La entrada Un productor da la cara y denuncia la usurpación de parte de su campo por el Mocase: “Dicen que son indígenas y de indígenas no tienen nada” se publicó primero en Bichos de Campo.
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Aldo Serafín es productor en la localidad santiagueña de Pinto y se dedica a la ganadería de cría. Su campo está dividido por un canal que lleva agua de los molinos para dar de beber a las vacas. De un lado estaba acondicionado y había decidido hacer lo mismo con la otra parte. Por eso armó alambrados, desmalezó…
Pero cuando estaba a punto de entrar con un rodeo de cría un grupo de 30 personas ingresó al predio.
“Entraron con camionetas Toyota 0 km y Trafic, y montaron casas rodantes. Luego metieron más de 100 personas, sacaron a mis 5 empleados y llamaron la policía para que los vinieran a buscar. Según ellos, los que usurpamos somos nosotros. Dicen que son indígenas y de indígenas no tienen nada, conocemos a los abuelos y bisabuelos y no tienen nada de indígenas”, relató Serafín a Bichos de Campo.
Escuchá la entrevista al productor santiagueño:
Serafín consideró que este tipo de usurpaciones cuentan con el apoyo de la política, y no sólo de la provincial sino también de la nacional. El Gobierno, de hecho, prorrogó el 18 de noviembre pasado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la suspensión de desalojos a comunidades indígenas, medida que vencía el 23 de ese mes y que ahora regirá por 4 años más. El argumento es que todavía no se ha concluido con un censo sobre este tipo de comunidades, que se inició en 2006.
“El gobierno les alcanza comida y agua, se las llevan con la camioneta de la Municipalidad. La policía no tiene la culpa de no hacer nada porque cuentan con el aval de la política de bien arriba, según se sabe la orden viene de Buenos Aires”, denunció el productor que se siente afectado.
Serafín contó que su abogado hizo más de 10 denuncias y que ahora le pidieron que volviera a presentar la documentación correspondiente respecto de la ocupación. “Ya tienen más de 10 metros de papeles mío”, se quejó.
El productor agregó que si bien puede trabajar de un lado del campo lo hace bajo mucha presión por los constantes ataques que recibe de los ocupantes de la otra parcela. Relató: “Me cortan los 6 hilos de alambre cada 10 metros y el otro día me cortaron el agua que va a los molinos, hicieron un pozo de 3 metros hasta encontrar el caño, lo cortaron y lo taparon”.
“Hice la denuncia pero no pasa nada”, insistió.
Serafín dijo que hay muchos productores afectados, que son más de 60 y que si bien en su caso no hubo uso de armas de fuego ni violencia, en otros casos sí se llegó a estas situaciones.
“En otros casos usaron armas de fuego y golpearon a los empleados, a sus esposas e hijos. Hay un contratista en la zona que tiene 300 hectáreas al que le prendieron fuego la maquinaria, un tanque de gasoil y una casilla, le quemaron todo. Realmente no se entiende cuál es el objetivo de todo esto” finalizó.
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]]>La entrada Ahora son los productores los que acusan al Mocase de estar detrás de las tomas de campos: “Cortan alambrados y meten adentro 100 o 150 personas” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Dirigentes rurales de la provincia mantuvieron el miércoles una reunión con el ministro de la Producción, Julián Mandrile, por este tema. “Estuvimos reunidos tres horas y media, y fue muy receptivo”, contó Juan Pablo Karnatz, histórico dirigente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas, que forma parte de CRA. En ese encuentro, el funcionario fue acompañado por el secretario de la Producción, Pablo Fuentes, y por abogados de la dependencia.
Del lado de la producción, además de Karnatz, estuvo entre otros Uriel Bricoe, vicepresidente de FAAS y titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de los Departamentos Rivadavia, Aguirre y Mitre (Apadram), que es la zona donde más conflictos por las ocupaciones de campo se están registrando.
Como resultado de este cónclave, “el ministro gestionó una reunión con el fiscal general de la provincia, Luis Alberto de La Rúa, y dio la orden de que este tema se solucione”, dijo Karnatz (foto),
El ruralista agregó que “en Santiago venimos pidiendo la creación de la policía rural sin resultado positivo alguno. Se necesita de ese cuerpo porque la policía no puede estar en las ciudades y el campo a la vez”, explicó.
Karnatz dijo que le llevaron al ministro Mandrile todas las pruebas de diferentes ocupaciones de campos por parte del Mocase. De esa agrupación nacida en los años 90 justamente para evitar el desalojo de comunidades campesinas, el dirigente de CRA dijo que “no es manejado por pueblos originarios” y que “atentan contra la seguridad, la propiedad y la posibilidad de producir”.
Luego explicó cuál sería el modus operandi de esta entidad: “Cortan alambrados y los postes con motosierras, y meten adentro del campo a 100 o 150 personas. Entonces no se puede seguir produciendo y mucho menos fumigando, lo que impide el desarrollo de la producción en una zona donde estaba creciendo mucho el algodón de la mano de los buenos precios y donde también se estaba desarrollando la ganadería”.
