La entrada Dj JD (Julián Domínguez) comenzó a mezclar su nuevo hit para pasar el verano: “El Instituto de la Tierra” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Ni bien asumió lanzó su primer simple: “los bienes culturales”. Poco después descolló con su reversión de “las exportaciones de vaca están liberadas”. Luego apareció en el candelero un concepto totalmente novedoso llamado “La Agrobioindustria”. La semana pasada también instaló un nuevo título que no por repetido deja de convocar a los ruralistas a las pistas: “Los volúmenes de equilibrio”.
No contento con tan acelerado ingreso en el top 40, ahora Julián Domínguez comenzó a mezclar su nuevo hit y piensa en hacernos pasar un verano caliente. Se llamará “El Instituto de Tierras” y parece ser una saga de éxitos anteriores. De hecho, el ministro convocó a “planificar un nuevo ordenamiento territorial que defina el modelo de desarrollo agrobioindustrial de la Argentina”.
La presentación de este nuevo sencillo fue realizada durante una visita del ministro a la Estación Experimental Julio Hirschhörn de la Universidad Nacional de La Plata. Junto al ministro bonaerense Javier Rodríguez, participó de la inauguración de un Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología, Producción y Servicios.
Una vez más, para instalar esta versión edulcorada de la “reforma agraria” que han grabado Juan Grabois y otros artistas, Domínguez tendrá como soporte musical a la “universidad pública”, una banda capaz de tocar todos los ritmos musicales sin que se conozcan finalmente a sus integrantes.
El gobierno tomó el guante de una reforma agraria light y armó un “gabinete de tierras”
De hecho, el comunicado oficial que anticipa este nuevo hit relata que “Domínguez planteó el objetivo de trabajar junto a las universidades del país en un instituto de la Tierra para pensar juntos un plan estratégico, para una política pública, para debatir el modelo de gestión territorial de la Argentina, para consolidarla como un bien social que cuidemos entre todos y no como una mercancía donde es el mercado quien impone el modelo de desarrollo y gestión”.
El baile de carnaval parece estar asegurado.
Sobre esta idea concreta, el ministro de Agricultura instó a “planificar un nuevo ordenamiento territorial que defina el modelo de desarrollo agrobioindustrial de nuestro país, como también lo ha planteado nuestro Presidente Alberto Fernández”.
Por cierto, desde el inicio de su gestión el presidente Fernández intentó instalar sin mucho éxito la necesidad de poner en producción tierras ociosas disponibles en la Argentina e incluso creó un Gabinete de Tierras para llevar a cabo este objetivo. Ese espacio fue integrado por varios ministerios, entre ellos el de Agricultura, con la idea primaria de generar un banco de tierras fiscales disponibles. Coordinado por el ex jefe de Gabinete y ahora Canciller, Santiago Cafiero, nunca se conocieron avances concretos.
En cambio, la agenda en torno al tema recrudeció con el conflicto mapuche y las ocupaciones de tierras en el sur del país y la prorroga de la Ley de 2006 que obliga a realizar un censo de comunidades originarias que reclaman el dominio de sus tierras, una tarea que todavía no se concluyó y que, según dicen los productores, suele utilizarse para justificar muchas intervenciones de campos.
Sin dar demasiados detalles ni meterse en el nudo de esta discusión, Julián Domínguez creyó que había llegado el momento en su veloz carrera de lanzar un hito que aborde la temática.
“La cuestión de la tierra va a ser central en los próximos años”, afirmó. Y remarcó que “también tenemos estudiar el mejor aprovechamiento del agua y una mejor distribución territorial para el desarrollo de nuestro país”.
“Argentina está llamado a ser durante los próximos 30 a 40 años uno de los grandes proveedores de alimentos y proteínas animales que el mundo demanda y que Argentina tiene capacidad para producir, generar valor agregado, industrializar. Este es el desafío que tenemos”, añadió el ministro de Agricultura.
Domínguez resaltó que las universidades nacionales y el sector científico tecnológico son “los grandes aliados que tenemos desde el gobierno nacional para seguir decodificando las señales del futuro y preparar a la Argentina para los desafíos venideros y, en definitiva, para consolidar el crecimiento de nuestro país en los próximos años”.
El gobierno argentino quiere implementar este año el “Banco de Tierras para la Agricultura Familiar”
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]]>La entrada Advierten que la semana que viene se intentará prorrogar por cuarta vez una ley que facilita las usurpaciones de campos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Así lo advirtió Luciano Laspina, diputado santafesino de Juntos por el Cambio, en referencia a la Ley 26.160 (de relevamiento de comunidades indígenas), que fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, pero fue prorrogada en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2017, y que ahora el gobierno de Alberto Fernández quiere extender por cuatro años más.
Debido a que la norma exige requisitos muy laxos para validar la pertenencia a una comunidad “originaria”, se viene empleando en los últimos años para fomentar las usurpaciones de campos y establecimientos agropecuarios en diferentes regiones argentinas.
El gobierno quiere tratar la semana próxima una ley que prohibe desalojos a quienes se autoperciban comunidades “originarias” o “de la agricultura familiar”. Traducido: cualquiera se podrá quedar con tu propiedad. Por suerte el domingo hay elecciones…
— Luciano Laspina (@LaspinaL) November 12, 2021
“La ley viene siendo prorrogada desde su sanción en 2006. Es hora que se normalice la situación y se deje atrás la ‘emergencia’. Es un pésimo antecedente para la crisis que se está viviendo hoy en el sur de nuestro país con las usurpaciones y ataques a la propiedad privada”, apuntó Laspina.
