“Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el estado debería dejar de cobrarlos”, explicó luego la SRA en un comunicado.

La explicación, más pulida, es que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que desde 2019 delegaba en el Presidente de la Nación la potestad de reglamentar los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, “convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año”, según evalúan en la SRA.

Para hacer valer la Constitución, apareció un proyecto del PRO y liberales que quiere desterrar la posibilidad de que el Ejecutivo pueda fijar las retenciones

Por eso, desde la localidad santafesina de Armstrong, lugar donde se llevó a cabo una asamblea de productores, Pino exhortó al presidente a dejar de cobrar un impuesto que ya no tendría sustento.

“Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, afirmó el dirigente.

Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser fijadas por ley del Congreso, salvo que éste delegue esa potestad en el Ejecutivo. “No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro”, aseveró Pino, que también dejó abierta la puerta a una serie de planteos judiciales por este tema.

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Esa etapa conciliadora duró exactamente seis meses, medio año, y tuvo un elevado costo para todos. Se inició el pasado 9 de julio, en ocasión de un masivo acto en San Nicolás que reunió a nada menos que unas 50 mil personas. Y concluyó este 8 de enero, con una nueva convocatoria que pudo atraer apenas a una mínima expresión de aquello. El cielo y el infierno en un semestre: en este segunda protesta la gente no alcanzaba ni para llenar la rotonda de acceso a la localidad de Armstrong, en Santa Fe. Con suerte y buen humor, se convocaron apenas unos 200 productores.

-Ché Matías, ¿cómo vas a titular tu nota?- me preguntó de entrada uno de los “autoconvocados” que participó tanto en la organización de aquel masivo acto del 9 de julio como en esta pobrísima convocatoria del 8 de enero.

-Este es un concierto de debilidades- le contesté improvisando. Pero con el transcurso de la reunión también fui advirtiendo que no sería un mal título, pues resumía bien la situación.

Los dirigentes nacionales del agro, débiles frente a sus bases tras el fracaso de la etapa negociadora que encararon con el gobierno (y que se potenció sobre todo a partir de la llegada al gobierno de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura), concurrieron a una asamblea donde se suponía que los productores los escarmentarían por haber creído que frente al kirchnerismo existían otras alternativas más que la lucha franca, cuerpo a cuerpo, como en 2008. Pero los productores que iban a retar a sus dirigentes finalmente fueron tan pocos que tampoco tuvieron autoridad suficiente como para hacerlo.

Entonces, unos y otros, quedaron de nuevo en pampa y la vía: desnudos, débiles, repletos de internas y reproches, sin poder visible de fuego, declamando una intensificación de la protesta agropecuaria que no parece por ahora tener cauce.

“Si lo que hemos hecho hasta ahora no dio resultados, vamos a corregir el rumbo e ir hacia lo que ustedes proponen”, dijo Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que soportó estoico junto a sus pares de Federación Agraria, Carlos Achetoni; y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, no solo los fuertes rayos de sol sino además muchos reproches de una veintena de productores -sobre todo de los grupos de autoconvocados- que se fueron pasando el micrófono para tener su minuto de caótica catarsis.

¿Por qué fueron tantos productores al acto de San Nicolás? “Hartazgo”, fue la palabra más escuchada

Pero el que peor lo pasó fue el representante de Coninagro, Lucas Magnano, un dirigente de una cooperativa agrícola de Santa Fe que cubrió con hidalguía la ausencia tanto del presidente de esa entidad, el mendocino Carlos Iannizzoto, como de su vicepresidente Elbio Laucirica, quien quedó aislado por un contacto estrecho de Covid.

Es que muchos productores llegaron a pedir la expulsión lisa y llama de Coninagro de la Mesa de Enlace, pues la consideran funcional a los intereses del gobierno y de sectores más concentrados de la cadena agrícola. Es otra postal de lo maltrecho que quedó el bloque agropecuario en solo seis meses, porque la confederación cooperativa decidió no seguir a las otras tres en la abrupta salida de la Mesa de Enlace del Consejo Agroindustria Argentino (CAA), el conglomerado de 64 entidades y cámaras del sector (ahora quedaron 61) que ha venido negociando con el gobierno en torno a una ley agroindustrial que mucho se promete pero todavía no prospera.

Todos necesitados: los unos y los otros: los dirigentes de la Mesa de Enlace necesitados de recuperar algo de confianza de sus dirigidos y los pocos productores que los enjuiciaban necesitados de señales concretas para creer que la etapa de diálogo había llegado a su fin y renacía aquella epopeya agropecuaria que como en 2008 sería capaz de hacer retroceder al kirchnerismo y de convocar a miles de personas, como había sucedido hace unos pocos meses, escasos seis, en el acto de San Nicolás.

