De otro modo no se explica la resolución Resolución 254/2021, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Firmada por el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Ángel Gómez, la norma parece ser muy anodina y no decir nada: pero multiplica por más de tres veces los fondos con que ese organismo puede salir a subsidiar a pequeños productores y organizaciones campesinas.

Allí también, queda claro, la maquinaria de poder kirchnerista saldrá a tentar a la gente para que los vote en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. El objetivo son los sectores más empobrecidos del medio rural, y que mayores necesidades básicas insatisfechas (NBI) padecen. La pobreza rural es un fenómeno que no se mide (el INDEC solamente toma registro en los principales conglomerados urbanos).

La Resolución 254/2021, firmada por Gómez, dice en su Artículo 1º: “Sustitúyese el Artículo 1º de la Resolución RESOL-2020-1-SAFCEI#MAGYP de fecha 29 de julio de 2020”. En aquella norma, que tiene apenas poco más de un año de vida, se había aprobado el “Manual Operativo del Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.

Bichos de Campo se tomó un rato para ver qué es lo que se había modificado en ese Manual Operativo. Y es que en los considerandos de la nueva resolución no se explica ni qué se modifica ni por qué debe modificarse. Solo se dice que “en esta etapa y en función de la experiencia obtenida en el desarrollo del citado Programa se entiende conveniente modificar el precitado Manual Operativo, contemplando los parámetros básicos y objetivos a los que deberá ajustar su cometido”.

La Secretaría de Agricultura Familiar sigue siendo un reducto de la política: Entre sus 27 funcionarios hay solo 10 profesionales y casi todos provienen de la militancia

Revisando ambos manuales, la conclusión es que no cambia nada hasta el punto 6 del Manual, que se refiere a la “Implementación” del programa de asistencia crítica y directa a los agricultores familiares, campesinos e indígenas, que apunta a “asistir en forma directa y oportuna a productores y productoras de la AFCI que se encuentren en situación de riesgo productivo ante situaciones ocasionadas por eventos excepcionales, inesperados, imprevisibles y/o irresistibles”, así como “mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores” y “promover, apoyar y fortalecer la inclusión social y cultural” de ese sector del agro argentino.

¿Y qué cambia en el punto 6? Los montos con los que la Secretaría liderada históricamente por el Movimiento Evita (entre 2011 y 2015 directamente por Emilio Pérsico, y desde 2019 a la fecha por el propio Gómez) podrá salir a subsidiar a esta población objetivo.

Dice el Manual anterior: “El presente Programa aspira a asistir a las áreas más vulnerables de la AFCI, en forma directa, mediante el otorgamiento de aportes no reembolsables o a través de la entrega de insumos, destinados a sostener las estructuras productivas ante eventos de fuerza mayor o casos fortuitos. Los aportes serán definidos por la SAFCI, a partir del estudio pormenorizado de la problemática de caso concreto y en ninguno de los casos podrá superar los Pesos Cien Mil ($100.000)”.

Dice el Manual actualizado: “El presente Programa aspira a asistir a las áreas más vulnerables de la AFCI, en forma directa, mediante el otorgamiento de Aportes no Reembolsables o a través de la entrega de insumos, destinados a sostener las estructuras productivas ante eventos de fuerza mayor o casos fortuitos.
Los aportes serán definidos y otorgados mediante acto administrativo por la SAFCI, a partir del estudio pormenorizado de la problemática de caso concreto y en ninguno de los casos podrá superar los DIEZ (10) SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles)”.

A partir del 1° de octubre, el Salario Mínimo Vital y Móvil sufrió un incremento -también en clave electoral- del 46% y quedó ubicado en 32 mil pesos. Quiere decir que la Secretaría de Agricultura Familiar podrá distribuir hasta un máximo de 320 mil pesos por beneficiario de sus subsidios, es decir tres veces y un puchito más del dinero que estaba autorizada a distribuir hasta ahora.