“Cómo está siendo prorrogada, sin aclarar las fecha de corte, se interpreta en la práctica como una extensión de la suspensión de desalojos para las usurpaciones que ocurrieron entre prórrogas. Al menos debería aclararse que la prórroga únicamente rige para los juicios de desalojos anteriores a la sanción de la ley en 2006”, añadió.
El 28 de octubre pasado, mientras se agudizaba el conflicto en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut por sucesivos sabotajes propiciados por miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el Senado dio media sanción al proyecto que busca prorrogar la Ley 26.160 para luego girar la iniciativa a la Cámara de Diputados.
La cuestión es que la iniciativa recibió 43 votos afirmativos, de los cuales seis provinieron de senadores del bloque de Juntos por el Cambio: Julio Cobos, Carmes Crexell, Mario Fiad, Gladys González, Juan Carlos Marino y Víctor Zimmermann
Además, cuatro senadores de Juntos por el Cambio se abstuvieron de votar (Laura Rodríguez Machado, Juan Carlos Romero, Pamela Verasay y María Vucasovich), mientras que otros doce estuvieron ausentes (Eduardo Costa, Alfredo de Angeli, Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Martín Lousteau, Stella Olalla, Luis Petcoff Naidenoff, Claudio Poggi, Guadalupe Tagliaferri, María Belén Tapia, María Clara del Valle Vega y Alberto Weretilneck), con lo cual el bloque opositor facilitó claramente la aprobación de la extensión de la Ley 26.160.
Acta 2 – Sesión 28-10-1La entrada Advierten que la semana que viene se intentará prorrogar por cuarta vez una ley que facilita las usurpaciones de campos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Los hermanos Galván resisten la usurpación del campo que compró su padre hace 40 años en Añelo: Acusan a “supuestos mapuches que está comprobado no lo son” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Tal como está planteada la situación legal, quien se autopercibe como integrante de un pueblo originario queda amparado por una normativa que prevé la realización de un censo inconcluso desde 2006, mientras que quienes sufren la invasión de su propiedad quedan con la sensación de vulnerabilidad, desamparo, inseguridad y abandono de parte de los poderes del Estado provincial y nacional. Pero sobre todo de la justicia.
Eso es lo que asegura estar viviendo la familia Galván en la localidad neuquina de Añelo, que está ubicada a pocos kilómetros de los yacimientos petroleros de Vaca Muerta. Es apenas un ejemplo entre varios casos que llevaron a que el domingo se organizaran dos manifestaciones de productores que temen por más usurpaciones. Las marchas se realizaron en Bariloche (Río Negro) y Añelo (Neuquén).
En diálogo con Bichos de Campo, Carolina Galván -junto a su hermano Fernando- contó que su padre compró el campo que ahora está en litigio en 1977, incluso antes de que hubiera una ruta de asfalto que llegara a esa zona. El vendedor, hace 40 años, fue un particular que tenían los papeles en regla, pues no se trataba de tierras fiscales.
En 2017, sin embargo, sufrieron una primera usurpación de “estos supuestos mapuches que está comprobado que no lo son”, describió Carolina.
En aquel momento, y tras impugnar la presentación de la personería jurídica de esta agrupación, negociaron con los usurpadores y llegaron a un acuerdo: los Galván renunciaron a avanzar con el juicio penal a cambio de que se desalojara la parte invadida del campo. Pero no fue gratis el episodio: al padre de Carolina eso le costó un accidente cerebrovascular.
“Ahora vuelven a usurparnos desconociendo aquel acuerdo que firmaron ante un fiscal y en el que reconocen la propiedad privada a cambio de que nosotros frenemos el juicio penal”, relató.
Escuchá la entrevista a Carolina Galván:
Esta familia de productores tiene un campo de 1.000 hectáreas, en gran parte destinado a la producción frutícola, y estaban arrancando con los trabajos en el suelo para sembrar avena en un lote de 20 hectáreas cuando se encontraron con los ocupantes que ahora controlan 100 hectáreas de su establecimiento.
“Yo no puedo ingresar a mi campo a pesar de que hay una orden de desalojo. Nos dicen que hay un trabajo de investigación para ver el momento apropiado del desalojo. Pero claramente no hay intención de desalojarlos. El gobierno de Neuquén tiene un discurso grave, hablan de paz social con los conflictos mapuches, pero no puede haber paz social con alguien que delinque. Eso había décadas atrás, antes de esta ley que habilitó a cualquier delincuente a hacerse pasar por originarios”, sostuvo Galván.
Con respecto al accionar de los funcionarios, la productora explicó: “Los tres poderes se pasan la pelota; el fiscal me dice que vaya a los medios para meterle presión a la ministra de Seguridad y ésta me habla de paz social ante un delito, mientras que la Policía no se anima a entrar al campo. El ministro de Tierras también me dice que hable con los medios y el de Producción que espere las elecciones”, describió la situación.
La productora dijo que está a favor de que haya una ley que cuide a los pueblos originarios, pero “esta ley está hecha de tal modo que da lugar a que cualquiera se considere originario y arme una comunidad. Por la forma en que se está aplicada, sin controles, sin documentación, yo entro a tu casa y digo que soy originaria y eso es suficiente para que a mí no me desalojen”, explicó.
Galván maneja dos hipótesis respecto de lo que está sucediendo. “A nivel local estas agrupaciones, que en algunos casos logran tener la personería sin ser pueblos originarios, extorsionan a las petroleras y cobran regalías que no son ganadas en buena fe, porque si no les paran los pozos”, aseguró.
