Según sus proyecciones, la escasez de agua se tornaría irreversible en cinco años, por lo que propuso una alianza con la industria minera para que se destinen parte de sus regalías a socorrer a los afectados.

“Modifíquese la ley de regalías mineras de la provincia de San Juan, y del 100% recaudado mensualmente por tal concepto, el 10% de esto va a ir destinado a un fideicomiso que solo atenderá las necesidades de los productores de hasta 75 hectáreas cultivadas, para mejorar su desesperante situación hídrica”, indicó Paladini en el artículo 1° del proyecto.

La iniciativa de Paladini, obviamente, tiene que recorrer un largo camino para prosperar. Pero lo curioso es que coloca sobre el tapete, por primera vez en la Argentina, que de algún modo el agro sea subsidiado por otro sector económico y no a la inversa como suele suceder. El telón de fondo es la crisis hídrica que viven las cordilleranas y que provocó que este jueves grupos de productores sanjuaninos cortaran la Ruta nacional 40 molestos por que a su vez el gobierno había cortado el riego prometido para sus fincas.

Mirá el proyecto completo acá:

Según esta iniciativa, el dinero obtenido de las regalías mineras que cobra San Juan, una provincia que tiene una legislación muy favorable para las inversiones en ese sector, y donde se ubican los yacimientos mineros más prolíficos de la Argentina, los recursos recaudados podrán ser destinados a la compra de equipos de riego por goteo, a la impermeabilización de cunetas regadoras, a la mejora de la fertilización mediante sistemas modernos, a reservorios, a pozos privados o comuneros de más de 15 millones de pesos y a otros usos que la autoridad considere conveniente.

Sólo podrán recibir fondos los productores y cooperativas que hayan colocado su propiedad a nombre del fideicomiso, con tres años de gracia y siete años y a una tasa de 0%.

El fideicomiso sería administrado por la agencia de inversiones y el objetivo es que la reglamentación rija mientras dure la sequía, en principio desde el año 2022 y hasta el 2026.

“La finalidad es tener un San Juan con 100% de riego por goteo, o toda tecnología que aporte eficiencia de agua y fertilización. Eso debe lograrse en 5 años, y lograremos regar con un 30% a un 35% por fina de lo que hoy usamos bajo riegos tradicionales”, se indicó en el artículo 5.

El empresario es dueño de Lomas del Sol, una firma especializada en la la producción de pasas de uva, que heredó de su padre. La misma exporta sus productos desde 1986 y en los últimos años ha diversificado su presencia en el mercado con mix de frutas, mix de cereales, manzanas en rodajas deshidratadas, entre otras cosas.

Según el empresario, el proyecto es “en pos de tejer una alianza entre la minería, un bien no renovable y de importantes ingresos para San Juan, y el agro, un bien renovable que es una pata importante en el desarrollo local. De allí salen exportaciones de uvas, pasas, mostos, vinos aceitunas, pistachos, que son fuentes de ingresos de divisas, que perdurará en el tiempo si lo sabemos cuidar, y uno de esos cuidados es la optimización eficiente del agua”.

Fotos: Diario Huarpe – Diario de Cuyo

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A diez días de retirarse, al menos por este período, Contigiani presentó tres proyectos de interés para el campo: uno de fomento a la producción agroecológica rural y urbana, otro de emergencia por la situación actual que afronta el sector lechero, y un tercero que pretense instaurar una nueva ley de semillas y creaciones fitogénicas.

La primera iniciativa tiene por objetivo promover el desarrollo de sistemas de producción agroecológica, mediante la regulación de procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos saludables, a los que se entiende como aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Además se busca estimular la adopción de buenas prácticas de producción agroecológica.

Para eso se propone la creación de un registró de productores agroecológicos enmarcado en el Renspa. Los productos provenientes de este sistema serán certificados a través del Sistema Nacional Único de Certificación Participativa, que estará coordinado por el INTA, por el cual se creará la marca “producto agroecológico”. Por otro lado, se creará  el Consejo Nacional de la Producción Agroecologica, cuyo objetivo será el asesoramiento y la proposición de acciones coordinadas en post de este modelo productivo.

“Impulsar el desarrollo de proyectos productivos para el abastecimiento local, basado en la producción de la agricultura familiar agroecológica, no sólo refuerza el acceso equitativo a los alimentos, sino que también la soberanía alimentaria”, señaló Contigiani en los fundamentos del proyecto.

