Para muchos habitantes del sector agropecuario esta decisión, la de crear un nuevo programa de promoción de la llamada economía verde o circular, ha sonado de modo más bien insultante. ¿Por qué? Pues porque surge del mismo gobierno que está impulsando una modificación de la Ley de Biocombustibles a la medida de la industria petrolera, habilitando una reducción de los porcentajes de corte de los combustibles fósiles por bioetanol y biodiésel. O porque coincide con el cierre de las exportaciones de carne vacuna. Los biocombustibles y la ganadería son dos ejes troncales de cualquier política de economía circular y agregado de valor.

“Es una función prioritaria del Ministerio de Desarrollo Productivo estimular la ampliación de la matriz productiva, la mejora de la productividad en el entramado empresarial, la integración territorial, la creación de empleos y el desarrollo exportador, resultado necesario incorporar activamente la dimensión ambiental en estos desarrollos”, explica la resolución firmada por Kulfas, que deposita la responsabilidad del nuevo programa muy cerca suyo, en su unidad de jefe de gabinete.

Otra contradicción visible de esta nueva iniciativa es que el estado parece estar superponiendo esfuerzos: en el Ministerio de Agricultura hay todo un sector supuestamente dedicado al fomento a la bioeconomía.

.La creación de este programa dentro de la cartera de Kulfas parece estar relacionada a la crisis de las salmoneras que planeaban instalarse en Tierra del Fuego, y que ahora han quedado impedidas de hacerlo. El propio ministro lamentó llegar a esos extremos de prohibición de actividades productivas en función de normas ambientales.

Argentina insólita: Tierra del Fuego prohibió por ley la única actividad productiva viable en la provincia

“La actual crisis ambiental global y la situación económica por la que atraviesa nuestro país, requieren de la adopción de medidas oportunas que contribuyan a fortalecer y adaptar el sistema productivo, así como a mitigar los impactos ambientales de la producción, a fin de aportar a la transición hacia el desarrollo sostenible nacional”, explicó la nueva norma. Y agregó que “el contexto internacional nos impulsa a encarar una adecuación de la estructura productiva para reducir la huella de carbono de nuestros productos, a fin de evitar restricciones de acceso a mercados por la introducción de barreras técnicas al comercio y esquemas de impuesto sobre contenido de carbono en productos sin trazabilidad”.

El objetivo de este nuevo Plan, contradictorio pero a la vez necesario, es que la cartera productiva logre alcanzar “un Acuerdo Verde que articule el trabajo del Estado Nacional, el sector privado y la sociedad civil, convirtiendo la crisis ambiental en una oportunidad para promover el crecimiento de nuevos sectores productivos basados en la economía verde, contribuyendo al cambio estructural en la economía argentina”.

El propio Kulfas, en declaraciones radiales, explicó: “El Plan de Desarrollo Productivo Verde, por un lado, va a apoyar con financiamiento y apoyo técnico a las empresas para que hagan reconversión de tecnología; y por otro lado, va a trabajar en planes que hagan que Argentina contribuya a esa revolución verde que se está gestando a nivel global que significa, por ejemplo, reemplazar los vehículos que hoy funcionan que usan combustibles fósiles y son contaminantes por vehículos que sean eléctricos y no contaminantes”.

En la resolución se enumeran los objetivos del nuevo plan:

• Fomentar la productividad y la competitividad, así como la diferenciación de productos a través de la innovación, el ecodiseño y la economía verde para mejorar el acceso a mercados dinámicos.
• Favorecer los procesos productivos circulares, la paulatina reducción y reemplazo de materias primas vírgenes y la reutilización de materiales en desuso.
• Promocionar el uso de las energías renovables y la producción de equipamiento nacional para su aprovechamiento, así como la reducción del consumo energético como estrategia de mejora de competitividad.
• Promover el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos y las economías regionales frente al cambio climático.

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Pero si los pauperizados ciudadanos argentinos creen que por fin van a zafar de comprar tecnología del tercer mundo a precios del primero, probablemente se equivoquen porque ya comenzó el “lobby” para extender la vigencia del régimen.

“La extensión del subrégimen industrial para Tierra del Fuego es urgente e indispensable”, indicó el gobernador fueguino, Gustavo Melella, a la agencia oficial Télam.

“Es urgente porque tanto los trabajadores como las empresas y nosotros, el gobierno (provincial), necesitamos tener la certeza de que se va a extender por los próximos 25, 30, 50 o 70 años; lo que determine el gobierno nacional”, acotó el mandatario, dando a entender que, para empezar a hablar, espera una extensión de al menos 25 años.

El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego permite que un pequeño grupo de pseudo-empresarios venda artículos digitales y electrodomésticos a precios exorbitantes, además de consumir un caudal excesivo de divisas, dado que importar piezas para ensamblarlas requiere mucho más recursos que importar el producto terminado desde el país de origen.

El “coto de caza” de las empresas integradas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas (Afarte, aunque bien podría ser Afanarte) siempre se escuda, cuando se la cuestiona, en la preservación de los puestos de trabajo que generan las ensambladoras. Pero Tierra del Fuego tiene condiciones para crear empleos genuinos sin necesidad de seguir extrayendo recursos de la empobrecida población argentina.

El “corralito tecnológico”, además de impedir que los argentinos podamos contar con una gran diversidad de artículos a precios accesibles, impide una eventual integración comercial plena con China, por medio de la cual podríamos incrementar las exportaciones de productos agroindustriales a ese destino a cambio de importar, sin restricciones, productos digitales y electrodomésticos de la nación asiática.

La contracara de la estafa fueguina es un déficit comercial absurdo con China, que en 2020 acumuló un agujero de 3270 millones de dólares, cuando, al tratarse de una nación que importa volúmenes gigantescos de alimentos, debería generar superávit comercial para una nación de base agroindustrial.

Tierra del Fuego tiene todas las condiciones para seguir el ejemplo de Chile, nación que desarrolló la producción de salmones para generar miles de empleos y transformar al sector en uno de los principales generadores de divisas, que en 2020 acumuló casi 4000 millones de dólares, una cifra superior a todas las exportaciones cárnicas argentinas del período.

Sin embargo, la mayor parte de los fueguinos se oponen a las salmoneras porque, aseguran, no quieren alterar el ambiente. Y está muy bien, porque tienen pleno derecho de hacer lo que mejor les parezca con su territorio. Pero el resto de los argentinos también tenemos derecho a exigir que no nos roben más.

Bonus track: una cifra de 77.800 millones de pesos es 15.400% superior al Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios establecido por la Ley 26.509.

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