Y agregó que “a nivel nacional hay algo mayor que no logramos dimensionar. Creemos que esto es una forma de tener dominio sobre la tierra, pues las usurpaciones nunca se hacen en lugares que no valen nada, hay un interés mayor. Vemos que es el mismo discurso, el mismo modo de operar, hay alguien que digita esto”, alertó.
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]]>La entrada Héctor Hernández Vieyra fundó el Foro de Seguridad Rural porque no tiene dudas: Con el disfraz de lo “originario”, hay organizaciones que quieren apropiarse de parte del territorio argentino se publicó primero en Bichos de Campo.
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Para eso, junto a un grupo de referentes en derecho y seguridad, integra el recientemente creado “Foro de Seguridad Rural Argentino” con el propósito de crear una red de colaboración orientada a concientizar que detrás de diferentes hechos supuestamente aislados existe una estrategia integral.
“Estas pretensiones pseudo mapuches en las provincias del sur de nuestro país, pero también en el norte, se enmarcan dentro de una maniobra estratégica regional que afecta sustancialmente el patrimonio geográfico argentino y los intereses nacionales”, indicó a Bichos de Campo Hernández Vieyra, quien es abogado y productor agropecuario de Las Heras (Buenos Aires). Estuvo a cargo del Comité de Seguridad Rural de la Sociedad Rural Argentina y fue uno de los impulsores de la creación de diferentes patrullas rurales en la provincia de Buenos Aires.
-¿Quiénes están detrás de las acciones de estos grupos denominados originarios?
-Tenemos que cuestionar el término “originario” porque es una idea dialéctica impuesta a conciencia por los centros de poder para fomentar el enfrentamiento de quienes no deberían ser enemigos. Si originario es el que estaba antes, siempre hubo alguien atrás en la historia y nadie puede asegurar descender de los primeros; tampoco se dice cuánto hace falta haber estado en un territorio para ser considerado originario y si los antepasados de los que se consideran originarios no ejercieron la violencia para ocupar un territorio. La idea de lo originario fue acuñada por una especie de racismo anti-blanco, el único racismo bien visto y permitido. La idea de que debemos renunciar a nuestra herencia cultural europea y asumir la identidad amerindia para considerarnos verdaderos americanos es interesadamente rupturista e implica una agresión a nuestra identidad criolla que es inaceptable, además de ser una concepción racista en nombre del anti-racismo; una verdadera incongruencia.
Detrás de estos grupos hay poderes fácticos, mafias, proto-movimientos sociales, narcotraficantes, organizaciones guerrilleras y terroristas internacionales, como las FARC, que son aliados estratégicos de algunos de estos grupos armados identificados con corrientes indigenistas, como puede ser el caso de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la Alianza Territorial Mapuche, la Weichan Auka Mapu en Chile y la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), entre otras, en la Argentina.
-¿Serían entonces varios los intereses y grupos interesados en financiar y promover a esas organizaciones con diferentes propósitos?
-Por supuesto, con el propósito de usurpar e ir copando sectores del territorio, que en el caso del sur del país son de tipo estratégico. La militarización reciente en Chile, en las regiones del Bio Bio y la Araucania, podría producir un “efecto derrame” en las provincias de Neuquén y Río Negro, porque estas organizaciones pueden llegar a correrse hacia el territorio argentino y en ese caso vamos a estar en un encerrona grande. Existe una indolencia o una complicidad de las autoridades nacionales, que fomentan el desarrollo de esta insurgencia, porque están llevando a cabo acciones en pos de la concreción de lo que denominan la Wall Mapu (Nación Mapuche), que afecta vastos territorios que abarcan desde el país trasandino hasta toda la pampa húmeda. Esto atenta contra la identidad nacional y contra la integridad territorial. Y estos vándalos dejan numerosas víctimas, porque usurpan propiedades, las destruyen, siembran el terror y, al sembrar el terror, son terroristas y no se les está aplicando la ley que corresponde, por lo que hay reticencia para que actúen las fuerzas federales, que son las que tienen competencia en ese tipo de delitos.
-¿Qué debería hacer el Estado frente a una situación como esa?
-Desocupar las zonas afectadas. Hay lugares que son de particulares y otros del propio Estado, como puede ser el caso de los parques nacionales. Por algo el gobierno chileno ha mandado al ejército para apoyar a los carabineros y militarizar las regiones afectadas por estas organizaciones. Allá los van a correr. ¿Y a dónde se van a refugiar? Evidentemente donde tienen garantías absolutas.
-¿Por qué cree que existe un garantismo en la Argentina al respecto?
-Es un tema ideológico. ¿Por qué no hay una respuesta inmediata? ¿Por qué no hemos enviado a la Gendarmería con todo el apoyo necesario? ¿Qué estamos esperando? La propia gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, solicitó ayuda al gobierno nacional a los gritos y le contestan que no corresponde cuando están ocupando rutas nacionales. Tenemos la región de “Vaca Muerta” cerca, que es estratégica. Esto preocupa además porque esta ocupación puede llegar a tener una proyección hacia la Antártida, que tenemos que resguardar. Los poderes detrás de estos movimientos quizás están manejando otros escenarios con proyecciones que van más allá de lo nacional.
Estos supuestos mapuches tienen su sede central en el Reino Unido (en referencia a la ONG Mapuche International Link) y los intereses británicos sobre la Antártida son elocuentes; si tenemos a los británicos en las Malvinas y también apoyando grupos insurgentes en Chile, estamos rodeados por ambos lados. Y todo apuntando bien al sur, a la Antártida. Más allá de ser una cuestión de las provincia del sur o del norte del país, miremos con proyección estratégica hacia dónde apuntan estas acciones.
