La entrada Otro pequeño productor de Santiago del Estero denunció al Mocase por usurpación: “Vinieron con la misión de cuidar al campesino, pero se están quedando con todo” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Yo tenía un campo que heredé de un tío, entre El Colorado y Los Juríes. Hace cinco años que no puedo entrar. Es el sostén de mi familia”, dijo Lacorte a Bichos de Campo.
Mirá la nota completa acá:
Según relató el santiagueño, durante 20 años se ocupó del terreno recibido, al cual le efectuó reformas. Lo alambró, limpio y preparó para actividades de siembra. Sin embargo un día vio impedida su entrada.
“Fui a trabajar y me encontré con esta gente diciéndome que me vaya, que yo había vendido el campo. Les pedí que me muestren quién lo compro, algún papel con una firma. Nunca pudieron conseguir nada. Me dijeron que no me correspondía porque pertenecía a tierra indígena y que yo debía que vivir dentro del territorio para que sea mío. El campo es mío, yo soy quien todos los años lo trabaja. Todos los años solicito el crédito algodonero por el cual el gobierno avala que yo tengo la posesión”, afirmó el productor.
-¿Conocías a alguna de las personas que estaban allí?- le preguntamos a Lacorte.
-Sí, toda gente que se ha criado conmigo. Son compañeros de escuela, vecinos. Es lamentable, hoy están irreconocibles. Yo también supe pertenecer al Mocase pero con otra clase de mentalidad. Me abrí de la organización porque vi que detrás había una mafia y a mí no me enseñaron a hacer eso.
A continuación agregó: “Vinieron con la misión de cuidar al campesino, que no vengan los grandes terratenientes a quedarse con lo poco que tienen. Pero se están quedando con todo, tengan o no escritura. Se han transformado en empresarios”.
-¿Intentaste recuperar tu campo por las vías normales?
-Hice cinco denuncias, tengo todos los comprobantes. Incluso me he presentado en Santiago, en Derecho de Tierra. Nunca tuve una respuesta de la Justicia. Posiblemente mi denuncia haya ido a parar al inodoro. Creo que hay curro político, hay jueces metidos o apretados. Ya están entrando a la ciudad de Quimilí. Aquí hay dos terrenos tomados por el Mocase. En un tiempo más no vamos a ser dueños de nada.
-¿Creés que si le hubieras acordado con el Mocase hubieses podido conservar tu campo?
-No, no somos esa clase de gente. A nosotros nos enseñaron que hay que ganarse las cosas como corresponde, con sacrificio.
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]]>La entrada El gobierno sacó un decreto para prorrogar por cuarta vez, hasta fines de 2025, una ley que facilita las ocupaciones de campos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El decreto prorrogó la Ley 26.160, por medio de la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente eran ocupadas por comunidades indígenas originarias.
Esa ley expiraba el próximo 23 de noviembre, pero ahora el decreto firmado por Fernández y por todos sus ministros (lo que muestra la sensibilidad del asunto) “prorrogó los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley 26.160, prorrogados por las Leyes 26.554, 26.894 y 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2025”.
Es que sí, la ley original fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, pero luego fue prorrogada en tres oportunidades (2009, 2013 y 2017). Esta es la cuarta ocasión, y el relevamiento de tierras de las comunidades originarias que ordena efectuar ara reparar esos derechos no se ha concluido nunca.
¿Por qué se extendió ese plazo por decreto?
Existe un proyecto oficial de extensión de esa norma que si bien cuenta con media sanción del Senado, recién fue tratado el miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados –donde obtuvo dictamen favorable– y ya no dispone de tiempos legislativos par ser aprobado en la Cámara baja.
En ese marco, el gobierno extendió la norma por decreto, a pesar de que la misma, como exige requisitos muy laxos para validar la pertenencia a una comunidad “originaria”, se viene empleando en los últimos años para fomentar las usurpaciones de campos y establecimientos agropecuarios por parte de grupos que en varios casos han empleado métodos violentos. Es lo que denuncian productores del sur y el norte del país.
El 28 de octubre pasado, mientras se agudizaba el conflicto en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut por sucesivos sabotajes propiciados presuntamente por miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el Senado dio media sanción al proyecto de prórroga de la Ley 26.160. La cuestión es que la iniciativa recibió 43 votos afirmativos, de los cuales seis provinieron de senadores de Juntos por el Cambio, mientras que otros cuatro senadores de ese bloque se abstuvieron de votar.
Este miércoles, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el bloque de Juntos por el Cambio mostró una posición diferente a la registrada en el Senado al rechazar el dictamen de mayoría promovido por el Frente de Todos y presentar uno de minoría, en el cual se solicita que la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras reclamadas, se aplique solamente para situaciones presentes con anterioridad a 2006, de manera tal de que no se siga promoviendo la aparición de nuevos supuestos “pueblos originarios” que aparecen todos los años para reclamar la posesión de tierras de manera indebida.
“En Chubut hay laburantes que tienen miedo porque esa escalada de violencia está avalada por gestos como estos; no son cuestiones burocráticas menores”, indicó Ignacio Torres, diputado del PRO de Chubut, al rechazar el dictamen de mayoría del oficialismo.
“Muchas de esas tomas violentas no tienen nada que ver con pueblos originarios, aunque se amparen en un reclamo legítimo, que nadie desconoce, para poder accionar de manera violenta”, apuntó.
En referencia a los integrantes de los pueblos originarios que en realidad no lo serían, Torres dijo que “muchos de ellos tienen característica (telefónica) 011 (correspondiente a la ciudad de Buenos Aires) y están avalados y financiados por sectores de este gobierno, porque eligen avalar la violencia en vez de defender a las víctimas”.
En tanto, Gustavo Menna, diputado de la UCR por Chubut –una provincia afectada por las usurpaciones constantes–, afirmó que la extensión de la Ley 26.160 “implica algo grave, como es que durante la emergencia nos entrometernos en las decisiones de otro poder del Estado, como es la justicia, y mandamos a suspender sentencias de desalojo, que están firmes y a las que se llegó después de transitar un proceso con todas las garantías, donde se le dio la razón a una de las partes”.
“Sin embargo, esta ley dice no se ejecuta la sentencia y a eso hay que ponerle un tope temporal y ese tope no puede ser otro que la situación existente en el año 2006, porque si no vamos a seguir estirando y prorrogando, en el interín se seguirán generando situaciones litigiosas, con todo lo que eso implica en términos de injusticia para quien la padece, pero además de inseguridad jurídica”, advirtió.