A continuación agregó: “Este nuevo enfoque en la producción de alimentos y conservación de los recursos naturales disponibles, sencillamente apunta a un futuro que asegure más resiliencia a las localidades y territorios, además de mitigar efectos en lo que respeta al cambio climático”.

En cuanto a la segunda propuesta, el diputado instó al Congreso a declarar la emergencia económica y financiera para el sector lechero por un año, y a facultar al Ejecutivo a convocar a todos los eslabones de la cadena láctea para intervenir sobre los márgenes de rentabilidad de cada eslabón.

En el mismo sentido propuso crear un Fondo de Emergencia Lácteo y una línea de créditos extraordinaria, con tasas de interés acordes a la situación del productor y de las Pymes industriales.

“La misma deberá contar con recursos que permitan resolver la grave situación financiera que atraviesan los actores más endeudados del sistema productivo lácteo”, se indicó en el texto del proyecto.

“La lechería argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Se trata de una crisis que refleja ausencia de políticas públicas y privadas tendientes a ordenar una cadena de valor como la láctea, actividad con alto impacto social y laboral. Desde siempre hemos planteado que la lechería no puede funcionar bajo las puras reglas del mercado. Que sin marcos regulatorios adecuados el sector no puede crecer ni tener un horizonte de planificación. Los problemas de la actual coyuntura láctea expresan una oportunidad para debatir un plan estratégico de cara al mediano y largo plazo”, sostuvo el santafecino en el documento.

Finalmente y antes de apagar la luz, el ex funcionario provincial presentó una última iniciativa con la que busca actualizar la vieja ley 20.247 de 1973, mejor conocida como Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. La misma se desprende del trabajo de la comisión interna de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM), de la que Contigiani participó activamente.

“Una ley se hace para que se mantenga por un tiempo, no puede ser dictada por el Congreso solo para la coyuntura. Es por todo esto, que el trabajo que estamos presentando, toma lo mejor de la legislación vigente, pero la supera en cuanto a que se ha intentado actualizar su contenido a la realidad agronómica de estos tiempos, incorporando asimismo conceptos que responden a las exigencias y problemáticas de la actividad semillera”, afirmó el legislador.

A continuación indicó que las directrices del proyecto son la democratización del funcionamiento del sector semillero nacional, para que todos los eslabones de la cadena participen en ámbitos de decisión; la ampliación del articulado referido al “Registro Nacional de Propiedad de Cultivares”, con la finalidad de reforzar el sistema del Derecho del Obtentor Vegetal; y la modificación de las regalías que se cobran por cada bolsa puesta en el mercado, para que la misma sea única e integral y no aumente los costos al productor, entre otras.

Las tres iniciativas cuentan con distingos giros de Comisión, aunque las tres incluyen a la de Agricultura y Ganadería, por lo que de llegar a ser tratadas por Diputados, será sin la presencia de Contigiani en la Cámara.

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“Naturalmente, las razones de la emergencia en aquellas provincias (en referencia a las del noroeste del país) difieren de las de la cuenca del Paraná. La escasez de precipitaciones, de nieve y de formación de hielos en las zonas andinas ha producido en los últimos años una drástica reducción de caudales en ríos de todas las provincias desde Chubut hacia el norte del país”, indicaron los legisladores en los fundamentos del proyecto.

A continuación agregaron: “Algunos de los ríos más emblemáticos y que nacen en la Cordillera se encuentran o encontraron recientemente con mínimos históricos. Tal es el caso del Río San Juan, pilar del bienestar social y productivo de la provincia. A su vez,  se cuenta con diques y embalses que aseguran provisiones, pero solo por el momento”.

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En este sentido, la iniciativa busca impulsar la adopción de medidas que aseguren la sustentabilidad social, económica y productiva en las provincias afectadas.

Para eso, se propone facultar al Poder Ejecutivo para delimitar las áreas sujetas a la declaración de la emergencia hídrica; a adoptar medidas que preserven la continuidad de la actividad productiva; a arbitrar respuestas a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME), a realizar tareas de coordinación entre provincias y a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias.

Además, se establece que el Ejecutivo podrá, junto con las jurisdicciones implicadas, “determinar la autorización de habilitación de nuevos pozos y la extracción de pozos acuíferos públicos y/o privados, en la medida que sea conducente para garantizar el bienestar de la población y la continuidad de actividades productivas”.

