El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) había presentado un proyecto que planteaba discutir el nivel de retenciones, para ir reduciendo el tributo progresivamente, pero el Poder Ejecutivo modificó ese proyecto de ley y anuló cualquier posibilidad de cambios en los derechos de exportación.

Para hacer valer la Constitución, apareció un proyecto del PRO y liberales que quiere desterrar la posibilidad de que el Ejecutivo pueda fijar las retenciones

Recientemente, un grupo de más de 20 diputados del PRO y de Avanza Libertad presentó su propio proyecto: pretenden aclarar que la posibilidad de fijar de derechos de exportación sea potestad exclusiva del Congreso.

Ahora apareció otra iniciativa legislativa. Se trata de una iniciativa del diputado del PRO y productor bonaerense Pablo Torello, que propone una baja gradual de este impuesto, que pagan los exportadores pero que se termina descontando del precio que cobran los productores por sus granos y otros productos. La soja, por ejemplo, sufre un recorte del 33%, el trigo y el maíz del 12%. En el caso de la carne vacuna y de la leche en polvo la retención se ubica actualmente en 9%.

El proyecto de Torello podría ser presentado en estos días si es que el gobierno nacional convoca a sesiones extraordinarias y además incluye este tema en el listado a debatir, cosa que es poco probable. La convocatoria a extraordinarias, en cambio, es más probable que se transforme en realidad, porque les pidieron a los legisladores que estén disponibles desde enero.

La iniciativa legislativa de Torello repite varios aspectos de los mencionados en el proyecto del CAA que hizo suyo el oficialismo. Por eso se denomina Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Exportador, regiría hasta 2025 y establece beneficios varios en cuanto a la amortización del patrimonio y en materia impositiva como es el caso de un crédito fiscal que será deducible del impuesto a las Ganancias en el caso de compra de fertilizantes, semillas fiscalizadas y otros insumos.

Pero la gran diferencia es que vuelve a reintroducir el tema de las retenciones a escena. El propio Torello explicó que “bajarían 5 puntos para la soja en el primer año y 3 puntos maíz y trigo por lo que irían a 28% y 9% respectivamente. Luego la baja sería de 3 puntos porcentuales por año hasta su desaparición”.

Para la soja, eso llevaría las cosas hasta por lo menos 2028. En realidad, la propuesta establece una baja del 0,25% mensual lo que al cierre del año acumula la caída antes señalada.

Escuchá la entrevista a Pablo Torello:

En el caso de los derechos a la exportación de los demás productos, como los de las economías regionales y las carnes y lácteos, bajarían de un saque a cero.

“Lo que hay que hacer es subsidiar en todo caso en forma directa a la demanda, pero no perjudicar al productor, cuyo producto tiene una incidencia muy baja en el precio final de los alimentos. Eso desalienta el crecimiento a la producción”, agregó el legislador.

El punto es cómo hacer eso sin que se dañe la recaudación fiscal, teniendo en cuenta que el año pasado el sector productivo aportó por esta vía nada menos que el 8,8% del total de los ingresos impositivos.

La Rural afirma que las retenciones ya no tienen “sustento legal” y pide su derogación

Torello explicó: “Insistimos en que no hay magia, lo que sale por un lado falta en el otro, en un juego de suma cero. La clave es que hay que producir 180/190 millones de toneladas en lugar de 110/120 millones. Ese incremento en las cosechas más que compensa por movimiento económico e impuestos varios la baja de derechos de exportación, amén de que el Estado tiene que empezar a recortar enormes cantidades de gastos políticos”.

“Nomás con que se deje de subsidiar a Aerolíneas Argentina se pagan los derechos de exportación con eso solo”, ejemplificó.

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“Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el estado debería dejar de cobrarlos”, explicó luego la SRA en un comunicado.

La explicación, más pulida, es que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que desde 2019 delegaba en el Presidente de la Nación la potestad de reglamentar los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, “convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año”, según evalúan en la SRA.

Para hacer valer la Constitución, apareció un proyecto del PRO y liberales que quiere desterrar la posibilidad de que el Ejecutivo pueda fijar las retenciones

Por eso, desde la localidad santafesina de Armstrong, lugar donde se llevó a cabo una asamblea de productores, Pino exhortó al presidente a dejar de cobrar un impuesto que ya no tendría sustento.

“Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, afirmó el dirigente.

Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser fijadas por ley del Congreso, salvo que éste delegue esa potestad en el Ejecutivo. “No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro”, aseveró Pino, que también dejó abierta la puerta a una serie de planteos judiciales por este tema.

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En una exposición bastante cruda pero a la vez coloquial, en materia de retenciones Tetaz se plantó a mitad de recorrido entre la posición que había expuesto antes el candidato liberal José Luis Espert y la candidata del oficialismo Victoria Tolosa Paz. Uno había dicho que había que eliminarlas de plano y la otra dio rodeos para reconocer que en este contexto era imposible bajarlas. A medio término, y seguro de que su alianza llegará el gobierno en 2023, Tetaz dijo que hay que plantear un cronograma –por ley- para ir reduciéndolas paulatinamente hasta dejarlas en cero.

Pero, más allá de esa promesa, los integrantes del CAA –reunidos en el viejo centro de operaciones de la Bolsa de Cereales, por primera vez de modo presencial- escucharon del economista radical que hace su debut en la política una encendida proclama sobre la necesidad de dar una “batalla cultural” para erradicar preconceptos que hay convertido a la Argentina en una economía aislada de lo que sucede en el resto del mundo, y por lo tanto  que “no recibe los estímulos” de los mercados internacionales.

“La clase política debe entenderlo: hay que hacer el cambio cultural necesario y esa es una de las facturas que le paso a ustedes. El sector no ha sabido ni ha podido, y por lo tanto ha perdido la batalla cultural. Hasta ahora. Ahora yo los necesito a ustedes para ganar esa batalla cultural, porque sin eso no podemos hacer la transformación que necesita la Argentina”, los desafió Tetaz a los agroindustriales.

