Así lo advirtió Luciano Laspina, diputado santafesino de Juntos por el Cambio, en referencia a la Ley 26.160 (de relevamiento de comunidades indígenas), que fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, pero fue prorrogada en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2017, y que ahora el gobierno de Alberto Fernández quiere extender por cuatro años más.

Debido a que la norma exige requisitos muy laxos para validar la pertenencia a una comunidad “originaria”, se viene empleando en los últimos años para fomentar las usurpaciones de campos y establecimientos agropecuarios en diferentes regiones argentinas.

El gobierno quiere tratar la semana próxima una ley que prohibe desalojos a quienes se autoperciban comunidades “originarias” o “de la agricultura familiar”. Traducido: cualquiera se podrá quedar con tu propiedad. Por suerte el domingo hay elecciones…

— Luciano Laspina (@LaspinaL) November 12, 2021

“La ley viene siendo prorrogada desde su sanción en 2006. Es hora que se normalice la situación y se deje atrás la ‘emergencia’. Es un pésimo antecedente para la crisis que se está viviendo hoy en el sur de nuestro país con las usurpaciones y ataques a la propiedad privada”, apuntó Laspina.

“Cómo está siendo prorrogada, sin aclarar las fecha de corte, se interpreta en la práctica como una extensión de la suspensión de desalojos para las usurpaciones que ocurrieron entre prórrogas. Al menos debería aclararse que la prórroga únicamente rige para los juicios de desalojos anteriores a la sanción de la ley en 2006”, añadió.

Héctor Hernández Vieyra fundó el Foro de Seguridad Rural porque no tiene dudas: Con el disfraz de lo “originario”, hay organizaciones que quieren apropiarse de parte del territorio argentino

El 28 de octubre pasado, mientras se agudizaba el conflicto en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut por sucesivos sabotajes propiciados por miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el Senado dio media sanción al proyecto que busca prorrogar la Ley 26.160 para luego girar la iniciativa a la Cámara de Diputados.

La cuestión es que la iniciativa recibió 43 votos afirmativos, de los cuales seis provinieron de senadores del bloque de Juntos por el Cambio: Julio Cobos, Carmes Crexell, Mario Fiad, Gladys González, Juan Carlos Marino y Víctor Zimmermann

Además, cuatro senadores de Juntos por el Cambio se abstuvieron de votar (Laura Rodríguez Machado, Juan Carlos Romero, Pamela Verasay y María Vucasovich), mientras que otros doce estuvieron ausentes (Eduardo Costa, Alfredo de Angeli, Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Martín Lousteau, Stella Olalla, Luis Petcoff Naidenoff, Claudio Poggi, Guadalupe Tagliaferri, María Belén Tapia, María Clara del Valle Vega y Alberto Weretilneck), con lo cual el bloque opositor facilitó claramente la aprobación de la extensión de la Ley 26.160.

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Cuentan la Fundación Barbecheando y otras fuentes que el anteproyecto de ley con dictamen refleja unas pocas correcciones en los artículos que eran cuestionados por los productores. Vamos por partes:

En materia de Bienes Personales, tema que está siendo reformado por otra ley enviada por el Gobierno, hay una prédica generalizada a que el agro no debe ser el pato de la boda y que los campos productivos deben seguir de alguna manera exentos de ese tributo. Todo muy bonito: pero el texto sigue redactado como para que los dueños de los campos productivos comiencen a tributar un 0,25% de su valuación fiscal a partir del año que viene. 

El titular de la Comisión de Presupuesto y voz cantante de Cambiemos, el diputado Luciano Laspina, evaluó que “el campo es un sector que ha puesto el hombro en todos estos años, que este año aceptó una suba del 12% adicional de las retenciones, que ya paga en el medio de una de las sequía más grande que ha sufrido en las últimas décadas” y adelantó que, probablemente, en el recinto solicite “revisar la cuestión de los bienes rurales para que los diputados contemplen alguna modificación al dictamen aprobado en comisión”.