Ese área de la cartera conducida por Julián Domínguez también puede asignar aportes no reintegrables a organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígenas. En este caso de personas jurídicas, los subsidios que hasta ahora podían ser de hasta 2.500.000 pesos, ahora tendrán un límite máximo de 180 Salario Mínimo Vital y Móvil. Esto es 5,76 millones de pesos, más del doble.

Otra cosa que cambió es que en el nuevo Manuel se eliminó el Punto 14, referido al Presupuesto. Antes se ponía un límite de 30 millones de pesos para la implementación y ejecución del programa. Ahora ese tope se eliminó. No hay precisiones respecto de la cifra global.

A favor de la nueva normativa debe decirse que incorpora todo un capítulo vinculado a la “debida diligencia”, que apunta a dotar de mayor transparencia a todo el proceso.

En ambos manuales se repite un punto referido a la “Transparencia”. Allí de determina que “la SAFCI trabajará con la Dirección General de Comunicación y con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Agricultura, para disponer de un espacio dentro de la página web oficial, desde el cual la ciudadanía pueda acceder a información actualizada del presente Programa y formas de acceso. Todo ello en el marco de la Ley 25.326 (Protección de datos personales) y la Ley 27.275 (Acceso a la información pública)”.

Por ahora no hay noticias de ese apartado.

La entrada Los agricultores familiares, campesinos e indígenas también votan: Multiplican por tres los montos de los subsidios para el sector se publicó primero en Bichos de Campo.

Hay atenuantes, claro. La repartición a cargo de Luis Basterra tuvo gastos de personal por casi la mitad de su presupuestos total, unos 3.358 millones de pesos de los cuales 2.363 corresponden a contratos. Otros 3.264 millones de pesos fueron transferencias, hacia el sector privado y otros organismo públicos. Por lo cual quedó muy poco dinero para otro tipo de gastos: apenas unos 1.100 millones. También comparada con esa cifra las contrataciones de bienes y servicios mediante la plataforma oficial Compr.Ar parece escasa.

Allí, dentro de esas compras adjudicadas por 62 millones de pesos a lo largo de 2020, el primero año completo de gestión de Basterra, también hay sorpresas: solo tres contrataciones se llevaron el 80% de ese presupuesto. Son casos más bien curiosos, porque se trata de “contrataciones directas” (es decir, sin licitación ni concurso de precios) con dos empresas mixtas (Correo Argentino y Nación Seguros) y con la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las tres dependencias firmaron contratos con el Minagri por casi 49 millones de pesos.

La contratación más costosa es la que surge de un Convenio Administrativo con Nación Seguros SA. Se cerró en agosto pasado e implica la contratación de 33 pólizas de diversos seguros para bienes y personas vinculadas con el organismo. El monto total ascendió a 17.920.258,89 pesos. Allí hasta hay seguros para obras de arte o embarcaciones, y se podría pensar que se trata de los buques para investigación pesquera. Pero no, las aseguradas son tres modestas lanchas que amarran en Costanera Sur y dependen de la Dirección de Pesca Continental.

La segunda de estas tres grandes contrataciones es bastante difícil de justificar: en marzo paso se asignaron a la UBA por contratación directa 15.595.000 pesos en el marco de un “Convenio Adjudicación Simple con Facultad de Ciencias Económicas UBA”. El objetivo de dicha contratación era que la universidad realizara “un análisis detallado, con cierre de gestión el 10 de diciembre de 2019, del Ministerio y de sus organismos descentralizados”. Es decir, como si no tuviera personal propio para hacer esa tarea, la UBA tenía cinco meses para realizar una auditoría a fondo de la gestión de Cambiemos. No se ha conocido el resultado de esa investigación, que prometía guardar la debida “confidencialidad”.

La tercera de las grandes contrataciones directas hechas por el Minagri corresponde al Correo Argentino SA, en el marco de un convenio firmado directamente por el secretario de Administración de esa cartera, el contador Julio Cesar Vitale, quien ya ocupó esa función en 2011, durante el paso de Julián Domínguez por el Ministerio. En este caso, se acordó pagar 15 millones de pesos redondos a la empresa postal, pero no por distribuir toda la correspondencia emitida desde el organismo sino simplemente por prestar el servicio “puerta a puerta”, que consiste en recolectar diariamente “bolsines” con correspondencia y llevarlos desde la sede central de Paseo Colón al 900 a 39 dependencias del Minagri en el interior del país.