En ese sentido, explicó que tanto el sector público como el sector privado “necesitamos que la sociedad entienda que hay que eliminar el sesgo anti-exportador que tienen tanto el sistema de impuesto y como el sistema de precios en la Argentina” y que son la causa de las recurrentes crisis económicas y sociales al menos en los últimos 40 años.

Según Tetaz, este vivir de espaldas al mundo –desacoplando las variables locales de los que sucede afuera- provocó que el país viva dentro de una “ilusión fiscal” en donde todo lo necesario para construir un estado de bienestar “lo paga el Estado”. Esta fue una de las causas de los crónicos déficits fiscales que vive el país, y que desencadenaron también un elevado endeudamiento externo.

La segunda ilusión que, de acuerdo con esta mirada, se podría erradicar es la “monetaria”, que es aquella que lleva a financiar con emisión ese déficit.

Martín Tetaz dice que las retenciones son un “pésimo impuesto” y promueve un debate para reemplazarlas por otra cosa: ¿Será por un impuesto a la tierra libre de mejoras?

“Por eso sostengo que es mucho mejor alinear los incentivos. Esto se logrará cuando la seguridad social sea financiada con los impuestos a las ganancias. No podemos tener impuestos a la producción en la Argentina, por la misma razón que no podemos tener impuestos a los barbijos o a las vacunas. En un país enfermo no se pueden cobrar impuestos a los insumos médicos. En un país subdesarrollado no se le puede poner impuestos al desarrollo”.

En la misma lógica, luego diría que “un país que no genera empleo no puede tener impuestos sobre el empleo”, así como que “los salarios más bajos no pueden pagar impuestos al trabajo”.

Tetaz consideró que, a diferencia de otras épocas, este es un buen momento histórico para plantear esta batalla cultural largamente demorada. Y consideró que no es contradictorio dar estos pasos con la defensa de las clases populares. “El primer interesado en eliminar el sesgo exportador debería ser el asalariado. A la ciudad le conviene que la Argentina sea pujante porque entonces el asalariado debería tener un ingreso real más alto”, explicó.

“Este cambio cultural tenemos que explicarlo bien. Si logramos ser exportadores muy agresivos en el mundo, los salarios reales van a ser más altos para todos y la pobreza va a ser más baja. La mejor política contra la pobreza es evitar la próxima crisis”, apuntó.

Convencido de que en 2023 los partidos que conforman Juntos por el Cambio regresarán al gobierno, Tetaz pidió fortalecer esta votación de medio término para poder gobernar entonces con mayoría en ambas cámaras. En ese caso, consideró que a partir de 2023 tiene que establecerse un cronograma acelerado de baja de retenciones.

“La Argentina tiene que iniciar el 2023 con una secuencia de reducción a cero de todas s retenciones. No hay posibilidad de medias tintas para eso. La única conversación posible ahí es el cómo. Yo entiendo que haya que financiar un estado, y tal vez no se pueda bajar todo el día 1, pero ese día 1 tiene que estar convertido en una ley ese compromiso. Los productores tienen que saber que se terminarán los impuestos a las exportaciones”, aseguró.

También, para ese hipotético inicio de un nuevo gobierno, Tetaz aseguró de plano que habrá que resolver de inmediato la brecha cambiaria, porque actúa como una retención encubierta que vuelve a meter ruido en las señales. “Tenemos que normalizar eso, no es normal que tengamos 14 tipos de cambio”, indicó.

Luego cerró “A ustedes los cagan porque pueden. Al campo no se lo pueden llevar a otro lado”, dijo Tetaz, comparando las actividades agroindustriales con la industria del software, que elije cobrar sus honorarios en dólares fuera del país al tipo de cambio libre y no es condenada a hacerlo al dólar oficial.

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El proyecto de ley regula una serie de beneficios, básicamente tributarios, con el propósito de promover la inversión,  el empleo, impulsar la producción y competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales, mejorar la productividad , potenciar la producción de alimentos, productos agroforestales, tecnologías y servicios para el agro .

La vigencia es prevista desde la promulgación de la norma hasta el 31 de Diciembre de 2025, pero con alcance de los beneficios retroactivos al 1° de Enero de 2021, conforme lo establezca la reglamentación. Se establece como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien requerirá la intervención de los Ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo cuando la materia involucrada así lo amerite.-

El proyecto prevé distintos beneficios fiscales. Entre ellos, el que trataremos a seguidamente para los sujetos invernadores de hacienda vacuna:

Beneficio Fiscal para valuación de hacienda en explotaciones de invernada: El Artículo 8° del proyecto establece que (textual) -…” Los beneficiaros Inscriptos en el Registro creado por el Artículo 4° que cumplan con los requisitos del Régimen y resulten titulares de los establecimientos de invernada a los que se refiere el punto 2 del inciso d) del primer párrafo del artículo 56 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, podrán optar por valuar sus existencias por los métodos descriptos en los incisos a) o b) del Artículo 57 de esa norma legal, dependiendo del tipo de hacienda de que se trate”.

Para calcular la valuación de las “vaquillonas” y los “novillos”, los contribuyentes podrán usar como Índices de relación, los contenidos en las tablas anexas a la Ley 23.079; para todas las vaquillonas, el correspondiente a “vaquillona de uno a dos años” y para todos los novillos, el de “novillo de uno a dos años”, de acuerdo a la categoría de que se trate.

Dicha opción resultará procedente parra los ejercicios fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Transcurridos tres ejercicios fiscales desde el ejercicio de la opción, inclusive, el beneficio de este artículo sólo podrá continuar utilizándose si el beneficiario acredita, en los plazos y formas que a esos efectos se establezca, que el peso promedio de los animales destinados a la comercialización el destino a faena o la faena comercial de animales bovinos (excepto vacas con destino comercial conserva/manufactura y toros) sea igual o superior a los cuatrocientos kilogramos vivo (400 kg. vivo) o que dichos animales presenten un rendimiento en playa de faena de doscientos veinticinco kilogramos (200 kg.) res con hueso en gancho…..”

Los establecimientos de invernada, mencionados en el Art. 56, punto 2, inc. b) de la LIG, podrán optar por valuar al cierre del ejercicio fiscal, sus existencias por cualquiera de los métodos descriptos en los incisos a) o b) del Artículo 57.

