“La situación actual del campo es crítica producto de la sequía. El maíz en Entre Ríos se encuentra en un 80% en estado Regular a Malo, la Soja de Segunda en un 58% y la Soja de Primera en un 46%”. Ese fue el diagnóstico que los dirigentes de la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria, y la Federación de Sociedades Rurales FECIER, le llevaron al funcionario del gobernador Gustavo Bordet, con quien usualmente no han mantenido buen diálogo.

En materia ganadera, la descripción de los dirigentes del campo fue que “los campos naturales se han secado por completo y las pasturas implantadas están bajo estrés hídrico. Hoy la respuestas forrajeras son nulas, y tanto la ganaderia como la lechería están pasando un pésimo momento”.

Las luces de alerta también llegan al sector de Forestacion. “En estas últimas semanas se han incendiado más de 4.600 hectáreas con grandes pérdidas y escasa asistencia del Estado”, avisaron los ruralistas.

Un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos comparó una serie de precipitaciones de 17 años (periodo 2004 al 2020) con la situación actual, en diciembre de cada campaña. A nivel regional, la precipitación promedio de diciembre se ubica en 130 milímetros, pero en 2021 el promedio se ubicó en 16 milímetros. “Es decir que se registró una merma del 88 % (114 mm)”, define.

El déficit hídrico es generalizado, explicó la Bolsa, que de todos modos precisó que “el peor escenario se encuentra en el centro norte, con mermas que oscilan entre 120 a 159 milímetros. Por otra parte, se detectan pequeños sectores aislados donde el déficit de la precipitación se posiciona entre 60 a 99 milímetros”.

La situación descripta recuerda mucho a 2008, “lo que habla por si solo de la gravedad de la situación”. Por eso el reclamo de los ruralistas al ministro Ballay fue que se declare la Emergencia Agropecuaria en toda la provincia de Entre Ríos.

“Le trasmitimos también que no hay ningún margen para incrementos impositivos y menos aún para la sola mención de crear nuevos tributos (en alusión al Consenso Fiscal 2022)”, contó Juan Diego Etchevehere, el directivo de la Rural en la provincia..

El dirigente recordó que “Entre Ríos aumentó su presión tributaria en un 75% en los últimos 10 años y se mantiene entre las provincias de mayor presión fiscal del país. Esto hace que la actual política fiscal provincial no de para más, y que haya que cambiarla. Sino llegaremos al punto de ser una provincia sin producción y por ende sin productores. Es decir inviable”.

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Pasó un año y medio desde entonces. Y fue necesario que un cachetazo electoral en las elecciones PASO le recordara a los funcionarios de Alberto, empezando por la propia Cristina, que ya no son lo que eran y que deben ponerse a trabar en serio para retener el poder.

Lo cierto es que a más de un año de su presentación, el gobierno accedió a presentar el texto revisado de ese marco legal de fomento exportador. Será esta tarde en el Museo del Bicentenario, en un acto encabezado por el propio Alberto Fernández, que contará con la presencia de casi todo el nuevo Gabinete (encabezado por el tucumano Juan Manzur) y representantes del CAA, que aglutina a más de 60 entidades del sector. Estarán muchas de ellas, que provienen de la cadena agroindustrial, pero no los dirigentes que representan a los productores primarios, aglutinados en la Mesa de Enlace.

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Hay que decirlo de entrada. El proyecto de ley, que el Presidente había vuelto a prometer en marzo de este año en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, quedó reducido a una mínima expresión de lo que era. Por ejemplo, ya no prevé como en su origen una rebaja paulatina de las retenciones o derechos de exportación por las exportaciones crecientes que pueda realizar cada sector. De retenciones minga, diría el Mellizo.

Pero si pasa sin cambios el filtro del Congreso, la ley será positiva para algunos sectores de la cadena productiva y sobre todo algunas prácticas, como una mayor fertilización. Por eso no ha de ser descalificarse de entrada. Veremos bien de qué se trata. Por ahora el texto definitivo no se conoce. Hasta anoche se le estaban haciendo retoques.