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]]>La entrada Advierten que la semana que viene se intentará prorrogar por cuarta vez una ley que facilita las usurpaciones de campos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Así lo advirtió Luciano Laspina, diputado santafesino de Juntos por el Cambio, en referencia a la Ley 26.160 (de relevamiento de comunidades indígenas), que fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, pero fue prorrogada en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2017, y que ahora el gobierno de Alberto Fernández quiere extender por cuatro años más.
Debido a que la norma exige requisitos muy laxos para validar la pertenencia a una comunidad “originaria”, se viene empleando en los últimos años para fomentar las usurpaciones de campos y establecimientos agropecuarios en diferentes regiones argentinas.
El gobierno quiere tratar la semana próxima una ley que prohibe desalojos a quienes se autoperciban comunidades “originarias” o “de la agricultura familiar”. Traducido: cualquiera se podrá quedar con tu propiedad. Por suerte el domingo hay elecciones…
— Luciano Laspina (@LaspinaL) November 12, 2021
“La ley viene siendo prorrogada desde su sanción en 2006. Es hora que se normalice la situación y se deje atrás la ‘emergencia’. Es un pésimo antecedente para la crisis que se está viviendo hoy en el sur de nuestro país con las usurpaciones y ataques a la propiedad privada”, apuntó Laspina.
“Cómo está siendo prorrogada, sin aclarar las fecha de corte, se interpreta en la práctica como una extensión de la suspensión de desalojos para las usurpaciones que ocurrieron entre prórrogas. Al menos debería aclararse que la prórroga únicamente rige para los juicios de desalojos anteriores a la sanción de la ley en 2006”, añadió.
El 28 de octubre pasado, mientras se agudizaba el conflicto en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut por sucesivos sabotajes propiciados por miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el Senado dio media sanción al proyecto que busca prorrogar la Ley 26.160 para luego girar la iniciativa a la Cámara de Diputados.
La cuestión es que la iniciativa recibió 43 votos afirmativos, de los cuales seis provinieron de senadores del bloque de Juntos por el Cambio: Julio Cobos, Carmes Crexell, Mario Fiad, Gladys González, Juan Carlos Marino y Víctor Zimmermann
Además, cuatro senadores de Juntos por el Cambio se abstuvieron de votar (Laura Rodríguez Machado, Juan Carlos Romero, Pamela Verasay y María Vucasovich), mientras que otros doce estuvieron ausentes (Eduardo Costa, Alfredo de Angeli, Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Martín Lousteau, Stella Olalla, Luis Petcoff Naidenoff, Claudio Poggi, Guadalupe Tagliaferri, María Belén Tapia, María Clara del Valle Vega y Alberto Weretilneck), con lo cual el bloque opositor facilitó claramente la aprobación de la extensión de la Ley 26.160.
Acta 2 – Sesión 28-10-1La entrada Advierten que la semana que viene se intentará prorrogar por cuarta vez una ley que facilita las usurpaciones de campos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Los hermanos Galván resisten la usurpación del campo que compró su padre hace 40 años en Añelo: Acusan a “supuestos mapuches que está comprobado no lo son” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Tal como está planteada la situación legal, quien se autopercibe como integrante de un pueblo originario queda amparado por una normativa que prevé la realización de un censo inconcluso desde 2006, mientras que quienes sufren la invasión de su propiedad quedan con la sensación de vulnerabilidad, desamparo, inseguridad y abandono de parte de los poderes del Estado provincial y nacional. Pero sobre todo de la justicia.
Eso es lo que asegura estar viviendo la familia Galván en la localidad neuquina de Añelo, que está ubicada a pocos kilómetros de los yacimientos petroleros de Vaca Muerta. Es apenas un ejemplo entre varios casos que llevaron a que el domingo se organizaran dos manifestaciones de productores que temen por más usurpaciones. Las marchas se realizaron en Bariloche (Río Negro) y Añelo (Neuquén).
En diálogo con Bichos de Campo, Carolina Galván -junto a su hermano Fernando- contó que su padre compró el campo que ahora está en litigio en 1977, incluso antes de que hubiera una ruta de asfalto que llegara a esa zona. El vendedor, hace 40 años, fue un particular que tenían los papeles en regla, pues no se trataba de tierras fiscales.
En 2017, sin embargo, sufrieron una primera usurpación de “estos supuestos mapuches que está comprobado que no lo son”, describió Carolina.
En aquel momento, y tras impugnar la presentación de la personería jurídica de esta agrupación, negociaron con los usurpadores y llegaron a un acuerdo: los Galván renunciaron a avanzar con el juicio penal a cambio de que se desalojara la parte invadida del campo. Pero no fue gratis el episodio: al padre de Carolina eso le costó un accidente cerebrovascular.
“Ahora vuelven a usurparnos desconociendo aquel acuerdo que firmaron ante un fiscal y en el que reconocen la propiedad privada a cambio de que nosotros frenemos el juicio penal”, relató.
Escuchá la entrevista a Carolina Galván:
Esta familia de productores tiene un campo de 1.000 hectáreas, en gran parte destinado a la producción frutícola, y estaban arrancando con los trabajos en el suelo para sembrar avena en un lote de 20 hectáreas cuando se encontraron con los ocupantes que ahora controlan 100 hectáreas de su establecimiento.
“Yo no puedo ingresar a mi campo a pesar de que hay una orden de desalojo. Nos dicen que hay un trabajo de investigación para ver el momento apropiado del desalojo. Pero claramente no hay intención de desalojarlos. El gobierno de Neuquén tiene un discurso grave, hablan de paz social con los conflictos mapuches, pero no puede haber paz social con alguien que delinque. Eso había décadas atrás, antes de esta ley que habilitó a cualquier delincuente a hacerse pasar por originarios”, sostuvo Galván.
Con respecto al accionar de los funcionarios, la productora explicó: “Los tres poderes se pasan la pelota; el fiscal me dice que vaya a los medios para meterle presión a la ministra de Seguridad y ésta me habla de paz social ante un delito, mientras que la Policía no se anima a entrar al campo. El ministro de Tierras también me dice que hable con los medios y el de Producción que espere las elecciones”, describió la situación.
La productora dijo que está a favor de que haya una ley que cuide a los pueblos originarios, pero “esta ley está hecha de tal modo que da lugar a que cualquiera se considere originario y arme una comunidad. Por la forma en que se está aplicada, sin controles, sin documentación, yo entro a tu casa y digo que soy originaria y eso es suficiente para que a mí no me desalojen”, explicó.