Recordemos que el  art 56 inc. d) establece (en su redacción actual), que la valuación a los efectos del impuesto a las ganancias al cierre de cada ejercicio fiscal deberá realizarse:

1. Las existencias de establecimientos de cría: al costo estimativo por revaluación anual.
2. Las existencias de establecimientos de invernada: al precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre del ejercicio en el mercado donde acostumbre operar, menos los gastos de venta, determinado para cada categoría de hacienda.

Y el Art. 57, en sus incisos a) y b) establece con referencia al método del “costo estimativo por revaluación anual”  que a efectos de su aplicación, se procederá de la siguiente forma :

a) Hacienda bovina, ovina y porcina, con excepción de las indicadas en el apartado c): se tomará como valor base de cada especie el valor de la categoría más vendida durante los últimos tres meses del ejercicio, el que será igual al 60% del precio promedio ponderado obtenido por las ventas de dicha categoría en el citado lapso.

Si en el aludido término no se hubieran efectuado ventas de animales de propia producción o éstas no fueran representativas, el valor a tomar como base será el de la categoría de hacienda adquirida en mayor cantidad durante su transcurso, el que estará dado por el 60% del precio promedio ponderado abonado por las compras de dichas categorías en el citado período.

De no resultar aplicables las previsiones de los párrafos precedentes, se tomará como valor base el 60% del precio promedio ponderado que en el mencionado lapso se hubiera registrado para la categoría de hacienda más vendida en el mercado en el que el ganadero acostumbra operar.

En todos los casos, el valor de las restantes categorías se establecerá aplicando al valor base determinado, los índices de relación contenidos en las tablas anexas a la Ley 23.079.

b) Otras haciendas, con excepción de las consideradas en el apartado c): el valor para practicar el avalúo -por cabeza y sin distinción de categorías- será igual en cada especie al 60% del precio promedio ponderado que en los tres últimos meses del ejercicio surja de sus ventas o compras o, a falta de ambas, de las operaciones registradas para la especie en el mercado en el que el ganadero acostumbra operar.

En definitiva, la ley de Impuesto a las Ganancias (IG) establece que la utilización del  método de valuación de costo estimativo por revaluación anual, con la metodología establecida en el Art. 57, queda reservado en forma exclusiva para toda la hacienda de establecimientos de cría y los establecimientos de invernada deberán considerar como único método de valuación el previsto en el inc. b) del art. 56, es decir: “al precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre del ejercicio en el mercado donde acostumbre operar, menos los gastos de venta, determinado para cada categoría de hacienda”, definido, prácticamente por su “valor neto” de realización al cierre, o valor neto “de mercado”.

El proyecto de ley modifica esta última alternativa, para la valuación de la hacienda de establecimiento de invernada, pudiendo optarse por el “precio fijo por revaluación anual” para toda la hacienda en existencia.

Un año y medio después de la primera promesa, el gobierno envía al Congreso un proyecto de ley deshilachado consensuado con la Cadena Agroindustrial

Conclusiones respecto a cambios en la valuación de hacienda de invernada:

1) Podrán utilizar opcionalmente el método que la norma reserva a la actividad de cría (precio fijo por revaluación anual) para la hacienda de invernada, (cuya valuación, según lo establecido en el inc. b del art. 57 debía ser  cercana a “precios netos de mercado”).

2) Para las categorías” vaquillonas” y  “novillos”, sin importar su  antigüedad en el stock, podrán usar como Índices de relación, los contenidos en las tablas anexas a la Ley 23.079; para todas las vaquillonas el correspondiente a “vaquillona de uno a dos años” y para todos los novillos, el de “novillo de uno a dos años”, de acuerdo a la categoría de que se trate.

3) El beneficio es doble:

• En cuanto, se toma un valor fiscal del stock ganadero significativamente más bajo incidido por el 40% de reducción y por la consideración del promedio de ventas de los últimos 3 meses aplicado a toda la hacienda de invernada sin importar el origen.
• Para las vaquillonas y novillos se toma el índice de relación de la Ley 23.079 más bajo (1 a 2 años) sin considerar la antigüedad de dichos animales.-

4) La opción es válida por tres ejercicios contados a partir de los iniciados desde la vigencia de la ley por lo que no es aplicable a los que finalizan el 31 de Diciembre próximo.

5) El beneficio podrá continuarse por 2 años más (limite vigencia de la ley) si  transcurridos los tres 3 primeros desde el ejercicio de la opción, el beneficiario acredita que el peso promedio de los animales comercializados para faena , supera los 400 kilogramos vivo o que dichos animales presenten un rendimiento en playa de faena de 200 kilogramos por res con hueso en gancho.

José Martins sabe que no se logró todo lo deseado con la Ley Agroindustrial, pero no reniega: “Luego de tantas reuniones logramos hacer algo, aunque sea un pequeño paso”

Creación del Sistema de Promoción Agroindustrial para la producción sostenible. Aumento de la Productividad ganadera:  

El sistema de promoción agroindustrial esta integrado por tres Programas de promoción dirigidos a: a) Incrementar el uso de semilla fiscalizada de especies autógamas de  producción nacional, b) Estimular la producción sustentable empleando fertilizantes e insumos, incluyendo los biológicos promovidos. Y c) Incrementar la productividad de la ganadería vacuna.

Siendo este último el que nos ocupa, debe considerarse que los beneficios  serán para los ganaderos que obtengan, respecto del promedio de los 3  últimos ejercicios fiscales: 1) Aumentos en los porcentajes de destetes de terneros/as logrados/as o 2) Aumento del peso promedio de los animales enviados a faena.

Este programa estará diseñado, fiscalizado y evaluado por el Ministerio de Agricultura, quien contará con la colaboración del INTA Y SENASA. Deberá promover sistemas de diseño y monitoreo de planes ganaderos integrales, tendientes a aumentar la producción de kilos de carne vacuna por cabeza del rodeo productivo, con un horizonte de 5 años.