Lo que anticipan las fuentes oficiales es que esta iniciativa “estará focalizada en aumentar las inversiones del sector a través de incentivos, como amortizaciones aceleradas” del IVA. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anticipó que ese diferimiento sería “a tres años para nuevas inversiones”.

Otros componentes de la ley son que ciertos gastos en equipamiento, fertilizantes o semillas fiscalizadas podrán ser descontadas de la liquidación del impuesto a las Ganancias. Domínguez también anticipó que se podría resolver para los ganaderos que la liquidación de ese impuesto no sea ya anual sino que coincida con la venta de cada animal. Pero eso no estaba todavía demasiado claro.

El proyecto del CAA, envejecido por la espera, será presentado ante la ausencia de los principales representantes de los productores, que siguen shockeados por los anuncios oficiales sobre la apertura parcial de las exportaciones de carne, que todavía no fue implementada pero que promete liberar por completo los envíos de vaca conserva para China.

Pero más allá de guardar recelos con el gobierno, la Mesa de Enlace está siendo bastante desconfiada con sus socios del propio Consejo Agroindustrial,. un espacio que la excede y que es timoneado por el presidente de la Bolsa de Cereales porteña, José Martins, y por el titular de los principales exportadores de productos agrícolas, nucleados en Ciara-CEC, Gustavo Idígoras.

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En una reunión mantenida en los últimos días, los integrantes de las cuatro gremiales agropecuarias exigieron que, para aplacar las suspicacias, siempre se sumara un representante de la Mesa de Enlace en las negociaciones del CAA con el gobierno. Pero esa promesa quedó muy pronto en la nada.

Deshilachada, como el proyecto de ley de fomento a las exportaciones del sector agroindustrial, que será presentado esta tarde.

Queda claro que por más que el gobierno envíe esta tarde el proyecto de ley al gobierno, no será debatido este año por diputados y legisladores en lo que resta del año. Y mucho menos aprobado. Así, quedará solo como un acto de tinte electoral de parte de un gobierno obligado a recuperar la iniciativa.

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En el presente mes de junio la fundación FADA estima que, en promedio, un 61,8% de la renta agrícola queda en los distintos niveles de gobierno. Es decir: por cada 100 pesos generados por un productor de soja, maíz, trigo y girasol, el Estado nacional, provincial y municipal se queda con casi 62 pesos.

Si miramos lo que sucedía un año atrás, esa cifra superaba el 68%. Pero, ¿cómo? ¿Acaso hubo un aporte de la política agropecuaria del gobierno de Alberto Fernández? Para nada.

Sucede que la renta agrícola es el resultado de restarle al valor de la producción, los costos de producir, comercializar y transportar la producción. Por lo tanto, si suben los costos y/o los precios de los granos bajan, la renta se reduce y el indicador sube en términos relativos. Y si, como es el caso actual, suben los precios por encima de los costos, aumenta el valor de la producción, se incrementa la renta y, por lo tanto, aumenta el índice FADA.

En otra palabras: la importante alza internacional de los granos registrada en el último año hace que la mayor extracción estatal “se sienta” menos, haciendo que el dolor ser más soportable, algo que, en definitiva, puede resultar contraproducente.

El dato crucial es qué, detrás del promedio del 61,8%, habitan dos situaciones bastante contrastantes. Mientras que el “peso” del Estado dentro de la renta de la soja es del 67,7% y del 59,9% en el caso del trigo, en el caso del maíz es del 50,6%. El girasol, en tanto, tiene un 47,1%, aunque no es comparable porque su producción –más acotada– se realiza solamente en determinadas regiones.

Es decir: el maíz está mucho menos intervenido –por ahora– que la soja y el trigo y, por lo tanto, es mucho más “competitivo” en términos relativos.