Como se indicó, estas tres contrataciones implicaron 80% del presupuesto total destinado en 2020 a gestionar diversas compras a través del sistema oficial. El resto de las compras son por montos bastante menores, aunque no dejan algunas de llamar la atención:

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Muchas veces las leyes no se cumplen y los gobiernos se hacen los distraídos en su aplicación. Sucede también en esta caso. Pero Salvador decidió apoyarse en ese texto legal para iniciar acciones legales contra la empresa Standard Fuit por prácticas abusivas. Con toda la evidencia a su favor y la ley de su lado, la justicia ya falló en dos instancias a favor de Durán, aunque todavía queda pendiente la posibilidad de que la empacadora y exportadora apele estas sentencias ante la Corte Suprema.

Escuchá el reportaje completo a Salvador Durán:

Por ahora este productor rionegrino se pone contento, porque sabe que su caso sienta un precedente que podría alentar a otros a recorrer el mismo camino. Todavía no vio un mango de los cerca de 300 mil dólares que esa firma debería reintegrarle por facturarle la entrega de fruta de muy mal modo. Pero vaya que su caso podría ser señero dentro de una economía regional que suele cargar todos los riesgos en la factura de pago a los productores.

Para contar su caso a Bichos de Campo, Durán explicó primero cómo surgió la Ley de Transparencia Frutícola que le dio sustento a su reclamo. En 2002, como ahora, “la situación de la economía regional era de concentración de los exportadores a partir de la privatización del puerto de salida de la fruta (San Antonio Este) y eso llevó a una injusta distribución de la renta, e hizo que el productor primario quedara descalzado del precio del producto”.

“Teníamos precios negativos y una crisis financiera estrepitosa. La ausencia del Estado fue total y absoluta en ese momento, hasta que desde la Federación de Productores en ese año se impulsó la ley de transparencia frutícola”, rememoró. Han pasado de eso 18 años.

Lo que se buscaba con la normativa era “replantear la necesidad de contar con una transparencia de mercado”, además de impulsar la reconversión productiva y la diversificación productiva del Alto Valle. La idea era “equilibrar fuerzas entre el eslabón más débil, que es el productor, y el más fuerte, que es el exportador”, explicó Durán, que en ese ring inclinado decidió acudir a loa justicia.

Crónicas robadas: Confirman condena contra una exportadora por prácticas abusivas al comprar fruta

¿Y cuáles son los abusos por los que la justicia ya falló dos veces a su favor?

En muchos casos, contó Durán, el empaque que recibió cierto lote de fruta le informa al fruticultor que su cosecha “no rindió” lo esperado, pues presentaba elevados porcentajes de descarte, que es la fruta sin calidad para su venta en fresco, que debe entonces ser enviada a la industria juguera.

En esos casos, entonces, el productor que había entregado sus peras y manzanas sin conocer el precio que iba a cobrar, recibe una liquidación con importantes descuentos de precios, que a veces ni siquiera alcanzan para pagar los costos de producción. Por esas prácticas “abusivas” fue a la justicia Durán y noqueó -con mano de hierro- ya dos veces a un grande del sector.

Ahora el productor quiere que sus pares sigan ese camino, incluso en toros sectores productivos que sufren las mismas injusticias.

“La idea es invitar a los sectores que tienen males parecidos a trabajar en acciones concretas de este tipo, porque quieras o no empezamos a  poner una vara de igualdad para que cada eslabón logre y cobre lo que corresponde. Esto sienta un precedente, hay que animar a los demás productores de otras provincias a hacer herramientas parecidas”, se esperanzó Durán.

Mano de piedra, convicciones de fierro.