En lo correspondiente al programa bajo análisis, la Autoridad de Aplicación establecerá cuáles serán los gastos y erogaciones en genética y sanidad factibles de ser convertidos en certificados de crédito fiscal y el mecanismo de valoración de éstos, en base al grado de cumplimiento de los objetivos.

Las características de cada uno de esos Programas serán definidas por la Autoridad de Aplicación, previa consulta con entidades representativas de los beneficiarios de los Programas.

Anticipo: Esta es “la letra chica” del proyecto de ley para fomentar las inversiones en el sector agroindustrial

Beneficio del Programa traducido en Certificados de Crédito Fiscal: El beneficio se determina hasta un importe equivalente al que resulte de aplicar la alícuota a la que se refiere el inciso a) del Artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias vigente en el período fiscal de que se trate, sobre el 50% de los gastos y erogaciones deducibles del IG correspondientes a adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, o insumos biológicos, semillas autógamas, forrajeras y hortícolas, debidamente identificadas y fiscalizadas relacionadas con los Programas a), b) y c) , y de gastos en genética y sanidad ganadera vinculados con el Programa c).

El certificado podrá ser utilizado por 24 meses (prorrogable por 12 más) desde su emisión para la cancelación del IG o sus anticipos y/o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, y no podrá dar lugar a saldos a favor ni  reintegros.

La limitación más importante que contiene este programa es que el beneficio está limitado por el cupo fiscal establecido en la  Ley de Presupuesto General para la Administración Nacional, distribuido considerando los criterios y las condiciones que establezca la Autoridad de aplicación.

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El anuncio de que se presentaba ante el Congreso esa ley generó algunas críticas desde las entidades de productores, ya que su mayor reclamo es justamente la reducción -hasta su eliminación- de los derechos de exportación o retenciones, que no son otra cosa que un impuesto sobre el Ingreso Bruto generado por cualquier bien que vende un productor.

José Martins, el coordinador del CAA y principal impulsor de esta ley, reconoció a Bichos de Campo que fue poco lo que se logró plasmar en el proyecto de ley con respecto a los objetivos iniciales de ese bloque formado por más de 60 cámaras y entidades de las cadenas agroalimentarias. Paro también consideró que se logró mucho teniendo en cuenta el contexto político, económico y la visión cargada de prejuicios que se tiene en el gobierno peronista sobre el sector.

“En primer lugar destaco la satisfacción de que luego de tantas reuniones logramos hacer algo, aunque sea un pequeño paso, un pedacito de las propuestas que veníamos discutiendo”, señaló Martins, quien es además presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

“Lo tomo como una pequeñita cosa que marca el broche a una relación público-privada en un contexto especial. No es la panacea ni la solución para los problemas. Simplemente la frutilla para que quienes estaban dispuestos invertir puedan hacerlo y que el productor pueda sembrar con una mejora en el paquete tecnológico”, explicó Martins.

Escuchá la entrevista completa:

Martins destacó entre los beneficios que se crearían en caso de que se apruebe este proyecto de ley una serie de cuestiones impositivas, como “la amortización acelerada, que es bajar a 3 años lo que es ahora de 10 años, teniendo en cuenta las características de diferentes sectores”.

Además indicó que “en el IVA se podrán computar los débitos fiscales generados y esto beneficia a muchas economías regionales, como la cadena porcina”, que tiene diferentes alícuotas entre el impuesto pagado en los insumos y el del producto final.

Además destacó el ejecutivo que “hay un capítulo puntual para ganadería que tiene que ver con mejorar la valuación de la hacienda en términos de impuestos a las Ganancias, ya que se la puede valuar al momento de la venta y no al momento del engorde”.

Martins reconoció que en relación a los objetivos iniciales lo que se logró parece poco. Pero remarcó: “Todo depende de cómo uno quiera mirar el vaso, si la mitad llena o la mitad vacía. En una coyuntura tan especial, en un gobierno de coalición como este y con una clase política que en su mayoría le dio la espalda a la agroindustria, que hayamos podido construir una mesa de diálogo y logrado esto es un pequeño hito”.

“Vamos a tener los detractores que van a decir que no es nada, pero creo que sí es un estímulo”, enfatizó.

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El empresario y dirigente está convencido de que “la ambición mayor es el tema retenciones y en esto hay que ser maduros y convencer al gobierno y a la política de que tenemos que ir hacia una reducción gradual. Pero también creo que sería un error pensar en ir a cero en este contexto de país, con 40% de pobreza y la economía destrozada”.

El vocero del CAA dijo finalmente que hubo un conjunto de factores que aceleraron la redacción de ese proyecto de ley y entre ellos consideró al resultado de las elecciones primarias: “Hay múltiples lecturas. Sabíamos que convencer a la política no iba a ser fácil, tras los muchos años en lo que la agroindustria tuvo mala prensa”.

Para Martins, “en este proceso de convencer fueron quedando algunas cosas. Y a este proyecto que estaba abandonado el resultado electoral le dio impulso . La aparición de Julián Domínguez le dio impulso rápido que terminó en esto. Ahora tenemos la otra etapa que es sentarnos en el congreso para que se apoye la ley”.

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En un “mensaje”, las cuatro entidades que representan a los productores primarios dentro del CAA celebraron “el avance en proyectos legislativos que generen previsibilidad en el largo plazo” para el sector, pero a la vez advirtieron que este proyecto de ley que ahora se enviará al Congreso “no es más que un aporte menor de ideas elevadas al Poder Ejecutivo”.

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“Son solamente medidas de fomento e incentivos para ciertas actividades que dependen de muchas pautas de cumplimiento y de presupuestos que no está establecido ni quien las regulará”, señaló la Mesa de Enlace, que a todas luces sostiene una relación histérica con el CAA, que agrupa a más de 60 cámaras del sector, incluyendo las cuatro organizaciones rurales, pero donde llevan la voz cantantes sectores más ligados a la exportación de granos y subproductos.

“Aspiramos a que nuestro país algún día tenga una Ley Agroindustrial que englobe a todos los sectores involucrados y por la cual hoy estamos integrando la iniciativa del CAA, donde perseguimos el objetivo de hacer aportes, desde las entidades de productores, participando de las mesas de trabajo conformadas en ese ámbito”, señaló la Mesa de Enlace, que de todos modos deja en claro que ellos quedaron afuera de la confección de este proyecto de ley.