Reynaldo Mariqueo (@Marhikewun) from Mapuche International Link, and @pcayuqueo, author of Historia Secreta Mapuche, talk about the important legacy of the Kingdom of Araucania and Patagonia in this @guardian article by @matyoukee today. #Mapuche #WallMapuhttps://t.co/ul7R6uOXwE pic.twitter.com/udnQCqCDnr
— M.I.L (@MapuLink) March 21, 2018
-Participó recientemente en el evento realizado en Tucumán para denunciar las usurpaciones que están teniendo lugar en el norte argentino.
-Sí. Allí se tocó el tema vinculado a la famosa Ley 26.160 (de relevamiento de comunidades indígenas), que fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, pero fue prorrogada en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2017, y que se está por prorrogar por cuatro años más. Es una ley muy peligrosa, porque es una ley de emergencia, lo que representa una barbaridad, porque no puede haber una emergencia que se extienda por dos décadas. Y cada vez que se prorroga, se van incorporando más pueblos pseudo originarios, porque la forma de acreditar que son originarios es cumplir un par de requisitos muy sencillos sin que eso implique una investigación.
Además, lo peligroso de esa ley es que se apoyó para la definición de pueblo originario en una resolución de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que originalmente era la 107 y ahora es la 169, que la modifica en un tema que es central: la 107 hacía referencia a poblaciones indígenas y la 169 habla de pueblos indígenas y el concepto de pueblo tiene una connotación geopolítica, porque un pueblo puede tener capacidad de autodeterminación. Eso es peligrosísimo, porque pueden llegar a buscar una secesión.
-¿Eso implica que las usurpaciones, que son observadas como casos particulares, con el tiempo se pueden llegar a transformar en un reclamo generalizado sobre una porción del territorio?
-Los casos que se registran en el norte del país, si bien son individuales, todos tienen un común denominador. Gente que era empleada en un establecimiento, contratista o arrendatario y un día le dijeron al dueño legítimo que ellos eran propietarios del lugar porque ellos son originarios del mismo. Y estas cosas aparecen porque la ley se sigue prorrogando y aparentemente contaría con el apoyo de la oposición para ser aplicada por cuatro años más. La ley es inconstitucional porque no puede haber una ley de emergencia por dos décadas; si se prorroga dejó de ser de emergencia.
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]]>La entrada No solo mapuches: Cinco rostros y cinco historias que denuncian que el problema de las usurpaciones de campos también es grave en el norte del país se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Caras. Rostros. Personas con nombre y apellido, que denuncian a otras personas con nombre y apellido de robarles los campos. Todas ellas fueron convocadas por la ONG Prodeco Consenso Tucumán para contar sus historias y reclamar por lo que consideran son actos de injusticia.
El primer caso fue el de Martín Baldoni y su esposa Elizabeth, quienes decidieron emigrar de Buenos Aires a Jujuy y en 2005 compraron una finca en la localidad de Tilquiza, en plena zona de las Yungas, con la intención de montar allí un establecimiento de turismo rural y de conservación. Fundaron la Reserva Natural Aldea Luna, que tiene más de 20 kilómetros de senderos bien señalizados.
“En el momento en que que compramos no había dentro de la finca ninguna comunidad aborigen, ni tampoco cerca. Solo había pastajeros arrendatarios que si vos les decías que eran aborígenes se ofendían”, rememoró Baldoni, que en 2009 comenzó a tener problemas con un grupo de esos pastajeros (con los que dio por concluidos los contratos de arrendamiento), que se unió para conformar una comunidad indígena y reclamar la posesión de esas tierras.
“Nos envenenan los perros, nos rompen las señalizaciones. Es un desgaste infinito”, recalca el propietario rural, que denunció con todas las letras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación otorgó la personería jurídica a esa supuesta comunidad indígena a partir de un acta fraguada. “Esta gente no vive en la finca nuestra. El 100% vive en San Salvador de Jujuy e incluso son propietarios allí de sus casas. Se está hablando de una comunidad aborigen donde los miembros no habitan la tierra que reclaman”.
Luego siguió el caso de Dora Pérez, integrante de PRODECO y tucumana. Ella y su familia tenían una propiedad de 780 hectáreas en El Nogalito. “Tenemos títulos desde 1905 y pagamos todos los impuestos”, aclaró para despejar todo tipo de dudas.
En su caso, Dorita relató que convive con una presunta comunidad indígena que le usurpó parte del terreno. Y hasta denunció haber sido golpeada por un grupo de 25 personas que responden a un “falso cacique” que sería un puntero político del lugar. “Él manda a la gente pero nunca aparece. Pero a mi me mataron los animales, los caballos. No puedo tener nada porque todo me lo rompen y me lo roban”, se lamentó.
Pérez agregó que cuando hace laguna denuncia por estos hechos no recibe ninguna respuesta de parte de la justicia. Y que, en cambio, cuando ella es denunciada por presuntas amenazas contra los ocupantes del predio, es su casa la que recibe allanamientos judiciales en busca de “supuestas armas de fuego que por supuesto nunca encuentran”.
Dorita consideró que es obvia la complicidad de la política con esta situación. Y como prueba expuso que hace dos meses la supuesta comunidad indígena que la atacó recibió ayuda económica de parte de Beatriz Ávila, actual diputada nacional de Tucumán por el Partido de la Justicia Social.
