Martín Segura, integrante del equipo que coordinó el informe oficial sobre Conectividad y Comunicación en Zonas Rurales de Argentina, realizado este año por el INTA y el Enacom, concluyó que “la problemática de la conectividad no llegó a la ruralidad con la pandemia sino que se encendieron los focos de esta problemática con la pandemia. Es una problemática que incide en la cuestión del empleo, en la cuestión de los procesos de desarrollo de ciertos sectores de la ruralidad y en el arraigo de los jóvenes de esos pueblos rurales”, añadió.

La muestra parcial incluyó un total de 311 parajes rurales y periurbanos de 21 de las 24 provincias. La conclusión fue que 40,2 % no tiene conectividad. Esto supone que no hay ningún tipo de acceso a internet, o a un tipo de acceso restringido a un punto, como una escuela u otra institución, pero no de modo abierto a la población. El 72% de los poblados analizados tiene hasta 1.000 habitantes, la mayoría de ellos pequeños productores.

En aquellos parajes en los que hay población indígena, la falta de conectividad es mayor: alcanza el 60%.

Mirá el informe:

En declaraciones a la agencia Télam, Segura señaló que “la primera hipótesis que teníamos es que el sector más afectado, que es el sector protagonista en lo productivo y en quienes eran los habitantes de esos parajes, eran las familias campesinas indígenas”.

Los resultados del relevamiento confirmaron que en el 77,6% de los parajes, cuyo tipo productivo es exclusivo de la agricultura familiar, no tienen acceso a conectividad, mientras que, a medida que se van incorporando tipos productivos capitalizados, el acceso crece.

“El 40,2% de los parajes relevados no tiene conectividad y esa cifra se eleva a más del 80% cuando se mide los que no tienen conectividad, los que tienen mala conectividad o los que tienen regular conectividad; es el número más impactante y me parece que es el número que también marca el por qué de las dificultades, más allá del acompañamiento de las políticas públicas, de proyectos de desarrollo y de formación en esos parajes”, planteó el comunicador.

Entre los datos relevantes para la planificación de políticas públicas que posibiliten el acceso a la conectividad y, por ende, al derecho a la comunicación, se encuentra que en los parajes sin conectividad, en un 77% hay electricidad (condición básica para el desarrollo de proyectos de conectividad), en un 28,8% hay mástiles, y en un 9,6% hay antenas.

Para comparar ¿Qué nivel de conectividad tienen los establecimientos rurales en EE.UU?

Además, en el 52,7% de los parajes relevados hay televisión satelital, en el 50,9% el paraje se encuentra a menos de 10 kilómetros de rutas nacionales y en el 7,3% hay servicio de VHF.

El estudio permitió mapear la situación de conectividad de los parajes por provincias: en La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro, tienen, en todos los casos, acceso a internet, mientras que los que están en San Luis tienen acceso en el 94,3% y en Entre Ríos en el 93,3%, en Catamarca en el 86%, en Córdoba en el 83,3% y en Corrientes en el 79%.

Ninguno de los parajes relevados en Chaco cuenta con acceso a internet, tampoco tienen acceso el 77,8% de los parajes en Jujuy, el 75,8% de los relevados en Formosa, el 72,2% de los relevados en Tucumán, el 58,8% de los salteños, el 50% en Santiago del Estero y Misiones.

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Un documento de esa entidad indicó que a la falta de reglas claras “se suman dificultades para registrar y desvincular trabajadores temporarios necesarios para la cosecha, altos costos energéticos y de tasas para acceder a créditos, y una falta de política tributaria regionalizada que contemple las asimetrías del interior profundo y el tamaño de las empresas”.

Con estos planteos, unos 280 dirigentes agropecuarios de todo el país realizaron un plenario en la sede de la CAME para elaborar medidas que permitan al sector recuperar rentabilidad y competitividad, en un claro mensaje para el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre. “El gran desafío de Argentina es poder insertarse inteligentemente en el mundo con agroalimentos”, señaló el titular de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez.

Para este sector, los últimos meses del gobiernod e Cambiemos deja algún saldo positivo a pesar de la crisis. En un repaso de su gestión, Rodríguez habló del adelantamiento del Mínimo No Imponible pedido por la entidad, la baja de derechos de exportaciones, el apoyo al proyecto de Ley de Góndolas que ya obtuvo media sanción y la Ley de Emergencia Citrícola. 

“La desburocratización del Estado, la apertura de nuevos mercados y la buena predisposición al diálogo son cosas que anhelamos que se mantengan y promuevan en el próximo gobierno”, dijo el dirigente salteño, que además remarcó la importancia del Censo Nacional Agropecuario 2018 con estadísticas públicas confiables. 

Ya hablandole a la gestión de Alberto Fernández, las economías regionales nucleadas en CAME expresaron el interés de que el sector pueda participar del “Consejo contra el Hambre” propuesto por el próximo gobierno. “¿Quién mejor que nosotros, los productores pymes que producimos gran parte de los alimentos que se consumen?”, reflexionó Rodríguez.

Durante la jornada se analizaron los diferentes desafíos que debe enfrentar el sector para llevar sus productos todos los días a la mesa de los argentinos. Desde políticas laborales, un régimen tributario capaz de diferenciar por tamaño de empresa y región, incentivos a la inversión, extensión del Mínimo No Imponible a más actividades productivas, compensación de combustible para bajar el costo del flete, costos energéticos, retenciones y mayores reintegros a la exportación, suspensión del impuesto al cheque, un Plan de Conectividad para zonas rurales tendiente a federalizar el acceso a Internet, y seguridad alimentaria como política de Estado, fueron algunos de los ejes abordados.

Pero principalmente con la cadena de pagos en problemas, los costos en alza y la caída en las ventas, los productores pidieron financiamiento a tasas razonables. “El aporte al Tesoro Nacional por parte de las Economías Regionales es de 520 millones de pesos este año en derechos de exportación, por eso resulta fundamental que el sistema productivo tenga crédito para poder seguir movilizando la economía”, remarcó el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán. Y agregó: “A diferencia de lo que sucede en otros sectores, el productor que gana dinero inmediatamente vuelve a volcarlo a su producción, reinvierte y arriesga”.

En ese sentido indicó: “Agregar valor en origen a los productos primarios supone adoptar una mirada integradora, promoviendo la sinergia entre campo e industria, socios estratégicos para el desarrollo argentino. Para ello es imperioso contar con previsibilidad y reglas de juego claras”.

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