En ese sentido, más allá de apoyar a regañadientes este proyecto, los ruralistas consideraron que “debemos lograr una ley de contenido mucho más amplio  donde queden claras las premisas fiscales de reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación para todas las actividades agroindustriales y economías regionales, además de operar con un único tipo de cambio”.

La rebaja de retenciones según pautas de crecimiento de las exportaciones era una de las opciones que preveía el proyecto original que fue consensuado en el CAA, pero ese capitulo luego fue excluido en las negociaciones con los funcionarios.

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Mirá la nota completa a Martín Tetaz:

Cuando recién asumía Alberto Fernández la presidencia en 2019 y mientras se anticipaba una suba de retenciones a la soja que finalmente se produjo (hoy ese cultivo tributa el máximo de 33%), Tetaz escribió: “El impuesto a la tierra es el mejor impuesto para captar la renta agraria. Lo ideal es eliminar retenciones, que son un pésimo impuesto, reemplazándolas por impuesto inmobiliario rural, con mínimo no imponible y alícuota por hectárea, no por campo (permitiendo deducir mejoras)”. Ahora esa posición recibió críticas desde varios frentes, incluyendo muchos productores agropecuarios.

El impuesto a la tierra es el mejor impuesto para captar la renta agraria. Lo ideal es eliminar retenciones, que son un pésimo impuesto, reemplazándolas por impuesto inmobiliario rural, con mínimo no imponible y alícuota por hectárea, no por campo (permitiendo deducir mejoras)

— Martin Tetaz (@martintetaz) December 26, 2019

Lo real es que las retenciones siguen estando y son muy pocos los políticos, entre ellos Tetaz, que promueve un sano debate sobre cuál sería la mejor forma de reemplazarlas.

-La Ley de Emergencia que estableció topes para las retenciones (del 33% para la soja y 15% para el resto de los granos) está por vencer en diciembre y no se sabe cómo sigue la película. Vos seguramente serás diputado para esa época ¿Qué pensás de las retenciones?

-Si tratan de renovar esa ley vamos a oponernos porque no hay que darle ningún atributo de excepcionalidad al Ejecutivo. Fijate que, con buen tino, en la constitución del ´53 Alberdi le sacó al Ejecutivo la facultad de poner impuestos, de emitir deuda y de emitir moneda y se las dio al Congreso para justamente acotar al presidencialismo y lo que ocasionaba en ese momento el totalitarismo de Rosas. Entonces vamos a tratar de volver a ese esquema y que sea el Congreso el que discuta esto y no leyes de excepción de un presidente. Y en cuanto a las retenciones, siempre dije que son un pésimo impuesto por donde las mires.

-¿Por qué son un pésimo impuesto las retenciones?

En primer lugar, porque al ser la retención un impuesto sobre el Bruto y no sobre la Ganancia, reduce la superficie sembrada porque hay mucha superficie que no tiene prácticamente rentabilidad más allá del normal beneficio, y por tanto esa superficie, cuando te quedas con una porción del bruto, ya no son rentables y se van. Entonces, el primer efecto de las retenciones es que sacan de la cancha un montón de parcelas marginales que no entran al proceso productivo.

-O sea que las retenciones limitan la superficie agrícola a la tierra excepcionalmente productiva, porque como le sacás un trozo grande del margen bruto ya tenés que ser mucho mas competitivo para ser eficiente y rentable…

-Exacto, es como un lastre. Vos tenes una carrera de autos y es como que a un auto le metas un lastre y por ende arranque con desventaja. O como el handicap en el golf, arranca de atrás. Entonces vos tenes que recuperar el terreno perdido y el que no tenga esa ventaja de handicap queda fuera de campeonato. Entonces un problema es ese, y el segundo problema menos conocido y que mucha gente no sabe es que las retenciones además afectan negativamente la inversión, incluso en superficies donde da la cuenta para sembrar, pero de todos modos hay que tomar decisiones acerca de cuál paquete tecnológico tomar y qué tipo de mejoras hacer. Toda la decisión de tu paquete de inversión se reduce porque la retención te está cobrando un impuesto sobre el bruto, no sobre la rentabilidad y entonces afecta la tasa de retorno de la inversión.

Hasta acá tenes dos problemas: te reduce directamente la superficie a sembrar y te reduce el paquete tecnológico sobre lo que te queda remanente, con lo cual hace que el nivel de producción sea más bajo. Hay un tercer problema: las retenciones no se coparticipan y la Constitución Nacional es muy clara cuando dice que ´los recursos naturales son de las provincias’. Pero las retenciones se chorean la base imponible.

-Bueno, es más o menos lo que dijo hace poco Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, cuando sostuvo que este año de la provincia se irían 2700 millones de dólares y que no volverán

-Mi argumento es que una de las tres grandes reformas que debe tener la Argentina es que no tiene que haber impuestos sobre la producción, ni sobre el trabajo, ni sobre las exportaciones. Y te sumo otro  punto sobre las retenciones: son un contrasentido en un país que no tiene dólares. Las retenciones tienen el efecto de generar menos producción y por lo tanto menos exportaciones, con lo cual hacen que el tipo de cambio real de la Argentina tenga que ser un poco más alto, lo que a su vez quiere decir salarios más bajos para toda la población, y este es un resultado que tampoco se comenta mucho. Por eso en el debate que se dio en 2019 yo dije ´muchachos, en vez de poner retenciones, algo mejor es el impuesto a la tierra libre de mejoras´. Este es un debate de finanzas públicas de la facultad que tiene muchos años, no es que se me ocurrió a mi.

Pero el debate sirve tambien para mostrar lo que está en juego en estas elecciones. Concretamente, los diputados de Milei y Espert van a acompañarnos si proponemos cambiar las retenciones por un impuesto a la tierra, o van a votar en contra, siendo funcionales a los K?

— Martin Tetaz (@martintetaz) September 25, 2021

-¿En qué consiste este impuesto a la tierra libre de mejoras?

