El presidente Alberto Fernández quiere seguir teniendo la facultad de modificar las alícuotas de los derechos de exportación hasta el final de su mandato. Así lo estableció en el proyecto de Presupuesto 2022 de la Administración Pública Nacional enviado hoy jueves al Congreso.
Concretamente, el proyecto propone mantener la atribución extraordinaria implementada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (Nº 27.541), por medio de la cual se determinó que hasta el 31 de diciembre de 2021 el presidente puede fijar alícuotas de hasta 33% para productos del complejo sojero y de hasta un 15% para el resto de los bienes agroindustriales.
El artículo 81 del proyecto de Presupuesto 2022 –facilitado por la Fundación Barbechando– propone mantener esa atribución hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, durante lo que queda del mandato de Fernández (que finaliza el 10 de diciembre de 2023) y un año más del mandato de su sucesor.
La última vez que el presidente empleó esas facultades fue a fines de junio pasado, cuando se suspendió la aplicación de retenciones para las exportaciones de maíz pisingallo en envases de hasta 2,0 kilogramos, huevos para incubación, arroz paddy, sésamo y quinoa para siembra, semillas de girasol confitero descascaradas y aceite de jojoba, entre otros productos, mientras que se aumentó la alícuota de 3,0% a un 9,0% para la caseína, caseinato de sodio, caseinato de calcio y lactoalbúmina elaborados con leche bovina.
La buena noticia es que el proyecto de Presupuesto 2022 no contempla un incremento de derechos de exportación, dado que por ese concepto proyecta una recaudación de 1.134.621 millones de pesos, una cifra nominal 21,5% mayor a la que se registraría en 2021, fundamentalmente por precios internacionales más bajos de los principales productos agroindustriales exportados por la Argentina.
En cambio, la recaudación total prevista para 2022 es de 15.573.774 millones de pesos, una cifra nominal 45,2% mayor a la estimada para 2021. Ese crecimiento, según indica el proyecto, estaría sostenido por un aumento de la actividad económica junto con una creciente bancarización y una mayor eficiencia en la fiscalización tributaria.
