De las exportaciones de la Argentina, las cadenas agroindustriales aportaron el 64% según datos oficiales de 2019. Gracias a la fuerte presión fiscal sobre la soja (que tributa 33% de retenciones), el agro aporta unos 8.000 millones de dólares anuales por derechos de exportación: algo muy raro en el mundo pero real en la Argentina: los productores deben pagar por vender sus productos al mundo.
No tanto como la soja, pero todos los productores del agro pagan retenciones. Las economías regionales, que tienen una participación del 19% entre los productos originados en el campo, tienen alícuotas de un solo dígito. Y por eso sobre sus embarques totales por 7.400 millones de dólares tributaron solo 362 millones de dólares por retenciones en 2019, menos del 5% en el promedio. Hay de todo allí: frutas, hortalizas, arroz, tabaco, etcétera.
Esos 362 millones de dólares serían el “costo fiscal” que debe enfrentar el gobierno nacional si en la reunión proyectada con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), para este miércoles 4, decide dar una prueba de amor a los productores y eliminar por completo las retenciones a las economías regionales. Martín Guzmán, ministro de Economía; y sus pares de Producción, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra, ya han dicho que tienen intenciones de diseñar un programa agroexportador, porque la economía está desahuciada y requiere dólares. Pero hasta ahora no han pasado de palabras.
Uno de los reclamos del CAA a las autoridades económicas ha sido sobre la necesidad de reducir a 0% las retenciones a las economías regionales. El tributo -como se ve- no aporta tanto dinero a las arcas estatales, pero para muchas actividades productivas es una pesada carga, que les impide avanzar. Es mucho el daño que hacen esas retenciones al entramado productivo de varias provincias. Por eso se espera un gesto de amor: si se eliminan, sería todo una señal para seguir negociando.
Un análisis económico que preparó el CAA al que accedió Bichos de Campo y se presentó en una reunión interna este viernes hizo un cálculo afilado sobre cuál sería el costo fiscal que una medida así tendía en la recaudación. Las economías regionales más beneficiadas serían las frutícolas (con cerca de 50 millones de dólares) y la vitivinícola (con 40 millones de dólares). Pero también aparecen los lácteos y el girasol, que recuperarían cada uno más de 50 millones que hoy dejan en la Aduana. Hay un fuerte intento del CAA para que ambas cadenas comiencen a ser consideradas como economías regionales. De hecho lo son.
El Consejo Agroindustrial está convencido de que si se eliminan esos derechos de exportación, habrá un beneficio para todos a corto plazo, ya que los productores reaccionarán produciendo y exportando más, invirtiendo y creando empleo. La zanahoria para que las autoridades se decidan es que a 2023 las economías regionales podrían sumar unos 3.300 millones de dólares adicionales en exportaciones (más dólares para el Banco Central) , así como generar otros 271 mil empleos directos e indirectos. Eso se verá, pero por ahí va la apuesta de los privados. Por ahora no se sabe si los oficiales jugarán las fichas a esos mismos números.
El plan del CAA para las economías regionales es más ambiciosa que una simple corrección de las retenciones. También se reclaman una readecuación de los niveles de reintegros, una nueva actualización del mínimo no imponible para los aportes patronales, la simplificación de los trámites para recuperar el IVA, un régimen de amortización acelerada de inversiones, y una mejora de la operatividad de Aduana y el Senasa. También se piden cosas obvias como mayor financiamiento, mejoras en la logística y la conectividad, una reducción de los costos en energía, etcétera.
La mayor aspiración de las economías regionales -que en buen número se han nucleado en el CAA con expectativas de que este bloque pueda perforar la resistencia del Estado a ceder recursos al sector privado-, es que el gobierno asuma un costo total de unos 600 millones de dólares para oxigenar y permitir una recuperación de esos sectores productivos.
Es que a los 363 millones de dólares que se dejarían de recaudar si se eliminan las retenciones, se sumarían unos 240 millones de dólares por el aumento de los reintegros de exportación.
Si además se pudiera elevar el mínimo no imponible de aportes patronales (de 17509 pesos a 31000 pesos), el Estado resignaría otros 156 millones de dólares de recaudación. Pero desde la lógica del CAA, ayudaría a generar mayor demanda de empleo y reactivaría muchas inversiones en el interior del país. Esto, a mediano plazo, debería recomponer la recaudación por una mayor actividad.
Veremos. Hace rato que no se ve tanta generosidad junta.