En el recinto, ¿quedó claro? La discusión sigue abierta. La Fundación Barbecheando evalúa que el objetivo de máxima del sector sería lograr que desaparezca la alícuota en la próxima votación, aunque lo más probable es que el oficialismo acepte tomar ese impuesto a los Bienes Personales a cuenta de Ganancias, como se había dejado deslizar desde el propio Palacio de Hacienda. 

En este proyecto para modificar Bienes Personales (Expte. Nº 6443-D-2018) el dictamen de mayoría mantiene solamente los dos cambios acordados la semana pasada respecto a bienes rurales: Se establece la obligación de tributar cuando la suma patrimonial supere los 2 millones de pesos, osa que sucede con todos los campos. Y en el artículo 4 del proyecto, se estableció una alícuota especial de 0,25 por ciento para este tipo de inmuebles. 

Parece que hay que agradecer porque había comenzado siendo esa alícuota de 0,75%.

Por otro lado, un punto de la Ley de Presupuesto (Expte. Nº 0016-JGM-2018) que había sido cuestionado por las entidades del agro estaba en el artículo 83, que originalmente decía que todas las retenciones iban a poder subir hasta fines de 2020 hasta el 33% en el caso de que el Poder Ejecutivo así lo dispusiera. Frente al pataleo, desde el Gobierno ya se había aclarado que esto iba a limitarse a los productos del complejo sojero y no a toda la economía. Ahora se aceptó colocar un tipo de 30%, y no de 33%, para la soja y derivados y del 12% para el resto de los productos.

Es decir que en este punto al parecer habría que agradecerle al Gobierno de Cambiemos, porque aceptó mantener sin subas durante los próximos dos años el esquema actual de retenciones. 

Hay en el dictamen de la Ley de Presupuesto negociada entre el gobierno nacional y el Fodno Monetario Internacional (FMI) otros asuntos vinculados con el sector agropecuario, sensibles para ciertos sectores y economías regionales: 

• Los diputados Pablo Torello (PRO-Buenos Aires) y Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos) solicitaron un refuerzo en el presupuesto del Inta de 400 millones, con el fin de “privilegiar la asistencia y que no se vea resentido nuestro Inta”, moción que fue aceptada por Laspina. También hay que agradecer, porque le reintegran al organismo lo que estaban proyectando sacarle en el proyecto original. 
• También, por pedido del diputado Ezequiel Fernandez Langan (PRO-Buenos Aires) se aceptó un aumento de 500 millones para el presupuesto del Conicet.
• Se aceptó unificar las alícuotas de IVA entre la soja y sus derivados. Los diputados Luis Borsani (UCR-Mendoza), Juan José Bahillo (Justicialista-Entre Ríos) y Atilio Benedetti solicitaron la modificación de alícuota de IVA para los derivados proteicos de harina de soja (principal producto de exportación del país), que hoy tributa el 21%, para que se reduzca al 10,5%, con el argumento de que la medida beneficiaría a la cadena de carne.
  
• El champagne seguirá sin pagar impuestos internos, pero ahora a pedido del diputado Luis Borsani, el sector vitivinícola logró que, después de 14 años de exenciones por decretos, se incluya en el Presupuesto esa exención. “Vamos a incluir un viejo pedido de la industria vitivinícola y vamos a poner la exención al espumante que es hoy día un vino más”, aseguró el mendocino.
• En el renglón de los perdedores habrá que poner a algunas cooperativas importantes del sector agropecuario, como ACA, AFA o Fecovita, ya que el oficialismo no hizo lugar a un pedido de todo el arco opositor, para que cooperativas y mutuales queden exentas del pago del impuesto a las ganancias. Laspina -al cual hay mucho que agradecerle- propuso una modificación sobre este artículo para que solo las pequeñas y medianas cooperativas y mutuales no tributen. “De alrededor de 1.400 mutuales y cooperativas, más de 1.200 no van a pagar el impuesto especial al patrimonio”, explicó el legislador.