Los productores esperan que la reunión el fiscal general de la provincia se concrete a inicios de la semana que viene, que los pueda recibir el gobernador Gerardo Zamora y que pronto se le de solución a este problema. El Mocase, sin embargo, cuenta con sólidos lazos con el gobierno provincial y también ha colocado funcionarios en la estructura de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación.
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]]>La entrada Propiedad privada: Un juez entrerriano ordenó la restitución del campo usurpado a la familia Robles se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La decisión, tomada ayer, dispuso que en un plazo de 48 horas Ramiro Fabián Carles, Julio Walter Herrera, Héctor Bernigau y Mario Ceferino Carles, entre otros ocupantes no identificados, desocupen el establecimiento denominado “El Albano”, el cual se encuentra ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú.
Los ocupantes, según dispuso Podestá, no podrán retirar, sin autorización judicial, bienes o ganado que se encuentren en el establecimiento rural, el cual pertenece a los hermanos Gustavo, Néstor Ricardo, Ana María, Blanca y Andrés Robles
Hoy en Entre Ríos se hizo justicia !! El Juez de Garantías N 2 de Gualeguaychúresolvió la restitución en 48 hs a la Flia Robles de su campo. Una vez más los productores entrerrianos se unieron exitosamente en defensa de la propiedad privada. pic.twitter.com/KXSQBwZRvJ
— Juan Diego Etchevehere (@JEtchevehere) November 25, 2021
La decisión judicial se produce luego de que unos cincuenta productores entrerrianos se movilizaran esta semana, con presencia permanente en la tranquera del campo usurpado, para solicitar una pronta solución al caso por parte de las autoridades.
El incidente se inició el 12 de noviembre, pocos días después de que la familia del ex ministro de Agricultura del macrismo, Luis Miguel Etchevehere, inaugurara en el otro extremo de la provincia, en la localidad de La Paz, un monolito recordando que se había cumplido un año de la intrusión en su estancia de un grupo de militantes del Proyecto Artigas, ligados al dirigente social Juan Grabois. En aquella ocasión quien lideró la toma fue la hermana menos de los Etchevehere, Dolores, pero a los pocos días los intrusos fueron desalojados por orden de la justicia.
El propio Etchevehere fue parte de la manifestación frente a la tranquera de Gualeguaychú, junto a su hermano Juan Diego, director de la Sociedad Rural Argentina en Entre Ríos, el senador nacional del PRO Alfredo De Ángeli, el diputado provincial Nicolás Mattiauda, y el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú, Domingo Veronesi, entre otros dirigentes.
La usurpación de un campo en Gualeguaychú vuelve a movilizar a grupos de productores entrerrianos
La entrada Propiedad privada: Un juez entrerriano ordenó la restitución del campo usurpado a la familia Robles se publicó primero en Bichos de Campo.
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El incidente se inició el 12 de noviembre, pocos días después de que la familia del ex ministro de Agricultura del macrismo, Luis Miguel Etchevehere, inaugurara en el otro extremo de la provincia, en la localidad de La Paz, un monolito recordando que se había cumplido un año de la intrusión en su estancia de un grupo de militantes del Proyecto Artigas, ligados al dirigente social Juan Grabois. En aquella ocasión quien lideró la toma fue la hermana menos de los Etchevehere, Dolores, pero a los pocos días los instrusos fueron desalojados por orden de la justicia.
El caso de los Robles no parece tener ningún contenido político, pero despertó una serie de adhesiones por parte de las entidades de productores que están preocupados por posibles avances sobre la propiedad privada.
El propio Etchevehere fue parte de la manifestación frente a la tranquera de Gualeguaychú, junto a su hermano Juan Diego, director de la Sociedad Rural Argentina en Entre Ríos; el senador nacional del PRO Alfredo De Ángeli, el diputado provincial Nicolás Mattiauda; el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú, Domingo Veronesi; y varios dirigentes de otras entidades rurales.
Informó el diario El Argentino de Gualeguaychú que eran más de 50 personas las que se convocaron desde las 11 de la mañana frente a la tranquera del campo, en la que hay un cartel que dice “no pasar propiedad privada”. Allí la familia Robles decidió poner un nuevo candado “para que los ‘ocupas’ no puedan abrir la tranquera desde adentro”. Cuando ingresaron al predio, según la denuncia, los intrusos rompieron el candado original que era de los abuelos de los hermanos Robles.
Las entidades del campo que acompañan el reclamo decidieron enviarán una nota al juez para solicitarle una pronta solución del conflicto.
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]]>La entrada El gobierno sacó un decreto para prorrogar por cuarta vez, hasta fines de 2025, una ley que facilita las ocupaciones de campos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El decreto prorrogó la Ley 26.160, por medio de la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente eran ocupadas por comunidades indígenas originarias.
Esa ley expiraba el próximo 23 de noviembre, pero ahora el decreto firmado por Fernández y por todos sus ministros (lo que muestra la sensibilidad del asunto) “prorrogó los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley 26.160, prorrogados por las Leyes 26.554, 26.894 y 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2025”.