“Hasta el momento la justicia no me da respuesta y me dicen que no pueden accionar porque los usurpadores tienen gente política que los defiende. La causa ya esta elevada a juicio, pero lo que falta es que decidan la fecha y la sala”, explica la propietaria rural.
Luego siguió el turno de Edgardo Nievas, un ingeniero que -según su relato- “se enamoró de los valles Calchaquíes” y decidió comprar una pequeña finca de solo 3 hectáreas en la localidad de Payogasta, cerca de Cachi, en Salta. “Se la compré al primo de un senador por el departamento La Poma, con escritura y toda la documentación”, relató.
“A los tres meses llegaron, un día sábado, este senador junto al juez de paz de Payogasta, se me metieron, no los pude frenar ni mostrando la escritura. Me dijo: ‘Yo tengo un papel que es más fuerte que ese'”. Incluso contó Edgardo que lo denunciaron a él por intruso y que el juez, en ese contexto, los obligó a convivir “en paz y armonía” dentro de la pequeña propiedad.
Dijo Nievas: “Mi vida ha sido un calvario. La historia duró cinco años y medio. Yo vivía en un sucucho y me obligaron a convivir con 20/25 personas pagadas por el senador. Por suerte nunca me atacaron, a pesar de que yo los provocaba a que vinieran de uno por uno”.
El ingeniero no dudó en denunciar con nombre y apellido al senador Telmo Salva y lamentó que en las elecciones éste sea candidato suplente de otro histórico político del lugar llamado Walter Wayar, que incluso llegó a ser vicegobernador de Salta.
Uno de los testimonios más fuertes fue el de la santiagueña Marisa Figueroa, que relató la usurpación del pequeño campo de 10 hectáreas de su familia en el Departamento de Robles. “Venimos de antepasados zafreros, de trabajadores de los obrajes. La tierra que estoy defendiendo es la primera tierra que se pudo comprar mi familia”, contextualizó.
Pero además Marisa denunció que en Santiago del Estero “la usurpación se está sistematizando y hay una serie de complicidades que así lo permiten. Es una zona liberada para la usurpación, que nace del mismo Estado. No hay usurpación que no esté en vinculación directa con el poder santiagueño”.
En su caso, dijo que el campo familiar le fue usurpado en simultanea por un comisionado municipal y un escribano que tiene vínculos directos con el poder político local. “Este escribano se viene apoderando de toda la zona de riesgo del Departamento Robles con diferentes estrategias. Yo tengo impuestos al día y escritura, y le puedo hacer frente. Pero hoy son muchísimos los campesinos que pueden perder la tierra a manos de este escribano, que recurre a los mecanismos más fraudulentos para apoderarse de la tierra”, explicó.
En enero de 2019, según este relato, su predio del Paraje Janta fue intrusado directamente con una topadora, y “en simultáneo ponen una vivienda social para punteros políticos, financiada por la provincia”. Desde entonces está resistiendo esa ocupación como puede, pero desde afuera de su propiedad.
Figueroa, que forma parte de una asamblea de mujeres que sufren las mismas situaciones, dijo que una parte de estas usurpaciones -sobre todo en el sur provincial- son cometidas por el Mocase-Vía Campesina (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), que “surge en los 80 con un objetivo muy noble que es la reivindicación de los derechos campesinos”, pero luego se transforma en un actor político.
“Lo que sucede no tiene ninguna vinculación con la causa indígena. Lo que sucede es simplemente que existe una organización que está conducida por una dirigencia canalla que está emprendiendo un proyecto político y construyendo poder de la manera más vil. El Mocase hoy es la fuerza de choque del gobierno provincial y está financiado por el INAI, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura de la Nación”, disparó Figueroa sin mostrar temor. Hizo referencia así a que dos importantes dirigentes de ese movimiento, Adolfo Arias y Deolinda Carrizo (quien es directora de género e igualdad en la Subsecretaría de Agricultura Familiar), protagonizan directamente este tipo de tomas.
Finalmente fue el turno de Raúl Ovejero, integrante de la familia Yampa, que se asentaba desde hace más de un siglo sobre 6.600 hectáreas de la Estancia El Solco, en el sur de Tucumán. “En el año 2000 nos visitó un sacerdote, a mi abuela y a nosotros, y ahí comenzó nuestro calvario”, relató el hombre, incorporando un nuevo elemento a esta saga de historias: además de la complicidad de políticos y la inacción de políticas, hay casos donde también intervienen miembros de la Iglesia Católica.
Ovejero recordó que el cura intentó convencerlos de que se organizaran con los vecinos formalmente como una comunidad indígena. Recordó que en aquel momento el sacerdote estaba acompañado por “un monaguillo” llamado Rolando Fregenal, que con el correr de los años se convertiría en el cacique de la comunidad Solco-Yampa, y a quien acusa de irse apoderando de unas 40.000 hectáreas en toda esa región.
“Primero pensábamos que era como un centro vecinal. Nos decían que el gobierno nos iba a expropiar para hacer el Parque Nacional Los Alisos, que es vecino, y les creíamos. Somos pequeños productores de ganado en zona de montaña”, se excusó Ovejero.
En principio, según su memoria, en 2005 el INAI les dijo que no reunían las condiciones para ser considerados formalmente una comunidad con derecho a reclamar esas tierras. “Pero empezaron a truchar todos los datos, armar el estatuto. Solco-Yampa es totoalmente falsa. Nosotros somos la familia a la que han utilizado para formar esta comunidad. Pero de ser los poseedores de la estancia El Solco pasamos a ser usurpadores. Ahora es el cacique el dueño, tiene personería jurídica. Y todo gracias a un relevamiento territorial falso”.
