El último balance presentado por Morixe muestra que la empresa contabilizó compensaciones adeudadas por parte de la ex Oncca por una suma de 206,4 millones de pesos (cifra que incluye intereses y comprende también la deuda del absorbido Molino Guglielmetti).

Las compensaciones en cuestión, correspondientes a ventas de harina 000 destinadas al mercado para ser comercializadas a precios inferiores a los del mercado, quedaron en suspenso luego de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner procediera a liquidar la Oncca en febrero de 2011 para intentar borrar pruebas de las muchas irregularidades cometidas en el organismo (que fueron detallas en el libro “Fuera de Control” de Matías Longoni).

Morixe asegura que quedaron pendientes de cobro compensaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2010 y enero, octubre, noviembre y diciembre de 2011.

El organismo que sucedió a la Oncca, la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios para el Consumo Interno (Ucesci), abonó las compensaciones de los meses de febrero a septiembre de 2011, pero con sumas que, según Morixe, fueron “injustificadas y significativamente inferiores a las que le corresponde recibir en función de la documentación presentada en sus solicitudes y la aplicación de las normas vigentes”.

Por ese motivo, la empresa presentó demandas judiciales en el fuero Contencioso Administrativo Federal para reclamar la totalidad de los importes actualizados pendientes de liquidación y pago, además de las diferencias adeudadas respecto a las compensaciones supuestamente mal liquidadas de harina desde noviembre 2010 hasta diciembre 2011, por un total que a la fecha suma 245 millones de pesos.

La última novedad al respecto es una notificación, con  fecha del 13 de julio del 2020, en la cual la Justicia en lo Contencioso Administrativo si bien convalidó el reclamo, solicitó al Estado nacional que determine lo que por derecho corresponda abonar. Pero esa sentencia fue apelada por Morixe para solicitar que la materia sea definida en instancia judicial sin retorne (eternamente) a la instancia administrativa del Poder Ejecutivo.

El balance de la empresa, presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), indica que “de acuerdo a la opinión de los asesores legales, existe una probabilidad cierta de recuperar los importes reclamados”.

Morixe, empresa molinera fundada en 1901, en 2017 fue adquirida por el grupo empresario argentino Sociedad Comercial del Plata, que contribuyó a diversificar la oferta de productos alimenticios comercializados con esa marca.

Cuenta con cinco molinos harineros, de los cuales los principales están en Benito Juárez (con una capacidad de molienda de 144.000 toneladas/año) y Córdoba (48.000). También tiene en la localidad bonaerense de San Martín una planta elaboradora de pan rallado y rebozadores y otra en Río Cuarto para molienda de maíz.

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Esta historia debería ingresar al gran libro de las paradojas de la historia argentina. Es que luego de recuperar el control de la vieja UCESCI (unidad creada por Guillermo Moreno en Comercio Interior en reemplazo de la ex ONCCA), también volvieron al Ministerio de Agricultura decenas de expedientes judiciales que reclamaban al Estado por presuntas deudas por las compensaciones que el propio Moreno había ordenado pagar en sus mejores tiempos. Eran reclamos de avícolas, de molinos harineros, de aceiteras y hasta de algún que otro feedlot. Todos los sectores beneficiados por el ex secretario de Comercio.

Ver Todavía reclaman unos 3.000 millones de pesos al Estado por las compensaciones truchas de la ex ONCCA

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, a instancias de Moreno y de Ricardo Echegeray,m el ex titular de la ONCCA y la AFIP, todos esos sectores cobraron más de 3.000 millones de dólares en subsidios o “compensaciones” destinadas a evitar un aumento de los precios de los alimentos que finalmente no se evitó. Pero al parecer, con la disolución de la ONCCA en febrero de 2011, quedó un saldo impago, que los abogados de la UCESCI y Comercio Interior dejaron avanzar. Según distintas fuentes cercanas a estos expedientes, se reclamarían en total unos 3.000 millones de pesos.

Cuando volvió a recibir los expedientes, la cartera al mando de Luis Miguel Etchevehe decidió parar la pelota. El 5 de febrero pasado dictó una resolución en la que “se dispuso suspender por el término de 180 días los efectos de los actos administrativos que hayan reconocido compensaciones al consumo interno, estableciéndose que dicho plazo podría ser prorrogado por única vez, hasta por igual plazo, mediante resolución fundada”.

Al mismo tiempo, se solicitó la intervención de la Unidad de Auditoría Interna de Agricultura y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Se les reclamó hacer un análisis pormenorizado “de los procedimientos que concluyeron con el reconocimiento de compensaciones al consumo interno”, como para no pagar finalmente gato por liebre.

Es decir, los funcionarios de Agricultura, sospechando que muchos de esos expedientes podían estar viciados de corrupción, decidieron suspender todo el proceso legal hasta conocer los resultados de una “auditoría integral” sobre todo el universo de dinero que le reclaman las empresas supuestamente acreedoras de la ex ONCCA.