En ese concierto de necesidades se escucharon entonces todo tipo de propuestas para reanudar la temporada de protestas agropecuarias. Algunas eran racionales, como la que hizo Nicolás Pino, el líder de la SRA, para reclamar al gobierno o a la justicia por la supuesta “inconstitucionalidad” de las retenciones vigentes, ya que el 31 de diciembre -y con la frustrada ley de Presupuesto 2021- se cayó la cesión hecha por el Congreso al Ejecutivo para fijar unilateralmente las alícuotas de ese tributo.

Otras fueron mucho más pasionales: desde un nuevo paro agropecuario que incluya la no venta de granos y ganado, hasta reanudar los piquetes y cortes de ruta, hasta no sembrar cultivos de invierno -como el trigo- a mediados de 2022 para que el gobierno sienta el impacto.

En todo caso lo que la Mesa de Enlace logró a pesar de los reproches es seguir al mando del conflicto y un poco más de tiempo para ordenarse en cuanto a fechas y modalidades. Fue Achetoni, de la FAA, el que propuso a los asistentes volver a hacer una asamblea en febrero, para allí si votar una suerte de ultimátum para el gobierno antes de iniciar las medidas de fuerza concretas. El lugar elegido está cargado de simbolismo: se propuso la localidad de Alcorta, donde en 1912 se produjo el histórico Grito, la primera rebelión de los chacareros.

-¿Irá gente ese día?- se preguntó uno con buen tino, en función de la escasa convocatoria lograda en Armstrong por los productores.

Varios se envalentonaron pensando en repetir un acto multitudinario como el del 9 de julio o todavía más grande. Evalúan que ahora que la Mesa de Enlace decidió volver a ponerse al frente de la protesta, más y más productores se irán sumando porque la situación no da para mucho más: en materia ganadera, sigue firme el cepo a la carne, y en materia agrícola persisten las retenciones y una fuerte presión fiscal, mientras que se limitan las exportaciones de trigo y maíz y la brecha cambiaria hace todavía más estragos en los márgenes de los productores, que venden sus granos al dólar oficial pero están pagando insumos al valor del dólar blue.

“Y si la sequía aprieta y comienza a provocar daños severos a los cultivos, ni te cuento. Los gringos van a empezar a aparecer de todos lados”, agregó un dirigente entusiasmado con el regreso a la protesta.

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La idea en ese momento, que coincidió más o menos con la llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, era consolidar el bloque gremial representativo de los productores primarios en ese territorio ampliado a los otros eslabones de las cadenas vinculadas al agro, para defender desde allí un proyecto de país agroexportador abierto al mundo. Pero con el correr de las semanas, y gracias a las hábiles artes de la política ejecutadas por Domínguez, quedó claro que eso iba a ser imposible, al menos por ahora.

A pesar de que sus dirigentes hicieron oportunamente mucho para sumar a toda la Mesa de Enlace a esa suerte de coordinadora agroindustrial, ahora son CRA y la SRA las que decidieron, sin esperar a sus pares de las otras entidades gremiales, abandonar el CAA.

¿Por qué razón? “Las pocas medidas tomadas en relación al CAA, han sostenido las diferencias y han significado un severo perjuicio a la producción primaria”, resumió CRA en un comunicado. “Entendemos que el funcionamiento adoptado en las últimas semanas no es el que aspiramos los productores” declaró Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, por su lado. Ambas entidades se mostraron descoordinadas y divididas incluso para hacer el mismo anuncio. Una salió a los apurones y la otra debió seguirla, cuando estaba acordada hacer un comunicado simultáneo el viernes por la mañana.

La confirmación de que las exportaciones de carne seguirán encorsetadas hasta fin del gobierno de Alberto y Cristina (cosa que no ha salido a criticar nadie del Consejo), más la chance muy posible de que desde el Ministerio de Agricultura se impulse un fideicomiso para que se subsidie a molinos harineros y avícolas con dinero del trigo y maíz que seguramente será descontado a los productores (en una nueva retención encubierta), han sido demasiado para este sector de los dirigentes rurales. A eso se suman los cierres de las exportaciones de ambos cereales, que parecen ser bien digeridos por los grandes exportadores.

La Federación Agraria y Coninagro están dudando sobre qué hacer, pero lo más probable es que al menos la segunda decida permanecer dentro de CAA, argumentando que representa a cooperativas de varios sectores y actividades, y que tienen también una pata agroindustrial innegable.

Lo cierto es que el sueño de ver unida a la Mesa de Enlace, terciando por los derechos de los productores dentro de una confederación agroindustrial más amplia, se está yendo al tacho. Y lo mismo sucede con la pretensión del CAA de representar a todo el arco productivo.

El nuevo ministro de Agricultura ya pasó por el cargo en 2009: Julián Domínguez es experto en dividir al ruralismo e inventar el “relato” agropecuario de los K

El bloque que coordina el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, y que se mueve sobre todo con la impronta de exportadoras agrícolas, molinos harineros, empresas semilleras y otros pocos sectores, sin el acompañamiento de las principales gremiales agropecuarias, mal podrá decir ahora que representa al conjunto del agro argentino.

