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]]>“Seguimos apostando a la inversión, al trabajo, a la producción y al crecimiento”, expresó este mediodía el presidente Alberto Fernández al anunciar la extensión por quince años más del régimen industrial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como la creación de un nuevo fondo con recursos públicos destinado a “desarrollar un Polo Tecnológico e Industrial” en la provincia austral.
Durante un acto que encabezó el presidente en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada junto al gobernador fueguino, Gustavo Melella, Fernández dijo que “nunca nadie del Frente de Todos dudó un segundo en la necesidad de cuidar y proteger a esa querida isla porque sabemos que representa un valor estratégico geopolítico muy importante”
Y señaló que “para que el mercado (sic) vaya allí, hace falta un Estado que lo impulse y que tenga políticas activas que hagan de ese lugar tan difícil un lugar donde puedan encontrar desarrollo y prosperidad”.
El régimen de promoción de Tierra del Fuego fue creado por la Ley Nº 19.640 del año 1972 con el propósito de subsidiar la radicación de industrias tecnológicas para que las mismas, luego de varias décadas, pudiesen tornarse lo suficientemente competitivas como para no depender de la ayuda estatal.
El régimen finaliza en 2023, pero las industrias, lejos de ser competitivas, son meras plantas ensambladoras de teléfonos celulares, televisores y electrodomésticos, razón por la cual no pueden operar sin subsidios estatales, aunque eso represente una desvirtuación del espíritu de la Ley Nº 19.640 que dio origen al régimen.
En ese sentido, el proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Nacional 2022, que se encuentra en el Congreso, contempla para el año que viene un gasto de 463.412 millones de pesos para financiar regímenes de promoción económica.
La mayor parte de ese monto, una cifra de 220.482 de millones de pesos, corresponde al régimen de promoción de Tierra del Fuego, el cual contempla liberación de IVA, exención del impuesto a las Ganancias y de derechos de importación, además de alícuotas reducidas de impuestos internos sobre artículo electrónicos.
¿Cuánto representa una suma de 220.482 de millones de pesos? Nada menos que casi el 20% de lo que Estado nacional –según el propio proyecto oficial de Presupuesto– planea recaudar el año que viene en concepto de derechos de exportación, un impuesto que, casi en su totalidad, es soportado por el sector agropecuario.
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]]>Pero si los pauperizados ciudadanos argentinos creen que por fin van a zafar de comprar tecnología del tercer mundo a precios del primero, probablemente se equivoquen porque ya comenzó el “lobby” para extender la vigencia del régimen.
“La extensión del subrégimen industrial para Tierra del Fuego es urgente e indispensable”, indicó el gobernador fueguino, Gustavo Melella, a la agencia oficial Télam.
“Es urgente porque tanto los trabajadores como las empresas y nosotros, el gobierno (provincial), necesitamos tener la certeza de que se va a extender por los próximos 25, 30, 50 o 70 años; lo que determine el gobierno nacional”, acotó el mandatario, dando a entender que, para empezar a hablar, espera una extensión de al menos 25 años.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego permite que un pequeño grupo de pseudo-empresarios venda artículos digitales y electrodomésticos a precios exorbitantes, además de consumir un caudal excesivo de divisas, dado que importar piezas para ensamblarlas requiere mucho más recursos que importar el producto terminado desde el país de origen.
El “coto de caza” de las empresas integradas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas (Afarte, aunque bien podría ser Afanarte) siempre se escuda, cuando se la cuestiona, en la preservación de los puestos de trabajo que generan las ensambladoras. Pero Tierra del Fuego tiene condiciones para crear empleos genuinos sin necesidad de seguir extrayendo recursos de la empobrecida población argentina.
El “corralito tecnológico”, además de impedir que los argentinos podamos contar con una gran diversidad de artículos a precios accesibles, impide una eventual integración comercial plena con China, por medio de la cual podríamos incrementar las exportaciones de productos agroindustriales a ese destino a cambio de importar, sin restricciones, productos digitales y electrodomésticos de la nación asiática.
La contracara de la estafa fueguina es un déficit comercial absurdo con China, que en 2020 acumuló un agujero de 3270 millones de dólares, cuando, al tratarse de una nación que importa volúmenes gigantescos de alimentos, debería generar superávit comercial para una nación de base agroindustrial.
Tierra del Fuego tiene todas las condiciones para seguir el ejemplo de Chile, nación que desarrolló la producción de salmones para generar miles de empleos y transformar al sector en uno de los principales generadores de divisas, que en 2020 acumuló casi 4000 millones de dólares, una cifra superior a todas las exportaciones cárnicas argentinas del período.
Sin embargo, la mayor parte de los fueguinos se oponen a las salmoneras porque, aseguran, no quieren alterar el ambiente. Y está muy bien, porque tienen pleno derecho de hacer lo que mejor les parezca con su territorio. Pero el resto de los argentinos también tenemos derecho a exigir que no nos roben más.
Bonus track: una cifra de 77.800 millones de pesos es 15.400% superior al Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios establecido por la Ley 26.509.
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