Los fitomejoradores argentinos que se dedican a desarrollar cultivares de cannabis ahora podrán proteger sus desarrollos.
A través de la resolución conjunta 5/2021 firmada por la ministra de Salud Carla Vizzotti y el presidente del Inase, Joaquín Serrano, se autoriza la inscripción de germoplasma nacional de Cannabis sativa L. para uso medicinal en el Registro Nacional de Cultivares.
Vale recordar que la sanción del decreto 883/2020 generó, por parte de los distintos organismos del Estado nacional, el desarrollo de herramientas tendientes a facilitar el acceso legal a derivados de cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor.
Paralelamente, organismos académicos, universidades y centros de investigación vienen llevando a cabo estudios e investigaciones relacionados con las distintas variedades de cannabis, etnobotánica, morfología, taxonomía, anatomía y caracterización química de las variedades.
“Como parte de este proceso, es sustancial trabajar en la seguridad y la calidad del producto, brindando herramientas para la estandarización de las genéticas obtenidas. Esto permitirá someterlas a certificaciones nacionales para su posterior conformación como semillas nominadas, que serán utilizadas como insumos en la producción de cultivares de calidad comprobada”, indicó hoy el Inase por medio de un comunicado.
El nuevo esquema permitirá el acceso a semillas de calidad e identidad certificada y, a quienes consumen sus productos, información fehaciente sobre los mismos
También, según se aseguró desde el Inase, “pondrá en valor el trabajo de todos aquellos que a lo largo de estos años han investigado y estudiado las propiedades de la semilla de esta especie, aún cuando la actividad no estaba contemplada” en la normativa vigente en la actualidad.
La inscripción de variedades nacionales como internacionales será un aspecto fundamental para obtener información sobre los perfiles de cannabinoides, terpenos y flavonoides de las distintas variedades de cannabis.
“De esta manera, continuamos brindando herramientas para dar respuestas al pedido de la sociedad que impulsó la Ley 27.350 y su decreto reglamentario, en el entendimiento de que la base de una política pública adecuada es garantizar la accesibilidad a medicamentos de calidad con una perspectiva de justicia social”, apuntó el Inase.