“La idea de generar un gran acuerdo entre sectores productivos primarios y la industria ha sido históricamente mirada con generosidad e interés por nuestra entidad. Por ello apreciamos como una idea feliz aquella que derivó en el llamado Consejo Agroindustrial Argentino, que tuviese una muy publicitada presentación ante el Gobierno Nacional y los distintos actores políticos”, indicó CRA en un comunicado en el que explica las razones de su partida. .

La entidad rural que preside Jorge Chemes recordó que se sumó al Consejo “coincidiendo y aportando para crear un marco de estabilidad fiscal y financiera sectorial hasta el 2030”. Eso iba a lograrse con un proyecto de ley de fomento a las inversiones, del cual se apropió el ministro Domínguez a los pocos días de asumir, en un acto compartido con Cristina y el propio Presidente Fernández. El proyecto finalmente se envió al Congreso sin el componente de discusión sobre las retenciones que reclamaban los productores. Y en ese mismo acto, el flamante ministro definió como “bienes culturales” los tres productos agropecuarios sobre los cuales el gobierno sigue interviniendo para “desacoplar” los precios siempre en perjuicio del productor: el trigo, el maíz y la carne vacuna.

Cada iniciativa desplegada por Domínguez en los últimos meses en este sentido resultó una estocada certera contra las posibilidades del CAA de mantenerse unido, especialmente porque el tan mentado “desacople” generalmente significa que los productores pierdan dinero de sus ingresos que usualmente podrían ser repartido entre otros eslabones de la vasta cadena agroindustrial.

Por eso era cuestión de horas el alejamiento tanto de CRA como de la Sociedad Rural. Ambas, a esta altura, se sienten convidados de piedra mientras el ministro Domínguez festeja porque la tarea que le encomendaron resultó efectiva en muy corto plazo de tiempo: asumió en septiembre y solo cuarto meses después puede mostrarle a Cristina y Alberto un frente agropecuario que quedó diezmado y repleto de enfrentamientos e internas.

La salida de CRA y de la SRA del Consejo se conoce a pocas horas de que sectores de productores autoconvocados realicen una asamblea en la localidad de Armstrong, en Santa Fe. Allí van a concurrir los dirigentes de la Mesa de Enlace y se esperaban fuertes críticas hacia su gestión, especialmente luego de que el bloque agropecuaria pareciera convalidar la propuesta de Domínguez para extender el cepo de la carne vacuna hasta fines de 2023.

También debido a la insólita situación que se produjo después de esos anuncios, el lunes pasado. El ministro difundió la foto de una reunión informal que había mantenido con el asesor de CRA, Matías Lestani, quien había actuado como principal negociador de esa entidad ante el gobierno. A las pocas horas, se sabía que Lestani pasaría a ocupar el cargo de secretario de Agricultura, debajo del propio ministro Domínguez.

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Sin embargo, en su comunicado CRA se esforzó para que su salida del Consejo Agroindustrial no se viera salpicada por ese episodio ingrato, en el que muchos ruralistas de sus filas calificaron a Lestani directamente como un “traidor” a los principios de la entidad. Más bien explicó que “habiendo analizado los hechos transcurridos y las medidas anunciadas en los últimos 18 meses por parte del Gobierno, algunas de ellas siendo tratadas previamente con representantes del CAA, entendemos que los perjuicios que recayeron sobre los productores representados legítimamente por nuestra entidad ameritan que nos desvinculemos de dicho Consejo”.

“El histórico lema de nuestro Movimiento Rural Confederado, ‘Justicia económica para el productor rural’, fue por un momento soslayado por intereses ajenos al productor”, añadió CRA, que de este modo anunció su decisión de “retirar a sus técnicos y representantes en las mesas de trabajo”, avisando que “siempre estaremos dispuestos a ideas nuevas para un país distinto, pero no para consolidar viejas prácticas comerciales en detrimento de nuestros productores”.

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Sin embargo, las principales entidades gremiales del agro criticaron este viernes lo decidido por el Ministerio de Agricultura a través de la Resolución 276/21. Lo que para el ministro kirchnerista genera “previsibilidad”, para los dirigentes rurales redundará en mayor “incertidumbre”.

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“La Sociedad Rural Argentina rechaza la resolución 276/2021, en la cual se crea un volumen de equilibrio en el mercado de granos y un Consejo Consultivo” para definirlo cada campaña, expresó Nicolás Pino, presidente de la entidad, que incluso adelantó que no está decidido “si vamos a participar” del mismo.

La entidad con sede en Palermo recordó que “las intervenciones basadas en un arbitrario saldo exportable fijado por el gobierno, generan una sobreoferta artificial deprimiendo las cotizaciones y dificultando la comercialización de los productos, además de proyectar una caída en la productividad nacional”.

“Desde nuestra entidad hace meses que venimos denunciando que las autorregulaciones formales o informales, como así también un registro de exportaciones sin operatoria, o esta cuotificación para el trigo y el maíz, dañan al país y nos hacen mal a todos”, agregó Pino, para quien “los productores necesitamos recuperar el camino de la transparencia de los mercados, para restituir la confianza de los actores económicos.