Vale aclarar que tal comparación es –insistimos– en términos de relación de unos cultivos con otros, porque al observar la extracción de recursos en términos nominales, ya sea considerando los derechos de exportación, las “retenciones cambiarias” y los precios “administrados”, la transferencia de recursos es monumental.

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No negamos que haya subfacturación y mucho menos evasión de impuestos en ese sector. Por el contrario, sabemos que existe y que es mucha. No en vano casi ninguna carnicería del país entrega la factura.

Ahora bien, nos llama mucho la atención el ataque de histeria que se ha apoderado de los organismos que deben controlar la cadena en la última semana, y que coincide justo con el cierre de las exportaciones de carne decidido el 17 de mayo por el presidente Alberto Fernández, aún en contra de la opinión negativa de todos los que entienden sobre esa actividad.

Hoy, domingo, ha sido la AFIP la que ha sacado en un comunicado de prensa una gacetilla cuyo título luce a todas luces potente:  Dice el organismo que tras relevar 150 frigoríficos que explican el 72% de la faena total de bovinos, se ha detectado “maniobras de subfacturación y/o no declaración de
operaciones” en el 90% de los casos. Sin duda luce temible el panorama.

El domingo pasado fue la Aduana la que denunció que 19 frigoríficos exportadores habían utilizado una posición arancelaria que no les correspondía para pagar menos retenciones y cometer el delito que está de moda: “subfacturar”. Con una investigación paralela sobre ese caso, Bichos de Campo publicó los nombres de esas empresas, que la Aduana ocultó exprofeso a pesar de haberles aplicado multas por 6 millones de dólares.

El lunes 31 de mayo, la ex ONCCA también realizó su propia denuncia mediática, sin aportar los nombres ni los expedientes de cada caso. Mejor dicho, solo mencionaba a tres sociedades menores, así como el secuestro de unas 200 toneladas de mercadería. El organismo que depende de Agricultura informó que habían sido suspendidas del RUCA (el registro de operadores) unas 12 exportadoras de carne.

Todos estos anuncios en tono épico y espectacular, que aportan sin embargo casi ninguna prueba concreta, apuntan a crear una pésima imagen de la industria de la carne justo en el marco del cierre de las exportaciones de este alimento y  justo cuando el propio Presidente Fernández había dinamitado, el jueves de la semana anterior, las negociaciones entre funcionarios de su propia gestión y el Consorcio ABC de frigoríficos exportadores, para ver si se podían rehabilitar antes los embarques.

La sucesión de denuncias sobre la actividad pone en evidencia que ahora existe cierta obsesión del gobierno por este rubro productivo, la cadena de ganados y carnes, pero justo en el marco de una disputa política con la Mesa de Enlace, que ya realizó un paro ganadero con alto acatamiento y promete nuevas medidas de protesta.

No estaría nada mal está obsesión oficial por controlar a los actores de la cadena si no fuese tan sugerente que se realiza en medio de esta escalada de tensión con el sector, si estas denuncias no estuvieran vacías por completo de evidencias concretas, y si no fuera que el gobierno actual, desde que asumió en diciembre de 2019, discontinuó casi por completo la política del gobierno anterior para ordenar tributariamente la cadena de ganados y carnes.

Y eso claramente sucedió así. Si Mauricio Macri se había reunido en su paso por la Rosada un total de 10 veces con la Mesa de las Carnes, para discutir los temas del sector, Alberto no lo hizo ni en una sola ocasión. Pero tampoco lo hicieron sus funcionarios de menor rango. La Mesa de las Carnes pasó a ser casi una figura decorativa.

En este contexto, hay miles de cosas que quedaron sin hacer desde el propio Estadio, o se interrumpieron. Por ejemplo, ya no se sabe ni siquiera si funcionan los controladores electrónicos en los frigoríficos que se instalaron en la gestión anterior. Y la AFIP, que ahora hace estas denuncias, dejó a medio armar el REC (Remito Electrónico de Carnes), con el que el Estado aspiraba a controlar -como ya había comenzado a hacer con frigoríficos y matarifes- al eslabón final de la cadena, el de las carnicerías.