-Bueno, hay mil maneras de calcularlo y por eso hay varias críticas que se le pueden hacer a este impuesto, pero para determinar cuál es la tierra libre de mejoras, la respuesta corta sería a través de un análisis econométrico, es decir con una regresión de precios de la tierra, y ahí lo que te fijas es qué contribución o mejoras pueden darse, por ejemplo, algunas hechas por el propio Estado, que la tierra esté mejor conectada respecto de algún puerto o ya sea porque tenés rutas o infraestructura; otra es hecha por el productor, es decir, cuando vos compras tierras marginales que van a ser desmalezadas y ves el precio de esas tierras antes y después del proceso de mejora.

Metodológicamente hay varias maneras de hacerlo y es cierto que ninguna es perfecta. Un punto en contra de la propuesta que hago es que alguien puede decirme ´bueno pero es muy difícil ver cuánto es mejor y cuánto es realmente, y cuánto aportó el capitalista a lo largo de los años´, pero en líneas generales hay una tendencia que tiene que ver con los precios del mercado de la tierra que son los que reúnen mejor información y captan bastante bien el concepto de renta de la tierra libre de mejoras.

-Seguramente haya que incorporar conceptos ambientales para definir este impuesto… ¿Este tributo especial quedaría a cabeza del propietario de la tierra?

-En Diputados nosotros solo podríamos eliminar las retenciones, pero no podemos imponer ningún impuesto que les corresponde a las provincias, y este impuesto a la tierra les corresponde a ellas y de hecho existe: es el Inmobiliario Rural. Lo que pasa es que está pésimamente diseñado y habría que pensarlo mejor, pero ese es otro debate.

El primer debate, en mi rol, es no votar ningún aumento de retenciones. Si le sacamos la base imponible a la Nación luego eso libera la base imponible para que las provincias puedan establecer el impuesto a la tierra libre de mejoras del cual estamos hablando. Y ahí vendrá otra ventaja de este esquema y es que ahora cada provincia va a tener que pagar el costo político de ponerle un impuesto a los productores, que en realidad termina recayendo en el dueño de la tierra.

-Vos estás pensando una alternativa superadora a las retenciones que son un impuesto criticado pro todos. Pero cualquier posibilidad de discusión despierta también una reacción muy dura de parte de algunos sectores del agro. ¿Cómo se explica?

-Yo los entiendo perfecto (a los productores), porque además son uno de mis principales clientes; la gente está harta del sistema impositivo. Sin embargo, la diferencia del impuesto a la tierra de las retenciones es que no afecta la superficie sembrada ni las inversiones en el margen porque es independiente del proceso productivo que vos hagas. Entonces dado que tiene esos dos beneficios el resultado es que la actividad productiva es mucho mayor con el esquema del impuesto a la tierra y entonces la tasa efectiva que vos terminas pagando de impuestos es más baja que con el esquema de retenciones. A su vez el Estado recauda la misma cantidad de dinero o incluso más con una tasa impositiva mucho más baja en el esquema de impuesto a la tierra, porque tenés más producción e inversión. Lo que pasa es que muchos productores tienen el temor de que impongan ambos impuestos y se los perjudique.

-Claro, y además cualquier reforma de estas debería venir atada a controles sobre Ingresos Brutos, que podrían terminar jugando el papel distorsivo de las retenciones también

-No puede haber impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad productiva, pero hay que dar los debates de a uno. El sistema impositivo argentino como regla general está muy mal diseñado. Entonces nosotros tenemos una presión tributaria altísima y de malos impuestos. Eso destruye muchísimo a la actividad productiva. El otro día, algunos libertarios me corrían por aquel tuit. Por supuesto que todos queremos bajar los impuestos pero quedarnos con 0 impuestos es una situación inviable con el gasto público que tiene la Argentina, el cual tendrá que ir bajando paulatinamente. Entonces la discusión que estoy abriendo yo es: ´Dado que tenemos que recaudar esta cantidad de plata, hagamos rompiendo lo menos posible la economía´.

-Hay productores más puristas que proponen eliminar retenciones y donde Ganancias sea el impuesto en esta etapa de crisis ¿Es posible pensar en ese escenario?

-No está mal y hasta me parece mejor Ganancias que retenciones. Pero Ganancias sí tiene un problema de desincentivo de la inversión, porque si yo voy a invertir y vos me cobrás una tercera parte de esa inversión, también devolveme una tercera parte de la inversión que hago. Para que ese esquema funcione bien el impuesto debería permitirme deducir completamente todas las inversiones que estoy haciendo y eso ya es un poco más complejo. Entonces el impuesto a la tierra es superior sobre Ganancias porque no desincentiva las inversiones.

Por este tema, Tetaz también cruzó opiniones sobre impuestos y retenciones con el liberal Javier Milei, también candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, quien le respondió cerrando con un ´Viva la Libertad Carajo (VLLC)´: “A este tipo de cosas pretenden llamar ‘Liberalismo’ en Juntos por el Cambio. No hay impuesto neutro. Le rompe el bolsillo al que lo paga. Rothbard señalaba que lo que cuenta a final del día es el monto de impuestos. Cambiarlos para mantener el monto mantiene la opresión. VLLC!!!”.

Afilado, Tetaz entonces chicaneó a Milei: “Quiero cambiar un impuesto distorsivo (retenciones) por uno neutro (tierra libre de mejoras). ¿Lo vas a apoyar o vas a ser funcional al kirchnerismo y mantener las retenciones?”.

La entrada Martín Tetaz dice que las retenciones son un “pésimo impuesto” y promueve un debate para reemplazarlas por otra cosa: ¿Será por un impuesto a la tierra libre de mejoras? se publicó primero en Bichos de Campo.

“Mientras el Gobierno centra su preocupación en el precio de la carne, a las industrias frigoríficos les preocupan una lista larga de tema que se requieren resolver para hacer más eficiente y competitivo al sector y que ayudarán a combatir la evasión. Son cuestiones que desde hace tiempo forman parte de una agenda desatendida por las autoridades”, indicó Urcía en un informe de su entidad.