En tanto, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), un comunicado apuntó que la nueva resolución oficial “siembra un interrogante importante respecto a cómo se miran las libertades no solo de mercado sino también productivas del país”.

En ese sentido, CRA consideró que “no se fomenta la producción del país poniendo limites que distorsionan su crecimiento”.

“El efecto de medidas de estas características se comprueba mirando solo la historia reciente; cuando a partir de un paquete de normativas de iguales características, se produjo una fenomenal transferencia de recursos de los eslabones productivos primarios, hacia otros eslabones de las cadenas. Como resultado se vio la mayor caída en la intensión de siembra en la historia, retrotrayendo la producción nacional a índices cercanos a los de hace 100 años”, recordaron los ruralistas.

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Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), está del lado de los que piensan que es mejor sacar algo que nada de esta negociación, al igual que sus pares de CRA, Coninagro y la Federación Agraria. Luego de la reunión técnica realizada el martes con Domínguez, comentó: “Esperamos que el ministro Domínguez libere la cuotificación establecida”.

¿Qué quiere decir? Hoy el comercio exterior de carne vacuna está cruzado por múltiples cupos y prohibiciones. Hay primero una DJEC (el viejo ROE Rojo) que es de trámite obligatorio. Luego un sistema de cupos que permite exportar a 63 frigoríficos la mitad de lo que exportaron en 2020. Luego un cupo de 3.500 toneladas de cortes kosher para Israel. Luego otro cupo de 140.000 vacas conserva para China. Y además están las cuotas arancelarias (Hilton, 481, Estados Unidos y Colombia) que nunca sufrieron restricciones.

Pero adicionalmente hasta el 31 de diciembre próximo rige la prohibición de exportar los siete cortes populares (asado, matambre, vacío, cuadrada, falda, tapa de asado y paleta) de todo tipo de animal, salvo de las vacas conserva D y E que van a China.

Según la versión de los ruralistas, en la reunión entre técnicos realizada el martes, Domínguez insinuó que desmantelaría todas las cuotas y solo quedaría en píe la prohibición de los siete cortes (aunque posiblemente cambiando la cuadrada que aquí casi no se consume por otro corte de pulpa).

“Normalizar las exportaciones sería una señal positiva que generaría una luz verde para la inversión retrasada por los eslabones de la cadena. Le pedimos al gobierno un voto de confianza, que reabra las exportaciones para el bien de todos los argentinos. Es la única manera de solucionar este problema”, afirmó el presidente de la SRA, que juega sus fichas a quitar de la cancha por lo menos a estos complicados cupos de exportación, que además son sinónimo de falta de transparencia.

Pero esta estrategia tiene bemoles. Dentro de CRA, por ejemplo, varias confederaciones impugnaron las negociaciones llevadas adelante por el presidente Jorge Chemes y manifestaron su rechazo directo a esta “flexibilización” o apertura parcial que estaría siendo acordada con Domínguez.

Desde el gobierno, mientras tanto, la cartera de Agricultura guarda un absoluto silencio. El ministro, hay que recordarlo, ya incumplió su palabra en agosto pasado, ni bien asumido: hizo una reunión con las entidades y los gobernadores anunciando que “la vaca conserva está liberada” y a los pocos días diseñó un nuevo sistema de cupos poniéndole límites a ese negocio.

La doble lectura que existe entre los ruralistas frente al huidizo funcionario nacional quedó expuesta en un comunicado que emitieron desde Córdoba las mismas entidades que a nivel nacional enviaron a sus técnicos a negociar con Domínguez. Los cordobeses criticaron con fuerza que el gobierno vaya finalmente a mantener -con cupos o sin ellos- el cepo vigente a lo largo de 2022. Este es el documento:

“Desde la producción leemos con preocupación los lineamientos que, sin consulta previa, se pretenden establecer para un supuesto plan ganadero. Sin embargo, todo plan ganadero necesita que las ventas externas estén abiertas y sin cuotas de ningún tipo. Asimismo, no será posible alcanzar mayor producción de carne cuando se limita la demanda cerrando o cupificando las exportaciones”, apuntaron las cuatro entidades de la regional cordobesa, que siempre se caracterizaron por su dureza.

Los dirigentes agropecuarios de esa provincia también reclamaron que “los mercados de trigo y de maíz deben funcionar sin trabas, en el que los compradores compitan libremente por los granos, sin acuerdos espúreos ni órdenes por debajo de la mesa, sin cartelizaciones”.

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¿Braden o Perón? ¿Abrir o cerrar la economía? ¿Patria o muerte? ¿Cepo a la carne o plan ganadero? En estos términos parece discurrir la discusión interna de un gobierno que todavía debe gobernar dos años y resolver múltiples urgencias.