En medio de un mar de dudas, comenzó a regir el remito electrónico de carnes

Hechas todas estas aclaraciones necesarias, recién ahora nos podemos dedicar a la denuncia presentada ahora por la AFIP. El texto de la gacetilla es le que sigue:

Como se puede leer, en los operativos realizados por el organismo “se detectaron matarifes (usuarios de servicio de faena) que recurrieron al uso de facturas apócrifas, sociedades sin sustancia y prestanombres, para comercializar más de 500.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020”. Esos operativos, confiesa el organismo, se iniciaron en abril. Es decir coinciden con la creación de las DJEC, las declaraciones juradas que implementó el gobierno y que ahora le sirven para trabar las exportaciones de carne.

Justamente la gestión anterior de la AFIP había comenzado as  implementar el REC: era un remito electrónico entre el matarife o el frigorífico y el carnicero que permitía verificar la correcta facturación en el tramo final de la cadena, que es lo que ahora se denuncia. Pero el REC quedó en la nada. Y nadie lo explicó.

Insistimos que no vamos a defender a nadie en el sector de la carne, donde no existen carmelitas descalzas. Pero muchos matarifes desde 2018 venían advirtiendo a viva voz que los carniceros se negaban a facturarles la media res que recibían para poder seguir operando al margen de las normativas. El argumento era que la inmensa mayoría de los locales está al mando de un monotributista que no podría haber seguido en dicha categoría -y por lo tanto debía ser responsable inscripto ante el IVA- si blanqueaba los montos facturados.

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Una probabilidad, entonces, es que la mayor parte de los mayoristas de la carne se hayan visto obligados a falsear sus datos y hasta recurrir a facturas apócrifas ante la imposibilidad de facturar sus ventas a los minoristas. Frente a situación tan evidente, la AFIP no había dicho nada hasta ahora.

Hasta ahora, donde se informa que “la DGI comenzó a fiscalizar a los 154 frigoríficos más grandes del país. Los establecimientos investigados por la DGI representan el 40% de todos los frigoríficos del país y explican el 72% de la faena total. Todos las firmas fiscalizadas registraron una facturación individual superior a los 250
millones de pesos anuales”.

Sobre los resultados de dicha pesquisa, que comenzó recién en el mes de abril, “todas las fiscalizaciones se encuentran en proceso pero como resultado de las tareas de control los inspectores de la DGI identificaron maniobras de subfacturación y/o no declaración de operaciones en el 90% de los frigoríficos relevados”.

“El monto de las infracciones y las multas, serán determinados al finalizar los procedimientos”, añade la información oficial. Pero se puede suponer que muchos de estos casos se judicializarán, pues también los empresarios tienen en este caso argumentos para defenderse.

“Es muy probable que en efecto se haya encontrado subfacturación en el 90% de las plantas, porque es sabido que el comercio de carne está prácticamente en manos de los matarifes que contratan los servicios de faena de los frigoríficos. Todos facturan el IVA de la carne con 10,5%, pero el servicio de faena (el trabajo que la planta le hace al matarife) quedó con una alícuota de 21%, que nunca se redujo ni se alineó con el resto de la cadena. Por eso casi todos subfacturan la carne, para evitar un crédito fiscal que sería imposible recuperar. Si la AFIP hubiera regularizado esto como se pide hace ratio, no existiría esta subfacturación”. indicó una fuente que conoce al dedillo el negocio.

Bienvenido entonces que la AFIP haya vuelto a preocuparse por esta situación anormal.

El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont también “descubrió” otra modalidad irregular en un sector donde buscale la vuelta ha sido siempre la constante. “LKa DG detectó un grupo de matarifes que recurren a sociedades y personas humanas sin capacidad operativa, técnico económica y financiera para desarrollar sus actividades. Las firmas identificadas por la DGI comercializaron un total de 582.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020”, se informó.