Es que sí, la ley original fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, pero luego fue prorrogada en tres oportunidades (2009, 2013 y 2017). Esta es la cuarta ocasión, y el relevamiento de tierras de las comunidades originarias que ordena efectuar ara reparar esos derechos no se ha concluido nunca.
¿Por qué se extendió ese plazo por decreto?
Existe un proyecto oficial de extensión de esa norma que si bien cuenta con media sanción del Senado, recién fue tratado el miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados –donde obtuvo dictamen favorable– y ya no dispone de tiempos legislativos par ser aprobado en la Cámara baja.
En ese marco, el gobierno extendió la norma por decreto, a pesar de que la misma, como exige requisitos muy laxos para validar la pertenencia a una comunidad “originaria”, se viene empleando en los últimos años para fomentar las usurpaciones de campos y establecimientos agropecuarios por parte de grupos que en varios casos han empleado métodos violentos. Es lo que denuncian productores del sur y el norte del país.
El 28 de octubre pasado, mientras se agudizaba el conflicto en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut por sucesivos sabotajes propiciados presuntamente por miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el Senado dio media sanción al proyecto de prórroga de la Ley 26.160. La cuestión es que la iniciativa recibió 43 votos afirmativos, de los cuales seis provinieron de senadores de Juntos por el Cambio, mientras que otros cuatro senadores de ese bloque se abstuvieron de votar.
Este miércoles, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el bloque de Juntos por el Cambio mostró una posición diferente a la registrada en el Senado al rechazar el dictamen de mayoría promovido por el Frente de Todos y presentar uno de minoría, en el cual se solicita que la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras reclamadas, se aplique solamente para situaciones presentes con anterioridad a 2006, de manera tal de que no se siga promoviendo la aparición de nuevos supuestos “pueblos originarios” que aparecen todos los años para reclamar la posesión de tierras de manera indebida.
“En Chubut hay laburantes que tienen miedo porque esa escalada de violencia está avalada por gestos como estos; no son cuestiones burocráticas menores”, indicó Ignacio Torres, diputado del PRO de Chubut, al rechazar el dictamen de mayoría del oficialismo.
“Muchas de esas tomas violentas no tienen nada que ver con pueblos originarios, aunque se amparen en un reclamo legítimo, que nadie desconoce, para poder accionar de manera violenta”, apuntó.
En referencia a los integrantes de los pueblos originarios que en realidad no lo serían, Torres dijo que “muchos de ellos tienen característica (telefónica) 011 (correspondiente a la ciudad de Buenos Aires) y están avalados y financiados por sectores de este gobierno, porque eligen avalar la violencia en vez de defender a las víctimas”.
En tanto, Gustavo Menna, diputado de la UCR por Chubut –una provincia afectada por las usurpaciones constantes–, afirmó que la extensión de la Ley 26.160 “implica algo grave, como es que durante la emergencia nos entrometernos en las decisiones de otro poder del Estado, como es la justicia, y mandamos a suspender sentencias de desalojo, que están firmes y a las que se llegó después de transitar un proceso con todas las garantías, donde se le dio la razón a una de las partes”.
“Sin embargo, esta ley dice no se ejecuta la sentencia y a eso hay que ponerle un tope temporal y ese tope no puede ser otro que la situación existente en el año 2006, porque si no vamos a seguir estirando y prorrogando, en el interín se seguirán generando situaciones litigiosas, con todo lo que eso implica en términos de injusticia para quien la padece, pero además de inseguridad jurídica”, advirtió.
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]]>La entrada Los hermanos Galván resisten la usurpación del campo que compró su padre hace 40 años en Añelo: Acusan a “supuestos mapuches que está comprobado no lo son” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Tal como está planteada la situación legal, quien se autopercibe como integrante de un pueblo originario queda amparado por una normativa que prevé la realización de un censo inconcluso desde 2006, mientras que quienes sufren la invasión de su propiedad quedan con la sensación de vulnerabilidad, desamparo, inseguridad y abandono de parte de los poderes del Estado provincial y nacional. Pero sobre todo de la justicia.
Eso es lo que asegura estar viviendo la familia Galván en la localidad neuquina de Añelo, que está ubicada a pocos kilómetros de los yacimientos petroleros de Vaca Muerta. Es apenas un ejemplo entre varios casos que llevaron a que el domingo se organizaran dos manifestaciones de productores que temen por más usurpaciones. Las marchas se realizaron en Bariloche (Río Negro) y Añelo (Neuquén).
En diálogo con Bichos de Campo, Carolina Galván -junto a su hermano Fernando- contó que su padre compró el campo que ahora está en litigio en 1977, incluso antes de que hubiera una ruta de asfalto que llegara a esa zona. El vendedor, hace 40 años, fue un particular que tenían los papeles en regla, pues no se trataba de tierras fiscales.
En 2017, sin embargo, sufrieron una primera usurpación de “estos supuestos mapuches que está comprobado que no lo son”, describió Carolina.