Entre esas urgencias, muchas de ellas más graves, está decidir qué quiere hacer con el cepo a exportación de carne vacuna que instrumentó a mediados de año y que, en sus diversas modalidades -cupos o prohibición de siete cortes de consumo popular- tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre. Bichos de Campo ya ha informado que en el Ministerio de Agricultura han pedido a las cámaras frigoríficas que acerquen ideas de cómo seguir. El propio Domínguez confirmó después que a principiso de diciembre presentaría su fórmula para que continúe el “comercio administrado” en 2022.

El gobierno ya está pidiendo recetas para extender el cepo a la carne también durante 2022

En este contexto, las entidades que conforman la Mesa de Enlace aprovecharon una jornada realizada el jueves en la Sociedad Rural Argentina (SRA) para instalar su reclamo para que se libere totalmente el comercio de carnes. En concreto, le pidieron a Domínguez que cumpla con su promesa de levantar los distintos cepos.

“El compromiso del ministro de Agricultura fue que el 31 de diciembre se abrirían las exportaciones. Es por eso que estamos atentos a la palabra y al compromiso de él. Yo confío que en esa fecha se normalice la situación”, dijo el presidente de CRA, Jorge Chemes, quien valoró el rol del nuevo ministro de Agricultura y claramente le puso fichas a su gestión, frente a las amenazas de mayor intervención que surgen de los sectores más ultras del gobierno.

“Hay una nueva etapa con una mayor comunicación y muy aceitada, hay consultas y eso es una mejoría. Pero faltan los hechos, porque los necesitamos los dirigentes y también los productores. Y si los productores no ven los hechos, empezarán a desconfiar de nosotros”, indicó Chemes.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace ya han solicitado a Domínguez una audiencia que todavía no tiene fecha. El titular de la SRA, Nicolás Pino, reveló que de todos modos hubo contacto para concretar ese encuentro. La foto podría tener un voltaje alto en medio de la interna visible del oficialismo.

Mientras tanto, los ruralistas actúan con prevención. “No estoy en la interna del Gobierno para decir a quién creerle en las dos posturas que hay, pero entiendo que un ministro tiene mucho más poder político que un Secretario. Entonces tengo que creerle al ministro”, afirmó el presidente de CRA.

Con disimulo, Julián Domínguez creó un nuevo cupo para poder exportar algo más de carne vacuna: La “Cuota Justiciera”

En el mismo sentido, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, dijo que la suba de retenciones planteada por Feletti responde a “viejas recetas que no consiguieron buenos resultados, y creo que Julián Domínguez ha comprendido la situación y está intentando no volver a repetir los errores del pasado. Para dar expectativa e impulso a la producción y mostrar reglas claras, hay que dar certidumbre para que productor siga produciendo ”, se ilusionó.

Pino añadió: “Nosotros necesitamos señales claras y concretas, y el tema de la carne nos parece que es primordial. El ministro Domínguez es la única persona que hoy puede llevar muy buenas noticias al Gobierno. También el funcionario nos ha dicho y se lo expresó al presidente Alberto Fernández, que si no puede cumplir sus funciones de ministro, no tiene problema en dar un paso al costado”.

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Pero mientras eso sucede, los principales referentes de la Mesa de Enlace no pierden la posibilidad de ir apuntando las medidas del gobierno que consideran desacertadas, en especial las intervenciones sobre los mercados de productos básicos como la carne vacuna y el maíz.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, participó el lunes de la exposición rural de Salliqueló y, en tono decididamente opositor, sostuvo que la ideología del Gobierno “se interpone a lo que realmente necesita el campo”.

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“Estamos teniendo un Gobierno que toma decisiones equivocadas y si hay sector donde se sienten esas decisiones mucho más fuerte, es en el campo”, reafirmó el dirigente rural. Y agregó: “Lamentablemente, nuestros bolsillos terminan pagando los efectos de decisiones políticas equivocada que este gobierno está llevando a cabo. Decisiones que no terminan de sorprendernos diariamente. Todos los días me pregunto cuál es la motivación que lo lleva a que termine decidiendo con una altísimo porcentaje de ideología y con una total falta de sentido común y de criterio decisiones equivocadas como la que estamos viviendo con el tema de las exportaciones de carne”.

Chemes, que consideró la medida como un “cachetazo” hacia el sector ganadero, que según él, todavía se encontraba en plena recuperación de la crisis que lo afectó durante los anteriores gobiernos kirchneristas, indicó que desde la dirigencia rural se le explicó a los funcionarios los efectos de las restricciones y cómo la carne de vaca no afectaba al mercado interno. “Sin embargo nunca tenemos una respuesta lógica. Por eso creo que la ideología se interpone a lo que realmente necesita el campo. La solución es producir más y para hacerlo se necesita generar confianza”, explicó.

En la Exposición de Saliquelló también estuvo el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, quien en la misma línea que Chemes, realizó un “llamado de atención al Gobierno” por la actual situación social y económica. “Lo hago en el sentido que después de las elecciones pareció el Gobierno perder el rumbo y tuvo una semana de desatinos y, en realidad, Argentina no está preparada para desatinos”, explicó.