“El uso de pozos privados se realizará por razones de solidaridad, siempre que su titular hubiere satisfecho sus necesidades y contra el pago de los gastos de explotación que correspondan”, afirmaron los legisladores.

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Por otro lado, se indica que el Banco Central podrá adoptar medidas en función de que continúen desarrollándose las distintas actividades productivas, y que la AFIP “deberá instrumentar regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas, y de la seguridad social de sujetos comprendidos en áreas afectadas por la emergencia hídrica, que se encontraran vencidas al momento de entrada en vigencia de la ley”.

Los convenios de facilidades de pago que se instrumenten comprenderán una tasa de interés de hasta tres por ciento (3%) mensual durante las seis (6) primeras cuotas.

Finalmente, se prevé la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social, de quienes se vean afectados por esta emergencia.

“Tanto lo que ocurre en la cuenca del Paraná como en la Cordillera de los Andes obedece al cambio climático y a mayor necesidad de consumo de agua. Si bien cada emergencia hídrica tiene sus particularidades, ambas están vigentes en este momento y constituyen por sus implicancias una emergencia hídrica nacional que debe ser abordada por este Congreso y por el Poder Ejecutivo de la Nación”, concluyeron.

El proyecto cuenta con la firma de José Luis Gioja (FDT- San Juan), Lía Verónica Caliva (FDT- Salta), Rosana Andrea Bertone (FDT- Tierra del Fuego), Susana Landriscini (FDT- Río Negro), Hilda Clelia Aguirre (FDT- La Rioja), Blanca Inés Osuna (FDT- Entre Ríos), Mabel Luisa Caparrós (FDT- Tierra del Fuego), Danilo Adrián Flores (FDT- La Rioja) y Esteban Mateo Bogdanich (FDT- Santa Fe).

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La primera de las iniciativas fue aprobada por 173 votos afirmativos y 23 abstenciones, y estipula el establecimiento de un régimen previsional especial por el cual aquellos trabajadores y contratistas de las viñas podrán “acceder a la jubilación ordinaria con un mínimo de 57 años de edad, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicios con aportes”.

La flamante ley estipula además en su Artículo 4 que “la contribución patronal será la que rija en el régimen común –Sistema Integrado Previsional Argentino- incrementada en dos puntos porcentuales (2%), a partir de la vigencia de la misma”.

Durante la sesión en la Cámara se indicó que esta propuesta impactará en un universo de unas 38.000 personas, de los cuales entre el 60% y 65% se encuentran en Mendoza y el resto se distribuyen entre Salta, San Juan y San Luis.

La segunda iniciativa, aprobada por 193 votos afirmativos, introdujo modificaciones dentro Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales, reglamentado en la Ley 20.589.

El primero de ellos fue en el inciso b del artículo 12, que indica que “en los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad y la parte proporcional del porcentaje, aun cuando no se complete el primer año de trabajo. Ambos conceptos se deben computar teniendo en cuenta el tiempo transcurrido”.

El otro cambio apuntó al Artículo 16, que estipula que la remuneración mínima debe ser distribuida en 12 mensualidades iguales y consecutivas -y no en 10, como figuraba en la actualidad-, debiendo ser reajustadas si la situación económica, general o zonal, así lo precisa.

A continuación agrega: “La remuneración mínima por hectárea por año no puede ser, bajo ninguna circunstancia, menor a la fijada en el período agrícola anterior. Corresponde también al contratista un porcentaje de la producción, que en ningún caso puede ser inferior al quince por ciento (15%) ni superior al diecinueve por ciento (19%) de ésta, deducidos los gastos de cosecha, acarreo y todos aquellos comunes y normales en la comercialización de las uvas y frutas”.

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Sin embargo, ya pasó un mes y medio y todavía no hay señales de esa “propuesta salvadora”.