Por cierto, la gestión de Luis Basterra en Agricultura y Matías Kulfas en Producción concentró sus esfuerzos en el control de los precios internos de la carne reduciendo a la mitad las exportaciones, pero en estos dos primeros años de gobierno de Alberto Fernández abandonó muchos otros frentes abiertos que el sector, a través de la Mesa de las Carnes, venía trabajando con el Estado Nacional, especialmente en tiempos de Cambiemos. 

El titulare de FIFRA, que agrupa a empresas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos especialmente dijo que ya no quedan fundamentos sólidos como para justificar la política de cierre de las exportaciones. “Los argumentos que motivaron tal decisión se desvanecen por su propia realidad”, indicó.

“Los datos de faena nos demuestran que el mercado local está muy bien abastecido en cantidad y los precios están estables. Después de la segunda quincena de junio (cuando se dio el último aumento importante) no hubo incrementos aunque el país continúa con un ritmo de inflación del orden del 3% mensual por lo que, seguramente, en algún momento se hará necesaria una recomposición de los precios”, explicó el directivo industrial.

Para Urcía, hay que sacar solamente la lupa del tema de los precios de la carne y retomar una agenda “que también afecta o impacta en los costos y por ende en los precios”. Los temas pendientes, según esta Federación, son los siguientes: 

• Que la alícuota del IVA sea pareja de 10,5% para toda la cadena. “Esta cuestión se discutió en el ámbito del Consejo Agroindustrial Argentino y con funcionarios del Poder Ejecutivo con quienes se acordó dar solución al servicio de faena y a los insumos de los engordes a corral unificando la alícuota en el 10,5%”.

• Dar marcha atrás, como ya habían pedido los mataderos, en el troceo o cuarteo obligatorio de las medias reses, que debería empezar a regir en enero próximo. “La salud de los trabajadores bien puede ser cuidada por el uso de medios mecánicos, como se hace habitualmente en muchos lugares”, opinó Fifra, que recordó que “hay más de 200 mataderos en el país que no cuentan con instalaciones adecuadas para hacer el troceo y de los restantes muchos no poseen capacidad de frio suficiente para almacenar su producción”.

Faltan cuatro meses para la implementación del cuarteo obligatorio, pero ni siquiera se instrumentaron los créditos para readecuar instalaciones

• Implementar un régimen impositivo más sencillo para las carnicerías, de modo que se sumen a una formalización masiva de su actividad y acepten facturar por la carne. La mayoría de los carniceros son monotributistas, pero facturan más de lo que deben y deberían figurar como Responsables Inscriptos. Por eso eligen la informalidad. FIFRA considera que mientras no se resuelva estos seguirá habiendo un alto índice de evasión en el sector.

• Urcía también pidió un acuerdo de Nación con las provincias para un régimen de alícuotas de Ingresos Brutos para carnes unificado. Sugirió una alícuota única del 1% en el comercio minorista y de 0,5% para industrias y matarifes abastecedores.

• Dijo que también se requiere de un acuerdo con las provincias para establecer un régimen de habilitación sanitaria unificada en el tipo A de la ley Federal Sanitaria de Carnes (Decreto Reglamentario 4238/68), eliminando luego de un plazo de 2 años los tipos B y C y dejando únicamente excepciones para zonas sin acceso de caminos transitables, únicamente zonas remotas e inhóspitas, por razones de salud humana y bienestar animal las instalaciones precarias deben ser cerradas definitivamente.

• Se necesita realizar una reforma de la Ley de Marcas y señales incorporando los dispositivos electrónicos como alternativa.

Carlos Federico Kohn avisa que los nuevos créditos subsidiados a los feedlots van a “generar más problemas que soluciones”

• Recordó que el acceso de los feedlots a los créditos a tasa subsidiada en el Banco Nación para la compra de maíz para hacienda en engordes a corral “se ve severamente limitado por una normativa del Banco Central respecto de la tenencia de soja y trigo”. Esa norma, que obliga a no tener stocks en poder del rpoductor, “también deja fuera a los Matarifes y Frigoríficos que requieren inscripción como comprador de grano para consumo propio en RUCA”.

• Fifra insistió con un viejo reclamo: La eliminación de retenciones a la exportación de cuero crudo salado. “El año pasado temporalmente se logró que se quitaran las retenciones a la exportación de cueros crudos salados lo que generó que muchos frigoríficos hicieran contactos y exportaciones concretas. Lamentablemente la dispensa se discontinuó volviendo al régimen anterior que hace que sea económicamente inviable la actividad por la distorsión que generan la retención y la referencia a precios del extranjero”, explicó la entidad.

Para los frigoríficos, la exportación de cueros salados en 2020 fue un negocio positivo con el que habría que seguir

• Obviamente, Urcía solicitó que se levante las restricciones a las exportaciones. O que al menos se corrijan las inequidades entre frigoríficos que generó esa medida.

“En definitiva, urge la necesidad de retomar la agenda de temas pendientes y dar respuestas concretas a las demandas del sector. La resolución de estos hará más competitiva y eficiente a una actividad vital para la economía argentina y mejorará la composición de precios que tanto preocupa a las autoridades”.

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FADA, una fundación creada y bfinanciada por productores de la zona de Río Cuarto, tomó ese partido y los de Marcos Juárez, Tercero Arriba y San Martín para hacer estos cálculos. Juntos cultivan 3,2 millones
hectáreas de soja, maíz, trigo y maní, y producen 1 de cada 3 toneladas de granos de la provincia
de Córdoba.  En total representan una oferta de 13 millones toneladas, que es más del 10% del total de la cosecha a nivel nacional.

Para dar dimensión de toda la producción agrícola que surge de los campos de esa zona, el estudio afirmó que “para transportar estos granos, son necesarios 650.689 fletes de camión, entre fletes cortos y
largos, con un valor de 32.000 millones de pesos”.

Puesta en valor, esa porción de la cosecha cordobesa tiene un valor de USD 5.011,7 millones y genera un aporte de Derechos de Exportación (DEX) o retenciones de 1.161 millones de dólares. La mayor parte de ese aporte, por cierto, descansa sobre la soja.