En aquel momento, y tras impugnar la presentación de la personería jurídica de esta agrupación, negociaron con los usurpadores y llegaron a un acuerdo: los Galván renunciaron a avanzar con el juicio penal a cambio de que se desalojara la parte invadida del campo. Pero no fue gratis el episodio: al padre de Carolina eso le costó un accidente cerebrovascular.
“Ahora vuelven a usurparnos desconociendo aquel acuerdo que firmaron ante un fiscal y en el que reconocen la propiedad privada a cambio de que nosotros frenemos el juicio penal”, relató.
Escuchá la entrevista a Carolina Galván:
Esta familia de productores tiene un campo de 1.000 hectáreas, en gran parte destinado a la producción frutícola, y estaban arrancando con los trabajos en el suelo para sembrar avena en un lote de 20 hectáreas cuando se encontraron con los ocupantes que ahora controlan 100 hectáreas de su establecimiento.
“Yo no puedo ingresar a mi campo a pesar de que hay una orden de desalojo. Nos dicen que hay un trabajo de investigación para ver el momento apropiado del desalojo. Pero claramente no hay intención de desalojarlos. El gobierno de Neuquén tiene un discurso grave, hablan de paz social con los conflictos mapuches, pero no puede haber paz social con alguien que delinque. Eso había décadas atrás, antes de esta ley que habilitó a cualquier delincuente a hacerse pasar por originarios”, sostuvo Galván.
Con respecto al accionar de los funcionarios, la productora explicó: “Los tres poderes se pasan la pelota; el fiscal me dice que vaya a los medios para meterle presión a la ministra de Seguridad y ésta me habla de paz social ante un delito, mientras que la Policía no se anima a entrar al campo. El ministro de Tierras también me dice que hable con los medios y el de Producción que espere las elecciones”, describió la situación.
La productora dijo que está a favor de que haya una ley que cuide a los pueblos originarios, pero “esta ley está hecha de tal modo que da lugar a que cualquiera se considere originario y arme una comunidad. Por la forma en que se está aplicada, sin controles, sin documentación, yo entro a tu casa y digo que soy originaria y eso es suficiente para que a mí no me desalojen”, explicó.
Galván maneja dos hipótesis respecto de lo que está sucediendo. “A nivel local estas agrupaciones, que en algunos casos logran tener la personería sin ser pueblos originarios, extorsionan a las petroleras y cobran regalías que no son ganadas en buena fe, porque si no les paran los pozos”, aseguró.
Y agregó que “a nivel nacional hay algo mayor que no logramos dimensionar. Creemos que esto es una forma de tener dominio sobre la tierra, pues las usurpaciones nunca se hacen en lugares que no valen nada, hay un interés mayor. Vemos que es el mismo discurso, el mismo modo de operar, hay alguien que digita esto”, alertó.
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]]>La entrada Héctor Hernández Vieyra fundó el Foro de Seguridad Rural porque no tiene dudas: Con el disfraz de lo “originario”, hay organizaciones que quieren apropiarse de parte del territorio argentino se publicó primero en Bichos de Campo.
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Para eso, junto a un grupo de referentes en derecho y seguridad, integra el recientemente creado “Foro de Seguridad Rural Argentino” con el propósito de crear una red de colaboración orientada a concientizar que detrás de diferentes hechos supuestamente aislados existe una estrategia integral.
“Estas pretensiones pseudo mapuches en las provincias del sur de nuestro país, pero también en el norte, se enmarcan dentro de una maniobra estratégica regional que afecta sustancialmente el patrimonio geográfico argentino y los intereses nacionales”, indicó a Bichos de Campo Hernández Vieyra, quien es abogado y productor agropecuario de Las Heras (Buenos Aires). Estuvo a cargo del Comité de Seguridad Rural de la Sociedad Rural Argentina y fue uno de los impulsores de la creación de diferentes patrullas rurales en la provincia de Buenos Aires.
-¿Quiénes están detrás de las acciones de estos grupos denominados originarios?
-Tenemos que cuestionar el término “originario” porque es una idea dialéctica impuesta a conciencia por los centros de poder para fomentar el enfrentamiento de quienes no deberían ser enemigos. Si originario es el que estaba antes, siempre hubo alguien atrás en la historia y nadie puede asegurar descender de los primeros; tampoco se dice cuánto hace falta haber estado en un territorio para ser considerado originario y si los antepasados de los que se consideran originarios no ejercieron la violencia para ocupar un territorio. La idea de lo originario fue acuñada por una especie de racismo anti-blanco, el único racismo bien visto y permitido. La idea de que debemos renunciar a nuestra herencia cultural europea y asumir la identidad amerindia para considerarnos verdaderos americanos es interesadamente rupturista e implica una agresión a nuestra identidad criolla que es inaceptable, además de ser una concepción racista en nombre del anti-racismo; una verdadera incongruencia.
Detrás de estos grupos hay poderes fácticos, mafias, proto-movimientos sociales, narcotraficantes, organizaciones guerrilleras y terroristas internacionales, como las FARC, que son aliados estratégicos de algunos de estos grupos armados identificados con corrientes indigenistas, como puede ser el caso de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la Alianza Territorial Mapuche, la Weichan Auka Mapu en Chile y la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), entre otras, en la Argentina.
