La Ley 26.331 o “Ley de Bosques” –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.

Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.

El 0,3% del proyecto de Presupuesto 2022 de la Administración Pública Nacional, elaborado por el equipo del Ministerio de Economía liderado por Martín Guzmán, equivale a un monto de 30.600 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones (derechos de exportación) agroindustriales deberían sumarse al menos otros 15.000 millones.

Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 45.000 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2022 asigna una partida de apenas 1212,4 millones de pesos (apenas un 2,6% del monto correspondiente).

El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.

Increíblemente, a pesar de la violación sistemática de la Ley 26.331, legisladores de todas las fuerzas políticas presentaron el año pasado diferentes proyectos para crear un “Fondo Nacional de Humedales” orientado a compensar a propietarios de zonas de humedales declaradas como área de conservación.

En noviembre del año pasado, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados debatió los proyectos presentados y consensuó un documento único que fue girado posteriormente a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda e Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros.

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El proyecto de Presupuesto 2022 de la Administración Pública Nacional –enviado hoy jueves al Congreso– establece para el año que viene una partida de 19.179 millones de pesos para el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la cual, en términos nominales, es un 80% superior a la del año 2021.

Si se considera la inflación anual estimada para 2022 por el informe REM del Banco Central (BCRA), que contempla –vale aclarar– un escenario inflacionario optimista del 44,6%, entonces el ajuste presupuestario del Senasa sería del 24% en términos reales.

El presupuesto del Senasa se divide en cuatro grandes áreas: actividades centrales (donde se realiza el diseño y la coordinación de las políticas implementadas por el organismo) y acciones para la sanidad animal, para la protección vegetal y para la inocuidad y calidad agroalimentaria

En lo que respecta al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el presupuesto 2022 alcanza una suma de 23.051 millones de pesos, una cifra nominal 96% mayor que la asignada en 2021, pero que, ajustada por una inflación tentativa del 44,6%, es un 36% superior. La mayor parte de los recursos del organismo se destinan al pago de salarios.

El proyecto de Presupuesto 2022 contempla un total de 1711 empleados en el Senasa, de los cuales 1695 son permanente y 16 temporarios. En lo que respecta al INTA, la plantilla de personal es de 6810 empleados, de los cuales 5816 son permanentes y 994 temporarios.

En cuanto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el presupuesto contemplado en el proyecto para 2022 es de 21.443 millones de pesos, una cifra nominal 50% mayor, pero que, ajustada por una inflación tentativa de 44,6%, quedaría con un ajuste del 4%. Para la estructura del Ministerio se contempla un total de 9209 empleados, de los cuales 8199 son permanentes y 1010 temporarios.

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