Galván maneja dos hipótesis respecto de lo que está sucediendo. “A nivel local estas agrupaciones, que en algunos casos logran tener la personería sin ser pueblos originarios, extorsionan a las petroleras y cobran regalías que no son ganadas en buena fe, porque si no les paran los pozos”, aseguró.
Y agregó que “a nivel nacional hay algo mayor que no logramos dimensionar. Creemos que esto es una forma de tener dominio sobre la tierra, pues las usurpaciones nunca se hacen en lugares que no valen nada, hay un interés mayor. Vemos que es el mismo discurso, el mismo modo de operar, hay alguien que digita esto”, alertó.
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]]>La entrada Héctor Hernández Vieyra fundó el Foro de Seguridad Rural porque no tiene dudas: Con el disfraz de lo “originario”, hay organizaciones que quieren apropiarse de parte del territorio argentino se publicó primero en Bichos de Campo.
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Para eso, junto a un grupo de referentes en derecho y seguridad, integra el recientemente creado “Foro de Seguridad Rural Argentino” con el propósito de crear una red de colaboración orientada a concientizar que detrás de diferentes hechos supuestamente aislados existe una estrategia integral.
“Estas pretensiones pseudo mapuches en las provincias del sur de nuestro país, pero también en el norte, se enmarcan dentro de una maniobra estratégica regional que afecta sustancialmente el patrimonio geográfico argentino y los intereses nacionales”, indicó a Bichos de Campo Hernández Vieyra, quien es abogado y productor agropecuario de Las Heras (Buenos Aires). Estuvo a cargo del Comité de Seguridad Rural de la Sociedad Rural Argentina y fue uno de los impulsores de la creación de diferentes patrullas rurales en la provincia de Buenos Aires.
-¿Quiénes están detrás de las acciones de estos grupos denominados originarios?
-Tenemos que cuestionar el término “originario” porque es una idea dialéctica impuesta a conciencia por los centros de poder para fomentar el enfrentamiento de quienes no deberían ser enemigos. Si originario es el que estaba antes, siempre hubo alguien atrás en la historia y nadie puede asegurar descender de los primeros; tampoco se dice cuánto hace falta haber estado en un territorio para ser considerado originario y si los antepasados de los que se consideran originarios no ejercieron la violencia para ocupar un territorio. La idea de lo originario fue acuñada por una especie de racismo anti-blanco, el único racismo bien visto y permitido. La idea de que debemos renunciar a nuestra herencia cultural europea y asumir la identidad amerindia para considerarnos verdaderos americanos es interesadamente rupturista e implica una agresión a nuestra identidad criolla que es inaceptable, además de ser una concepción racista en nombre del anti-racismo; una verdadera incongruencia.
Detrás de estos grupos hay poderes fácticos, mafias, proto-movimientos sociales, narcotraficantes, organizaciones guerrilleras y terroristas internacionales, como las FARC, que son aliados estratégicos de algunos de estos grupos armados identificados con corrientes indigenistas, como puede ser el caso de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la Alianza Territorial Mapuche, la Weichan Auka Mapu en Chile y la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), entre otras, en la Argentina.
-¿Serían entonces varios los intereses y grupos interesados en financiar y promover a esas organizaciones con diferentes propósitos?
-Por supuesto, con el propósito de usurpar e ir copando sectores del territorio, que en el caso del sur del país son de tipo estratégico. La militarización reciente en Chile, en las regiones del Bio Bio y la Araucania, podría producir un “efecto derrame” en las provincias de Neuquén y Río Negro, porque estas organizaciones pueden llegar a correrse hacia el territorio argentino y en ese caso vamos a estar en un encerrona grande. Existe una indolencia o una complicidad de las autoridades nacionales, que fomentan el desarrollo de esta insurgencia, porque están llevando a cabo acciones en pos de la concreción de lo que denominan la Wall Mapu (Nación Mapuche), que afecta vastos territorios que abarcan desde el país trasandino hasta toda la pampa húmeda. Esto atenta contra la identidad nacional y contra la integridad territorial. Y estos vándalos dejan numerosas víctimas, porque usurpan propiedades, las destruyen, siembran el terror y, al sembrar el terror, son terroristas y no se les está aplicando la ley que corresponde, por lo que hay reticencia para que actúen las fuerzas federales, que son las que tienen competencia en ese tipo de delitos.
-¿Qué debería hacer el Estado frente a una situación como esa?
-Desocupar las zonas afectadas. Hay lugares que son de particulares y otros del propio Estado, como puede ser el caso de los parques nacionales. Por algo el gobierno chileno ha mandado al ejército para apoyar a los carabineros y militarizar las regiones afectadas por estas organizaciones. Allá los van a correr. ¿Y a dónde se van a refugiar? Evidentemente donde tienen garantías absolutas.
-¿Por qué cree que existe un garantismo en la Argentina al respecto?
-Es un tema ideológico. ¿Por qué no hay una respuesta inmediata? ¿Por qué no hemos enviado a la Gendarmería con todo el apoyo necesario? ¿Qué estamos esperando? La propia gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, solicitó ayuda al gobierno nacional a los gritos y le contestan que no corresponde cuando están ocupando rutas nacionales. Tenemos la región de “Vaca Muerta” cerca, que es estratégica. Esto preocupa además porque esta ocupación puede llegar a tener una proyección hacia la Antártida, que tenemos que resguardar. Los poderes detrás de estos movimientos quizás están manejando otros escenarios con proyecciones que van más allá de lo nacional.
Estos supuestos mapuches tienen su sede central en el Reino Unido (en referencia a la ONG Mapuche International Link) y los intereses británicos sobre la Antártida son elocuentes; si tenemos a los británicos en las Malvinas y también apoyando grupos insurgentes en Chile, estamos rodeados por ambos lados. Y todo apuntando bien al sur, a la Antártida. Más allá de ser una cuestión de las provincia del sur o del norte del país, miremos con proyección estratégica hacia dónde apuntan estas acciones.
Reynaldo Mariqueo (@Marhikewun) from Mapuche International Link, and @pcayuqueo, author of Historia Secreta Mapuche, talk about the important legacy of the Kingdom of Araucania and Patagonia in this @guardian article by @matyoukee today. #Mapuche #WallMapuhttps://t.co/ul7R6uOXwE pic.twitter.com/udnQCqCDnr
— M.I.L (@MapuLink) March 21, 2018
-Participó recientemente en el evento realizado en Tucumán para denunciar las usurpaciones que están teniendo lugar en el norte argentino.