¿Sabés cuántos hospitales se podrían financiar con un año de lo que paga una región en impuesto a las exportaciones?

MIRALO ACÁ
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— Fundación FADA (@FundacionFada) July 29, 2021

“Si se suman otros impuestos nacionales, provinciales y municipales, el aporte tributario total alcanza los USD 1.468,2 millones. Sin embargo, los DEX representan tres cuartos del aporte tributario total. Los DEX generan efectos regionales negativos como un menor federalismo fiscal, menores recursos económicos a nivel local y un menor nivel de inversión y producción”, sostuvo la Fundación.

Debido a las retenciones y su persistencia, en rigor, FADA estimó que mientras la presión tributaria promedio a nivel país es del 30,5%, los productores del departamento Río Cuarto deben tributar un 43,7% de sus ingresos, en Marcos Juárez el 43%, el 42,9% en Tercero Arriba y el 41,2% en San Martín.

Y aquí llegan la preguntas: ¿Qué se podría hacer en la zona si los más de mil millones de dólares que se extraen de allí por retenciones quedaran en la zona? La respuesta de FADA fue calculada para cada uno de los cuatro departamentos:

• 1 planta de bioetanol de 100.000 m3
• 4 plantas eléctricas de biogás de 2 MWh
• 2 molinos harineros de 450 tn/día
• 12 granjas de cerdos de 1000 madres cada una
• 1 frigorífico de cerdos equivalente a la producción de 12.000 madres
• 1 frigorífico de exportación de bovinos de 100.000 cabezas/ año

“La operación y mantenimiento de todas estas plantas podrían generar 4.384 empleos directos y
11.310 indirectos”, se estimó, dando a entender que además de inversiones se pierden puestos de trabajo.

El informe de FADA también comparó la cifra que se va por retenciones con los presupuestos de las diferentes municipalidades y otros servicios públicos.

• El monto que deja de recibir Río Cuarto por la existencia de los DEX equivale a 4,5 veces el
  presupuesto de la Ciudad de Río Cuarto.
• En el caso del departamento Marcos Juárez equivale a 26 veces el presupuesto de la municipalidad de Marcos Juárez.
• En el departamento Tercero Arriba el aporte de DEX equivale a 7 presupuestos de la ciudad de Río Tercero.
• En el departamento San Martín equivale a 3 presupuestos de la ciudad de Villa María.

Y si la comparación se hace contra el hospital provincial de cada una de las principales ciudades de los departamentos, en el caso de Río Cuarto equivale a 33 presupuestos del Nuevo Hospital San Antonio de Padua, en Marcos Juárez 97, en Río Tercero 57 y en Villa María 16.

¿Cuánto duelen las retenciones? De Pergamino Salto y Rojas se van 300 millones de dólares y las chances de crear 3.500 puestos de trabajo

“También podría alcanzar para adquirir las dos dosis de la vacuna Sputnik V para toda la población argentina y sobran 245 millones de dólares”, afirma FADA buscando más comparaciones.

En términos de educación, el aporte de DEX de los cuatro departamentos seleccionados es equivalente a casi el 80% del presupuesto educativo de la provincia de Córdoba. También, alcanza para financiar el Programa Primer Paso por 138 años o un alcance de 2 millones de jóvenes.

“Por último, se puede realizar una comparación con el costo de enripiar caminos rurales, así el aporte de DEX que hacen los productores de los cuatro departamentos seleccionados en un solo año, equivale al costo de enripiar 17.300 kilómetros de caminos rurales, cuando la red de caminos rurales de estos departamentos es de 16.700 kilómetros. Es decir, alcanza y sobra para enripiar los caminos del conjunto de departamentos analizados en sólo un año”, estableció el documento.

Y por último, una dolorosa comparación: esos mil millones son equivalentes a 15 veces lo que cuesta un seguro multirriesgo para toda la superficie agrícola considerada de los departamentos analizados: Río Cuarto, Marcos Juárez, Tercero Arriba y San Martín.

La entrada Todas las cosas que se podrían hacer con las retenciones que le sacan a Córdoba, pero no se hacen por las retenciones que le sacan a Córdoba se publicó primero en Bichos de Campo.

Según contó un cable de la agencia Télam, la producción de aceite de jojoba está concentrada en el departamento riojano de Arauco, que es famoso por sus olivos. Con una superficie plantada de alrededor de 2.400 hectáreas, la Argentina es uno los principales países productores de jojoba junto a Estados Unidos, Israel y Perú. Pero a mediados de la década del 2000 el país tenía más de 4.000 hectáreas plantadas de este cultivo, según los registros de la época.

El aceite de jojoba se utiliza principalmente como insumo para la industria de cosméticos y en Argentina tributaba 4,5% de derechos de exportación, situación que se modificó luego de la sanción del Decreto 410/2021 el mes pasado. “Nuestro presidente escuchó y dejó claro que apoya a las economías regionales”, agregó la vicegobernadora en declaraciones a la prensa local.

Entre enero y mayo de este año el producto se exportó por 1,7 millones de dólares, de acuerdo al sistema de consultas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Tras conseguir la quita de retenciones, los productores locales tienen el desafío de aumentar la producción e incrementar los envíos al exterior.

La actividad de la jojoba se concentra fundamentalmente en el Bañado de los Pantanos en las cercanías de la localidad de Aimogasta y entre las principales firmas se encuentran Agrinsa, GSP, Olivos Argentinos, Semillera Riojana, San Feliciano, Tinocam, Talamuyuna, y El Retiro New.

Un representante de Agrinsa, Norberto Vinelli, destacó que la producción de jojoba “es fundamental para la provincia porque requiere mucha mano de obra y aporta muchos recursos a la sociedad riojana”. También consideró la quita de retenciones como “un apoyo a la producción”.

La jojoba es un cultivo que tiene la capacidad de desarrollarse en regiones desérticas y áridas y con temperaturas elevadas con una media ideal entre los 20 y 35°C pero con resistencia hasta los 45°C. Además de Argentina, también son productores Israel, Australia, Perú, México, Egipto e India y los principales importadores son Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos, aunque también Egipto, China y otros países asiáticos realizan compras.

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