“Una de las hipótesis de trabajo explorada por los inspectores de la DGI es que los matarifes sin capacidad económica que recurren al uso de facturas apócrifas constituyen una pantalla para algunos frigoríficos que les permite evadir impuestos y generar créditos fiscales ficticios”, se especuló en este caso, donde tampoco aparecen nombres concretos y que está en vías de investigación.

La entrada Histéricos controles en medio del cepo exportador: Ahora es AFIP la que denuncia subfacturación en 150 frigoríficos se publicó primero en Bichos de Campo.

Tras analizar los costos, impuestos y ganancias netas de cada eslabón, la conclusión de este trabajo fue que de los 210,8 pesos en los que se vendió un kilo de durazno fresco en Capital Federal –precio promedio de marzo 2021-, el productor explicó el 12.8% (27 pesos); el galpón de empaque y la cámara de frio el 15.8% (33.4 pesos); el mayorista –puestero del Mercado Central de Buenos Aires– el 10.9% (23 pesos); y el minorista –verdulería e hipermercado de Capital Federal– el 15.7% (33.1 pesos). Por su parte, la presión tributaria del Estado, en sus tres niveles, asciende a 44.8% (94.3 pesos).

“Una vez más, el peso del Estado queda expuesto: el 75.1% son impuestos de origen nacional, mientras que el 24.9% son provinciales o tasas municipales”, explicó la CAME.

Al analizar los tributos específicos de la cadena de valor desde la cosecha del durazno en la provincia de Mendoza hasta su venta en Capital Federal (aproximadamente 1150 ilómetros), el 38.4% corresponde al IVA, el 30.8% a Ganancias, el 12.8% a otros impuestos provinciales o tasas municipales, el 12.1% a Ingresos Brutos y el 5.9% a contribuciones patronales de la mano de obra.

Recordó la CAME que la Argetina se encuentra entre los tres principales productores de durazno del Hemisferio Sur, con más de 100 mil toneladas anuales -para industria y fresco-, destinando más del 60% a la industria, más del 30% al consumo en fresco y más del 1% a la exportación en fresco.

La provincia de Mendoza concentra el 83% de la producción de duraznos del país, con aproximadamente 6000 hectáreas implantadas, seguida por Río Negro y Neuquén, con unas 750 hectáreas implantadas, según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). En cuanto al volumen comercializado entre los meses de noviembre a abril en el Mercado Central de Buenos Aires, se estiman aproximadamente unas 19.500 toneladas de durazno en fresco.

“La pelusa que causa verdadero malestar son los impuestos y no solo en el durazno, sino en todos los agroalimentos. En detrimento de la rentabilidad, la carga fiscal en Argentina sigue en aumento y nos obliga a cancelar o, en el mejor de los casos, a postergar cualquier tipo de inversión”, afirmó Eduardo Rodríguez, presidente del sector de Economías Regionales de CAME.

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Hoy el proyecto se trató en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde, si bien obtuvo dictamen favorable, el mismo no contó con el apoyo de casi la totalidad de los integrantes de Juntos por el Cambio que forman parte de esa comisión.

La única excepción fue el jujeño de la UCR Jorge Rizotti, alineado con el gobernador Gerardo Morales, quien decidió acompañar el dictamen de mayoría firmado por todos los diputados del Frente de Todos.

El diputado Luciano Laspina aseguró que el bloque del PRO no apoyará el proyecto de “Consenso Fiscal” porque no consideran apropiado apoyar una iniciativa que va en contra del “Pacto Fiscal” aprobado en 2017, por medio del cual –a partir de una iniciativa del gobierno de Mauricio Macri– se pretendió reducir la incidencia de Ingresos Brutos de manera progresiva hasta su eliminación.

“El impuesto sobre Ingresos Brutos pega muy fuerte en los precios de los alimentos y los productos básicos en general. Y es uno de los tributos con mayor sesgo antiexportador de nuestro sistema impositivo”, remarcó Laspina.