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Y hubo un día que el Ministerio de Agroindustria se acordó de la necesidad de trabajar para mejorar la transparencia en el mercado de la leche, uno de los temas que tanto mencionaba el titular de esa cartera, Luis Miguel Etchevehere, cuando era dirigente de los productores.

¿Qué sucedió? ¿Habrá una investigación de la Comisión Nacional de la Competencia para ver quién se queda con la porción de la renta que necesitan muchos productores para sobrevivir? Por ahora nada tan ampuloso como eso. Simplemente, en la reunión de la Mesa de Competitividad Láctea realizada este lunes con todos los actores de esa cadena, Etchevehere anunció el lanzamiento de Mercado Lácteo, una plataforma virtual donde tambos e industriales lácteos podrán negociar con libertad (y a los precios que consideren convenientes) la compra y venta de leche cruda.

Ver: La lechería, entre el tarro medio vacío y el tarro medio lleno

Dicho así parece una tontería, es cierto. En cualquier otra actividad comercial existen decenas de plataformas informáticas que colaboran a unir las puntas entre oferta y demanda. Pero en el sector lechero argentino cosas tan simples como esas tienen el sabor de una verdadera osadía. ¿Por qué? Porque muchos denuncian (Etchevehere lo hacía) abusos de la cadena comercial y de la industria hacia el productor lechero. Desde hace años los denuncian. Pero nadie hacía nada, los tambos siguen cerrando sus puertas y la actividad primaria se concentra con rapidez y un alto costo social.

¿Qué será entonces Mercado Lácteo? Una gacetilla oficial indica que se trata de “una herramienta para diversificar el intercambio comercial entre empresas y establecimientos lácteos”. Y añade que será “una plataforma que permite vincular los tambos con las industrias lácteas, para transparentar y facilitar la negociación de la leche cruda”.

“El Mercado Lácteo conecta a las partes, a los tambos que quieran ofrecer su producción y a las industrias que busquen incorporar nuevos proveedores, posibilitando reactivar los vínculos comerciales y generar nuevas relaciones”, informó el Ministerio de Agroindustria, tratando intencionalmente de quitarle voltaje al anuncio. Es que la herramienta presentada estuvo muy discutida y generó mucho nerviosismo entre las grandes empresas lácteas nucleadas en el Centro de la Industria Lechera (CIL). Tanto que se dudó hasta último momento en hacer el anuncio.

Matias, el reporte menciona que "solo el 1%" de tambos cambia de empresa x mes. A mi no me parece bajo. Cambiar tiene costos. En mi opinión la supuesta cartelización ha sido sobreestimada. Será interesante el experimento, a ver si ahora aumenta significativamente el %. Lo dudo.

— Daniel Lema (@Danilema_dl) June 18, 2018

¿Pero entonces será posible que un productor quiera vender su leche al mejor postor y entonces la ofrezca en Internet para que una fábrica que necesita leche le haga una mejor oferta por ella? ¿Nos estamos volviendo todos locos?

Una fuente que siguió de cerca la creación de este Mercado Lácteo explicó la situación: “La iniciativa tiene que ver con mejorar las condiciones de competencia en la compra de leche. Es una vuelta de rosca al informe de Petrecolla a Defensa de la Competencia que los productores criticaron mucho”, nos dijo. Se refería al Estudio sobre las Condiciones de Competencia en el Sector Lechero de la República Argentina que el consultor Diego Petrecolla publicó en septiembre de 2016. Allí se reconoce que una de las prácticas que quitan transparencia al mercado es que las empresas no compiten entre ellas por captar nuevos proveedores. Y que este es un factor que achata los precios de la materia prima.