“Yo creo que se dan una serie de situaciones. Por un lado el intrincado tema administrativo, mezclado al período pre electoral y el viaje que han hecho varios funcionarios y ministros del área a Glasgow. Creo que vamos a tener que esperar a la próxima semana, a que decante toda esta situación. Ahí me imagino que veremos los resultados”, dijo a Bichos de Campo José Martins, vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Tiempo atrás, Martins había reconocido a este medio que el proyecto era una versión mucho más acotada de los postulados delineados en conjunto por las más de 60 cámaras y entidades de la cadena agroalimentaria integrantes del CAA -excluyendo del mismo uno de los mayores reclamos la reducción y posterior eliminación de las retenciones a la exportación-, pero que aún así era positivo haber concretado un texto luego de tanto trabajo.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), señaló por su parte que realizan reclamos cotidianamente y que mantienen contactos periódicos con las carteras de Economía, de Agricultura y la propio Presidencia.

“Desde el gobierno nos señalan que está todo bien, pero que primero deben hacer todo un proceso de aprobaciones formales en los distintos ministerios. El proyecto tiene dos anexos extensos de más de 1500 actividades económicas. Entonces eso los llevó a una verificación técnica en el Ministerio de Agricultura, de Producción, de Economía, de AFIP, etc.”, comentó a Bichos de Campo.

Ante la pregunta sobre si la demora en la presentación podría significar alguna modificación en el texto pactado, Idígoras afirmó: “No podemos descartar que no haya alguna modificación pero no tenemos esa expectativa, porque no fue así transmitido por los ministros. El gobierno ha manifestado en varias oportunidades que este es uno de los proyectos prioritarios a tratar. De hecho hasta el presidente de la Cámara de Diputados (por Sergio Massa) lo puso como prioritario la semana pasada. De todos modos es incierto hasta tanto no salga del Ejecutivo”.

En el mismo sentido, Martins sostuvo: “No me imagino que haya algo negativo porque la verdad es que fue tan discutido y tan pulido que lo que está, es lo que está. Sí soy un optimista de que cuando llegue al Congreso, y podamos trabajar en comisiones con la oposición, se pueda mejorar algo. No veo nada hoy que nos preocupe”.

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El proyecto, que propone extender hasta el 2025 la vigencia de la ley y otorgar una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma, fue presentado por la senadora salteña del Frente de Todos, Nora del Valle Giménez, quien consideró que se trata de un tema de “derechos humanos muy básicos como el derecho a la tierra, al agua, a la alimentación, a la salud y a la educación”.

Giménez afirmó que es importante completar los relevamientos técnicos y consideró que la próxima discusión será “el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar en base a estos relevamientos la entrega definitiva de la tierra”.

Las tensiones en la reunión llegaron de la mano de las intervenciones de senadores del interbloque de Juntos por el Cambio, que pidieron varias modificaciones como el establecimiento de una fecha límite para la realización de los censos de las comunidades.

“No puedo continuar con prórrogas que se demoran desde 2006. Esta ley no puede excluir la realidad que se está viviendo al sur del país con la actuación de la RAM y la posibilidad de brindarle excusas para que prosigan con su acción terrorista. Si el país pudiera dividirse y excluir de la norma a Río Negro, Chubut y Neuquén tal vez la votaría. Pero esto no es posible. Y, frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un verdadera suicidio institucional para nuestro país”, dijo Ernesto Martínez, senador del PRO por Córdoba.

Se agudiza el conflicto con los “mapuches” y los productores se sienten abandonados: “Es un escenario difícil si el gobierno apoya estas cosas”, dijo Leonardo Jones de la Rural de Esquel

En el mismo sentido, la cordobesa Laura Rodríguez Machado manifestó: “Los argentinos están sufriendo un ultraje de bienes en el sur de la Patagonia debido a una falsa y mala aplicación, que nació con un buen sentido que es proteger derechos ancestrales. Pero hace dos años que esta norma se convirtió en un escudo de protección para cometer ultrajes y que la Justicia no pueda actuar”.

Desde el oficialismo, el chubutense Juan Mario Pais explicó que “no se puede poner una fecha límite porque desde la Constitución Nacional se los protege como un derecho ancestral preexistente y, por más que uno le ponga un límite para manifestarse como población originaria, cuando estos lo hagan están en su derecho siempre para serlo”.

Por su parte Alfredo Luenzo, también desde Chubut, señaló que “bajo ningún punto de vista esta prórroga implica dar consentimiento a grupos minúsculos que no representan a las comunidades aborígenes” y que “la respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables”.

Finalmente el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, defendió a la ley al indicar que con ella “ya tenemos reconocidos 32 pueblos indígenas, divididos en 1600 comunidades, y hubo un reconocimiento de casi seis millones de hectáreas”.

