto Fiscal” promovido por el gobierno anterior para que los gobierno provinciales puedan subir el impuesto a los Ingresos Brutos sin limitación alguna.
Alberto Fernández: “Para superar los desequilibrios territoriales es necesario rediseñar la concentración que existe. La próxima etapa de avance económico tiene que potenciar más los polos productivos y llevar el dinamismo a todas las regiones, a un anhelo que cada argentino y cada argentina encuentre en la tierra en la que nace todas las condiciones necesarias para poder desarrollarse y ser feliz. Esto es parte del plan de desarrollo federal que hemos trabajado con gobernadores y gobernadoras, incluyendo medidas que interesan a más de un gobierno provincial. Estas diez iniciativas son: la extensión universal de la conectividad digital; la promoción de la inversión privada; las obras que faciliten la salida de la producción argentina a través de puertos chilenos sobre el océano Pacífico, en particular las vinculadas con el Corredor Bioceánico NOA- Centro; la actualización del acuerdo federal minero; la solución de los problemas de infraestructura y regulatorios que impiden la explotación de tierras aptas para el cultivo en zonas distintas del país; la extensión de la red de gas natural en zonas del norte y el sur en la que la dificultad de acceso a este recurso detiene la actividad productiva; el impulso a la extracción y transporte de los recursos hidrocarburíferos del yacimiento Vaca Muerta; la continuidad del plan gas que lanzamos en 2020; el desarrollo de fuentes de energía hídrica, eólica y solar; y finalmente el impulso a la construcción de puertos tanto fluviales como marítimos”.
¿Y los biocombustibles? Ni una sola palabra al respecto. En lo que respecta a la “solución de los problemas regulatorios que impiden la explotación de tierras aptas para el cultivo en zonas distintas del país”, ¿a qué se refiere? ¿Van a promover una modificación de la Ley de Bosques (Nº 26.331) o de la denominada Ley de Extranjerización de la Tierra (Nº 26.737)?
Alberto Fernández: “Estamos potenciando particularmente las exportaciones de mayor valor agregado. Por eso reducimos los derechos de exportación a la producción industrial. El nuevo diseño de retenciones premia al que agrega valor. Menos retenciones, mayor elaboración del producto. En el caso de la economía del conocimiento se eliminaron totalmente las retenciones a las exportaciones. También reducimos las retenciones a las exportaciones de las economías regionales para impulsar el desarrollo federal exportador”.
A comienzos de este año se suspendió la aplicación de derechos de exportación para carne ovina y caprina; cueros; miel; ovoproductos; cebollas y ajos; cítricos frescos y jugos de cítricos; manzanas, peras y membrillos; jugo de manzana; damascos y duraznos; cerezas y arándanos; uvas frescas y pasas de uva; aceite de oliva y aceitunas; semillas de girasol; chía, legumbres; té y yerba mate; frutos secos y batatas, entre otros productos.
Pero aumentaron las retenciones para leches fluidas, quesos, lactosuero y manteca; vinos; tabaco; papas; jugo de pera; semillas forrajeras; panificados; azúcar; embutidos; aceite de girasol, cereales para desayuno, alimentos para mascotas, jaleas y mermeladas y muchos otros productos que se caracterizan por contar con un elevado valor agregado. Además, se mantuvo la alícuota del 9,0% sobre la leche en polvo (que provoca un daño enorme en el poder de compra de las industrias exportadoras), al tiempo que para el maní se mantuvo el derecho en un 7,0%.
Alberto Fernández: “La inflación es la principal evidencia de nuestras deficiencias. La inflación es un problema multicausal. Debemos abordarlo de modo integral con políticas macroeconómicas consistentes y sostenibles y con diálogo social que permite estructurar acuerdos de mayor alcance. Durante 2020 pudimos reducir en 18 puntos la inflación que heredamos en 2019. Fue un primer paso para revertir la tendencia ascendente que se había registrado en 2018 y 2019. Nuestro Gobierno cuida y seguirá cuidando la mesa de las familias argentinas. No es posible que como sociedad caigamos una y otra vez en el viejo sistema donde algunos amasan fortunas especulando con los precios y los consumidores retroceden en su capacidad de comprar. Debemos hacer que los salarios crezcan y los precios se estabilicen”.
El presidente considera que la inflación no es un fenómeno monetario, sino la consecuencia de gente que “amasa fortunas especulando con los precios”, con lo cual caben esperar crecientes presiones sobre las empresas para que sigan financiando, con recursos propios, el programa oficial de precios máximos en un contexto de gran aceleración inflacionaria. La industria alimentaria argentina se cansó de explicar que no es causante de la inflación, sino su víctima, y que se encuentra en una situación crítica porque no va a poder aguantar mucho más si es obligada a vender productos a precios por debajo de los costos de producción.