“En el caso del precio pagado al productor primario, existen ciertos factores que contribuyen a que no aumente, al menos no al mismo ritmo que la suba generalizada de precios en el marco inflacionario nacional”, dice ese trabajo, que denuncia básicamente dos situaciones que permiten que el tambero vaya perdiendo participación en el negocio:

• Por un lado, el llamado “clearing lechero” -intercambio de leche cruda entre empresas industriales que tienen exceso de materia prima y aquellas que requieren un mayor cantidad del productor. “El porcentaje de leche cruda adquirido de otras empresas industriales en relación al total de leche cruda comprado por la industria (a tambos y otras empresas procesadoras) es de un promedio del 3% para los últimos tres años”, precisó el informe.
• Por otro lado, existe una tradición que implica que las empresas industriales no se quiten tambos entre sí –“lealtad al proveedor”-, con lo cual no compran leche cruda a productores que abastecen a otras empresas. “En los últimos dos años (se refiere a 2014 y 2015) solo 529 tambos cambiaron de industria a la cual proveen leche cruda de un total aproximado de 7.800 tambos registrados como proveedores de las industrias”, cuantificó el trabajo.

Pero aquel documento aportaba un dato más, y de importancia. “La industria láctea presenta cierto grado de concentración: solo cuatro firmas captan el 55% de la leche proveniente del sector primario. Mientras que desde el punto de vista de la oferta, solo cuatro empresas concentran el 86% del volumen de ventas a los canales de distribución de leche procesada -esterilizada o pasteurizada-“, decía.

Ver: Los tambos reclaman una “urgente recomposición” del precio de la leche

Entonces, queda claro que la intención de Agroindustria es facilitar las cosas para que los tambos que los deseen (y se animen) intenten romper el cerco para no quedar cautivos de sus compradores habituales, en especial sabiendo que la leche es un producto altamente perecedero que debe ser entregado cada día a una usina para su rápido procesamiento.

Es esa suerte de cartelización la que apunta a fracturar el flamante Mercado Lácteo, que finalmente será “una plataforma que permitirá a los tambos ofrecer su leche al mejor postor y a las industrias salir a comprar”, según nos dijo la fuente. En Agroindustria esperan que el nuevo mercado -que expone los precios acordados a todo quien quiera verlos- pueda ser utilizado por unas 300 industrias compradoras de leche “en blanco” y más de 8.000 tambos

Lo que importa no es cuantos cambian sino la posibilidad de cambio. Mercados contestables. Aunq no cambie ninguno la posibilidad de cambio pone coto a market- power.

— Marcos Gallacher (@MarcosGallacher) June 18, 2018

Hay algunas cosas más que se saben de este mercado virtual de leche. Qué se accederá a través del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA) y que fue diseñado por la Dirección Nacional Láctea, a cargo de Alejandro Sammartino. “Se trata de un servicio gratuito y voluntario que, respetando la normativa sobre protección de datos personales, utiliza los datos cargados en el SIGLeA, por lo que no es necesaria la carga de información adicional”, añadió el informe oficial.

La entrada Nace “Mercado Lácteo”: Y Agroindustria que se acordó de la transparencia en la cadena lechera se publicó primero en Bichos de Campo.

El director nacional de Desarrollo Forestal Industrial, Nicolás Laharrague, tendrá que renunciar en los próximo días a los cargos que ocupa en el directorio de varias empresas del rubro forestal, y a la vez tomar distancia de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), si lo que quiere es mantener su actual posición en el gobierno de Mauricio Macri. Si no lo hace, según le advirtió la Oficina  Anticorrupción, estará incumpliendo la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

El 14 de marzo pasado, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, le envió una carta a Laharrague, en la que lo puso al tanto de “posibles irregularidades en su reciente designación como Subsecretario de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria, principalmente en virtud de sus antecedentes laborales y los vínculos que aún lo unirían a empresas del sector forestal”.

Laharrague ingresó en diciembre como subsecretario (aunque en abril fue degradado a director nacional) de la mano de Luis Miguel Etchevehere. Y curiosamente, a partir de la comunicación de la OA, deberá seguir pasos similares a los que debió dar su superior, el ministro.

Envuelto en un escándalo por haber cobrado un bono de 500 mil pesos de su ex empleadora, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Etchevehere no solo debió devolver ese dinero por recomendación de la OA sino que antes de asumir había renunciado a su condición de socio y presidente de esa institución centenaria. Además, un reciente decreto de Mauricio Macri lo “exoneró” de tomar decisiones oficiales respecto de la SRA y de un conjunto de empresas de su grupo familiar.