-Sí. Allí se tocó el tema vinculado a la famosa Ley 26.160 (de relevamiento de comunidades indígenas), que fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, pero fue prorrogada en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2017, y que se está por prorrogar por cuatro años más. Es una ley muy peligrosa, porque es una ley de emergencia, lo que representa una barbaridad, porque no puede haber una emergencia que se extienda por dos décadas. Y cada vez que se prorroga, se van incorporando más pueblos pseudo originarios, porque la forma de acreditar que son originarios es cumplir un par de requisitos muy sencillos sin que eso implique una investigación.
Además, lo peligroso de esa ley es que se apoyó para la definición de pueblo originario en una resolución de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que originalmente era la 107 y ahora es la 169, que la modifica en un tema que es central: la 107 hacía referencia a poblaciones indígenas y la 169 habla de pueblos indígenas y el concepto de pueblo tiene una connotación geopolítica, porque un pueblo puede tener capacidad de autodeterminación. Eso es peligrosísimo, porque pueden llegar a buscar una secesión.
-¿Eso implica que las usurpaciones, que son observadas como casos particulares, con el tiempo se pueden llegar a transformar en un reclamo generalizado sobre una porción del territorio?
-Los casos que se registran en el norte del país, si bien son individuales, todos tienen un común denominador. Gente que era empleada en un establecimiento, contratista o arrendatario y un día le dijeron al dueño legítimo que ellos eran propietarios del lugar porque ellos son originarios del mismo. Y estas cosas aparecen porque la ley se sigue prorrogando y aparentemente contaría con el apoyo de la oposición para ser aplicada por cuatro años más. La ley es inconstitucional porque no puede haber una ley de emergencia por dos décadas; si se prorroga dejó de ser de emergencia.
La entrada Héctor Hernández Vieyra fundó el Foro de Seguridad Rural porque no tiene dudas: Con el disfraz de lo “originario”, hay organizaciones que quieren apropiarse de parte del territorio argentino se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada No solo mapuches: Cinco rostros y cinco historias que denuncian que el problema de las usurpaciones de campos también es grave en el norte del país se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Caras. Rostros. Personas con nombre y apellido, que denuncian a otras personas con nombre y apellido de robarles los campos. Todas ellas fueron convocadas por la ONG Prodeco Consenso Tucumán para contar sus historias y reclamar por lo que consideran son actos de injusticia.
El primer caso fue el de Martín Baldoni y su esposa Elizabeth, quienes decidieron emigrar de Buenos Aires a Jujuy y en 2005 compraron una finca en la localidad de Tilquiza, en plena zona de las Yungas, con la intención de montar allí un establecimiento de turismo rural y de conservación. Fundaron la Reserva Natural Aldea Luna, que tiene más de 20 kilómetros de senderos bien señalizados.
“En el momento en que que compramos no había dentro de la finca ninguna comunidad aborigen, ni tampoco cerca. Solo había pastajeros arrendatarios que si vos les decías que eran aborígenes se ofendían”, rememoró Baldoni, que en 2009 comenzó a tener problemas con un grupo de esos pastajeros (con los que dio por concluidos los contratos de arrendamiento), que se unió para conformar una comunidad indígena y reclamar la posesión de esas tierras.
“Nos envenenan los perros, nos rompen las señalizaciones. Es un desgaste infinito”, recalca el propietario rural, que denunció con todas las letras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación otorgó la personería jurídica a esa supuesta comunidad indígena a partir de un acta fraguada. “Esta gente no vive en la finca nuestra. El 100% vive en San Salvador de Jujuy e incluso son propietarios allí de sus casas. Se está hablando de una comunidad aborigen donde los miembros no habitan la tierra que reclaman”.
Luego siguió el caso de Dora Pérez, integrante de PRODECO y tucumana. Ella y su familia tenían una propiedad de 780 hectáreas en El Nogalito. “Tenemos títulos desde 1905 y pagamos todos los impuestos”, aclaró para despejar todo tipo de dudas.
En su caso, Dorita relató que convive con una presunta comunidad indígena que le usurpó parte del terreno. Y hasta denunció haber sido golpeada por un grupo de 25 personas que responden a un “falso cacique” que sería un puntero político del lugar. “Él manda a la gente pero nunca aparece. Pero a mi me mataron los animales, los caballos. No puedo tener nada porque todo me lo rompen y me lo roban”, se lamentó.
Pérez agregó que cuando hace laguna denuncia por estos hechos no recibe ninguna respuesta de parte de la justicia. Y que, en cambio, cuando ella es denunciada por presuntas amenazas contra los ocupantes del predio, es su casa la que recibe allanamientos judiciales en busca de “supuestas armas de fuego que por supuesto nunca encuentran”.
Dorita consideró que es obvia la complicidad de la política con esta situación. Y como prueba expuso que hace dos meses la supuesta comunidad indígena que la atacó recibió ayuda económica de parte de Beatriz Ávila, actual diputada nacional de Tucumán por el Partido de la Justicia Social.
“Hasta el momento la justicia no me da respuesta y me dicen que no pueden accionar porque los usurpadores tienen gente política que los defiende. La causa ya esta elevada a juicio, pero lo que falta es que decidan la fecha y la sala”, explica la propietaria rural.
Luego siguió el turno de Edgardo Nievas, un ingeniero que -según su relato- “se enamoró de los valles Calchaquíes” y decidió comprar una pequeña finca de solo 3 hectáreas en la localidad de Payogasta, cerca de Cachi, en Salta. “Se la compré al primo de un senador por el departamento La Poma, con escritura y toda la documentación”, relató.
“A los tres meses llegaron, un día sábado, este senador junto al juez de paz de Payogasta, se me metieron, no los pude frenar ni mostrando la escritura. Me dijo: ‘Yo tengo un papel que es más fuerte que ese'”. Incluso contó Edgardo que lo denunciaron a él por intruso y que el juez, en ese contexto, los obligó a convivir “en paz y armonía” dentro de la pequeña propiedad.
Dijo Nievas: “Mi vida ha sido un calvario. La historia duró cinco años y medio. Yo vivía en un sucucho y me obligaron a convivir con 20/25 personas pagadas por el senador. Por suerte nunca me atacaron, a pesar de que yo los provocaba a que vinieran de uno por uno”.
El ingeniero no dudó en denunciar con nombre y apellido al senador Telmo Salva y lamentó que en las elecciones éste sea candidato suplente de otro histórico político del lugar llamado Walter Wayar, que incluso llegó a ser vicegobernador de Salta.