El encuentro -del que llamativamente no participaron los senadores Silvina García Larrabru (FDT) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que venían sufriendo presiones en su provincia a raíz de este conflicto- culminó con la aceptación por parte del oficialismo de algunos cambios propuestos por la oposición, como la exigencia de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presente anualmente un informe en el Congreso sobre el avance del relevamiento.

El proyecto fue girado a Diputados y aguarda por su tratamiento.

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A pesar de contar con media sanción en el Senado, y de haberse prometido que sería tratada a la brevedad en la Cámara baja, lo cierto es que no falta mucho para el fin del ejercicio legislativo y el proyecto podría perder estado parlamentario en caso de no ser abordado por los diputados.

El viernes 1° de octubre, el secretario parlamentario Eduardo Cergnul envío una convocatoria para celebrar una sesión especial a pedido de Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista. La mismo incluyó los siguientes expedientes a ser tratados:

• Ley de Promoción de la Alimentación Saludable: se trata del proyecto del etiquetado frontal de alimentos que también corría riesgo de perder estado parlamentario.
• Ley 20.589, de Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales. Modificación sobre despido y remuneración mínima.
• Régimen previsional diferencial para los/as trabajadores/as vitícolas comprendidos/as en el convenio colectivo de trabajo 154/91 y a los/as contratistas de viñas y frutales comprendidos/as en la ley 23.154.
• Derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle de la República Argentina.

La no inclusión de la Ley Ovina en este temario llamó la atención de los productores de dicho sector, ya que durante el trabajo en comisiones la iniciativa había sido acompañada en forma general por todos los bloques, e incluso venía con gran apoyo desde el Senado. Es importante recordar que la versión previa de esta ley venció el pasado 5 de abril, lo que supone un estado de gran incertidumbre para el sector.

Ahora bien, ¿qué decía el proyecto? En primer lugar había tenido una modificación en su régimen general, pasando de la recuperación de la ganadería ovina a la promoción del desarrollo integral de la cadena ovina y de llamas. Solo llamas. No otros camélidos.

Por otro lado, se fijó que por el plazo de diez años, el Ejecutivo deberá destinar del Presupuesto un monto de 850 millones de pesos para formar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Esto generó algunos desacuerdos ya que los productores reclamaban un aumento a por lo menos 1.500 millones de pesos.

De ese dinero, un monto no menor al 50% de lo asignado debe financiar de forma obligatoria el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina. De la misma forma se podrá destinar hasta un 20% para acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas, que se consideren estratégicos.

La nueva Ley Ovina obtuvo dictamen favorable y está a un paso de ser aprobada por la Cámara de Diputados

Uno de los diputados en remarcar la necesidad de tratamiento de este proyecto fue Luis Di Giacomo, miembro de Juntos Somos Río Negro. Vía Twitter el legislador anunció que le había enviado una carta en la que le pedía a Sergio Massa, el presidente de la Cámara, que se retomara el trabajo de Labor Parlamentaria para volver a las funciones en el recinto.

La cámara baja debe funcionar y se deben evitar los posibles oportunismos políticos de cualquier bloque. Hay temas en agenda que esperan ser tratados, como la Ley de Etiquetado Frontal y la Ley Ovina y, por supuesto, es necesario que se trate en comisiones el Presupuesto 2022. pic.twitter.com/22CnpM6UZV

— Luis Di Giacomo (@DiGiacomoLuis) October 1, 2021

Foto: Delsector.com

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Pasó un año y medio desde entonces. Y fue necesario que un cachetazo electoral en las elecciones PASO le recordara a los funcionarios de Alberto, empezando por la propia Cristina, que ya no son lo que eran y que deben ponerse a trabar en serio para retener el poder.

Lo cierto es que a más de un año de su presentación, el gobierno accedió a presentar el texto revisado de ese marco legal de fomento exportador. Será esta tarde en el Museo del Bicentenario, en un acto encabezado por el propio Alberto Fernández, que contará con la presencia de casi todo el nuevo Gabinete (encabezado por el tucumano Juan Manzur) y representantes del CAA, que aglutina a más de 60 entidades del sector. Estarán muchas de ellas, que provienen de la cadena agroindustrial, pero no los dirigentes que representan a los productores primarios, aglutinados en la Mesa de Enlace.