Salvo por el bono, el del titular del área forestal es un caso muy parecido, ya que todavía pertenece al directorio de al menos cuatro sociedades vinculadas con el negocio de la producción maderera y mantiene un vínculo directo con la conducción de la AFOA. Esto es lo que pudo determinar la OA con muchas facilidad, luego de actuar “de oficio” ante el caso Laharrague y de recibir, el 30 de enero pasado, una denuncia anónima que daba cuenta de la incompatibilidad en que se había incurrido al designarlo.

De la información a la que accedió la Oficina de ética pública surgieron vinculaciones entre el Director Nacional de Forestación con las siguientes empresas:

• EL MOCONA SA, que tiene como actividad principal la extracción de productos forestales de bosques nativos y, entre las secundarias, la cría de ganado bovino y bubalino, además de hoteles y turismo.  Luego de varios pasos por el directorio, Laharrague fue designado el 14/08/2017 como presidente de la sociedad.
• PUERTO LAHARRAGUE SA. Es una empresa dedicada a la extracción de productos forestales de bosques cultivados y nativos. El funcionario pertenece a su directorio desde 2007 y el 27/07/2017 fue designado vicepresidente.
• LAHARRAGUE CHODORGE SA. Su actividad principal es la fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación de tableros y paneles; y la secundaria es la venta al por mayor de productos de madera, además de prestar servicios inmobiliarios. El funcionario fue parte de su directorio entre mayo de 2015 y noviembre de 2017.
• MIRASOLES SA. Se trata de una empresa dedicada a la explotación de establecimientos agrícolas, la industrialización y comercialización de todos los frutos productos y subproductos derivados de su actividad
  agropecuaria. Laharrague fue designado presidente de la sociedad el 11/11/2014.
• Respecto de la ASOCIACIÓN FORESTAL ARGENTINA se averiguó que entre sus asociados figura PUERTO LAHARRAGUE SA y que cuando en noviembre de 2017 Osvaldo Vasallo fue reelecto como presidente de la entidad, Laharrague formaba parte de su equipo, ocupando el cargo de Secretario. En la actualidad, en ese puesto figura Carlos Scarnichia, quien también actúa en representación de la misma empresa.
• En septiembre de 2017, antes incluso de que se conociera que Etchevehere sería el nuevo ministro de Agroindustria, Laharrague participó como empresario junto a Vasallo y otros integrantes de AFOA en la primera reunión de la Mesa Forestal junto al Presidente Macri.

En su carta a Laharrague, Alonso le recordó que según los artículos 3 y 17 de la Ley 25.188, “usted se encuentra impedido de ejercer funciones o actividades incompatibles con su cargo de subsecretario”. En particular, “tiene vedado dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste sobre las que tenga atribuciones como Subsecretario de Desarrollo Foresto Industrial”.

En los casos mencionados, la Oficina Anticorrupción no mostró dudas sobre la irregularidad cometida: Laharrague “debió haber renunciado como condición para acceder a la función pública”.

¿Y hay vinculación directa entre las competencias de Laharrague como funcionario y los intereses del Laharrague empresario? Para muestra basta un botón, porque según pudo saber Bichos de Campo entre las órdenes de pago pendientes en el área Forestal del Ministerio -correspondientes a las nuevas implantaciones subsidiadas realizadas en 2013- habría al menos una a nombre de las empresas citadas.

Soltero y con solo 38 años de edad, vale aclarar que el principal responsable de la política forestal del macrismo nunca ocultó su relación con estas empresas ni con el sector maderero. Por el contrario, en su primera declaración jurada como funcionario, correspondiente a 2017, reconocer ser propietario de acciones de todas ellas.

Allí Laharrague se revela además como uno de los funcionarios más adinerados del gabinete de Etchevehere, con un patrimonio que roza los 65 millones de pesos.

La entrada Como le sucedió a Etchevehere, el director de Forestación deberá tomar distancia de sus empresas se publicó primero en Bichos de Campo.