Uno de los testimonios más fuertes fue el de la santiagueña Marisa Figueroa, que relató la usurpación del pequeño campo de 10 hectáreas de su familia en el Departamento de Robles. “Venimos de antepasados zafreros, de trabajadores de los obrajes. La tierra que estoy defendiendo es la primera tierra que se pudo comprar mi familia”, contextualizó.
Pero además Marisa denunció que en Santiago del Estero “la usurpación se está sistematizando y hay una serie de complicidades que así lo permiten. Es una zona liberada para la usurpación, que nace del mismo Estado. No hay usurpación que no esté en vinculación directa con el poder santiagueño”.
En su caso, dijo que el campo familiar le fue usurpado en simultanea por un comisionado municipal y un escribano que tiene vínculos directos con el poder político local. “Este escribano se viene apoderando de toda la zona de riesgo del Departamento Robles con diferentes estrategias. Yo tengo impuestos al día y escritura, y le puedo hacer frente. Pero hoy son muchísimos los campesinos que pueden perder la tierra a manos de este escribano, que recurre a los mecanismos más fraudulentos para apoderarse de la tierra”, explicó.
En enero de 2019, según este relato, su predio del Paraje Janta fue intrusado directamente con una topadora, y “en simultáneo ponen una vivienda social para punteros políticos, financiada por la provincia”. Desde entonces está resistiendo esa ocupación como puede, pero desde afuera de su propiedad.
Figueroa, que forma parte de una asamblea de mujeres que sufren las mismas situaciones, dijo que una parte de estas usurpaciones -sobre todo en el sur provincial- son cometidas por el Mocase-Vía Campesina (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), que “surge en los 80 con un objetivo muy noble que es la reivindicación de los derechos campesinos”, pero luego se transforma en un actor político.
“Lo que sucede no tiene ninguna vinculación con la causa indígena. Lo que sucede es simplemente que existe una organización que está conducida por una dirigencia canalla que está emprendiendo un proyecto político y construyendo poder de la manera más vil. El Mocase hoy es la fuerza de choque del gobierno provincial y está financiado por el INAI, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura de la Nación”, disparó Figueroa sin mostrar temor. Hizo referencia así a que dos importantes dirigentes de ese movimiento, Adolfo Arias y Deolinda Carrizo (quien es directora de género e igualdad en la Subsecretaría de Agricultura Familiar), protagonizan directamente este tipo de tomas.
Finalmente fue el turno de Raúl Ovejero, integrante de la familia Yampa, que se asentaba desde hace más de un siglo sobre 6.600 hectáreas de la Estancia El Solco, en el sur de Tucumán. “En el año 2000 nos visitó un sacerdote, a mi abuela y a nosotros, y ahí comenzó nuestro calvario”, relató el hombre, incorporando un nuevo elemento a esta saga de historias: además de la complicidad de políticos y la inacción de políticas, hay casos donde también intervienen miembros de la Iglesia Católica.
Ovejero recordó que el cura intentó convencerlos de que se organizaran con los vecinos formalmente como una comunidad indígena. Recordó que en aquel momento el sacerdote estaba acompañado por “un monaguillo” llamado Rolando Fregenal, que con el correr de los años se convertiría en el cacique de la comunidad Solco-Yampa, y a quien acusa de irse apoderando de unas 40.000 hectáreas en toda esa región.
“Primero pensábamos que era como un centro vecinal. Nos decían que el gobierno nos iba a expropiar para hacer el Parque Nacional Los Alisos, que es vecino, y les creíamos. Somos pequeños productores de ganado en zona de montaña”, se excusó Ovejero.
En principio, según su memoria, en 2005 el INAI les dijo que no reunían las condiciones para ser considerados formalmente una comunidad con derecho a reclamar esas tierras. “Pero empezaron a truchar todos los datos, armar el estatuto. Solco-Yampa es totoalmente falsa. Nosotros somos la familia a la que han utilizado para formar esta comunidad. Pero de ser los poseedores de la estancia El Solco pasamos a ser usurpadores. Ahora es el cacique el dueño, tiene personería jurídica. Y todo gracias a un relevamiento territorial falso”.
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]]>La entrada En medio de las tensiones en la Patagonia, el Senado dio media sanción a la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El proyecto, que propone extender hasta el 2025 la vigencia de la ley y otorgar una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma, fue presentado por la senadora salteña del Frente de Todos, Nora del Valle Giménez, quien consideró que se trata de un tema de “derechos humanos muy básicos como el derecho a la tierra, al agua, a la alimentación, a la salud y a la educación”.
Giménez afirmó que es importante completar los relevamientos técnicos y consideró que la próxima discusión será “el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar en base a estos relevamientos la entrega definitiva de la tierra”.
Las tensiones en la reunión llegaron de la mano de las intervenciones de senadores del interbloque de Juntos por el Cambio, que pidieron varias modificaciones como el establecimiento de una fecha límite para la realización de los censos de las comunidades.
“No puedo continuar con prórrogas que se demoran desde 2006. Esta ley no puede excluir la realidad que se está viviendo al sur del país con la actuación de la RAM y la posibilidad de brindarle excusas para que prosigan con su acción terrorista. Si el país pudiera dividirse y excluir de la norma a Río Negro, Chubut y Neuquén tal vez la votaría. Pero esto no es posible. Y, frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un verdadera suicidio institucional para nuestro país”, dijo Ernesto Martínez, senador del PRO por Córdoba.
En el mismo sentido, la cordobesa Laura Rodríguez Machado manifestó: “Los argentinos están sufriendo un ultraje de bienes en el sur de la Patagonia debido a una falsa y mala aplicación, que nació con un buen sentido que es proteger derechos ancestrales. Pero hace dos años que esta norma se convirtió en un escudo de protección para cometer ultrajes y que la Justicia no pueda actuar”.
Desde el oficialismo, el chubutense Juan Mario Pais explicó que “no se puede poner una fecha límite porque desde la Constitución Nacional se los protege como un derecho ancestral preexistente y, por más que uno le ponga un límite para manifestarse como población originaria, cuando estos lo hagan están en su derecho siempre para serlo”.
Por su parte Alfredo Luenzo, también desde Chubut, señaló que “bajo ningún punto de vista esta prórroga implica dar consentimiento a grupos minúsculos que no representan a las comunidades aborígenes” y que “la respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables”.
Finalmente el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, defendió a la ley al indicar que con ella “ya tenemos reconocidos 32 pueblos indígenas, divididos en 1600 comunidades, y hubo un reconocimiento de casi seis millones de hectáreas”.