-¿Serían entonces varios los intereses y grupos interesados en financiar y promover a esas organizaciones con diferentes propósitos?
-Por supuesto, con el propósito de usurpar e ir copando sectores del territorio, que en el caso del sur del país son de tipo estratégico. La militarización reciente en Chile, en las regiones del Bio Bio y la Araucania, podría producir un “efecto derrame” en las provincias de Neuquén y Río Negro, porque estas organizaciones pueden llegar a correrse hacia el territorio argentino y en ese caso vamos a estar en un encerrona grande. Existe una indolencia o una complicidad de las autoridades nacionales, que fomentan el desarrollo de esta insurgencia, porque están llevando a cabo acciones en pos de la concreción de lo que denominan la Wall Mapu (Nación Mapuche), que afecta vastos territorios que abarcan desde el país trasandino hasta toda la pampa húmeda. Esto atenta contra la identidad nacional y contra la integridad territorial. Y estos vándalos dejan numerosas víctimas, porque usurpan propiedades, las destruyen, siembran el terror y, al sembrar el terror, son terroristas y no se les está aplicando la ley que corresponde, por lo que hay reticencia para que actúen las fuerzas federales, que son las que tienen competencia en ese tipo de delitos.
-¿Qué debería hacer el Estado frente a una situación como esa?
-Desocupar las zonas afectadas. Hay lugares que son de particulares y otros del propio Estado, como puede ser el caso de los parques nacionales. Por algo el gobierno chileno ha mandado al ejército para apoyar a los carabineros y militarizar las regiones afectadas por estas organizaciones. Allá los van a correr. ¿Y a dónde se van a refugiar? Evidentemente donde tienen garantías absolutas.
-¿Por qué cree que existe un garantismo en la Argentina al respecto?
-Es un tema ideológico. ¿Por qué no hay una respuesta inmediata? ¿Por qué no hemos enviado a la Gendarmería con todo el apoyo necesario? ¿Qué estamos esperando? La propia gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, solicitó ayuda al gobierno nacional a los gritos y le contestan que no corresponde cuando están ocupando rutas nacionales. Tenemos la región de “Vaca Muerta” cerca, que es estratégica. Esto preocupa además porque esta ocupación puede llegar a tener una proyección hacia la Antártida, que tenemos que resguardar. Los poderes detrás de estos movimientos quizás están manejando otros escenarios con proyecciones que van más allá de lo nacional.
Estos supuestos mapuches tienen su sede central en el Reino Unido (en referencia a la ONG Mapuche International Link) y los intereses británicos sobre la Antártida son elocuentes; si tenemos a los británicos en las Malvinas y también apoyando grupos insurgentes en Chile, estamos rodeados por ambos lados. Y todo apuntando bien al sur, a la Antártida. Más allá de ser una cuestión de las provincia del sur o del norte del país, miremos con proyección estratégica hacia dónde apuntan estas acciones.
Reynaldo Mariqueo (@Marhikewun) from Mapuche International Link, and @pcayuqueo, author of Historia Secreta Mapuche, talk about the important legacy of the Kingdom of Araucania and Patagonia in this @guardian article by @matyoukee today. #Mapuche #WallMapuhttps://t.co/ul7R6uOXwE pic.twitter.com/udnQCqCDnr
— M.I.L (@MapuLink) March 21, 2018
-Participó recientemente en el evento realizado en Tucumán para denunciar las usurpaciones que están teniendo lugar en el norte argentino.
-Sí. Allí se tocó el tema vinculado a la famosa Ley 26.160 (de relevamiento de comunidades indígenas), que fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, pero fue prorrogada en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2017, y que se está por prorrogar por cuatro años más. Es una ley muy peligrosa, porque es una ley de emergencia, lo que representa una barbaridad, porque no puede haber una emergencia que se extienda por dos décadas. Y cada vez que se prorroga, se van incorporando más pueblos pseudo originarios, porque la forma de acreditar que son originarios es cumplir un par de requisitos muy sencillos sin que eso implique una investigación.
Además, lo peligroso de esa ley es que se apoyó para la definición de pueblo originario en una resolución de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que originalmente era la 107 y ahora es la 169, que la modifica en un tema que es central: la 107 hacía referencia a poblaciones indígenas y la 169 habla de pueblos indígenas y el concepto de pueblo tiene una connotación geopolítica, porque un pueblo puede tener capacidad de autodeterminación. Eso es peligrosísimo, porque pueden llegar a buscar una secesión.
-¿Eso implica que las usurpaciones, que son observadas como casos particulares, con el tiempo se pueden llegar a transformar en un reclamo generalizado sobre una porción del territorio?
-Los casos que se registran en el norte del país, si bien son individuales, todos tienen un común denominador. Gente que era empleada en un establecimiento, contratista o arrendatario y un día le dijeron al dueño legítimo que ellos eran propietarios del lugar porque ellos son originarios del mismo. Y estas cosas aparecen porque la ley se sigue prorrogando y aparentemente contaría con el apoyo de la oposición para ser aplicada por cuatro años más. La ley es inconstitucional porque no puede haber una ley de emergencia por dos décadas; si se prorroga dejó de ser de emergencia.