Alberto Fernández: “Hemos iniciado una mesa de concertación de precios y salarios junto al sector empresario y sindical. El diálogo va a contribuir en el proceso de desinflación. Planteamos un debate abierto donde cada sector esté dispuesto a contribuir en beneficio del conjunto. Porque nadie se salva solo y porque en este contexto es central coordinar esfuerzos para que el salario le gana a la inflación. Estamos proponiendo un abordaje integral para resolver el problema. Ello incluye el programa macroeconómico plasmado en el presupuesto 2021, la coordinación de precios y salarios y los programas específicos como Precios Cuidados. Creemos en el diálogo. Quiero dejar en claro que el diálogo de ninguna manera significa que el estado resigne sus potestades legales, menos cuando hablamos nada más y nada menos que de cuidar el alimento y el desarrollo de nuestro pueblo”.
Nuevamente: la inflación es un fenómeno –según la creencia del presidente– no relacionado con el factor monetario ni con el gasto público que debe ser administrado con “contribuciones” del sector empresario y sindical, es decir, del ámbito privado. El gobierno, ese sentido, está abierto al “diálogo”, pero si alguien desobedece, sufrirá consecuencias.
Alberto Fernández: “Es prioritario para la Argentina integrarse a las cadenas globales de valor a través de la tecnología 4.0. Este año presentaremos 6 proyectos de ley destinados a dinamizar la estructura de crecimiento que abordan nuevos desafíos tecnológicos y productivos. También son una convocatoria a la unidad nacional y productiva, para establecer los pilares de un gran Proyecto Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Los proyectos de ley son los siguientes: el primero, tiene que ver con la electromovilidad. El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio o el uso de hidrógeno verde. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero. Implementaremos incentivos tanto en la incorporación de movilidad sustentable como en la producción en el país de este tipo de vehículos y su cadena de valor que comienza en el litio. Luego de un año de trabajo con los actores de la cadena automotriz, empresarios, fabricantes de autos y autopartes, trabajadores y el gobierno, llegamos a un acuerdo para este proyecto de ley incluye dos grandes capítulos: a) incentivos fiscales para la inversión. b) la creación del Instituto de la movilidad. La ley facilitará la realización de inversiones por más de 5 mil millones de dólares”.
¿Y los biocombustibles?
Alberto Fernández: “El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años. El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial”.
Aparentemente el gobierno argentino pretende seguir los pasos de Uruguay, país que está muy avanzando en el desarrollo de productos medicinales elaborados en base a cannabis.
Alberto Fernández: “Hemos trabajado durante 2020 con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en iniciativas destinadas a fortalecer la inversión para agregar valor. Aumentar la producción y las exportaciones. Vamos a promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector generando más empleo y más valor agregado”.
La iniciativa, desde ya, no contempla ninguna suspensión ni reducción de derechos de exportación para los principales productos agroindustriales.
Alberto Fernández: “Finalmente vamos a promover la industria hidrocarburífera mediante el envío de una ley que aborde en forma integral al sector, desde su extracción hasta su industrialización, y genere las condiciones para el desarrollo de los recursos energéticos que tiene el país en beneficio de los argentinos y las argentinas. La política energética es clave para asegurar el desarrollo del país. Tenemos que trabajar para recuperar el autoabastecimiento y generar las condiciones para que todos los argentinos y todas las argentinas tengan acceso a la energía en forma eficiente. Podemos convertirnos en un exportador de energía a nivel regional y mundial. Nuestros países son demandantes de energía que nosotros podemos hacer en forma competitiva. Tenemos los recursos. Vaca Muerta es la segunda reserva de gas del mundo, un combustible clave en el marco de la transición energética que los países impulsan para minimizar los efectos del cambio climático. Sabemos cómo hacerlo. YPF lidera el desarrollo de la producción hidrocarburífera en el país y hoy sus proyectos son competitivos a nivel mundial. De esta manera vamos a agregar más valor en la cadena y favorecer un mejor balance de divisas. El desarrollo energético queremos que favorezca también a los usuarios de la energía”.
¿Y los biocombustibles?
Alberto Fernández: “Consensuamos con todas las provincias mecanismos de gestión que permitan movilizar los recursos económicos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”.
El gobierno nacional violó por doce años consecutivos lo establecido por la “Ley de Bosques” (Nº 26.331), que establece un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos para compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión. Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”. El 0,3% del proyecto de Presupuesto 2021 de la Administración Pública Nacional equivale a un monto de 25.184 millones de pesos, mientras que en concepto de derechos de exportación agroindustriales deberían sumarse al menos otros 5000 millones. Es decir: este año el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 30.000 millones de pesos. Sin embargo, se asignó una partida de apenas 1212 millones de pesos (apenas un 4% del monto correspondiente). El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.