Salaverri calificó a la Argentina actual como “un país endeble con un 40% de pobreza que no está para que haya rencillas de poder que terminan perjudicando a los productores. Entonces, vaya de acá el pedido al Gobierno de que tenga la templanza necesaria en armar un gobierno y gobernar como pueden dos años más, que Argentina no necesita peleas de poder”, subrayó Salaverri.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, estuvo por su parte reunido con su comisión directiva y los socios de esa entidad en la provincia de La Pampa. Desde allí se quejó de la nueva intervencion del gobierno sobre el mercado de maíz, donde el Ministerio de Agricultura cerró de facto las exportaciones de la vieja cosecha aludiendo que no quedaba más saldo exportable.

“Las autorregulaciones basadas en un arbitrario saldo exportable fijado por el gobierno, generan una sobreoferta artificial deprimiendo los precios internos y dificultando su comercialización”, se quejó la SRA. Y acotó que “estas circunstancias no solo generan pérdidas en los precios, sino también desconfianza en la inversión y uso de tecnología proyectando una caída en la productividad nacional y, por ende, en la generación de divisas para el país”.

Según  Pino, “Cuando se distorsiona la puja natural por parte de los compradores para la exportación y el consumo interno, y se coordina la suspensión de operaciones durante una ventana de tiempo, germina la falta de transparencia de los precios”, generando “ineficiencias económicas que dan espacio a transferencias de ingresos entre distintos eslabones de la cadena”.

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Bichos de Campo se encontró con Pino la semana pasada en Tandil, en el marco de la exposición nacional de la raza Angus. Entre enormes toros reproductores y camionetas 4×4 le preguntó si no se había arrepentido de haberse postulado para ocupar la presidencia de la entidad agropecuaria más antigua de la Argentina. El dirigente contestó que no, aunque admitió el baile.

“La verdad es que me había retirado de mi función gremial hasta que un grupo de gente de Compromiso Federal (la línea interna de la SRA que lo postuló) me convocó, me sedujo y me gusto la idea de encarar una nueva Rural, con una manea de liderar mucho mas horizontal. Por eso decidimos cambiar de actitud, salir más a la calle, al campo. Nuestro lema de campaña fue potenciar el federalismo de nuestra entidad”.

Mirá la entrevista con Nicolás Pino:

-¿Crees que está bien representado el productor agropecuario por las entidades gremiales?

-Yo veo que, no solo en nuestra entidad sino en el resto de las gremiales, es evidentemente que tenemos que mejorar, porque hay muchos sectores de productores que no se sienten bien representados. Por eso existen los autoconvocados, que son muchos por suerte y nos marcan una necesidad desde su lugar. Nosotros hemos perdido ese poder de seducción que teníamos con los productores y eso es lo que tenemos que recuperar. Pero mas allá de los productores, queremos cambiar la imagen que tiene la ciudadanía sobre el sector y sus gremiales. Esa es una gran materia pendiente. Hay que comunicar mucho más y mejor-

-¿Que suponés que piensa la ciudadanía sobre el sector agropecuario?

-No hay generalizar, pero noto que piensan que los productores se quejan de llenos. ¡Mirá esa vaca! ¡Mirá esa camionetsa4x4! ¿De qué se quejan? La verdad es que para tener esa vaca o esa camioneta ponemos mucho trabajo, capacitación, invertimos . Somos trabajadores como cualquier otra persona que en la Argentina trabaja. No somos nada más ni nada menos que eso. Somos laburantes.

-¿Notás que muchas veces esa mirada prejuiciosa se alimenta desde la política?

-Por supuesto. Hay gobierno que buscan tener al sector agropecuario como enemigo de la sociedad y nosotros somos muy vulnerables cuando sucede eso: somos la oligarquía, los terratenientes, los que tienen, tienen y tienen. Por eso queremos que la gente vea la realidad sobre nosotros.

-¿Y de qué le sirve a la política alimentar los prejuicios de la gente?

-La verdad que no se entiende. Pero uno de los grupos de la coalición del gobierno (en referencia la kirchnerismo) tiene esa ideología que tapa la racionalidad de los actos. El campo es un o de los enemigos que le gusta tener. Y no es de ahora.

-Insisto… ¿De qué sirve?

-Somos un sector recaudatorio para todos los gobiernos. en mayor o menos medida siempre se vio al campo para recaudar. Pero lo que no se entiende es por qué se busca la enemistad. Te tildan de sembrar un yuyo o de tener un geriátrico en el campo. Son ideologías que n son razonables. Ir a peler con el sector más potente y dinámico de la economía argentina la verdad que no se entiende.

-¿Entonces no queda otra opción que dar pelea?

.Hay que buscar la posibilidad de entendimiento. Nosotros  no nos dedicamos a pelear, nosotros nos dedicamos a trabajar. Como gremiales debemos representar al sector y tener un diálogo con el gobierno de turno. Para poder producir más y mejor. No podemos estar permanentemente defendiéndonos o pensando en un plan de lucha. Nosotros no estamos para luchar, estamos para trabajar. Hay que insistir, hay que insistir…

-A Alberto y Cristina le quedan dos años de mandato. ¿Es posible dialogar con este gobierno?