“Cabe recordar que aquella medida, junto con otras también plasmadas en la misma resolución, fueron adoptadas porque ante la posible verificación de irregularidades y la posible comisión de delitos en los expedientes por los que tramitaran las solicitudes de compensaciones al consumo”, se explicó en ese lenguaje leguleyo característico de los expedientes oficiales.

¿Y qué sucedió ahora? Este lunes, en la Resolución 211, se decidió prorrogar por otros 90 días hábiles la suspensión vigente ya que aquel proceso de revisión todavía no concluyó. “El informe de auditoría requerido se halla en la etapa de traslado, para responder las observaciones de los hallazgos formulados en el informe preliminar de la Unidad de Auditoría Interna”, explicó la resolución firmada por el secretario de Agricultura, Guillermo “Willy” Bernaudo.

Aquí la paradoja. Con esta prórroga, la fecha final de la revisión de esos dudosos expedientes de la ex ONCCA debería trasladarse hasta fines de febrero de 2020. Para ese entonces, ya habrá asumido el gobierno del presidente electo Alberto Fernández. Y Cristina Kirchner será la vicepresidenta.

Finalmente quienes deberán tomar la decisión política de cancelar o rechazar el pago de esta deuda por compensaciones -en función de lo que surja de la auditoría integral- son casi los mismos que gobernaron la Argentina en el momento en que se generaba esta supuesta deuda de 3.000 millones de pesos.

Será en febrero la cosa. Confirmaremos entonces si es cierto aquello de que volvieron mejores.

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Ya contamos cómo el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, propició y permitió un negociado mayúsculo con los ROE Verde (permisos de exportación de granos). Sin norma legal que amparase la operación, el ahora precandidato a presidente impulsó la aparición de una cámara de exportadores de cereales llamada CAPECO y puso al frente de la misma a Ider Peretti, su amigo, el ruralista K cordobés que también presidía la histórica Confederación General Económica (CGE). Eran tiempos del “vamos por todo”.

A CAPECO, una cámara fundada en junio de 2012, que mágicamente se extinguió con el cambio de gobierno, le tocó administrar cerca del 25% de los cupos de exportación de maíz y trigo que habilitaba el propio Moreno desde la UCESCI, un organismo dependiente de Comercio. El resto iba a parar a manos de las cerealeras tradicionales, nucleadas históricamente en la entidad Ciara-CEC.

Antes de iniciar el pedido formal por un ROE en las ventanillas de la UCESCI, los supuestos “socios” de la cámara presidida por Peretti tenían que dirigirse al edificio de la CGE, en Rivadavia al 1100. Allí, en el cuarto piso, usualmente eran recibidos por Daniela Borgogno, la esposa de dirigente amigo de Moreno, para “arreglar” los volúmenes de trigo o maíz que iba a exportar cada una de ellas. Luego, CAPECO enviaba el listado a la UCESCI, que lo respetaba a rajatablas, incluso cuando Moreno se fue del gobierno y quien comenzó a cortar el bacalao eras Axel Kicillof.

En resumen, un empresario cercano a Moreno terminaba distribuyendo un cupo en nombre del Estado.

“Exportar”, en realidad, es un verbo demasiado generoso. Pues exportar no era lo que hacían la mayoría de las empresas que recibieron ROE Verde de manos de Peretti y Borgogno. El grueso de esas firmas no tenía ni silos, ni barcos, ni elevadores, y a veces tampoco disponían ni siquiera de trigo o de maíz. Solo tenían un permiso. Así que lo que en realidad sucedió es que se alimentó un tráfico de ROE entre quienes obtenían esos permisos y quienes finalmente realizaban el embarque de los granos.

En el medio quedaban suculentas comisiones. Recordemos que mediante la aplicación de cupos, antojadizos en tiempo y forma, Moreno actuaba achatando el precio local de ambos cultivos. Entonces generaba una abultada brecha entre el valor FAS Teórico (el que teóricamente debía cobrar el productor) y el valor real del mercado, que en algunos casos llegó a ser de 50 dólares por tonelada. Esto permitía que hubiera suficiente tela para cortar. Aparecieron todo tipo de intermediarios porque el negocio, en realidad, fue cobrar por el pase de manos de los ROE.

Ver En su fuga del poder, Ider Peretti se gastó 1 millón de dólares para comprar un campo

Una filtración de documentos abandonados por Peretti y su mujer tras su fuga de la CGE, luego del recambio de gobierno, permite saber ahora con mayor certeza quiénes lucraron con este circuito ilegal de tráfico de ROE y de influencias. Se trata de decenas de planillas de excel que van mostrando la evolución del reparto que se hacía dentro de CAPECO. La lista de empresas beneficiadas con ROE luego era enviada a la UCESCI, que tenía su mesa de entrada unos pisos más arriba de la Secretaría de Comercio, en la Avenida Roca al 600.