Alberto Fernández: “Otro tema clave para un desarrollo integral es la conectividad. La pandemia mostró más aún su relevancia. Establecimos el carácter de servicios públicos esenciales en competencia de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y suspendimos los incrementos de precios hasta el 31 de diciembre de 2020. Ahora, el Ente Nacional de Comunicaciones debe autorizar cualquier aumento. Creamos la Prestación Básica Universal ampliando derechos para que todos y todas puedan acceder a estos servicios esenciales. No voy a permitir que el negocio de unos pocos sea a costa de postergar a millones de argentinos. Nunca debemos permitir que eso ocurra. En articulación con la empresa ARSAT, en el mes de septiembre se lanzó el plan nacional Conectar. Estamos trabajando para reducir la brecha digital y universalizar el acceso a los servicios en tecnologías de la información y la comunicación y a las conexiones de banda ancha en todo el territorio nacional”.
No se está trabajando en tecnologías que permitan desarrollar una “autopista digital” en toda la extensión del ámbito rural, como puede ser el caso de la tecnología Television White Spaces (TVWS), la cual busca en el espectro radioeléctrico frecuencias atribuidas a televisión en espacios geográficos en las cuales las mismas no se usan, de manera tal –como indica su nombre– de usar los espacios en blanco de esas frecuencias para brindar plena conectividad en regiones rurales con baja población que no son atendidas por compañías tradicionales de telecomunicaciones.
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]]>La entrada Para la Federación de Agrónomos, antes de pretender modificar la Ley de Bosques hay que empezar a cumplir con la normativa vigente se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) emitió un comunicado señalando algunos de los cambios en el texto de la Ley sancionada en 2006 que consideran importantes. Pero ante todo señaló que “antes de pretender una modificación, el desafío es empezar a cumplirla.”
Como primer cambio, los agrónomos remarcaron la necesidad de enunciar de forma clara las definiciones de Sustentabilidad y de Rol del Bosque, tanto en el texto de la Ley como de la reglamentación.
“La Ley 26331, con sus ambigüedades y algunas inconsistencias técnicas, produjo un abuso de los términos ‘bosque nativo’, haciéndolo sinónimo de ‘ecosistema’, aspecto muy alejado de la realidad. Esa falta de definición clara ha causado un inmenso problema de aplicación de la Ley, y que no está contemplada en el proyecto que lo reemplazaría”, afirmaron.
En este sentido agregaron que el establecimiento y la definición de conceptos no debería estar a cargo del COFEMA sino de otras entidades, como el INTA el Conicet, los Consejos de Ingenieros Agrónomos, las universidades, centros de investigación y otros organismos que poseen estudios y experiencias sobre la temática.
Respecto a las categorías de conservación, FADIA indicó que la definición de los tipos de vegetación quedó en manos de las autoridades provinciales que utilizan la metodología que más le conviene a cada una. Por eso afirmaron que la ley “sólo debe fijar un marco y parámetros regulatorios generales, regionales y/o provinciales donde claramente se explicite lo que se debe conservar y cómo aprovechar los productos y servicios del bosque y/o monte”.
Criticaron luego que el proyecto de reforma pretende eliminar la Categoría III (Zona Verde), que define a aquellas zonas que pueden “transformarse” con destino agrícola, utilizando técnicas de conservación que resguarden los recursos naturales. Indicaron que “su eliminación a priori rozaría con el principio de propiedad privada, en el cual los productores no quedan en iguales condiciones ante las actividades productivas que puedan realizar.”
Hacia el final concluyeron que el desafío “es dar el paso siguiente que sea superador, basado en cumplir los compromisos asumidos en la presente ley y actualizar la reglamentación de la misma basado en conocimientos científico-tecnológicos de los ecosistemas nativos.”
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]]>La entrada La Mesa de Enlace advierte que diputados y senadores promueven leyes que tienen una “visión prejuiciosa y denigrante de los productores rurales” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El bloque agropecuario, conformado por al Sociedad Rural, CRA, Coninagro y la Federación Agraria, expresó “su alarma ante el avance de distintos proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un alto impacto negativo sobre la producción agropecuaria, los productores, sus empresas y las comunidades”.
“Todos estos proyectos promueven una visión prejuiciosa y denigrante respecto de los productores rurales. Parten de premisas equivocadas sobre una supuesta ambición desmedida de los productores por ganar más tierras para su actividad a cualquier costo. Nada más alejado de la realidad”, indicó la máxima representación de los empresarios rurales.