Por su parte, el radical Atilio Benedetti aseguró que “las provincias que han tenido administraciones menos cuidadosas se han visto obligadas a aumentar los impuestos provinciales y eso impacta directamente sobre las actividades productivas”.

En tanto, Luis Mario Pastori (UCR) explicó que en su provincia, Misiones, mientras que el “Pacto Fiscal” de 2017 establecía para 2021 la eliminación de Ingresos Brutos para la actividad agropecuaria, en la actualidad sigue gravada con una alícuota del 0,75%. “Con la actual presión impositiva hay que ser un héroe para mantener hoy una Pyme y este tipo de leyes va en sentido contrario a lo que la economía demanda”, explicó.

El cordobés Víctor Hugo Romero (UCR) dijo que “es cierto que las provincias tienen dificultades macroeconómicas, pero, ¿acaso los consumidores que van a recibir el impacto de este incremento impositivo no las tienen también?”.

El dictamen recibió 26 firmas y el proyecto de “Consenso Fiscal” quedó en condiciones de ser votado en el recinto en la próxima sesión (que aún no tiene fecha). El rechazo sumó votos de 18 diputados de Juntos por el Cambio.

La entrada Adivina adivinador: Todos los diputados opositores (menos uno) votaron en contra del proyecto que habilita a los gobernadores a incrementar Ingresos Brutos se publicó primero en Bichos de Campo.

“De cada 100 pesos de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, 62,6 pesos es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales”, sintetiza este informe. No hay grandes novedades, salvo un movimiento que incrementó la presión fiscal, en 3,4 puntos porcentuales, respecto de diciembre pasado.

“Esto se explica por varios factores: aumentos de impuestos fijos municipales y provinciales; suba de costos en pesos y en dólares de labores y fletes; incrementos de precios de fertilizantes; baja del precio disponible del trigo; y reducción de los rindes estimados por efecto de la sequía”, explica David Miazzo, el economista jefe de FADA.

Pero la Fundación con sede en Río Cuarto, Córdoba, sí aporta un análisis novedoso en términos del impacto que tiene el tipo de cambio sobre la actividad y, en consecuencia, cómo se ve afectada por la brecha cambiaria, que surge de la diferencia entre el dólar oficial y el dólar accesible para el grueso de los compradores.

Según este análisis, en los últimos 12 meses el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 43%, pasando de 63,77 pesos por dólar a 91,13 pesos. En los últimos 3 meses, se incrementó un 12%, o sea que cedió. Pero en términos de tipo de cambio real multilateral, desde marzo de 2020 este indicador mejoró 7,8%.

“Medido a precios de marzo de 2021, el tipo de cambio de marzo de 2020 era el equivalente actual de 84,55 pesos, mientras que, con el mismo cálculo, en marzo de 2019 fue de 89,42 pesos”, precisó la Fundación.

Para FADA, este dato es clave para ver la marcha del negocio, ya que una buena porción de los costos de producir granos están directamente dolarizados. No es tan cierto aquello de que los productores cobran en dólares algo que producen en pesos, como se suele escuchar.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos, afirma FADA, se puede identificar que un 51% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 49% están pesificados. Esto por la nominación en cada factura. Pero si además se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, los costos dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 64%.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 57% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 43%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 65%.

De allí que para los productores la evolución del dólar resulte no solo clave para definir sus ingresos sino también sus costos. “Que el tipo de cambio nominal no se atrase respecto a la inflación es importante en actividades exportadoras porque proteger la competitividad cambiaria, aunque en contextos de brecha cambiaria estos análisis de tipo de cambio real multilateral pierden algo de vigencia”, aclaró FADA.