Con la documentación existente puede determinarse que entre 2014 y 2015, la CAPECO distribuyó permisos para exportar por lo menos 7,6 millones de toneladas de trigo y maíz correspondientes a las campañas 2013/14 y 2014/15. La cifra debería ser mayor todavía, porque faltan los datos sobre los cupos de trigo de la primera de esas temporadas.

Pero el dato más relevante a los fines periodísticos es que etos documentos de la propia CAPECO confirman el listado de empresas que recibieron esos ROE. Hay algunas sociedades de fuste, pero la inmensa mayoría eran sellos de goma o pequeñas empresas agrícolas (algunas corredoras y acopios) que ni antes ni después volvieron a intervenir directamente en negocios de exportación de granos. Este es el listado provisorio, en toneladas:

Como se verá, la cooperativa AFA (ligada históricamente a la Federación Agraria) es la que mayor cantidad de ROE recibió de CAPECO y quizás sea la única exportadora hecha y derecha que participaba de esa entidad. Según confiaron sus dirigentes a Bichos de Campo, AFA recibió presiones de Moreno para asociarse a la entidad presidida por Peretti. La otra gran cooperativa agropecuaria, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), ligada a Coninagro, también merodeó en la cámara de exportadores kirchnerista, pero a diferencia de AFA continuó recibiendo los ROE que necesitaba para exportar por cuerdas separadas.

Con más de 900 mil toneladas de ROE recibidas, el grupo Andreoli de Chivilcoy se ubicó segundo entre los beneficiados por CAPECO. Este caso es bastante escandaloso, porque el empresario Claudio Andreoli, titular de esa firma, participaba directamente de la conducción de la CGE como responsable del sector agropecuario. Andreoli -que acompañó a Moreno y Peretti a varios viajes, incluso en Italia– utilizó además otras empresas vinculadas a su grupo, como Campo Oeste SA o Cuenca del Salado SA, para acumular una mayor cantidad de permisos.

Molinos Cañuelas (de la familia Navilli); Aceitera Chabás (de AGD, de Roberto Urquía) y Quebrachito Granos (Leguizamón) son otras empresas agrícolas tradicionales que recibieron permisos por esta vía.

También a través de CAPECO se canalizaron negocios a favor de algunas firmas que siemrpe aparecieron bastante cercanas a Moreno, como la fábrica de motos Corven, la importadora de ropa y zapatillas Town Connection, o la empresa de artículos para el hogar Electronis System SA. Supuestamente estas firmas necesitaban “compensar” su balanza de negocios entre importaciones e exportaciones para cumplir con las exigencias del funcionario.

Verá quien indague un poco a fondo que en esta lista aparecen una serie de sellos de goma, sociedades dedicadas a rubros muy dispares que terminaron aprovechando el negocio de ocasión que les ofrecieron, generosos, el ex secretario de Comercio y su amigo el ruralista K.

Para mostrar solo un caso, rescato una investigación que publicó en su momento el diario Clarín sobre la firma Wear SRL, que recibió ROE verde para exportar unas 2.000 toneladas de trigo, según estos documentos filtrados desde CAPECO.

Esa ignota sociedad había sido creada en el año 2000 para dedicarse a los “efectos especiales” y la venta de máquinas de humo.

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Los ROI eran como el primo invertido de los ROE: regulaban las importaciones en vez de las exportaciones. Sus efectos nunca fueron determinantes para el mercado, al que siguieron ingresando volúmenes constantes de carne porcina, en especial desde Brasil.

“La Resolución 119/2007 del Ministerio de Economía y Producción, creó el Registro de Operaciones de Importación (ROI), como una herramienta para monitorear el mercado de carne porcina, subproductos y derivados; de manera de contar con un adecuado conocimiento de la mercadería ingresada al país y de la oferta total del sector porcino nacional”, explicaba la Ucesci sobre aquella vieja resolución ahora derogada.

La decisión la firmó el ministro Ricardo Buryaile a través de la Resolución 181 E-2017.

Lo curioso es que esta eliminación de los ROI se produce en momentos en que arrecian las críticas de los productores porcinos y de sectores opositores al Gobierno por el nivel que están adquiriendo las importaciones de carne porcina. La Argentina produjo entre enero y junio de este año unas 330.720 toneladas de carne porcina y lo que ingresó desde el exterior sumó unas 37.426 toneladas. Es más del 10% del mercado.

La carne que ingresa lo hace fundamentalmente desde Brasil, aunque también hay envíos que llegan desde la lejana Dinamarca y más recientemente el Senasa envió una misión a los Estados Unidos, con miras a eventualmente también habilitar las importaciones desde ese país.

