Por Matías Longoni.-
En el trimestre junio/julio/agosto, el Estado Nacional podría haber recaudado casi 7 millones de dólares adicionales por retenciones al complejo sojero si hubiera eliminado los resquicios legales por los que se les filtran varias decenas de operaciones de exportación de ciertas mezclas en lo que abunda es la soja y hay solo pizcas de otros ingredientes. Los cálculos de esta elusión fueron realizados en base a datos oficiales que desde hace meses están en poder de las autoridades.
No hace falta comparar el valor que tendrían esos 7 millones de dólares (unos 120 millones de pesos) en poder del sector público frente al que tienen en poder de unos pocos grupos empresarios, que además realizan una competencia desleal con el resto de las empresas agroindustriales que sí deben pagar retenciones como determinan las generales de la ley.
Ya contamos en una entrega anterior que hay tres tipos de mezcla que les permiten a esas empresas exportar derivados de la soja tributando menos retenciones de las que corresponderían e incluso cobrando reintegros. Estas mezclas son la 95/5 (harina de soja 95% maíz 5%), la 99/1( Aceite de soja 99% aceite de palmiste 1%) y la 94/6 (Aceite de soja refinado 94% Aceite de Girasol Refinado 6%).
Ver “Mezcla de negligencia e impunidad, sigue intacto el curro de exportar mezclas”
El secreto de “La Salada de la Soja”, como la definió un especialista, es que el Gobierno permite que se exporten mezclas truchas de harina o aceite de soja (truchas, porque apenas se le agrega un pequeño porcentaje de otro producto) sin aplicarles el valor FOB Oficial en base al cual deberían calcularse las retenciones.
Para poner un caso concreto, el 22 de agosto salió de San Lorenzo un barco hacia Sudáfrica llevando 5.000 toneladas de la mezcla 94/6. El Valor FOB Oficial para el aceite era de 780 dólares, pero la operación se realizó a 776 dólares. Si el producto se hubiese tomado como lo que es, básicamente aceite de soja, esa carga debería haber dejado en las arcas de la Aduana 1.053.000 dólares. Pero como no se tomó el valor de Agroindustria, el modo de calcular las retenciones se distorsionó y el exportador de la mercadería pagó bastante menos. Se ahorró la friolera de 346.344 dólares. Es decir que achicó el peso de las retenciones en casi 70 dólares por tonelada.
Hay una denuncia concreta presentada en el Ministerio de Agroindustria y en la Aduana por operadores que se sienten afectados por las maniobras. Ellos calcularon el daño en base a una comparación entre los pagos de derechos de exportación recibidos por todas las exportaciones del trimestre junio/agosto comprendidos en esas posiciones arancelarias y lo que teóricamente el Estado debería cobrar de no existir grietas en la legislación vigente.
Este es el resultado: más de 6,8 millones de dólares menos de recaudación en solo tres meses.
¿Y qué pasaría si se anualizaran los cálculos?
- De la mezcla 95/5 se estarían exportando unas 250.000 toneladas al año, en especial hacia Chile y Uruguay. En promedio se paga un derecho promedio de 50 dólares por tonelada cuando deberían pagarse como harina de soja 98 dólares. Pero además se cobran reintegros de 5 dólares. El daño fiscal sería de 13.750.000 dólares al cabo de un año.
- De la mezcla 99/1 se embarcan unas 120.000 toneladas al año, básicamente hacia Chile. Pagan esas cargas un promedio de 134 dólares y reciben 18 dólares de reintegro, cuando deberían pagar 195 dólares por tonelada si fueran consideradas como aceite de soja. Hay otros 13 millones de dólares anuales de daño fiscal.
- Finalmente, de la mezcla 94/6 se calculan embarques por 144.000 toenladas al año, con destinos como Sudáfrica, Chile y Uruguay. Pagaron retenciones promedio por 132 dólares y recibieron un reintegro de 23 dólares, cuando deberían pagar como aceite de soja unos 210 dólares por tonelada. El daño fiscal sería de 14.500.000 dólares.
13,75 millones + 13 millones + 14,50 millones es igual a 41,50 millones de dólares.
Lo más graves es que la legislación ya se modificó tres veces sin lograr corregir estas filtraciones.
- Primero el decreto 133/15 ( 16/12/2015) colocó todas las posiciones en 0%, con un perjuicio fiscal enorme durante los primeros meses del nuevo gobierno.
- Luego el Decreto 361/16 ( 16/2/2016) restableció las retenciones a todas las posiciones que tuvieran soja (aún en una proporción adecuada) pero provocó que se cerraran todas las exportaciones de alimentos balanceados.
- Al final el Decreto 640/16 ( 3/5/2016) corrigió la situación anterior, pero dejando abiertas las posiciones que hoy se utilizan y que dan lugar a las elusiones mencionadas.
De los listados de exportaciones registrados por Aduana surge que la mayor parte de las cargas sale por camión hacia Chile desde diferentes aduanas ubicadas en Córdoba, Entre Ríos, Mendoza o Santiago del Estero. Pero últimamente también se han producido varios embarques de la mezcla 95/5 por barco hacia Cuba, que así logra hacerse de una harina de soja (con pizcas de maíz) a un precio sumamente competitivo.
En el último barco, que salió de Gualeguaychú el 10 de agosto, cada tonelada de ese “balanceado” cotizó a 314 dólares y debía pagar 81 dólares luego de la diferencia entre retenciones y reintegros. Pero se desembolsó bastante menos y finalmente el exportador se ahorró más de 400 mil dólares en impuestos.
En este caso, la firma detrás de estos embarques es Entre Ríos Crushing, con planta en Gualeguaychú. En tanto, la que opera mucho desde Santiago del Estero es la aceitera Viluco, del grupo Lucci.
Hay que aclarar, una vez más, que esta operación es perfectamente legal, pues es el propio Estado el que no hace nada para impedir este tipo de embarques. O bien prohibiendo directamente la exportación de estas mezclas o bien encasillando esos productos en posiciones arancelarias adecuadas.
Pero la maniobra lesiona las arcas fiscales. Y lesiona también la inteligencia…