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]]>La entrada En medio de las tensiones en la Patagonia, el Senado dio media sanción a la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El proyecto, que propone extender hasta el 2025 la vigencia de la ley y otorgar una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma, fue presentado por la senadora salteña del Frente de Todos, Nora del Valle Giménez, quien consideró que se trata de un tema de “derechos humanos muy básicos como el derecho a la tierra, al agua, a la alimentación, a la salud y a la educación”.
Giménez afirmó que es importante completar los relevamientos técnicos y consideró que la próxima discusión será “el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar en base a estos relevamientos la entrega definitiva de la tierra”.
Las tensiones en la reunión llegaron de la mano de las intervenciones de senadores del interbloque de Juntos por el Cambio, que pidieron varias modificaciones como el establecimiento de una fecha límite para la realización de los censos de las comunidades.
“No puedo continuar con prórrogas que se demoran desde 2006. Esta ley no puede excluir la realidad que se está viviendo al sur del país con la actuación de la RAM y la posibilidad de brindarle excusas para que prosigan con su acción terrorista. Si el país pudiera dividirse y excluir de la norma a Río Negro, Chubut y Neuquén tal vez la votaría. Pero esto no es posible. Y, frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un verdadera suicidio institucional para nuestro país”, dijo Ernesto Martínez, senador del PRO por Córdoba.
En el mismo sentido, la cordobesa Laura Rodríguez Machado manifestó: “Los argentinos están sufriendo un ultraje de bienes en el sur de la Patagonia debido a una falsa y mala aplicación, que nació con un buen sentido que es proteger derechos ancestrales. Pero hace dos años que esta norma se convirtió en un escudo de protección para cometer ultrajes y que la Justicia no pueda actuar”.
Desde el oficialismo, el chubutense Juan Mario Pais explicó que “no se puede poner una fecha límite porque desde la Constitución Nacional se los protege como un derecho ancestral preexistente y, por más que uno le ponga un límite para manifestarse como población originaria, cuando estos lo hagan están en su derecho siempre para serlo”.
Por su parte Alfredo Luenzo, también desde Chubut, señaló que “bajo ningún punto de vista esta prórroga implica dar consentimiento a grupos minúsculos que no representan a las comunidades aborígenes” y que “la respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables”.
Finalmente el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, defendió a la ley al indicar que con ella “ya tenemos reconocidos 32 pueblos indígenas, divididos en 1600 comunidades, y hubo un reconocimiento de casi seis millones de hectáreas”.
El encuentro -del que llamativamente no participaron los senadores Silvina García Larrabru (FDT) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que venían sufriendo presiones en su provincia a raíz de este conflicto- culminó con la aceptación por parte del oficialismo de algunos cambios propuestos por la oposición, como la exigencia de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presente anualmente un informe en el Congreso sobre el avance del relevamiento.
El proyecto fue girado a Diputados y aguarda por su tratamiento.
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]]>La entrada Se agudiza el conflicto con los “mapuches” y los productores se sienten abandonados: “Es un escenario difícil si el gobierno apoya estas cosas”, dijo Leonardo Jones de la Rural de Esquel se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Esta es una situación que, si bien ahora ha tomado vuelo mediático, arrancó en 2014. En un principio nadie sabía a qué atribuirlo. Eran actos de sabotaje: prender fuego un camión en la noche, incendiar un puesto en alguna estancia y dejar consignas anónimas de reivindicación de la lucha ‘mapuche’. Hoy sabemos que es lo mismo que pasa en Chile, en Neuquén y en Río Negro. Es un mismo movimiento con actores en ambos lados de la cordillera”, dijo a Bichos de Campo Leonardo Jones, presidente de la Rural de Esquel en Chubut.
Las acciones de estos grupos identificados como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) han sido de lo más variadas. Algunas implicaron cortes de ruta y rotura de alambrados, mientras que otras fueron más violentas, como la quema de maquinaria y vehículos.
Días atrás en El Bolsón, provincia de Río Negro, estos grupos atacaron e incendiaron el edificio del Club Andino Piltriquitrón, y dejaron un mensaje intimidatorio contra propietarios de terrenos presentes en la zona y autoridades institucionales: “Benetton, Lewis, Arabela, Pogliano. El agua y la tierra no se venden, se defienden”. Eso prendió alarmas en la provincia, ya que supuso una amenaza directa a la gobernadora Arabela Carreras y al intendente de esa localidad, Bruno Pogliano.
“Mi más enérgico repudio contra el ataque incendiario al Club Andino Piltriquitrón de #ElBolsón. No vamos a avalar ningún tipo de violencia en Río Negro, que ponga en peligro la vida de las personas y destruya las instituciones. Denunciaremos el hecho en la Justicia Federal Penal, en el marco de la acción ya presentada por el delito de terrorismo”, escribió Carreras en sus redes sociales.
“Las proclamas de fondo de quienes avalan los actos de violencia es que ellos desconocen al Estado Argentino y al Estado Chileno, y van en búsqueda de la conformación de una Nación Mapuche, en una región que ocupa las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, parte del sur de Buenos Aires y más o menos lo mismo del otro lado en Chile”, señaló Jones.
Las críticas al gobierno nacional recrudecieron luego de que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, se presentara en la audiencia que se realizó en Chile, en la cual Facundo Jones Huala, líder de la RAM y detenido desde 2018 por incendiar una vivienda en la localidad chilena de Pisu Pisué, pidió por su libertad condicional.