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]]>La entrada No solo mapuches: Cinco rostros y cinco historias que denuncian que el problema de las usurpaciones de campos también es grave en el norte del país se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Caras. Rostros. Personas con nombre y apellido, que denuncian a otras personas con nombre y apellido de robarles los campos. Todas ellas fueron convocadas por la ONG Prodeco Consenso Tucumán para contar sus historias y reclamar por lo que consideran son actos de injusticia.
El primer caso fue el de Martín Baldoni y su esposa Elizabeth, quienes decidieron emigrar de Buenos Aires a Jujuy y en 2005 compraron una finca en la localidad de Tilquiza, en plena zona de las Yungas, con la intención de montar allí un establecimiento de turismo rural y de conservación. Fundaron la Reserva Natural Aldea Luna, que tiene más de 20 kilómetros de senderos bien señalizados.
“En el momento en que que compramos no había dentro de la finca ninguna comunidad aborigen, ni tampoco cerca. Solo había pastajeros arrendatarios que si vos les decías que eran aborígenes se ofendían”, rememoró Baldoni, que en 2009 comenzó a tener problemas con un grupo de esos pastajeros (con los que dio por concluidos los contratos de arrendamiento), que se unió para conformar una comunidad indígena y reclamar la posesión de esas tierras.
“Nos envenenan los perros, nos rompen las señalizaciones. Es un desgaste infinito”, recalca el propietario rural, que denunció con todas las letras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación otorgó la personería jurídica a esa supuesta comunidad indígena a partir de un acta fraguada. “Esta gente no vive en la finca nuestra. El 100% vive en San Salvador de Jujuy e incluso son propietarios allí de sus casas. Se está hablando de una comunidad aborigen donde los miembros no habitan la tierra que reclaman”.
Luego siguió el caso de Dora Pérez, integrante de PRODECO y tucumana. Ella y su familia tenían una propiedad de 780 hectáreas en El Nogalito. “Tenemos títulos desde 1905 y pagamos todos los impuestos”, aclaró para despejar todo tipo de dudas.
En su caso, Dorita relató que convive con una presunta comunidad indígena que le usurpó parte del terreno. Y hasta denunció haber sido golpeada por un grupo de 25 personas que responden a un “falso cacique” que sería un puntero político del lugar. “Él manda a la gente pero nunca aparece. Pero a mi me mataron los animales, los caballos. No puedo tener nada porque todo me lo rompen y me lo roban”, se lamentó.
Pérez agregó que cuando hace laguna denuncia por estos hechos no recibe ninguna respuesta de parte de la justicia. Y que, en cambio, cuando ella es denunciada por presuntas amenazas contra los ocupantes del predio, es su casa la que recibe allanamientos judiciales en busca de “supuestas armas de fuego que por supuesto nunca encuentran”.
Dorita consideró que es obvia la complicidad de la política con esta situación. Y como prueba expuso que hace dos meses la supuesta comunidad indígena que la atacó recibió ayuda económica de parte de Beatriz Ávila, actual diputada nacional de Tucumán por el Partido de la Justicia Social.
“Hasta el momento la justicia no me da respuesta y me dicen que no pueden accionar porque los usurpadores tienen gente política que los defiende. La causa ya esta elevada a juicio, pero lo que falta es que decidan la fecha y la sala”, explica la propietaria rural.
Luego siguió el turno de Edgardo Nievas, un ingeniero que -según su relato- “se enamoró de los valles Calchaquíes” y decidió comprar una pequeña finca de solo 3 hectáreas en la localidad de Payogasta, cerca de Cachi, en Salta. “Se la compré al primo de un senador por el departamento La Poma, con escritura y toda la documentación”, relató.
“A los tres meses llegaron, un día sábado, este senador junto al juez de paz de Payogasta, se me metieron, no los pude frenar ni mostrando la escritura. Me dijo: ‘Yo tengo un papel que es más fuerte que ese'”. Incluso contó Edgardo que lo denunciaron a él por intruso y que el juez, en ese contexto, los obligó a convivir “en paz y armonía” dentro de la pequeña propiedad.
Dijo Nievas: “Mi vida ha sido un calvario. La historia duró cinco años y medio. Yo vivía en un sucucho y me obligaron a convivir con 20/25 personas pagadas por el senador. Por suerte nunca me atacaron, a pesar de que yo los provocaba a que vinieran de uno por uno”.
El ingeniero no dudó en denunciar con nombre y apellido al senador Telmo Salva y lamentó que en las elecciones éste sea candidato suplente de otro histórico político del lugar llamado Walter Wayar, que incluso llegó a ser vicegobernador de Salta.
Uno de los testimonios más fuertes fue el de la santiagueña Marisa Figueroa, que relató la usurpación del pequeño campo de 10 hectáreas de su familia en el Departamento de Robles. “Venimos de antepasados zafreros, de trabajadores de los obrajes. La tierra que estoy defendiendo es la primera tierra que se pudo comprar mi familia”, contextualizó.