Juan Uccelli, de la Asociación de Productores Porcinos, ha sido particularmente crítico con las condiciones sanitarias en las que ingresan esos cargamentos de carne de cerdo. Lea sus críticas aquí. 

La entrada Chau a los ROI: ya no se regulan las importaciones de carne porcina se publicó primero en Bichos de Campo.

Por Matías Longoni.-

El presidente Mauricio Macri, mediante el decreto 444/17 publicado este viernes en el Boletín Oficial, procedió a disolver la Unidad de Coordinación de los Subsidios para el Consumo Interno (UCESCI), uno de los engendros institucionales que había creado el ex secretario Guillermo Moreno para manipular a su antojo las compensaciones residuales de la ex ONCCA y sobre todo los cupos de exportación de carnes, granos y lácteos.

La UCESCI era la ventanilla que emitía los ROE (Registro de Operaciones de Exportación). Su “mesa de entradas” quedaba casi oculta en el noveno piso de la Secretaría de Comercio, aunque para arreglar algunas otras cosas había que bajar al segundo piso, cerca del que supo ser el despacho del ex todo poderoso funcionario K.

El decreto fue firmado por Macri y parte de su Gabinete (Marcos Peña, Francisco Cabrera, Ricardo Buryaile y Nicolas Dujovne). Esto fue así porque la oficina en cuestión era un organismo que dependía de tres ministerios: Agroindustria, Producción y Economía. Fue una fórmula para guardar las formas, porque en realidad nunca hubo una reunión entre los titulares de esas carteras para definir u homologar las políticas que allí de desplegaron. Moreno era el que mandaba y varios ministros que ahora se hacen los cocoritos, como Julián Domínguez, solamente obedecían y guarban silencio.

La UCESCI se había creado el 24 de febrero de 2011, el mismo día que Cristina Kirchner reunió a sus 16 ministros para hacerles firmar la disolución de la ONCCA, un organismo que había caído en desgracia pública luego de que se conocieran varios casos de corrupción vinculados a la distribución de subsidios por unos 3.000 millones de dólares a diferentes sectores agroindustriales, como molinos harineros, feedlots, industrias aceiteras y avícolas. De estas investigaciones judiciales, el ex titular de la ONCCA y de la AFIP, Ricardo Echegaray, quedó totalmente a salvo. Su coraza judicial fue efectiva.

Si el macrismo demoró tanto en la disolución de la UCESCI fue justamente porque este organismo heredó, además de algunas funciones de la ex ONCCA como la administración de los ROE, una serie de litigios judiciales por la abultada deuda que quedó pendiente a favor de esos operadores cuando se disolvió por sorpresa la ex ONCCA. De esos juicios ningún ministerio quería hacerse cargo en esta nueva etapa.

Al hacer un balance de la actuación de la UCESCI,  el decreto de Macri dice lacónico que “los objetivos perseguidos no pudieron ser alcanzados, habiéndose registrado inconvenientes, con el transcurso del tiempo, para lograr defender la producción, fomentar la actividad y compensar precios con el otorgamiento de subsidios y la actividad de registro de otras operaciones relacionadas, tornando necesario readecuar los instrumentos normativos existentes”. Si el Boletín Oficial pudiera ser escrito por este periodista, el resumen sería totalmente diferente. Diría: “Fue un organismo exitoso: porque chorrearon, se fueron y a otra cosa”.

Las competencias que tenía la UCESCI, ahora, volverán a su ámbito natural: el Ministerio de Agroindustria. En este sentido, el artículo 1 del decreto establece que será esa cartera “la Autoridad de Aplicación del cupo de cortes enfriados bovinos sin hueso, de calidad superior, conforme al biotipo establecido por la Unión Europea, denominado Cuota Hilton, encontrándose facultado a dictar el marco normativo para su distribución y asignación”.

Repartor un jogoso negocio de 340 millones de dólares anuales era una de las últimas tareas que tenía a su cargo la UCESCI. Hace unos días el colega Fernando Bertello anticipó que habría un nuevo sistema de reparto de las 29.000 toneladas de Hilton a partir de mitad de 2018.

Como siempre luego de estos enchastres institucionales tan comunes durante el último tramo del kirchnerismo, lo único que quedó en pie son los juicios que terminaremos pagando todos nosotros, los hijos de la pavota. Sobre esto, el decreto de Macri detemrina que Agroindustria y Producción deberán “determinar en forma conjunta la distribución de aquellas actuaciones jurídicas, administrativas y contables que se encontraren pendientes”.

Por lo que pudo saber esta página, no es nada despreciable la suma de deudas por compensaciones que reclaman varios operadores, como avícolas y molinos. Antes de irse Moreno arregló a varios con bonos del Tesoro, pero quedaron muchos reclamos en marcha.

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