-Yo creo que sí, aunque algunos me tratan de ingenuo o creer en Papa Noel. Si no (lo hacemos) es un escenario muy difícil en una Argentina muy golpeada, con índices de pobreza nos tiene que dar vergüenza a todos. Tenemos que pensar en una Argentina virtuosa, de mayor igualdad, en la que no existan las grietas. Nosotros como sector podemos aportar trabajando más, y generando más recursos no solo para el bolsillo del productor sino para el país entero.

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Fue un encuentro de necesidades compartidas el que se produjo en Córdoba. Hasta ahora, el gobierno local venía mostrándose a favor de las posiciones de los dirigentes agropecuarios, pero nunca antes como ahora el gobernador Schiaretti se puso al frente de esos reclamos. La razón puede buscarse en la necesidad de remontar el resultado electoral negativo que el peronismo provincial obtuvo en las PASO.

La Mesa de Enlace, por otro lado, viene buscando apoyo de los mandatarios provinciales en su cruzada para que el gobierno nacional de marcha atrás con el cepo a la carne que implementó en mayo pasado, y que recortó las exportaciones alterando los mecanismos normales del mercado ganadero. Schiaretti fue la primera parada de una gira que no parece vaya a seguir con facilidad porque otros mandatarios peronistas están cerrando filas con la Nación luego del recambio de gabinete. Por caso, el santafesino Omar Perotti declaró en las últimas horas que “del decreto inicial y de cepo quedó muy poco; porque desde aquel momento de cierre, todas las conversaciones fueron permitiendo que las distintas cuotas de exportación se vayan manteniendo”.

Para los ruralistas, esta lectura no es la adecuada. Llevando la voz cantante tras la reunión con Schiaretti, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, explicó que “la limitación a la exportación de carne vacuna es de una gravedad inconmensurable, que sin duda afecta al sector agropecuario pero también a las provincias que tienen producciones ganaderas”. También mencionó el daño a la propia gestión nacional, por tanto, “los recursos por exportaciones hoy más que nunca son importantes”.

Pero mucho más duro que los propios ruralistas estuvo el gobernador, quien varias veces denominó a los presidentes de CRA, la Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro como “los amigos de la Mesa de Enlace”.

¿Qué dijo Schiaretti?

“El cepo a la carne debe ser levantado de inmediato. Siempre que se utilizó esta medida, la carne terminó siendo más cara para los argentinos”, en referencia al periodo 2006/2015, cuando el primer goberno kirchnerita también trababa los embarques de ese alimento. En ese sentido el cordobés recordó que en ese lapso histórico la inflación general de precios fue del 800%, mientras que la carne vacuna aumentó 1.800%.

“Fue mucho peor el remedio que la enfermedad. Y repetir errores redunda en contra del pueblo argentino”, estableció Schiaretti.

En línea con lo que su ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso,  había anticipado días atrás a Bichos de Campo, el gobernador también reclamó al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner que ponga en marcha un cronograma de reducción paulatina de las retenciones a la exportación de todos los productores del agro, con la soja a la cabeza pues es la que más tributa, un 33%.

El día en que el cordobés Sergio Busso le cantó “las 40” al gobierno nacional: “Al productor hay que protegerlo, y si se puede estimularlo”

“Las retenciones son un mal impuesto, son un impuesto a la producción y hay que eliminarlas gradualmente”, afirmó el gobernador, que incluso no llegó a interpretar la cifra de dinero que los productores de Córdoba cedían a las arcas nacionales por esta vía. Para este año estuvo claro que serían unos 270 mil millones de pesos. Pero el problema se produjo al leer la extraordinaria cifra acumulada en los últimos 14 años. “Es un 2,luego viene  un 7 y doce números atrás” se disculpó el gobernador, que luego corrigió hablando de 2 billones y 700 mil millones de pesos.

“Todos esos recursos, si se hubieran quedado en Córdoba, significan más producción y empleo”, destacó Schiaretti, quien elogió a los productores como un inversor casi compulsivo: “Cuando le va mal aprieta los dientes y sigue trabajando, pero cuando le va bien nunca se lleva la plata afuera y a los sumo invierte en una casita en las sierras y en un departamento en la ciudad para que estudien sus hijos”.

Otro reclamo que levantó el gobernador cordobés fue la derogación de la Ley de Biocombustibles que aprobó el Congreso este año con apoyo del núcleo kirchnerista y que favorece a las petroleras al reducir potencialmente los porcentajes de cortes con bioetanol de maíz y biodiésel de soja que deben utilizar para el corte obligatorio de los hidrocarburos.

“Hay que cambiar la ley de Biocombustibles. Lo menso que pedimos los cordobeses es que los biocombustibles de soja y maíz tengan el mismo tratamiento que tiene el de la caña de azúcar, para la cual no queremos que baje, queremos sino el mismo tratamiento”, explicó el gobernador. Se refería a que el corte con bioetanol de caña se mantuvo en el 6%, para asegurar el acompañamiento de los legisladores de las provincias del NOA.