Los trascendidos indicaron que Bielsa había pedido por la extradición de Huala a la Argentina; sin embargo, desde la Embajada afirmaron que eso no fue así y que el gobierno chileno pidió la participación del funcionario por haber un ciudadano argentino involucrado. Mientras tanto, el gobierno de Río Negro pidió la colaboración de las fuerzas de seguridad federales, pedido que fue denegado por la Nación.
Frente a diversas impropiedades que se están difundiendo por algunos medios de comunicación y redes sociales, relacionadas con la asistencia consular al ciudadano argentino Facundo Jones Huala, se abre hilo: (1/11)
— Argentina en Chile (@EmbArgEnChile) October 21, 2021
“Hay algo que venimos planteando desde hace mucho tiempo: los gobiernos le escapan a este tema porque es uno que no le lleva votos a nadie, es un tema incómodo y la Justicia, los Estados provinciales y el Estado nacional lo han dejado crecer”, sostuvo el presidente de la Rural de Esquel.
“El escenario es muy difícil para nosotros como productores si el gobierno promueve y apoya este tipo de cosas. Lo que estamos pidiendo es que los gobiernos provinciales, tal cual lo ha hecho la gobernadora Carreras, se pongan del lado de las víctimas y le exijan al gobierno nacional que cambie su actitud”, añadió.
“Como colegas nosotros apoyamos a los productores afectados en todo lo que podemos; cada caso es distinto, pero no está previsto desde el Estado ningún tipo de acompañamiento”, dijo el dirigente rural con resignación.
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]]>La entrada Durísimo reclamo de CRA frente a las usurpaciones y a los “atentados” en los conflictos mapuches de la Patagonia se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Con estas frases, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió este jueves un comunicado en el que pide a los diferentes niveles del Estado que actúen frente a este escenario de creciente tensión social en las provincias sureñas, donde se harían incrementado en estos meses electorales los sucesos de tomas de tierras.
Para CRA, que es la organización agropecuaria de mayor representatividad territorial, es clara a esta altura la complicidad del gobierno nacional con las comunidades mapuches involucradas en estos conflictos.
“El Gobierno nacional, ausente de su rol institucional, ha prestado, por acción u omisión, apoyo logístico, económico e ideológico, estableciendo en algunos casos mesas de diálogo que solo logran estirar hasta el infinito las usurpaciones, consolidando la ejecución de hecho de intrusiones en los campos, dilatando su resolución y eludiendo la definición categórica, de donde está el derecho y que limites son infranqueables frente a la propiedad privada”, determinó el comunicado de los ruralistas.
En otro tramo del escrito, CRA recordó que “primero ha sido la Justicia (salvo pocas excepciones) la que no ha dado respuestas adecuadas, rápidas y certeras, permitiendo con su pasividad que los casos puestos a su arbitrio, resulten morosamente tratados, sin respuestas agiles y prolongando, cuando no aumentando, la conflictividad”.
“Tampoco la política ha puesto su atención sobre el tema y solo se observan tímidas manifestaciones de algunos políticos, que dudan entre el estricto cumplimiento de la ley con las especulaciones electorales”, se quejaron los productores.
la organización -que agrupa a unas 300 sociedades rurales de base en todo el país- consideró que uno de los orígenes de esta alta conflictividad hay que buscarla en la ley 26.160, que en 2006 declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias”.
Según esta mirada, esa ley “ha contribuido a crear una atmósfera de consolidación de usurpaciones, al disponer la suspensión de los desalojos, durante su vigencia. Esto en la práctica significa que a nuevas usurpaciones se las protege, con la prohibición de desalojos que la aludida norma dispone”, se explicó.
“La Ley 26.160 estableció la realización de los censos provinciales respectivos, para determinar aquellas tierras ocupadas en forma, tradicional, actual y pública. Sin embargo, la demora en la ejecución de los censos, hace que reiterativamente se prolongue su vigencia, sin incorporarle las modificaciones que la propia experiencia indica como necesarias”, amplió CRA en su comunicado.
Según los ruralistas, “la Patagonia y el país en su conjunto reclama del Gobierno Nacional una posición clara, fundada en derecho y en respeto a las normas constitucionales, sobre los auténticos reclamos de las comunidades originarias y rechazando en forma inclaudicable, la violencia, el delito, la fuerza bruta, el daño, los incendios, el amedrentamiento, como forma de reclamo de quienes se sienten con derechos”.
“Los organismos del Estado Nacional deben ser los custodios de la paz social y no los artífices o acompañantes por omisión de hechos vandálicos. Reclamamos al Gobierno, que no abandone a sus ciudadanos patagónicos y ponga orden, justicia y paz, permitiendo recuperar la vida normal de toda la región”, cerró el escrito.
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]]>La entrada Neuquén: Los productores cierran filas ante una nueva ocupación de un campo por parte de los mapuches se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El Diario Río Negro informó en las últimas horas que una comunidad mapuche llamada Fvta Xayen (Paraje Tratayen) tomó posesión de tierras de la zona de Vaca Muerta porque aseguran que les pertenecen. Se trata de un área que se denomina “Los Algarrobos”, que está ubicada a 18 kilómetros de Añelo.
“La toma de tierras es un delito y la Justicia debe intervenir firmemente para garantizar el cumplimiento de la Ley. Convalidar desde la política con un silencio los convierte en cómplices de la ilegalidad y desprecio a los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional”, definió la Federación de Productores de frutas, que reclamó una decidida intervención oficial.