El estudio aclaró que el componente en pesos de producir una hectárea con estos cultivos “también suele tener una alta relación con el dólar por dos motivos: la rápida transmisión de la devaluación a los precios que hay en una economía inflacionaria como la argentina; y porque dentro de los costos pesificados está, por ejemplo, el flete cuyos costos dependen en gran medida del precio del combustible y este está ligado directamente al precio del petróleo y del dólar. Lo mismo con las labores. Además de que el valor de los camiones y maquinaria también guarda correlación con el tipo de cambio”

La entrada El mito de “venden en dólares lo que producen en pesos”: El costo dolarizado de una hectárea agrícola ronda el 65% se publicó primero en Bichos de Campo.

A través del decreto 191/2021 publicado en el Boletín Oficial a pesar del feriado por el 24 de marzo, se prevé la instrumentación de incentivos fiscales en las contribuciones patronales que pagan los empleadores radicados en las provincias del Norte Grande, integrado por Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, a fin de corregir por este medio asimetrías regionales en favor de las zonas más postergadas del país.

Allí hay abundantes economías regionales que requieren mucha mano de obra y que podrían verse beneficiadas por esta medida de alivio a la elevada carga de los costos patronales.

La propuesta implica una rebaja gradual y temporaria de las contribuciones patronales por las nuevas relaciones laborales, durante un período de tres años, en sectores económicos determinados de esas provincias orientados a la producción de bienes.

Entre las condiciones para acceder a dicho beneficio se establece como requisito que los empleadores deberán producir incrementos en la nómina de personal de cada empresa.

En particular, incluye la reducción de 70% de las contribuciones patronales de nuevas contrataciones a trabajadores varones el primer año, 45% el segundo año y 20% de reducción el tercer año.

Como muchas otras políticas, tiene una mirada de género, pues en el caso de las nuevas contrataciones a trabajadoras mujeres; travesti, transexual o transgénero, la reducción de las contribuciones patronales es de 80% el primer año, 55% el segundo año y 30% el tercer año.

“El presente decreto entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación (es decir el 1° de abril) y resultará de aplicación para las relaciones laborales que se inicien durante los primeros 12 meses a partir de esa fecha”, precisó la norma firmada por el presidente Alberto Fernández y varios de sus ministros.

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El pronunciamiento de la máxima autoridad en el agro, constituida por CRA, Coninagro, la Sociedad Rural y Federación Agraria, es el último de entre muchos que han ido metiendo el calor del agro en el debate que se aproxima en Diputados, donde Máximo pidió un tratamiento urgente de esta iniciativa para captar fondos extraordinarios de las “grandes fortunas” que existen en la Argentina, por única vez, para intentar paliar los efectos negativos de la pandemia. Ya se habían pronunciando la Fundación barbechando, Cartez, Carbap y otras asociaciones rurales.

¿Y por qué la objeción? ¿Está mal que los millonarios de la Argentina cooperen con los que menos tienen? Para los representantes de los productores, es relativamente falso que el nuevo tributo apunte solo contra la gente “rica”, pues como base del cálculo toma los bienes productivos. Así, el valor fiscal de los campos y hasta la maquinaria agrícola se incluirían dentro de las “fortunas”. Puede llegar a darse el absurdo de un contratista que esté endeudado hasta la verija por la compra de dos o tres cosechadoras, y que sea considerado como parte de la elite millonaria de la Argentina.

Para el sector, este impuesto “no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio”. En un gran porcentaje de los casos, aseguró, “los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deban desprenderse de activos claves corno maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen”.

Cambios de último momento afectan al campo: Afirman que Carlos Heller minimiza el impacto del nuevo impuesto a la riqueza

Por eso, para la Mesa de Enlace, más que un aporte solidario este proyecto de ley del oficialismo se trata de “un nuevo impuesto que se suma a la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor”.

En un comunicado, la superestructura rural sostuvo que ese nuevo aporte “afectaría irremediablemente los recursos que hoy tiene el sector agropecuario para motorizar la economía y alcanzar el crecimiento a mediano y largo plazo”.

