El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) nació cuando habían pasado seis meses del inicio del gobierno de Alberto Fernández y logró lo imposible: que Cristina Fernández los recibiera en su despacho en el Senado y bendijera su única y gran iniciativa: un proyecto de ley para crear un programa de fomento a las exportaciones agroindustriales, que produjera los dólares que la Argentina necesitaba para salir de la crisis.
Pasó un año y medio desde entonces. Y fue necesario que un cachetazo electoral en las elecciones PASO le recordara a los funcionarios de Alberto, empezando por la propia Cristina, que ya no son lo que eran y que deben ponerse a trabar en serio para retener el poder.
Lo cierto es que a más de un año de su presentación, el gobierno accedió a presentar el texto revisado de ese marco legal de fomento exportador. Será esta tarde en el Museo del Bicentenario, en un acto encabezado por el propio Alberto Fernández, que contará con la presencia de casi todo el nuevo Gabinete (encabezado por el tucumano Juan Manzur) y representantes del CAA, que aglutina a más de 60 entidades del sector. Estarán muchas de ellas, que provienen de la cadena agroindustrial, pero no los dirigentes que representan a los productores primarios, aglutinados en la Mesa de Enlace.
Hay que decirlo de entrada. El proyecto de ley, que el Presidente había vuelto a prometer en marzo de este año en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, quedó reducido a una mínima expresión de lo que era. Por ejemplo, ya no prevé como en su origen una rebaja paulatina de las retenciones o derechos de exportación por las exportaciones crecientes que pueda realizar cada sector. De retenciones minga, diría el Mellizo.
Pero si pasa sin cambios el filtro del Congreso, la ley será positiva para algunos sectores de la cadena productiva y sobre todo algunas prácticas, como una mayor fertilización. Por eso no ha de ser descalificarse de entrada. Veremos bien de qué se trata. Por ahora el texto definitivo no se conoce. Hasta anoche se le estaban haciendo retoques.
Lo que anticipan las fuentes oficiales es que esta iniciativa “estará focalizada en aumentar las inversiones del sector a través de incentivos, como amortizaciones aceleradas” del IVA. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anticipó que ese diferimiento sería “a tres años para nuevas inversiones”.
Otros componentes de la ley son que ciertos gastos en equipamiento, fertilizantes o semillas fiscalizadas podrán ser descontadas de la liquidación del impuesto a las Ganancias. Domínguez también anticipó que se podría resolver para los ganaderos que la liquidación de ese impuesto no sea ya anual sino que coincida con la venta de cada animal. Pero eso no estaba todavía demasiado claro.
El proyecto del CAA, envejecido por la espera, será presentado ante la ausencia de los principales representantes de los productores, que siguen shockeados por los anuncios oficiales sobre la apertura parcial de las exportaciones de carne, que todavía no fue implementada pero que promete liberar por completo los envíos de vaca conserva para China.
Pero más allá de guardar recelos con el gobierno, la Mesa de Enlace está siendo bastante desconfiada con sus socios del propio Consejo Agroindustrial,. un espacio que la excede y que es timoneado por el presidente de la Bolsa de Cereales porteña, José Martins, y por el titular de los principales exportadores de productos agrícolas, nucleados en Ciara-CEC, Gustavo Idígoras.
En una reunión mantenida en los últimos días, los integrantes de las cuatro gremiales agropecuarias exigieron que, para aplacar las suspicacias, siempre se sumara un representante de la Mesa de Enlace en las negociaciones del CAA con el gobierno. Pero esa promesa quedó muy pronto en la nada.
Deshilachada, como el proyecto de ley de fomento a las exportaciones del sector agroindustrial, que será presentado esta tarde.
Queda claro que por más que el gobierno envíe esta tarde el proyecto de ley al gobierno, no será debatido este año por diputados y legisladores en lo que resta del año. Y mucho menos aprobado. Así, quedará solo como un acto de tinte electoral de parte de un gobierno obligado a recuperar la iniciativa.