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Los diputados Pablo Torello (PRO), Marco Lavagna (Peronismo Federal) y Luis Contigiani (Socialismo) propusieron establecer el tope de alícuota en 0,25%, moción que fue aceptada por el oficialismo. 

El titular de la Comisión, Luciano Laspina (PRO-Santa Fe) abrió el debate sobre la suba de alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, que entre sus cambios incluía la eliminación de una exención a las viviendas rurales. Enseguida, todos los bloques opositores hicieron eco y criticaron la propuesta  impulsada por el justicialista Jorge Franco (Misiones) y la oficialista Alejandra Martínez (UCR-Jujuy)  través del Expediente 6443-D-18).

Incluso el ex minsitro de Economía, Axel Kicillof (FPV-PJ-Caba), se quejó porque el proyecto “afectaría a los campos donde el revalúo fue distinto”, y pidió discutir el paquete económico en conjunto y no “en cuotas”.

A continuación, Lavagna arremetió contra el inciso f del proyecto oficial, que elimina la eximición a inmuebles rurales del pago de Bienes Personales. La consideró como “un retroceso importante” ya que implica un doble impacto: el revaluó de los bienes y la suba del impuesto a los bienes personales. “Esto no es lo que discutimos como reforma tributaria ni cómo promover la producción en los distintos sectores como por ejemplo, el campo, que es al que afecta este artículo”, argumentó el economista.

Por su lado, el macrista Torello pidió rever la alícuota reducida (como se aplicaba anteriormente) de bienes personales, “que es de capital intensivo y baja renta”. Laspina señaló que la exención de los inmuebles rurales refería a ganancia mínima presunta, pero también reconoció que es cierto que las sociedades anónimas tributan 0,25%. “Deberíamos buscar una equidad entre aquella persona que tiene un campo como sociedad anónima y tributa el 0,25 y aquel que lo tiene inscripto como un bien rural a su nombre”, reconoció.

Ante los pedidos de cambios, Laspina accedió a tres modificaciones:

• La alícuota del 0,75% para patrimonio superiores de 20 millones de pesos
• Que se tome como parámetro las valuaciones de 2017 ajustadas por inflación
• Que los bienes rurales tributen de la misma forma que una Sociedad Anónima con tope al 0,25% (alícuota plana)

Hasta estas modificaciones, la intención del gobierno era elevar a 0,75% la alícuota de Bienes Personales para aquellos bienes con una valuación superior a 20 millones de pesos, lo cual implicaba casi todo el universo de campos productivos. Pero el aspecto más criticado era que eso se hacía al tiempo que se eliminaba la exención del pago de Bienes Personales para inmuebles rurales, ya que los productores o dueños de campos arrendados son considerados como sujetos para el impuesto de Ganancia Mínima Presunta, el cual será derogado en 2019.

“El tema es que Ganancia Mínima Presunta es posible cancelarlo como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias, mientras que, si se aprueba el proyecto, los propietarios de inmuebles rurales, además de pagar Ganancias, también deberán tributar Bienes Personales”, explicó Marcelo Rodríguez, director de MR Consultores. Luego añadió que “para un campo, por ejemplo, con una valuación de 80 millones de pesos, que son dos millones de dólares con un tipo de cambio de 40 pesos, el monto por pagar de Bienes Personales para el año fiscal 2019, con el nuevo esquema, sería del orden de 600.000 pesos”.

La nueva posición de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se logró luego de que varias entidades rurales mostraran los dientes ante la posibilidad de la concreción de este nuevo manotazo fiscal sobre el sector. La Federación Agraria, por caso, emitió un comunicado en el que indica que “quedó demostrado que los productores, con menor presión tributaria, habíamos empezado a recuperarnos. Los números del trigo son un ejemplo muy claro, que cuando bajó la presión tributaria, casi se duplicó la superficie sembrada. Sostenemos entonces, que a más presión tributaria, habrá menos empleo y menos producción”.