¿Cuáles son las leyes que preocupan a la Mesa de Enlace y que tendrían este tinte antiagropecuario?
- Una es la ley de manejo del fuego, cuya modificación promueve el kirchnerismo. “Pretende castigar con hasta 60 años de inactividad a quienes fueron víctimas de incendios en sus propios campos”, dijeron las entidades.
- Otra es la ley de Humedales. En este caso, la Mesa de Enlace cree que los legisladores, “basados en una amplia y cuestionable definición de humedales”, podrían desafectar amplias porciones del territorio nacional para la actividad productiva.
- La tercera iniciativa que preocupa a los ruralistas es la que promueve un Observatorio sobre Agroquímicos, que superpone funciones con el Senasa. “Procura generar nuevos obstáculos a la producción”, indicaron.
- Como cuarto punto conflictivo figuran las nuevas restricciones propuestas en el marco de la Ley de Bosques. “Esto limitaría aún más la actividad agropecuaria en provincias que necesitan desesperadamente mayor desarrollo económico y humano para dar empleo y generar actividad en poblaciones postergadas, con innumerables necesidades”, indicó la Mesa de Enlace.
Bichos de Campo realizó hace unas semanas un programa especial sobre la Ley de Humedales:
“La inmensa mayoría de los productores respetamos la naturaleza y utilizamos los recursos en forma sustentable porque convivimos con ellos, vivimos en los campos en los que producimos, por lo que conocemos sus ciclos, sus necesidades, su fragilidad y su carácter limitado. Somos los primeros en buscar su equilibrio y su preservación”, definió el comunicado.
Y amplió: “Todos coincidimos en la importancia de cuidar el ambiente y los recursos naturales, y de hecho nuestra actividad depende muchas veces de ellos. De hecho somos los principales perjudicados por las consecuencias del cambio climático. Pero el abordaje de estos temas sobre que pretenden legislar debe ser serio y responsable. No sesgado por la ideología ni por mitos construidos desde alguna oficina en una ciudad”, advirtió.
Para la Mesa de Enlace, en el Congreso se “siguen queriendo restringir y limitar nuestras actividades, mientras nadie protege nuestros derechos que vulneran terceros, ni nos apoya ante las cada vez más frecuentes devastaciones producidas por inclemencias climáticas”.
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]]>La entrada Según un estudio de la FAUBA hay una estrecha relación entre la deforestación y la posición social, económica y política de los dueños de las fincas afectadas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El trabajo publicado en la revista de divulgación científica Sobre la Tierra fue realizado por Daniel Blum, a partir de su tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, dirigida por Matías Mastrangelo, investigador del Conicet, y bajo la tutoría de Sebastián Aguiar, docente de las cátedras de Ecología y Dasonomía de esa Facultad.
Aunque en 2007 se sancionó la Ley de Bosques, entre 2009 y 2016 se deforestaron en forma ilegal 750.000 hectáreas en Santiago del Estero, Salta y Chaco. Esa cifra equivale a 36 veces la superficie de Capital Federal.
A partir del estudio de 89 casos de desmonte ilegal, Blum señaló: “Aquellos con niveles intermedios o altos de poder tenderán a desmontar áreas boscosas más grandes.”
Si bien en muchos casos se apunta a la producción agropecuaria como uno de los principales factores que impulsan los desmontes, el estudio demostró que en muchos casos se deforestan suelos muy pobres y con condiciones climáticas de poca lluvia para especular en el mercado inmobiliario. En este sentido Mastrangelo indicó que para ese sector “una hectárea desmontada vale más del doble que una con bosque.”
El análisis indicó también que las provincias que recategorizaron a los bosques mediante un decreto, luego de la sanción de la ley (nos referimos a las categorías de conservación: verde, amarillo y rojo) continuaron con estas actividades ilícitas.
“En 2010, en Salta se habilitó la recategorización. Los que estaban ‘pintados’ de color rojo o amarillo —es decir, considerados de mediano o alto valor de conservación— se los pasó a color verde, con lo cual se pueden desmontar luego de una audiencia pública. Aunque la Ley de Bosques no permite reducir la categoría de protección, en las tres provincias, el 61,6% de los desmontes ilegales sucedieron tras recategorizaciones”, dijo Blum.
Otra de las conclusiones del estudio fue que la legitimidad es un factor clave para que la ley se cumpla. En aquellos territorios en los que los actores sociales no participaron, el interés en cumplir la norma fue muy bajo.
Para concluir Aguiar afirmó: “Si el Estado no dirige y regula el manejo de los territorios, se corre el riesgo de que lo definan los grupos concentrados del sector rural. Cuando esto ocurre, hay más chances de que se apropien de una gran parte de los beneficios del cambio en el uso de la tierra.”
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