Pero además Marisa denunció que en Santiago del Estero “la usurpación se está sistematizando y hay una serie de complicidades que así lo permiten. Es una zona liberada para la usurpación, que nace del mismo Estado. No hay usurpación que no esté en vinculación directa con el poder santiagueño”.
En su caso, dijo que el campo familiar le fue usurpado en simultanea por un comisionado municipal y un escribano que tiene vínculos directos con el poder político local. “Este escribano se viene apoderando de toda la zona de riesgo del Departamento Robles con diferentes estrategias. Yo tengo impuestos al día y escritura, y le puedo hacer frente. Pero hoy son muchísimos los campesinos que pueden perder la tierra a manos de este escribano, que recurre a los mecanismos más fraudulentos para apoderarse de la tierra”, explicó.
En enero de 2019, según este relato, su predio del Paraje Janta fue intrusado directamente con una topadora, y “en simultáneo ponen una vivienda social para punteros políticos, financiada por la provincia”. Desde entonces está resistiendo esa ocupación como puede, pero desde afuera de su propiedad.
Figueroa, que forma parte de una asamblea de mujeres que sufren las mismas situaciones, dijo que una parte de estas usurpaciones -sobre todo en el sur provincial- son cometidas por el Mocase-Vía Campesina (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), que “surge en los 80 con un objetivo muy noble que es la reivindicación de los derechos campesinos”, pero luego se transforma en un actor político.
“Lo que sucede no tiene ninguna vinculación con la causa indígena. Lo que sucede es simplemente que existe una organización que está conducida por una dirigencia canalla que está emprendiendo un proyecto político y construyendo poder de la manera más vil. El Mocase hoy es la fuerza de choque del gobierno provincial y está financiado por el INAI, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura de la Nación”, disparó Figueroa sin mostrar temor. Hizo referencia así a que dos importantes dirigentes de ese movimiento, Adolfo Arias y Deolinda Carrizo (quien es directora de género e igualdad en la Subsecretaría de Agricultura Familiar), protagonizan directamente este tipo de tomas.
Finalmente fue el turno de Raúl Ovejero, integrante de la familia Yampa, que se asentaba desde hace más de un siglo sobre 6.600 hectáreas de la Estancia El Solco, en el sur de Tucumán. “En el año 2000 nos visitó un sacerdote, a mi abuela y a nosotros, y ahí comenzó nuestro calvario”, relató el hombre, incorporando un nuevo elemento a esta saga de historias: además de la complicidad de políticos y la inacción de políticas, hay casos donde también intervienen miembros de la Iglesia Católica.
Ovejero recordó que el cura intentó convencerlos de que se organizaran con los vecinos formalmente como una comunidad indígena. Recordó que en aquel momento el sacerdote estaba acompañado por “un monaguillo” llamado Rolando Fregenal, que con el correr de los años se convertiría en el cacique de la comunidad Solco-Yampa, y a quien acusa de irse apoderando de unas 40.000 hectáreas en toda esa región.
“Primero pensábamos que era como un centro vecinal. Nos decían que el gobierno nos iba a expropiar para hacer el Parque Nacional Los Alisos, que es vecino, y les creíamos. Somos pequeños productores de ganado en zona de montaña”, se excusó Ovejero.
En principio, según su memoria, en 2005 el INAI les dijo que no reunían las condiciones para ser considerados formalmente una comunidad con derecho a reclamar esas tierras. “Pero empezaron a truchar todos los datos, armar el estatuto. Solco-Yampa es totoalmente falsa. Nosotros somos la familia a la que han utilizado para formar esta comunidad. Pero de ser los poseedores de la estancia El Solco pasamos a ser usurpadores. Ahora es el cacique el dueño, tiene personería jurídica. Y todo gracias a un relevamiento territorial falso”.
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]]>“Esta es una situación que, si bien ahora ha tomado vuelo mediático, arrancó en 2014. En un principio nadie sabía a qué atribuirlo. Eran actos de sabotaje: prender fuego un camión en la noche, incendiar un puesto en alguna estancia y dejar consignas anónimas de reivindicación de la lucha ‘mapuche’. Hoy sabemos que es lo mismo que pasa en Chile, en Neuquén y en Río Negro. Es un mismo movimiento con actores en ambos lados de la cordillera”, dijo a Bichos de Campo Leonardo Jones, presidente de la Rural de Esquel en Chubut.
Las acciones de estos grupos identificados como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) han sido de lo más variadas. Algunas implicaron cortes de ruta y rotura de alambrados, mientras que otras fueron más violentas, como la quema de maquinaria y vehículos.
Días atrás en El Bolsón, provincia de Río Negro, estos grupos atacaron e incendiaron el edificio del Club Andino Piltriquitrón, y dejaron un mensaje intimidatorio contra propietarios de terrenos presentes en la zona y autoridades institucionales: “Benetton, Lewis, Arabela, Pogliano. El agua y la tierra no se venden, se defienden”. Eso prendió alarmas en la provincia, ya que supuso una amenaza directa a la gobernadora Arabela Carreras y al intendente de esa localidad, Bruno Pogliano.