Más temprano, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) había acusado que “la Comisión de Presupuesto, que preside Luciano Laspina, no permite participar, ni tomar conocimiento de cómo será para los productores agropecuarios, que son los damnificados, este nuevo ajuste que afectará al sector más competitivo de la Argentina”.

“El sector no sólo está herido si no que se siente discriminado. No hay equidad de trato y menos al sopesar realmente el daño al productor y al país”, indicó esa entidad rural. quejándose luego del “constante cambio de reglas de juego, que va en detrimento de la inversión y el desarrollo del interior productivo, afectando así, a la economía en su conjunto”.

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Este artículo, un verdadero “salvoconducto” a las autoridades económicas para que eleven sin pasar por el Congreso el nivel de los derechos de exportación hasta la friolera de un tercio del valor bruto del bien exportado (eso y no otra cosa quiere decir 33%), había puesto en pie de guerra a muchos productores y entidades del sector, a los que ya les había costado digerir el sapo del regreso de las retenciones para todos los productos y servicios exportables. 

A muchos diputados del PRO y sus socios políticos de Cambiemos también les había costado mucho tragar ese mismo sapo. Y por eso comenzaron a  buscar alterativas a la redacción original propuesta por Nicolás Dujovne al controvertido artículo 83 de la ley de leyes. este artículo concedía al Poder Ejecutivo la potestad de “fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible o del valor oficial FOB” hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir un año más allá del final de esta gestión de Mauricio Macri. 

La Fundación Barbecheando, que sigue atentamente todos los asuntos vinculados al agro en el Congreso, ahora detectó que en la última reunión de la Comisión de Presupuesto en Diputados “el oficialismo aceptó realizar modificaciones al artículo 83” tan cuestionado por todo el arco productivo pero curiosamente no por la Mesa de Enlace.

Luciano Laspina, el diputado y economista rosarino que preside esa Comisión,  informó que en la nueva propuesta de redacción del Presupuesto 2019 “los productos con alícuota del 12% mantendrán ese tope, y se fije el máximo del 33% para la soja”. Por otro lado, el plazo para que el Ejecutivo tome ese tipo de decisión sin consultar al Legislativo “aún se está negociando”, informó Barbecheando.

Volvieron las retenciones. Y ahora piden permiso para subirlas hasta 33% si hiciera falta

La soja y sus derivados eran, luego del cambio de gobierno, los únicos productos que continuaron tributando retenciones, aunque con un cronograma de reducción que fue alterado varias veces. La última sucedió el mes pasado, junto con la reimplantación de retenciones de hasta 12% para todos los productos de la economía (en realidad ese es el tope, pues se cobran 3 o 4 pesos por dólar exportado).

En ese momento,  la soja estaba tributando 25,5%, pero se redujo a 18% la retención tradicional y se le adicionó la neo-retención de 4 pesos por dólar exportado. Así quedó con una tasa de entre 28 y 30%. Es decir que de modificar el artículo 83 y limitarlo solo a la soja, este producto y sus derivados podrían pagar entre 3 y 5 puntos más de lo que tributan ahora. 

“La resistencia al artículo 83 ha sido manifiesta por parte de distintos actores, tanto por la delegación de funciones que implica como por la posibilidad de elevar significativamente los derechos de los productos que tienen actualmente un 12%, sean o no agropecuarios.  También se cuestiona la extensión de las facultades al primer año del próximo gobierno”, recordó la Fundación Barbecheando en su informe.

Pero Laspina (que milita en el PRO de Santa Fe) reconoció que están trabajando para fijar “un marco que evite la discrecionalidad absoluta”,

Luego detallo los cambios que se prevén: “Se va a establecer que los rubros de exportación alcanzados por el nuevo decreto, con alícuota del 12%, tengan un tope del 12%; con el objetivo de tranquilizar a los sectores productores”, aseguró.

En el caso de esta proyecto de ley, se prevé que la semana próxima se dictamine el proyecto, con la expectativa del oficialismo de que se trate en el recinto el 24 de octubre, para luego pasar al Senado.

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