“El gobierno quiere tratar la semana próxima una ley que prohíbe desalojos a quienes se autoperciban comunidades ‘originarias’ o de ‘la agricultura familiar’. Traducido: cualquiera se podrá quedar con tu propiedad”.
Así lo advirtió Luciano Laspina, diputado santafesino de Juntos por el Cambio, en referencia a la Ley 26.160 (de relevamiento de comunidades indígenas), que fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, pero fue prorrogada en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2017, y que ahora el gobierno de Alberto Fernández quiere extender por cuatro años más.
Debido a que la norma exige requisitos muy laxos para validar la pertenencia a una comunidad “originaria”, se viene empleando en los últimos años para fomentar las usurpaciones de campos y establecimientos agropecuarios en diferentes regiones argentinas.
El gobierno quiere tratar la semana próxima una ley que prohibe desalojos a quienes se autoperciban comunidades “originarias” o “de la agricultura familiar”. Traducido: cualquiera se podrá quedar con tu propiedad. Por suerte el domingo hay elecciones…
— Luciano Laspina (@LaspinaL) November 12, 2021
“La ley viene siendo prorrogada desde su sanción en 2006. Es hora que se normalice la situación y se deje atrás la ‘emergencia’. Es un pésimo antecedente para la crisis que se está viviendo hoy en el sur de nuestro país con las usurpaciones y ataques a la propiedad privada”, apuntó Laspina.
“Cómo está siendo prorrogada, sin aclarar las fecha de corte, se interpreta en la práctica como una extensión de la suspensión de desalojos para las usurpaciones que ocurrieron entre prórrogas. Al menos debería aclararse que la prórroga únicamente rige para los juicios de desalojos anteriores a la sanción de la ley en 2006”, añadió.
El 28 de octubre pasado, mientras se agudizaba el conflicto en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut por sucesivos sabotajes propiciados por miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el Senado dio media sanción al proyecto que busca prorrogar la Ley 26.160 para luego girar la iniciativa a la Cámara de Diputados.
La cuestión es que la iniciativa recibió 43 votos afirmativos, de los cuales seis provinieron de senadores del bloque de Juntos por el Cambio: Julio Cobos, Carmes Crexell, Mario Fiad, Gladys González, Juan Carlos Marino y Víctor Zimmermann
Además, cuatro senadores de Juntos por el Cambio se abstuvieron de votar (Laura Rodríguez Machado, Juan Carlos Romero, Pamela Verasay y María Vucasovich), mientras que otros doce estuvieron ausentes (Eduardo Costa, Alfredo de Angeli, Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Martín Lousteau, Stella Olalla, Luis Petcoff Naidenoff, Claudio Poggi, Guadalupe Tagliaferri, María Belén Tapia, María Clara del Valle Vega y Alberto Weretilneck), con lo cual el bloque opositor facilitó claramente la aprobación de la extensión de la Ley 26.160.
Acta 2 – Sesión 28-10-1