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Hay que decirlo de entrada. El proyecto de ley, que el Presidente había vuelto a prometer en marzo de este año en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, quedó reducido a una mínima expresión de lo que era. Por ejemplo, ya no prevé como en su origen una rebaja paulatina de las retenciones o derechos de exportación por las exportaciones crecientes que pueda realizar cada sector. De retenciones minga, diría el Mellizo.

Pero si pasa sin cambios el filtro del Congreso, la ley será positiva para algunos sectores de la cadena productiva y sobre todo algunas prácticas, como una mayor fertilización. Por eso no ha de ser descalificarse de entrada. Veremos bien de qué se trata. Por ahora el texto definitivo no se conoce. Hasta anoche se le estaban haciendo retoques.

Lo que anticipan las fuentes oficiales es que esta iniciativa “estará focalizada en aumentar las inversiones del sector a través de incentivos, como amortizaciones aceleradas” del IVA. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anticipó que ese diferimiento sería “a tres años para nuevas inversiones”.

Otros componentes de la ley son que ciertos gastos en equipamiento, fertilizantes o semillas fiscalizadas podrán ser descontadas de la liquidación del impuesto a las Ganancias. Domínguez también anticipó que se podría resolver para los ganaderos que la liquidación de ese impuesto no sea ya anual sino que coincida con la venta de cada animal. Pero eso no estaba todavía demasiado claro.

El proyecto del CAA, envejecido por la espera, será presentado ante la ausencia de los principales representantes de los productores, que siguen shockeados por los anuncios oficiales sobre la apertura parcial de las exportaciones de carne, que todavía no fue implementada pero que promete liberar por completo los envíos de vaca conserva para China.

Pero más allá de guardar recelos con el gobierno, la Mesa de Enlace está siendo bastante desconfiada con sus socios del propio Consejo Agroindustrial,. un espacio que la excede y que es timoneado por el presidente de la Bolsa de Cereales porteña, José Martins, y por el titular de los principales exportadores de productos agrícolas, nucleados en Ciara-CEC, Gustavo Idígoras.

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En una reunión mantenida en los últimos días, los integrantes de las cuatro gremiales agropecuarias exigieron que, para aplacar las suspicacias, siempre se sumara un representante de la Mesa de Enlace en las negociaciones del CAA con el gobierno. Pero esa promesa quedó muy pronto en la nada.

Deshilachada, como el proyecto de ley de fomento a las exportaciones del sector agroindustrial, que será presentado esta tarde.

Queda claro que por más que el gobierno envíe esta tarde el proyecto de ley al gobierno, no será debatido este año por diputados y legisladores en lo que resta del año. Y mucho menos aprobado. Así, quedará solo como un acto de tinte electoral de parte de un gobierno obligado a recuperar la iniciativa.

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¿Qué ocurrió? Desde la Secretaria de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación se presentó un proyecto para regular el etiquetado de los productos considerados veganos, y la UVA denunció que esa iniciativa es una maniobra para “prohibir el veganismo en Argentina” (sic).

El proyecto en cuestión indica que el término “vegano” queda reservado para los productos que “no contengan ingredientes de origen animal y/o sus derivados (incluidos los aditivos y coadyuvantes)”. Hasta aquí, nada raro.

Pero la iniciativa también determina que “será incompatible” la declaración de producto vegano “cuando la empresa declare ante la Autoridad Sanitaria que, aun habiendo aplicado las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), existe la posibilidad de contaminación accidental durante el proceso de elaboración de alguno de los alérgenos de origen animal”.

Desde UVA sostienen que ese párrafo es controversial porque el veganismo, como posición ética y filosófica que rige un estilo de vida, nada tiene que ver con cuestiones sanitarias, bromatológicas o médicas, y le hecho de establecer como obligación la declaración de una posible “contaminación cruzada” con derivados de origen animal podría desincentivar a la industria elaboradora de alimentos veganos.

“Están pidiendo algo que es impracticable porque si esto fuera posible, tanto las certificaciones a nivel mundial como la norma ISO lo tendrían como algo usual y no es así. Los empresarios deben cuidar las buenas prácticas de manufactura. La CONAL se metió en algo que no le corresponde porque la autoridad sanitaria no aplica con el veganismo, que es una posición ética, y no tiene nada que ver con riesgos sanitarios”, dijo a Bichos de Campo Manuel Martí, presidente de la Unión Vegana Argentina.