El encuentro -del que llamativamente no participaron los senadores Silvina García Larrabru (FDT) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que venían sufriendo presiones en su provincia a raíz de este conflicto- culminó con la aceptación por parte del oficialismo de algunos cambios propuestos por la oposición, como la exigencia de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presente anualmente un informe en el Congreso sobre el avance del relevamiento.
El proyecto fue girado a Diputados y aguarda por su tratamiento.
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]]>La entrada Durísimo reclamo de CRA frente a las usurpaciones y a los “atentados” en los conflictos mapuches de la Patagonia se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Con estas frases, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió este jueves un comunicado en el que pide a los diferentes niveles del Estado que actúen frente a este escenario de creciente tensión social en las provincias sureñas, donde se harían incrementado en estos meses electorales los sucesos de tomas de tierras.
Para CRA, que es la organización agropecuaria de mayor representatividad territorial, es clara a esta altura la complicidad del gobierno nacional con las comunidades mapuches involucradas en estos conflictos.
“El Gobierno nacional, ausente de su rol institucional, ha prestado, por acción u omisión, apoyo logístico, económico e ideológico, estableciendo en algunos casos mesas de diálogo que solo logran estirar hasta el infinito las usurpaciones, consolidando la ejecución de hecho de intrusiones en los campos, dilatando su resolución y eludiendo la definición categórica, de donde está el derecho y que limites son infranqueables frente a la propiedad privada”, determinó el comunicado de los ruralistas.
En otro tramo del escrito, CRA recordó que “primero ha sido la Justicia (salvo pocas excepciones) la que no ha dado respuestas adecuadas, rápidas y certeras, permitiendo con su pasividad que los casos puestos a su arbitrio, resulten morosamente tratados, sin respuestas agiles y prolongando, cuando no aumentando, la conflictividad”.
“Tampoco la política ha puesto su atención sobre el tema y solo se observan tímidas manifestaciones de algunos políticos, que dudan entre el estricto cumplimiento de la ley con las especulaciones electorales”, se quejaron los productores.
la organización -que agrupa a unas 300 sociedades rurales de base en todo el país- consideró que uno de los orígenes de esta alta conflictividad hay que buscarla en la ley 26.160, que en 2006 declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias”.
Según esta mirada, esa ley “ha contribuido a crear una atmósfera de consolidación de usurpaciones, al disponer la suspensión de los desalojos, durante su vigencia. Esto en la práctica significa que a nuevas usurpaciones se las protege, con la prohibición de desalojos que la aludida norma dispone”, se explicó.
“La Ley 26.160 estableció la realización de los censos provinciales respectivos, para determinar aquellas tierras ocupadas en forma, tradicional, actual y pública. Sin embargo, la demora en la ejecución de los censos, hace que reiterativamente se prolongue su vigencia, sin incorporarle las modificaciones que la propia experiencia indica como necesarias”, amplió CRA en su comunicado.
Según los ruralistas, “la Patagonia y el país en su conjunto reclama del Gobierno Nacional una posición clara, fundada en derecho y en respeto a las normas constitucionales, sobre los auténticos reclamos de las comunidades originarias y rechazando en forma inclaudicable, la violencia, el delito, la fuerza bruta, el daño, los incendios, el amedrentamiento, como forma de reclamo de quienes se sienten con derechos”.
“Los organismos del Estado Nacional deben ser los custodios de la paz social y no los artífices o acompañantes por omisión de hechos vandálicos. Reclamamos al Gobierno, que no abandone a sus ciudadanos patagónicos y ponga orden, justicia y paz, permitiendo recuperar la vida normal de toda la región”, cerró el escrito.
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]]>La entrada Sabiduría ancestral: En San Juan la cooperativa Polok Nenu utiliza la algarroba como materia prima para elaborar alfajores se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La particularidad de la Cooperativa Polok Nenu es que trabaja casi de forma exclusiva con la algarroba como materia prima. Tiene que ver no sólo con que esa especie nativa está a disposición en cantidad sino con un intento por respectar una filosofía milenaria.
“En términos de nuestra identidad y de nuestra cultura, el algarrobo es la nodriza del árbol más importante del territorio. Alrededor del algarrobo se empiezan a distribuir las demás especies. La elaboración de productos con su harina tiene que ver con darle valor agregado a ella y a todos los frutos y especies autóctonas del territorio”, explicó a Bichos de Campo Franco Gil, socio de la cooperativa y representante de las Comunidades Huarpes de San Juan en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Todas las iniciativas impulsadas por los miembros de la cooperativa tienen como común objetivo la sustentabilidad desde el punto de vista social, económico y ambiental.
En Polok Nenu se producen distintos productos a base de harina de algarroba, que resultan aptos para celíacos, y eso genera empleo para alrededor de 30 familias de comunidades huarpes de la zona. Gracias a los aportes del gobierno provincial, la cooperativa cuenta con un predio equipado con maquinas que les permite trabajar y producir en condiciones semi industriales.
Si bien tradicionalmente esta harina se empleaba para producir los panes de algarroba o patay, la cooperativa produce también alfajores, budines, bombones y variedad de otros panificados. Todo es comercializado a nivel regional y en forma directa.
La recolección de los frutos del algarrobo se hace a mano, entre los meses de enero y marzo. “No se lo cosecha, se lo recolecta. Cuando el fruto cae tiene la madurez suficiente, porque tienen un azúcar natural. Si no cae no tiene la concentración justa”, indicó el sanjuanino.
Se realiza siempre a campo natural. Si bien hay titularidad de los campos, los mismos permanecen abiertos y su tenencia está por lo general en manos de las comunidades locales. Todo lo recolectado es guardado en bolsas de arpillera para luego poder pesarlo y pagarle a las familias.
“Un detalle importante es que siempre que recolectamos dejamos entre un 25% y 30% en el suelo, no se recolecta todo. Eso sirve de alimento para los animales y la tierra porque es un fertilizante natural. Es una reforestación natural lo que se genera. Buscamos recuperar el bosque nativo como objetivo de fondo y a largo plazo”, detalló Gil.
Los frutos son almacenados en silos aéreos junto a la hierba atamisqui o “mata gusanos”, que inhibe el crecimiento de gorgojos, polillas y hormigas. Previo a la molienda son lavados y secados al sol. La harina obtenida es refinada en algunos casos, para preparaciones específicas, y luego se congela por diez días para evitar plagas y prologar su conservación.
En la cooperativa no se usan químicos o aditivos para almacenar la harina, por lo que todos sus productos son 100% orgánicos.