“En este caso se trata de un lote privado, que cuenta con título de propiedad desde 1976, hoy se encuentra inscripta la sucesión. Por los lotes afectados atraviesan gasoductos, por lo que la familia Galván ha cobrado la servidumbre correspondiente, sin oposición de ningún tipo, hasta este momento”, afirmó el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara.
Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores, confirmó a Bichos de Campo que las tierras que ahora son reclamadas por la comunidad mapuche pertenecen a una histórica familia de productores de apellido Galván, que tiene los títulos de propiedad desde los años 70. “Esta gente viene como siempre a hablar de las tierras ancestrales y pone esa condición para aprovecharse de las cosas. El Estado y la justicia muchas veces apañan esto y no actúan como deben actuar.”, se lamentó.
Los mapuches acusan al productor Galván, de haber logrado “a través de una relación fraudulenta con los poderes del momento” acreditar su propiedad hasta la orilla del río Neuquén. Desde esa perspectiva, esos títulos incluyeron una serie de islas que se utilizaban para la crianza de ganado por parte de la comunidad.
Informa el Río Negro que “los mapuches denuncian que el privado ingresó por la fuerza a las tierras, usando máquinas que avanzaron sobre sitios de parición, pastoreo y importancia cultural. Señalaron que el lugar es considerado ‘eltuwe’, o sea, cementerio de los antepasados. También resaltaron que en el área se encuentran los pilares, que son restos arqueológicos que fueron resguardados por los mayores de la comunidad”.
Para los productores más formalizados de la región, en cambio, no hay mucho por debatir. “Desde la Federación brindamos nuestro acompañamiento a la Familia productora damnificada y nos manifestamos en alerta ya que estas usurpaciones ponen en vilo a las actividades productivas dejando vulnerable a quienes apostamos y trabajamos en la producción”, se indicó en un comunicado.
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]]>La entrada Hay otros mapuches que viven pacíficamente en las tierras de Villa Mascardi y que denuncian amenazas y quemas de los violentos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Para entender el conflicto hay que retroceder un siglo. En 1894 la comunidad Wiritray llegó a tierras que hoy se incluyen dentro del territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi, y para 1902 ya contaban con documentación que las catalogaba como ancestrales. En el año 2000, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) los reconoció como comunidad y tramitaron la personería jurídica. Desde entonces trabajan para obtener el título comunitario de las tierras.
La Lof Wiritray está compuesta con 40 familias que se sustentan gracias a un emprendimiento de turismo rural comunitario. Si bien sus ancestros eran agricultores y ganaderos, las autoridades de parques nacionales prohibieron esas actividades para preservar el lugar. El relevamiento territorial dispuesto por la ley 26160 les permitió definir su extensión espacial, y en los casos en que chocaron con títulos de tierras de privados, respetaron esas propiedades.
Los incidentes comenzaron en 2017 cuando varias familias, de la Lof Lafken Winkul Mapu, ocuparon la veranada de los adultos de la comunidad Wiritray, y reclamaron esas tierras como suyas. “Nadie dice que una comunidad violó el derecho de otra comunidad que estaba organizada y tenia documentación. De buenas a primeras nos encontramos con que había un grupo ahí arriba“, dijo a Bichos de Campo Clarisa Montenegro. “No pidieron ni el consentimiento libre previo e informado, del que tanto hablan los pueblos originarios, ni vinieron a la consulta. “
El punto de inflexión llegó con la muerte de Rafael Nahuel y los habitantes de esa localidad observaron la radicalización del conflicto. “Nosotros separamos perfectamente lo que es la muerte de alguien joven, que estaba en el lugar y lo matan las fuerzas nacionales, del reclamo territorial que tenemos desde el espacio que nos corresponde”, afirmó Montenegro.
La comunidad Wiritray tiene muy presentes los preceptos del pueblo mapuche por los cuales uno puede afirmar que una tierra es suya. Se debe tener un Tuwun, o lugar de origen en donde se entabla una relación con el territorio, y un Kupalme, que es el conocimiento del espacio territorial. Para la vocera, la Winkul Mapu no lo tiene porque nunca vivieron ahí.
Si bien desde el gobierno se incita a entablar el diálogo, ni los habitantes de la zona ni la comunidad Wiritray piensan hacerlo. “Cómo vas a entablar diálogo con alguien que te amenaza, que te quema. A nosotros nos dijeron: vamos a matar uno a uno, los vamos a abrir y comer el corazón”, contó angustiada la vocera.
Diego Frutos, vecino de la zona y propietario de una de las casas quemadas por quienes dirigen la ocupación, adhiere a la posición de no diálogo luego de los actos vandálicos sufridos. “Ellos los amedrentan, les tiran piedras de noche, y como la Wiritray es una comunidad con bastante gente mayor deciden quedarse calmos”, explicó a Bichos de Campo y agregó que la Winkul Mapu argumenta la ocupación por la visión de una machi (chamán).
A pesar de tener el viento de frente, Clarisa sigue levantando la bandera del trabajo de la comunidad. De noviembre a abril realizan turismo rural comunitario y concientizan sobre su cultura, su lugar como mapuches y sus reclamos. Los conas -aquellos más jóvenes- se encargan de hacer guías a lugares como la Bahía Leones y el mirador de la Isla Corazón.
Hoy son parte de la Red de Turismo Comunitario a Nivel Nacional (RATUR) y en octubre del año pasado realizaron un encuentro para más de 200 comunidades de todo el país. “Recibimos gente de todo el mundo, no sólo nacional. Es un centro intercultural y pluricultural”, sostuvo.
Mientras tanto la comunidad aguarda el accionar de la justicia sobre un conflicto que pareciera que se agota en fundamentos.
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