Contrario a lo que podría llegar a pensarse sobre el intento de la CONAL de lograr una mayor transparencia en los ingredientes de los productos, y asegurar de esa forma que ninguna persona vegana consuma algo con derivados de origen animal, desde el veganismo el proyecto fue interpretado como la implementación de un requerimiento que ninguna empresa del rubro alimenticio podrá cumplir, lo que derivará en una traba para la producción de productos veganos.

“Ni siquiera los que tengan plantas de producción exclusivas para productos veganos podrían asegurar que la materia prima que ingrese a su planta no tenga trazas”, señaló la UVA en un comunicado. Por eso elevaron un pedido para que estos productos sean rotulados bajo “estándares internacionales como los de la Norma ISO V 23.662 de Francia, los Criterios de V-Label de Suiza  o los Criterios de la Vegan Society de Reino Unido, entre otros”.

“¿Cómo se va a involucrar el Estado sino controla los agrotóxicos que hay en las frutas y verduras? Cada vez que va al Mercado Central todas superan los límites permitidos y eso sí que es peligroso, la gente se muere, es un veneno. Acá no estamos hablando de ningún veneno, simplemente se está hablando de que puede haber trazas que son involuntarias, que no hacen falta para producir. Si ahora la CONAL es vegana y se pone la camiseta de que no tiene que haber ninguna traza de origen animal, bueno, bienvenido sea, pero que dejen trabajar a la gente”, afirmó Martí.

El proyecto en cuestión tiene otro párrafo que también fue cuestionado: “En los rótulos de estos productos no se podrá hacer referencia a alimentos de origen animal con identidad definida establecida en el presente Código (Alimentario Argentino), ni tampoco utilizar términos o nombres de fantasía que hagan alusión a los mismos”

La intención, según lo mencionado por Martí, es que productos como las “leches y carnes vegetales” no puedan llevar esos nombres en tanto que no son realmente productos a base de leche y carne.

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Si bien desde la UVA se indicó que eso no representa un peligro, ya que se podrían sustituir esos nombres, se tomaron el trabajo de refutar el argumento por medio del uso de las definiciones del diccionario de la Real Academia Española.

“El término carne, además de las de origen animal, dice lo siguiente: ‘parte de un fruto o de un tubérculo, generalmente blanca, que está bajo la cáscara o la piel’. Y del término leche, además de las de origen animal, dice ‘jugo blanco obtenido de algunas plantas, frutos o semillas’”.

El proyecto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, por lo que está vigente , y desde la UVA realizaron un llamamiento público para lograr una versión alternativa de la iniciativa.

Diputada de La Cámpora promueve un proyecto para garantizar la oferta de un menú vegano en todas las dependencias del Estado

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Es en ese marco que el senador por Salta, Sergio Leavy, presentó un proyecto de ley para crear el Programa Nacional para el Estudio, Promoción y Desarrolló del Bambú (PROBAMBÚ), en el ámbito del Ministerio de Agricultura, que tendrá como fin el fomento del desarrollo, comercialización e investigación de ese cultivo. Una iniciativa similar ya había sido presentada en 2006 por la senadora correntina María Dora Sánchez, sin mucho éxito.

Mirá el texto completo del nuevo proyecto:

Entre sus objetivos básicos, de ser finalmente creado el PROBAMBÚ, estará la difusión de sus características y beneficios; la realización de censos para conocer qué especies hay en el país; la promoción de capacitaciones y de participación de cooperativas y pequeñas y medianas empresas, y el establecimiento de normas y recomendaciones fitosanitarias y de bioseguridad, que se requieran para el de las personas y del medio ambiente con relación a este cultivo.

Según la iniciativa, el instituto contará con cinco áreas: biotecnología; tecnología agrícola; industrialización y comercialización; formación, capacitación y difusión, y conservación de la biodiversidad. Podrá prestar asistencia técnica y ayuda económica o financiera a los proyectos que presenten emprendedores individuales o instituciones, y la Autoridad de Aplicación de la ley, que será el mismo Ministerio, coordinará líneas de créditos con bancos para financiar dichas iniciativas.

El PROBAMBÚ sería financiado por erogaciones presupuestarias del propio Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Bichos de Campo realizó un programa especial sobre las perspectivas del bambú y otros cultivos novedosos en el país:

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