Dado que los proyectos se encuentran interconectados, Polok Nenu recibe también leche de cabra, proveniente del tambo caprino ubicado en la localidad de Bermejo, que también funciona bajo la órbita de este programa provincial. Con ella se produce dulce de leche que servirá para el relleno de todos los alfajores.
La fabrica cuenta con un sector aislado que trabaja con harina común, comprada a proveedores de la zona, con la que se fabrican otros productos no aptos para celíacos.
“Ahora estamos teniendo con un instituto de formación superior y estamos a punto de formar un convenio para que se pueda hacer las prácticas en las instalaciones, y a través de los profesionales se pueda brindar asistencia técnica”, afirmó Gil.
Esto se suma a las capacitaciones que los socios de las cooperativas, integrantes de las distintas comunidades huarpes de San Juan, han realizado junto al INTA y a través de la misma gobernación.
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]]>La entrada Alejandro Deane: Un agrónomo lleva 40 años junto a los wichi del Chaco salteño trabajando por su dignidad y para que produzcan sus alimentos se publicó primero en Bichos de Campo.
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Alec se crió acompañando a su padre que, como ingeniero agrónomo, atendía dos campos de la familia en Chacabuco y Ameghino, provincia de Buenos Aires. Éste lo mandó a estudiar de modo pupilo a un prestigioso colegio inglés en la ciudad de Quilmes, cuya formación era muy pragmática. Allí prevalecía el espíritu de la supervivencia a fuerza de coraje y voluntad, que en inglés expresan como “the pecking order”, o “el orden del picoteo”, refiriendo a que los pollos más fuertes y corajudos llegan a picotear y comer antes que los más flojos.
Cuando llegó a vivir en el rudo Chaco salteño de clima semiárido supo que para sobrevivir debía ser fuerte de espíritu y no flojear, pero él llegó a allí movido por un sentido religioso, cristiano, de tender su mano a los que dejamos últimos para “picotear”. Luego estudió agronomía en la UCA de Buenos Aires y cuando se recibió, percibió que no soñaba con pasarse la vida atendiendo estancias pampeanas. Se consideraba ateo y su novia lo llevó a una iglesia presbiteriana, en Olivos, donde se hizo creyente. Y su pastor le comentó que la iglesia anglicana tenía misiones en el noroeste argentino.
A mitad del siglo diecinueve un grupo de cristianos de la iglesia anglicana, que atravesaba el estrecho de Magallanes, notó que la iglesia católica no atendía a los aborígenes de aquella región austral, sobre todo en la “Tierra del Fuego”. Y éstos comenzaron a evangelizarlos y a tratar de civilizarlos. En 1911 extendieron sus misiones a la región del Paraguay y las provincias argentinas de Jujuy y de Salta. En esta última se instalaron en la actual Misión Chaqueña. A fines de la década de 1970 adquirieron 5.000 hectáreas para desarrollar un proyecto agrario con los aborígenes previendo la expansión agrícola que amenazaba con el desmonte y con dejarlos sin tierra propia. Llevaron a dos comunidades que trasladaron 100 kilómetros al Oeste, desde una región más árida, a ésta donde llovía más. En aquellos años, los aborígenes eran perseguidos y hasta los cazaban con armas como a animales, de modo que se refugiaron con ellos con agrado.
Con 24 años de edad, Alec se fue a vivir a Carboncito, a 5 kilómetros de Misión Chaqueña y 40 de Embarcación, en el año 1979, contratado por una ONG, que era el brazo social de la iglesia anglicana. Lo hizo junto a la que luego fue su primera esposa y con quien tuvo 4 hijos, que ya lo han hecho abuelo. Luego conocería a una jujeña, Ivón, su actual esposa, con quien tuvo 2 hijos más.
Cuando Alec llegó a Salta se dio cuenta de que todo su saber teórico no le alcanzaba para asesorar a los wichi en sus huertas y descubrió que en su propio país había gente que hablaba aún en su lengua originaria y que apenas subsistía. Pero en 1982 ocurrió la guerra de Malvinas. Casi todos los anglicanos se tuvieron que ir y tuvo que hacerse cargo del proyecto de aquellos, que tenía una inspiración propia de la época del “desarrollismo”: una gran financiación, máquinas, pero con un sistema como “paracaidista” -desde arriba hacia abajo- sin hacer nacer los proyectos desde la propia cultura de los nativos, que de ese modo suelen rechazar a quienes no hablan su lengua, por una sucesión de malas interpretaciones mutuas.
Para entender esto del tiempo de maduración que se necesita para cada cambio cultural basta con notar que quienes vivimos en las grandes ciudades, aún seguimos diciendo “tirar de la cadena del baño”, cuando hace medio siglo que fueron descartadas. Imaginemos lo que puede tardar en el campo.
En 1985, Deane se quedó sin trabajo y se dio cuenta de que con las artesanías podría lograr tener ingresos genuinos y estables junto a los wichi, reforzando las habilidades que él también poseía, gracias a su madre. Llegó a conformar una unidad de producción con más de 100 artesanos. Los varones con madera dura (palo santo, guayacán, quebracho) y hueso. Las mujeres, con fibra de cháguar. Comenzaron a enviar artesanías a la iglesia de Olivos y fueron creciendo hasta exportar a Inglaterra y a Canadá. Alec lleva 40 años en Salta y durante 30 años pudo mantener a su familia gracias a este proyecto en el que nadie creía que resultaría. Ahora está delegándolo en otros, sin desvincularse por completo.
Pero vino la pandemia del Covid y todo se detuvo agudizando la crisis alimentaria de los aborígenes, que según la ONG “Pata Pila”, el 35% de los niños wichi sufre desnutrición. Recuerda Alec que en Santa Victoria Este llegaron a morir 12 niños por desnutrición y allí llegó la ayuda de la Cruz Roja. Pero este ingeniero sostiene que no se ataca a la raíz del problema: la falta de una educación eficiente, que los prepare para la vida, los capacite para calcular, medir, pesar, saber las tablas de multiplicar, sacar porcentajes y la raíz cuadrada. Una educación técnica para trabajar en su propia tierra.
Las niñas con 12 años adolescen de bajo peso y llegan a ser madres sin conocer su propio cuerpo, su sexualidad ni acerca de las enfermedades mortales que las acechan. Aquí Alec me pidió que no se lo malinterpretara, acusándolo luego de menospreciar a esas niñas que sufren la falta de una educación y asistencia formal por parte del Estado. En un medio radial dijo que los wichi no se ducharon jamás, haciendo referencia a que no conocen el sistema moderno de agua corriente, baño y ducha, y luego los mediocres lo “crucificaron” acusándolo de decir que los wichi no eran higiénicos.