“Mi más enérgico repudio contra el ataque incendiario al Club Andino Piltriquitrón de #ElBolsón. No vamos a avalar ningún tipo de violencia en Río Negro, que ponga en peligro la vida de las personas y destruya las instituciones. Denunciaremos el hecho en la Justicia Federal Penal, en el marco de la acción ya presentada por el delito de terrorismo”, escribió Carreras en sus redes sociales.
“Las proclamas de fondo de quienes avalan los actos de violencia es que ellos desconocen al Estado Argentino y al Estado Chileno, y van en búsqueda de la conformación de una Nación Mapuche, en una región que ocupa las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, parte del sur de Buenos Aires y más o menos lo mismo del otro lado en Chile”, señaló Jones.
Las críticas al gobierno nacional recrudecieron luego de que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, se presentara en la audiencia que se realizó en Chile, en la cual Facundo Jones Huala, líder de la RAM y detenido desde 2018 por incendiar una vivienda en la localidad chilena de Pisu Pisué, pidió por su libertad condicional.
Los trascendidos indicaron que Bielsa había pedido por la extradición de Huala a la Argentina; sin embargo, desde la Embajada afirmaron que eso no fue así y que el gobierno chileno pidió la participación del funcionario por haber un ciudadano argentino involucrado. Mientras tanto, el gobierno de Río Negro pidió la colaboración de las fuerzas de seguridad federales, pedido que fue denegado por la Nación.
Frente a diversas impropiedades que se están difundiendo por algunos medios de comunicación y redes sociales, relacionadas con la asistencia consular al ciudadano argentino Facundo Jones Huala, se abre hilo: (1/11)
— Argentina en Chile (@EmbArgEnChile) October 21, 2021
“Hay algo que venimos planteando desde hace mucho tiempo: los gobiernos le escapan a este tema porque es uno que no le lleva votos a nadie, es un tema incómodo y la Justicia, los Estados provinciales y el Estado nacional lo han dejado crecer”, sostuvo el presidente de la Rural de Esquel.
“El escenario es muy difícil para nosotros como productores si el gobierno promueve y apoya este tipo de cosas. Lo que estamos pidiendo es que los gobiernos provinciales, tal cual lo ha hecho la gobernadora Carreras, se pongan del lado de las víctimas y le exijan al gobierno nacional que cambie su actitud”, añadió.
“Como colegas nosotros apoyamos a los productores afectados en todo lo que podemos; cada caso es distinto, pero no está previsto desde el Estado ningún tipo de acompañamiento”, dijo el dirigente rural con resignación.
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]]>El Diario Río Negro informó en las últimas horas que una comunidad mapuche llamada Fvta Xayen (Paraje Tratayen) tomó posesión de tierras de la zona de Vaca Muerta porque aseguran que les pertenecen. Se trata de un área que se denomina “Los Algarrobos”, que está ubicada a 18 kilómetros de Añelo.
“La toma de tierras es un delito y la Justicia debe intervenir firmemente para garantizar el cumplimiento de la Ley. Convalidar desde la política con un silencio los convierte en cómplices de la ilegalidad y desprecio a los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional”, definió la Federación de Productores de frutas, que reclamó una decidida intervención oficial.
“En este caso se trata de un lote privado, que cuenta con título de propiedad desde 1976, hoy se encuentra inscripta la sucesión. Por los lotes afectados atraviesan gasoductos, por lo que la familia Galván ha cobrado la servidumbre correspondiente, sin oposición de ningún tipo, hasta este momento”, afirmó el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara.
Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores, confirmó a Bichos de Campo que las tierras que ahora son reclamadas por la comunidad mapuche pertenecen a una histórica familia de productores de apellido Galván, que tiene los títulos de propiedad desde los años 70. “Esta gente viene como siempre a hablar de las tierras ancestrales y pone esa condición para aprovecharse de las cosas. El Estado y la justicia muchas veces apañan esto y no actúan como deben actuar.”, se lamentó.
Los mapuches acusan al productor Galván, de haber logrado “a través de una relación fraudulenta con los poderes del momento” acreditar su propiedad hasta la orilla del río Neuquén. Desde esa perspectiva, esos títulos incluyeron una serie de islas que se utilizaban para la crianza de ganado por parte de la comunidad.
Informa el Río Negro que “los mapuches denuncian que el privado ingresó por la fuerza a las tierras, usando máquinas que avanzaron sobre sitios de parición, pastoreo y importancia cultural. Señalaron que el lugar es considerado ‘eltuwe’, o sea, cementerio de los antepasados. También resaltaron que en el área se encuentran los pilares, que son restos arqueológicos que fueron resguardados por los mayores de la comunidad”.
Para los productores más formalizados de la región, en cambio, no hay mucho por debatir. “Desde la Federación brindamos nuestro acompañamiento a la Familia productora damnificada y nos manifestamos en alerta ya que estas usurpaciones ponen en vilo a las actividades productivas dejando vulnerable a quienes apostamos y trabajamos en la producción”, se indicó en un comunicado.
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