Finalmente, tal como había anticipado Bichos de Campo, la supuesta apertura del “cepo cárnico” prometida por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, no se hará realidad.
En 2022 las exportaciones de carne bovina argentinas seguirán cuotificadas y administradas de manera discrecional por el gobierno de Alberto Fernández. Pero ahora, al anunciar la versión 2022 del “cepo”, la novedad es que el Ministerio de Agricultura aseguró que el mismo cuenta con el aval de la Comisión de Enlace Agropecuaria, es decir, las cuatro entidades que deberían representar los intereses de los productores argentinos.
Las resoluciones y el decreto –publicados hoy– que establecen la nueva metodología del “cepo cárnico” fueron, según un comunicado oficial, “consensuados con las entidades de productores (y la industria frigorífica) con el objeto de dar previsibilidad y confianza a la ganadería argentina, garantizando la producción, la exportación y el consumo de los argentinos, en base a los análisis técnicos del sector”.
Domínguez, que en materia de comunicación política es un auténtico experto, no casualmente publicó hoy un tuit en el cual destaca que se reunió con el director del Departamento Económico de CRA, Matías Lestani, para resaltar que “su conocimiento posibilita la construcción de una visión compartida de futuro que otorga previsibilidad y confianza a la ganadería argentina”. Un empalagoso y acaramelado elogio.
La “jugada” de Domínguez, realizada en un momento crítico para el sector porque la seca anticipa un año por demás difícil, está diseñada con el claro propósito de neutralizar la representatividad de las cuatro entidades agropecuarias que integran la Comisión de Enlace (FAA, Coninagro, FAA y CRA).