Este “aporte” impulsado por el kirchnerismo, y que se calcula en base a la declaración de patrimonio de los contribuyentes ante la AFIP, sería en realidad “un verdadero impuesto a los activos, de asignación específica, que afectará la liquidez de los individuos y de las pymes de todo el país de todos los sectores de la economía”, apuntó la Mesa de Enlace.

En su momento, Carlos Heller, el autor del proyecto, explicó sus alcances en Bichos de Campo:

Para la entidad, hay una contradicción en el discurso del gobierno de Alberto Fernández, donde la diferencia de posiciones respecto a este proyecto de ley son visibles. Por un lado, “se promueve la capacidad del sector agroindustrial de exportar y generar empleo” pero por otro “se lo castiga con un nuevo impuesto que compromete sus activos y su capacidad exportadora y generadora de empleo”, chicaneó la Mesa de Enlace.

Los dirigentes del agro remarcaron además que sería un tributo “contrario al federalismo”, ya que “al no ser coparticipable genera nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales al poder central, lo que implica una ecuación costo-beneficio negativa para las provincias”.

También cuestionó el destino de los fondos que se recaudarían. “Solo el 20% de lo producido por el impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia”, indicó.

“En momento en que nuestro país requiere recuperar la credibilidad y previsibilidad para atraer inversiones internas y externas que apuntalen su castigada economía y tracciones su recuperación de la crisis, este nuevo impuesto lo único que logra es minar la confianza y las expectativas a futuro”, concluyó el comunicado.

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A principios de octubre se conocía un nuevo paquete de medidas del ministro de economía Martín Guzmán, cuyo objetivo es la tan ansiada reactivación económica y que incluía una baja temporal en los derechos de exportación que tributa la soja y la puesta en marcha de un fondo de compensación para pequeños productores.

Sumando leña al fuego, el diputado por el Frente de Todos Carlos Heller anunció, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside, que próximamente se estará discutiendo una nueva reforma tributaria y argumentó que para dar recursos primero hay que conseguirlos.

Ver también: ¿Por qué están tan enojados los productores? “El gobierno está aplicando políticas que generan incertidumbre”, opina el cordobés Luis Magliano

Aunque aún no se conocen los planes de esa reforma, el sector agropecuario, que arrastra desde hace tiempo un gran malhumor y descontento, se agarra fuerte a la silla. Según el informe trimestral emitido el mes pasado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el 62% de la renta agrícola queda en manos del estado. Es decir que por cada 100 pesos de renta, 62% no van para el productor sino para impuestos nacionales, provinciales y municipales.

En este marco, la plataforma Amplificagro realizó un nuevo relevamiento, entre el 20 y el 25 de octubre pasado, para analizar la percepción de los ruralistas sobre la presión impositiva que tiene este sector. De las 559 personas encuestadas, el 52% indicó que el impuesto menos justo son las retenciones.

En términos de la razonabilidad de los tributos, el impuesto al cheque fue considerado por el 89.9% de los encuestados como el menos razonable de todos. En segundo lugar aparecieron los ingresos brutos seguidos por los derechos de exportación. El impuesto a la riqueza sorprendió al ser considerado “muy razonable” por un 27.6% de consultados, seguido por un 39.6% que estuvo entre “bastante razonable” y “razonable”.

Ante la pregunta ¿Qué opinión tiene sobre la posibilidad de implementar retenciones móviles?, el 69.8% de los casos dijo estar en contra de la medida y solo un 6.2% se mostró a favor. Teniendo en cuenta el rubro de desempeño, quienes realizan agricultura extensiva y cultivos regionales fueron aquellos que más se opusieron. Los siguieron en las estadísticas los productores de carne, los productores de leche y aquellos que realizan agricultura intensiva.

Estas cifras reafirman el relevamiento realizado por la misma plataforma en el mes de septiembre, donde el 52.6% de los encuestados consideró que la mayor demanda del sector en este momento es bajar la presión impositiva. El 25.7% demandó en cambio reglas de juego claras y estables, y el 15.4% una planificación estratégica de la política agropecuaria.

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