Por Matías Longoni (@matiaslongoni).-
¿De qué hablamos cuando hablamos de retenciones o, como es correcto llamar a ese tributo, de derechos de exportación (DEX)?
En principio hablamos de un “impuesto distorsivo”, al decir de la inmensa mayoría de los economistas y de todos los políticos que integran la actual alianza que gobierna la Argentina.
- Distorsivo porque es una imposición que se cobra a unos (los exportadores) pero que terminan pagando otros (los productores, por vía de un descuento compulsivo en los precios).
- Distorsivo porque se aplica sobre el margen bruto de una actividad (es un % de descuento sobre un valor FOB de exportación) y no sobre sus ganancias o sobre la rentabilidad o sobre el nivel de actividad.
- Distorsivo porque castiga por igual (con un descuento semejante) al pequeño productor de 20 hectáreas y a la gran empresa agrícola que trabaja 1 millón de hectáreas. No es progresivo ni apunta a generar equidad..
El gobierno de Mauricio Macri, compartiendo esta idea de que los DEX son un impuesto distorsivo que termina dañando los tejidos productivos, comenzó eliminando todas las retenciones vigentes. Lo hizo no solamente para favorecer al agro o a las mineras, como repite el cocoliche opositor, sino a todos los sectores que exportaban, incluyendo a la industria que pagaba 5%.
Solo quedó la soja en la gatera, ya que era responsable del mayor aporte de DEX al fisco, unos 7.000 millones de dólares en los mejores años, y la política local no podía prescindir de ella. En ese caso, el Gobierno primero bajó las retenciones de 35% a 30%, Y de modo aletargado, en enero pasado se puso en marcha un cronograma de reducción de medio punto mensual del tributo, que comenzó en 30% en enero y debía terminar en 24% en diciembre próximo.
Digo “debía” porque ahora que la Argentina se volvió a acercar al FMI se habla con mucha fuerza de que este cronograma sería interrumpido por las autoridades económicas. Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, ahora ministro coordinador, no dice ni que sí ni que no. Siembra dudas y así altera a todos los que deben sembrar trigo ahora y soja y maíz en unos pocos meses. ¿Suben o bajan? ¿Siembro más o siembro menos?
Si la decisión oficial fuera suspender el cronograma de reducción de las retenciones a la soja, éstas quedarían en 27,5%. Es decir, de cada 100 dólares por exportaciones de soja, 27,5 dólares irán a parar a manos del Estado. Esto equivale, como bien analizó días atrás el sitio Valor Soja, a unos 175 dólares por hectárea, siempre y cuando los productores puedan obtener un rendimiento de 20 quintales luego de la seca y el posterior temporal.
Ver en Valor Soja: Los productores golpeados por el combo sequía + lluvias torrenciales que logren cosechar 20 qq/ha de soja pagan 175 u$s/ha de retenciones
La bibliografía económica que justifica este tipo de impuestos lo hace argumentando que las retenciones actúan absorbiendo “las ganancias extraordinarias” de una prodigiosa región pampeana, compensando así con las desventajas naturales que presentan las economías regionales. Puede ser un punto atendible en aquellos años en que existan realmente ganancias extraordinarias en la región pampeana, pero no es lo que sucede ahora, cuando una feroz sequía se llevó 30% de la cosecha esperada de soja y otra buena porción de la de maíz. La Bolsa de Comercio de Rosario acaba de calcular los daños en 7.500 millones de dólares, que son dos o tres veces la rentabilidad histórica (antes de impuestos) de todos los productores de esta región productiva. ¿De qué ganancia estaríamos hablando este año?
Y, además, ¿por qué hablamos tanto de retenciones? ¿Será porque los productores se quemaron demasiadas veces por leche? ¿O será porque son fáciles de recaudar y significan dinero fresco para el Estado? Pero lo cierto es que además de ser un impuesto distorsivo resulta ser de poca significación en las cuentas públicas nacionales. Tomemos el año 2017 y las cifras oficiales de la AFIP para analizar este asunto:
- Se recaudaron en total 2.578.000 millones de pesos.
- Por vía del IVA ingresaron 765.336 millones de pesos, el 30% del total.
- Los impuestos de la Seguridad Social sumaron 704.177 millones de pesos, o sea el 28%.
- El Impuesto a las Ganancias generó ingresos por 555.023 millones de pesos, lo que representó el 22%.
- El impuesto al Cheque aportó 172.800 millones de pesos, lo que significó un 6,7% del total.
- Finalmente, por los llamados impuestos aduaneros (la mayor parte provinenen de las retenciones a la soja) se recaudaron solo 66.121 millones de pesos, apenas 2,5% del total.
¿Vale la pena hacer tanto barullo por el 2,5% de la recaudación total de impuestos del Estado Nacional? ¿Solucionaría el déficit fiscal el hecho de congelar las retenciones en el actual 27,5%? ¿No sería mucho más costoso enviar una señal negativa (muy negativa) a los actores del principal sector productivo del país? Son todas preguntas y cálculos que deberían estar haciendo por estos momentos quienes no se animan a desmentir que una suba de las retenciones (o al menos un congelamiento de los DEX a la soja) figure dentro del menú de opciones que manejan para achicar el déficit.
Alguno dirá que la devaluación de la moneda engrosará sobremanera los ingresos esperados este año por retenciones, respecto de los 66 mil millones de pesos de 2017. Aunque es cierto que habrá más pesos por cada dólar que ingrese por la exportación de soja y sus derivados, el impacto de la mejora cambiaria será relativo, porque habrá mucha menor disponibilidad del grano (20 millones de toneladas menos) respecto de un año atrás, y por consiguiente lo más probable es que caigan los volúmenes de exportación.
Por el momento los productores llevan vendidas 19 millones de toneladas de soja sobre una cosecha que sería de 35 millones en la campaña 2017/18. Faltan 16 millones por vender, o 24 millones de toneladas si consideramos la soja que está sin fijar precio. Con un precio FOB cercano a los 400 dólares por tonelada, lo que queda por vender son 24 millones de toneladas valuadas en cerca de 10.000 millones de dólares.
Si el gobierno decidiera finalmente congelar las retenciones en el 27,5%, obtendría una recaudación por esa soja disponible de 2.750 millones de dólares, que al tipo de cambio actual supondrían ingresos en pesos por cerca de 65 mil millones. En cambio, educir medio punto ese tributo como se prometió sería devolver poco más de 12 millones de dólares por mes a todos los productores.
Pero esa sería poca plata por el daño que provocaría la decisión, una pésima señal a los chacareros que siguen confiando en la palabra presidencial.
Cuando ganó las elecciones para suceder a Néstor Kirchner, en octubre de 2007, Cristina Fernández iba a gobernar primero con DEX a la soja exactamente idénticos a los vigentes ahora, del 27,5%. Pero en ese momento la voracidad fiscal de aquella pareja provocó que antes del cambio de mando (en noviembre) Néstor subiera ese tributo primero a 35% y que Cristina luego intentara (en marzo de 2008) con el engendro de la Resolución 125 elevarlas a 44%.
Hay que recordar todo lo que se perdió en la Argentina desde ese momento para entender por qué le molesta al sector tanto manoseo como el se viven por estas horas.