Finalmente, Schiaretti aprovechó la tarima y reclamó que se eliminen de inmediato las retenciones a dos economías regionales importantes para su provincia: la industria láctea y el maní.

Frente a semejante diatriba del gobernador a favor de los intereses del sector, a los dirigentes de la Mesa de Enlace les quedó muy poco para decir. Elbio Laucirica, de Coninagro, explicó que el nuevo ministro de Agricultura nacional, Julián Domínguez, será considerado un buen interlocutor del agro, en la medida en que “tome las decisiones que debería tomar”. Y Nicolás Pino, de la SRA, explicó que continuarán con el “plan de concientización” para explicar el daño que las políticas nacionales están provocando al entramado productivo.

Por ahora solo se sabe que la Mesa de Enlace sería convocada la semana que viene por las nuevas autoridades de Agricultura. “Hoy ya están trabajando los equipos técnicos de las cuatro entidades con el equipo técnico del Ministerio. Vamos a actuar con muchísima responsabilidad en las acciones a tomar”, destacó el dirigente rural sobre la posibilidad de iniciar medidas de protesta.

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Muchos piensan que el gobierno que eligió nuevamente como “enemigo” a los productores agropecuarios, por el contrario, será todavía más duro en los próximos meses. Por eso, el ruralismo muestra ahora un renovado optimismo de cara las posibles protestas de productores, que pondrán el eje en el cierre de exportaciones de carne vacuna pero que, en realidad, dan cuenta del rechazo sectorial a una cantidad mucho mayor de políticas.

Jorge Chemes, el presidente de CRA, afirmó que el resultado de ayer “nos da otro horizonte para trabajar, aunque esto recién comienza. Hay que realizar un trabajo de concientización de lo que se debe llevar adelante en un país en materia agropecuaria”, agregó. En ese sentido, destacó que “hay que dejar de ver al sector como fuente de financiación del gasto y desarrollar un programa de políticas que apunte a su desarrollo”.

Con respecto a las posibilidades de una protesta agropecuaria, señaló que este mismo martes la Mesa de Enlace se reunirá con la Mesa de las Carnes (que incluye a otras entidades de la cadena ganadera, como los frigoríficos y los consignatarios), donde se analizarán los pasos a seguir. “Es necesario moverse con mucha inteligencia”, afirmó Chemes.

El titular de CRA también dijo que teme que el gobierno radicalice su postura contra el sector: “Van a poner énfasis en la faz recaudatoria para poder revertir sus errores y la mala imagen que la sociedad tiene de ellos y no me extrañaría que esos recursos los busque en el sector agropecuario, donde tiene menos posibilidades de conseguir votos”.

Con respecto a estas cuestiones, Elvio Laucirica, el titular de Coninagro, afirmó que ahora espera que “la política toda haya capitalizado el mensaje de las urnas y que, por el bien del país, el gobierno no comenta el error de radicalizar su postura en contra del campo”.

El cooperativista añadió que “estamos analizando un conjunto de acciones a tomar, que contemplen no solo los perjuicios ocasionados a los productores sino al conjunto de la cadena ganadera y de la sociedad. Pero tenemos que ser inteligentes en las medidas”, insistió.

Laucirica destacó que por el cierre de exportaciones de carne vacuna “se perdieron divisas por más de 1.000 millones de dólares, que equivalen al presupuesto anual de 4 universidades públicas”. Por eso, aclaró´que las intenciones de protestar contra las políticas agropecuarias “siguen vigentes”.

“El resultado de las elecciones genera satisfacción pero no cambian el ánimo de los productores, porque las exportaciones siguen cerradas”, explicó.

También opinó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Dijo que “el gobierno nacional no solo tiene que escuchar los resultados de las elecciones sino también actuar en consecuencia y por eso, una media acertada sería que liberen inmediatamente la cuotificación para exportar carne que está impidiendo generar 8 millones de dólares diarios. Después, trabajar en bajar la inflación y generar confianza para que los productores podamos invertir para tener más producción en nuestro país”, añadió.

El dirigente comparó la situación actual con la de 2008: “Lo que vivimos en los últimos meses se asemejó a una ‘resolución 125 silenciosa’, donde desde el campo les veníamos diciendo al gobierno que iba por el camino equivocado interviniendo los mercados y generando cambios continuos que alteraban el normal funcionamiento y nos sacaba previsibilidad en nuestra actividad”.

Pino puso énfasis en el actual cierre de las exportaciones de carne vacuna. “Impedir exportar es una medida basada en la ideología y no en la razón. Enviar un producto a otros mercados no hace subir el precio en los carnicerías y supermercados, sino por el contrario genera riqueza para todos en vez de limitar el desarrollo económico en el interior productivo y dólares frescos para contener los desequilibrios de la macroeconomía”.

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