El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, manifestó –como viendo haciendo en reiteradas oportunidades– que el sector que representa se encuentra perjudicado por los precios máximos aplicados hace casi un año por el gobierno nacional tanto a las harinas de consumo familiar como a las comercializadas a panaderías e industrias panificadoras.

Además, si bien la exportación de harina podría ser una fuente de ingresos que ayudase a compensar el quebranto generado por la venta en el mercado interno a precios máximos, lo cierto es que la competitividad de ese negocio también está comprometida por el derecho de exportación vigente sobre ese producto (7,0%), la “retención” cambiaria y la creciente inflación de costos internos.

Vale tener en cuenta que el sector molinero tiene una capacidad ociosa del orden del 48% y necesita disponer de la “ventanilla” exportadora no sólo para diversificar ingresos, sino también para licuar costos fijos.

Otro de los temas tratados fue la necesidad de que el sector molinero se acostumbre a emplear futuros y opciones para profesionalizar la gestión comercial de la originación de trigo.

El contrato de Trigo Rosario Julio 2021 del Matba Rofex, por ejemplo, que superó los 240 u$s/tonelada a mediados de enero pasado, actualmente se encuentra en 220 u$s/tonelada. Argentina cuenta con un mercado de futuros institucionalizado en el cual es posible tomar coberturas para reducir el riesgo comercial. Pero no todos los usan y, cuando los precios suben por factores imprevistos tanto locales como internacionales, comienzan las quejas.

En lo que respecta a la disponibilidad de trigo, la exportación ya está retirada del mercado al haber comprado casi 9,50 millones de trigo y tener permisos de exportación (DJVE) del cereal por 9,48 millones de toneladas, al tiempo que los molinos comenzaron a recibir mercadería con mayor fluidez en línea con la necesidad de muchos productores de generar ingresos para cancelar compromisos y disponer de los insumos necesarios para poder iniciar la próxima campaña invernal de granos finos.

Además de FAIM, en la reunión participaron representantes de la Cámara de Panaderos de Salta, de Molinos Fénix, Lagomarsino, Molinos Río de la Plata, Molino Cañuelas, la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras (APyMIMRA), la Unión Industrial de Fideeros (Uifra), la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, la Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Grupo Bimbo, la Cámara de Panaderos Agrupados del Norte, la Cámara de Industriales Panaderos de la Capital Federal y la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa).

Una vez finalizada la reunión sobre harina de trigo, se procedió a realizar otra con referentes de “carnes no bovinas”, es decir, aviar y porcina, en la cual se analizó la situación del mercado interno de maíz, que, además de no contar con problemas de abastecimiento, muestra precios futuros decrecientes con el ingreso de la cosecha tardía.

En ese sentido, el precio del contrato Maíz Rosario Abril 2021 del Matba Rofex, correspondiente a la cosecha de maíz temprano que se está levantando en estos días, hoy martes cerró a un valor promedio de 196,5 u$s/tonelada, mientras que la posición correspondiente al maíz de segunda (Julio 2021) terminó hoy en 189,5 u$s/tonelada.

Al igual que en el caso de los molinos harineros, los representantes del sector aviar y porcino manifestaron a necesidad de contar condiciones de competitividad adecuadas para poder exportar. Vale recordar que el derecho de exportación vigente sobre la carne porcina es del 5,0% del valor FOB, mientras que en el caso de la carne aviar es del 9,0%.

Si al derecho de exportación le sumamos la “retención” cambiaria, sumado al hecho de que es muy posible que el real brasileño se devalúe en las próximas semanas para mejorar la competitividad del sector exportador, entonces el panorama para los exportadores argentinos de carne aviar y porcina no luce alentador.

Otro de los pedidos realizados por los integrantes del sector consistió en establecer mecanismos que permitan compensar lo saldos técnicos de IVA, de manera tal que los mismos no se terminan transformando en un costo.

En esta última reunión asistieron representantes de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Granja Tres Arroyos, Frigorífico de Aves Soychú, Las Camelias, Noelma, de la Unión de la Industria Cárnica Argentina, Paladini, Campo Austral y Alimentaria La Pompeya.

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Los integrantes de la Unión Industrial de Fideeros de la República Argentina (Uifra) son uno de ellos, dado que quedaron comprendidos en el congelamiento de precios dispuesto por la resolución Nº 100 de la Secretaría de Comercio Interior, la cual, en principio, iba a aplicarse solamente durante 30 días para evitar movimientos especulativos de precios durante el comienzo de las restricciones implementadas para intentar evitar la expansión del Covid-19.

El congelamiento de precios de los fideos coincidió con un aumento explosivo de la demanda, dado que la mayor parte de las familias argentinas comenzaron a sobreestoquearse con alimentos básicos.

“Desde el primer momento, se puso en evidencia que trabajar en el contexto de la pandemia ocasiona sobrecostos y reduce la productividad. Tal es así que al mes de decretarse el congelamiento ya se advertían los primeros desfasajes”, comenta un artículo publicado por Uifra en su Anuario 2020.

Por ese motivo, el 17 de abril los representantes de Uifra solicitaron una reunión con funcionarios de Comercio Interior para explicarles que, además de los problemas operativos y logísticos generados por la pandemia, el congelamiento de precios resultaba especialmente perjudicial para un sector integrado mayormente por Pymes familiares de capitales argentinos.

Las gestiones no tuvieron mayor éxito porque la resolución Nº 100, además de prorrogarse de manera sucesiva hasta finalmente extenderla hasta el próximo 31 de enero, obligó a las empresas a producir “al máximo de su capacidad”.

Uifra explica que eso obligó “a las empresas a vender productos incluso a contra margen en algunos casos” y que se pasó por alto “el hecho de que la demanda solo se ha mantenido respecto de productos de primera necesidad”, mientras que las ventas de alimentos con mayor valor agregado cayeron.

“Incontables fueron las reuniones mantenidas entre la Secretaría de Comercio y el sector privado desde que se iniciara el congelamiento. Y en todas ellas eran reiterados los mismos conceptos: el privilegio del que gozaban las actividades esenciales por estar operativas y el congelamiento tarifario del que nos beneficiábamos. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta los sobrecostos provocados por la pandemia, ni tampoco las “micro” devaluaciones (prácticamente a diario) que fueron una constante durante el período del congelamiento”, señala el artículo de Uifra.

“A pesar de que la necesidad de aplicar ajustes se demostró en cada oportunidad con solidez técnica, nuestro sector recibió autorización para la aplicación de apenas un insuficiente 4% a mediados de julio, más un 3% en octubre”, añade.

“A esta altura, la incomodidad más grande consiste en no tener una previsión sobre cómo se hará para normalizar el sistema de precios. La reiterada propuesta del sector privado ha sido la de solicitar deslizamientos graduales a ser implementados de forma urgente. La agroindustria ha cumplido un rol social clave en la emergencia y puede tenerlo también para la recuperación. Pero al contrario de esto, nos sumergimos progresivamente en una gran crisis”, advirtió.

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