La solución de fondo –dice- está en que el Estado cree programas que perduren en el tiempo. “Lo único constante aquí es la inconstancia”, ironiza Alec. Cuenta que los wichi envían a sus hijos a la escuela, y esos niños dejan de acompañar a sus padres al monte donde aprenden a juntar miel o a pescar en el río. Pero la escuela y el Estado no logra capacitarlos hoy para tener un oficio o profesión con un ingreso estable que pueda superar sus rústicos oficios.
Alec admira la “sabiduría popular” de los aborígenes a quienes suele acompañar al monte o al río para aprender de ellos. Relata que “para pescar, el padre sale al monte con su hijo en busca de la mejor carnada: la avispa “lechiguana”. La hallan siguiendo -en total silencio- el canto de un pajarito que se alimenta de lo que cae del nido de esa avispa”.
Los wichi eran un pueblo seminómade, cazador y recolector, cuyo alimento básico era la algarroba. Hoy pescan con red tijera, red pollera y últimamente con red grande, que “barre” todo. Y también con arpón, al que le dicen “fisca”. Ya sus abuelos sembraban lo que se llama “las tres hermanas”: maíz, cucurbitáceas y poroto del monte, al que llaman “wom si”.
Pero en el año 2008 Alec decidió retomar un proyecto agrario que ya venía prefigurando desde el año 1985, para lo cual era imprescindible encarar un programa previo de acceso al agua. Resulta que la región de Misión Chaqueña se asienta sobre el acuífero subterráneo más grande del Noroeste: unos 200 kilómetros por 60 de ancho, donde en varias partes se encuentra agua fácilmente con una pala “vizcachera” y zonda. Pero para los casos donde se necesitaba atravesar la piedra había que adquirir una máquina. Consiguieron una perforadora, llegando a hacer pozos desde 45 metros de profundidad hasta uno reciente, de 83 metros, lográndolo además, gracias al esfuerzo de un buen equipo humano, formado con mucha capacitación. Por ejemplo, Nino Gómez es un joven wichi que ya maneja la perforadora y está aprendiendo de perfiles del terreno profundo y conductividad de las napas. Ahora están haciendo perforaciones en Pluma de pato, donde no hay luz. Llevan hechos 50 pozos y quieren llegar a 100.
“Un día me enteré de que una nena wichi había muerto por falta de proteínas y me pegó mal. Entendí que debía abocarme en ayudarlos a volver a producir sus propios alimentos”, cuenta el ingeniero Deane, cuando de pronto recibió una donación de 2.000 libras y le regalaron una bolsa de un nuevo maíz híbrido resistente a 5 tipos de gusanos, con lo cual se dejan de utilizar insecticidas cerca de sus hogares.
Comenzó a enseñar a los wichi a sembrar de a 4 semillas por metro, pero ellos no le creían y echaban 12 o 15, porque las semillas de antes no tenían las propiedades de éstas, modernas. Y como los suelos no abundan en materia orgánica, sino que son muy pobres, cada planta necesita de mucha tierra. E incorporó el riego por goteo, que también conoció bien, gracias a su madre, que era paisajista. Ahora les enseña a abonar la tierra, porque si no, en la cuarta cosecha les caería la producción.
Cultivan maíz, cucurbitáceas y porotos, en verano, y en invierno, tomate y pimiento. Desarrolló una red de capacitadores wichi que hablan su propia lengua y se mueven con una moto y un celular. Consigue las herramientas, semillas, almácigos, mangueras y abonos para cada familia. Siwok tiene un convenio con el INTA y recibe ayuda de Desarrollo Social y de fundaciones privadas, pero hace falta mucho más.
Alec, con tantos años de trabajo social, reconoció que los wichi no se adaptaban al cooperativismo y decidió trabajar con cada familia. Cuenta que las comunidades wichi tienen varios caciques, pero nadie debe sobresalir. Si alguien pretende estar más alto que los demás, la misma comunidad lo baja rápidamente. Y como Alec lleva 40 años dando su vida por ellos, siendo uno más entre todos, se ha ganado su respeto y lo defienden con uñas y dientes porque ven que nunca tuvo dobles intenciones. Hay que ver la felicidad en sus rostros cuando el maíz crece tan alto y da semejantes frutos.
Continúa explicando este ingeniero: “Usar semilla de maíz híbrido es criticado por los agroecologistas, que son gente bien intencionada, que sueña con un mundo más saludable. Pero hay que estar en el pellejo de los aborígenes que tienen que dar vuelta toneladas de tierra con una pala, en su pequeña huerta de 50 metros por 50, y luego mantenerla, carpiendo con la azada. Es mucho menos agresivo para el suelo sembrar sin removerlo. Claro que si se pudieran obtener varias máquinas, se podría solucionar de otro modo. El habitante originario necesita soluciones urgentes y no tiene tiempo para debatir ideologías, que al fin y al cabo lo dejan sin poder acceder a los beneficios de la ciencia y de la técnica modernas. Necesita tener agua ya, producir sus alimentos para alimentarse mejor y tener un ingreso independiente, sentirse digno al ver la recompensa de su trabajo en los frutos de su tierra, y vender sus excedentes que le dan ingresos genuinos. Los planes sociales son necesarios en la emergencia alimentaria, pero no alcanzan para que los aborígenes puedan proyectar, planificar, progresar y ver hoy un futuro mejor para sus hijos, educándolos para ser libres. Porque los humanos necesitamos mucho más que comer, lo cual no se puede alcanzar con los planes sociales”.
Alec sigue pidiendo ayuda, no sólo porque no puede con tanto, sino que demuestra a diario que “la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer”. Por eso está creando una “Escuela para la vida” en una casa vieja. Y además creó un “Programa de padrinos de huerta wichi”. Siwok ya ha logrado formar 7 capacitadores originarios, que se comunican con los demás en su lengua nativa, y generar 50 cultivos con unas 100 familias beneficiadas. Está pidiendo donaciones de motos “cross”, porque de cinco que tienen, sólo andan tres. Y como si fuera poco, tiene un proyecto artístico de pintores wichi, por el que ellos pintarán sus propias vidas. Todo está en su página web www.siwok.org
El ingeniero Deane ha querido dedicarnos la “Zambita pa´ Don Rosendo”, de Julio César Díaz Bazán, por Jorge Cafrune y Marito, considerada un himno por los ciudadanos de Aminga, en La Rioja:
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